Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

27.4.14

EL RESCATE DE SEDES


Ahora toca hacer astillas del árbol caído y hacer recuento de las decisiones erradas que han llevado a la constructora y promotora de capital público SEDES, bajo el dominio efectivo del Principado de Asturias, a su difícil situación actual. Es cierto que desde la empresa pública no se han ayudado mucho a sí mismos en los últimos tiempos; basta recordar su empecinamiento –frustrado por una acertada decisión judicial- en cepillarse por vía de medida cautelar el Centro Social “La Madreña”, como si tuviesen comprador inmediato para la parcela o planes realizables a corto plazo, más allá del abandono del edificio que resultaría del desalojo que persiguen (y que, ojo, a la larga conseguirán, si no hay decisiones políticas que condicionen a SEDES). Y, evidentemente, la sociedad asturiana, que es en último término la principal accionista de SEDES a través de la Administración del Principado de Asturias y de la Sociedad Regional de Promoción, tiene perfecto derecho a saber en toda su extensión por qué la empresa tiene su viabilidad futura tan fuertemente comprometida. Pero, frustrado el primer intento de venta de los títulos de la Sociedad, con la empresa de ERE en ERE y en riesgo severo de irse al traste, habrá que pensar no sólo en cargar las tintas sobre los antecedentes del problema o en cómo deshacerse de él, cosa que igual ni siquiera resulta posible.
La Ley del Principado de Asturias 1/2013, de Medidas de Reestructuración del Sector Público, contempla la venta de las acciones de SEDES, por vía de autorización al Consejo de Gobierno para que proceda, de modo que la suerte está, a priori, echada. Está claro que ha pesado en el legislador asturiano la política de reducción de entidades bajo su control –en este caso esta empresa pública-, aunque en nuestra Comunidad resulte más atemperada esta vocación liquidatoria (igual que más moderada, por mucho que diga, fue su crecimiento en el pasado). Y que a esto se sumaron las críticas sobre la desviación del objeto y fines sociales de SEDES, la competencia con el resto de promotoras y constructoras de capital privado y las achacadas discordancias con los estándares de contratación y funcionamiento exigibles a una entidad del sector público.
            Ahora bien, ¿qué sucederá si no se encuentra comprador para SEDES, incluso aunque se reduzca nuevamente su personal o se le ayude institucionalmente a refinanciar su deuda? Llegados a un punto cercano al bloqueo, con el clima laboral en la empresa de mal en peor y visto el escaso interés que, al menos hasta ahora, SEDES despierta para potenciales adquirentes, quizá haya que repensar lo decidido. Posiblemente sirva de algo recordar que SEDES fue un instrumento útil en el mercado de vivienda de protección, en la obra civil o en la construcción de equipamientos sociales, educativos, medioambientales y culturales; que, con los controles necesarios y la orientación adecuada, no tiene por qué ser objeto de abuso o estar sometida a decisiones ajenas a su interés social; y que, lo más importante, seguiremos necesitando en el futuro empresas públicas que permitan intervenir en la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, en beneficio de todos si actúan conforme a lo que debe esperarse del sector público y si con su participación se consigue eficiencia y ahorro en costes. Desde luego, prefiero cien veces que el saneamiento y reestructuración de SEDES al que, probablemente, se vea abocada la Administración del Principado de Asturias, se haga para mantener a la empresa bajo el control público y para fines de interés general que para endosarle los restos, ya aligerada la carga, a quien se le acabe convenciendo para que haga una puja.

Publicado en Asturias24, 1 de abril de 2014.

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11.2.14

EL RÍO DE LA VARIANTE


La bendita indiscreción de un trabajador de las obras de la Variante de Pajares nos ha permitido acceder en video a algunas imágenes de las filtraciones de agua que, al parecer, tienen en jaque a los responsables técnicos del proyecto. Estoy a años luz de tener ningún conocimiento que me permita analizar con solvencia si se trata de un problema grave y en qué medida es susceptible de solución, y de saber si era o no evitable. Pero si nos atenemos a las informaciones publicadas, se desprende que el problema es serio -muy serio-, que se minusvaloró su relevancia, que no se adoptaron las precauciones necesarias, que viene de lejos, que su gestación y gestión afecta a responsables públicos de todos los colores políticos y que repararlo seguramente costará abundante tiempo y dinero. Dicho esto, hay que advertir también que, en nuestro pequeño universo regional, nunca cuestiones tan eminentemente técnicas, como las asociadas a la construcción de la Variante y las alternativas elegidas, han estado sometidas a tal escrutinio político y a opiniones orientadas, a veces incluso abiertamente tendenciosas. De ahí que, sin atesorar –y lo lamento- ningún conocimiento técnico, y para evitar que la confusión reinante le haga a uno partícipe del enredo, haya que tomar la debida distancia con el ruido que rodea este debate, tan ensordecedor como el de las fugas de agua que, en el video, riegan el túnel,.
Lo que sí que sé como potencial usuario el día que -¡al fin!- el nuevo trazado para superar la Cordillera se ponga en funcionamiento, es que tengo derecho a que se trate de un viaje seguro y no de un túnel de lavado. Se entenderá, supongo, que 25 kms. seguidos bajo tierra susciten al viajero el deseo de confiar en quien haya diseñado, proyectado, ejecutado y en quien vaya a conservar esta infraestructura. Que el movimiento de corrientes de agua altera el paisaje y el subsuelo de forma considerable es de conocimiento general, así que la primera duda que precisa ser despejada es la que concierne a la seguridad. A día de hoy, perdónenme los que saben, pero mete miedo.
Como ciudadano, además, tengo derecho a que se acabe de una vez la dinámica de declaraciones parciales y aparente pero inconsistente búsqueda de culpables (luego no se dirimen responsabilidades reales de ninguna naturaleza); y que, tan pronto como técnicamente se pueda, se detalle, alto y claro, si la solución es posible, cuánto va a costar al erario público y cuánto va a demorar la apertura de la Variante. En esta materia de infraestructuras, a ver si se enteran los responsables ministeriales que no queremos ensoñaciones y falsos calendarios (que han sido horriblemente dañinos para la credibilidad política en Asturias) sino un poco de rigor y verdades aunque sean dolorosas. Cualquier asturiano mínimamente cabal sabe que una inversión tan formidable como la Variante no es cosa sencilla, que no se justifica en términos del tamaño de la población beneficiada sino de cohesión territorial y que además estamos en tiempos de dificultades para la inversión pública. Pero lo terriblemente disolvente sería que el túnel horadado resultase inútil durante años, o diese un servicio parcial o que acabásemos aceptando la normalidad del aquapark del video.
Si tiene solución, lo que es de suponer, que se arregle en cuanto se pueda y que vengan las explicaciones necesarias. En la génesis del problema mucho habrá probablemente de la perversa dinámica seguida en la contratación y ejecución de obras públicas en España. Y otro tanto sobre el ansia de dar respuesta a la opinión pública aunque se sustente en falsas expectativas. Lo que queremos es simple: que la Variante abra de forma segura y fiable; que se desgranen costes y sobrecostes; que se analicen a fondo los problemas técnicos, administrativos y políticos detectados; y también –no hay que olvidarlo- que nos expliquen qué incidencia medioambiental ha tenido la afectación a manantiales y arroyos –y ecosistema, a la postre- de la montaña sacrificada.

Entre tanto, no sé si peco de receloso, pero tengo esa amarga sensación, calada hasta los huesos –como los de los operarios del tajo- de que no nos están diciendo ni la mitad de la verdad.

Publicado en Asturias24, 22 de enero de 2014.

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1.1.14

LA OBLIGACIÓN DE BUSCAR APOYOS

El sistema parlamentario de gobierno hace descansar en la confianza de la Cámara legislativa la viabilidad y sustento del poder ejecutivo. El presidente es elegido o investido como tal por el parlamento y no directamente por decisión del cuerpo electoral. Al parlamento debe rendir cuentas y someterse a su control y orientación. La diferencia entre los sistemas democráticos presidencialistas y los de gobierno parlamentario no es, por lo tanto, menor, y, aunque en cualquiera de los casos el grado de perfección del modelo no depende necesariamente de la alternativa escogida (depende más bien de la articulación de los checks and balances, de la cultura democrática adquirida, de su acervo político, etc.), lo cierto es que la tradición europea es más proclive a situar el centro de gravedad del funcionamiento del sistema en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Por eso es impensable o cuando menos extraña desde la óptica europea la repetición de situaciones como las conocidas del sistema norteamericano, en el que la confrontación entre el Gobierno Federal y un Congreso de mayoría hostil puede ser prolongada y deparar situaciones de bloqueo –aunque transitorio por obra de la negociación- como las vividas los últimos meses (el abismo fiscal o el cierre de la Administración), que forman parte de las eventualidades reales.
En nuestro sistema, tanto en el nivel estatal como en el autonómico, las situaciones en las que el Gobierno carece de respaldo parlamentario suficiente son, por lo tanto, ajenas a la normalidad y, en algunos casos palmariamente patológicas (recordemos el Gobierno de Sergio Marqués, apoyado por sólo 5 diputados), contemplándose habitualmente dos formas de superación del desajuste. La primera es la derivada de la estricta negociación y correlación de fuerzas, de modo que un gobierno alcance pactos estables o puntuales, o incluso modifique su composición dando cabida a representantes de otras tendencias para revertir su debilidad parlamentaria y contar al menos con una expectativa factible de apoyos para sacar adelante su programa político y evitar el acoso y derribo de una Cámara contraria. El ejemplo más reciente, en el caso de Asturias, sería la recomposición de mayorías parlamentarias en 2008 (con el pacto PSOE-IU), que evitó la situación de inestabilidad del primer año de la VII Legislatura. La segunda alternativa es acudir a los procedimientos contemplados para comprobar los apoyos parlamentarios (la cuestión de confianza), permitir a la oposición articular mayorías alternativas (moción de censura) o, en último caso, disolverla Cámara y convocar elecciones para que el resultado abra, en su caso, otras opciones (caso de las elecciones de 2012, en nuestra Comunidad).
He aquí cuando surge la disfunción institucional que padece Asturias, que puede manifestarse de nuevo si las posiciones políticas de unos y otros no lo impiden. Faltando año y medio para la finalización de la legislatura, con el Gobierno en minoría y un parlamento adverso, nuestro Estatuto sí permitiría una nueva convocatoria electoral, pero para una legislatura nueva que fenecería igualmente en el término previsto en 2015. Es decir, un mandato corto, de urgencia y de segunda, como si fuese producto de una expresión del electorado de menos valor que las ordinarias. Nadie de los que ha analizado esta limitación entiende por qué, 32 años de vida estatutaria después, con un desarrollo autonómico significativo, acreditado el carácter convulso de nuestra vida institucional (7 presidentes desde 1983 y escenarios parlamentarios de lo más variopinto) y pese a haberse detectado hace mucho la necesidad de permitir un régimen ordinario de disolución de la Junta General y convocatoria de elecciones para legislaturas de 4 años, aún no se ha introducido la modificación necesaria en el Estatuto. Plantear el debate de esta cuestión junto con el resto de asuntos sometidos a discusión en la modificación estatutaria ha llevado a que, naufragado el proceso de modificación en su totalidad, nos quedemos con el problema incrustado en nuestro ordenamiento institucional, acordándonos de Santa Bárbara cuando truena. Por eso cuando hablamos de adecuar el Estatuto de Autonomía no sólo hablamos de debates de carácter teórico o identitarios; se trata de que el sistema de autogobierno que nos hemos dado funcione, también en circunstancias de controversia.

Así las cosas y con la convocatoria de 2015 relativamente cerca, entiendo que el Presidente plantee la inviabilidad del adelanto electoral. Pero tal reconocimiento no es suficiente; hasta entonces, sin visos de mayorías alternativas, tiene el deber de tratar de intentar recuperar, de forma activa y comprometida, con las alianzas parlamentarias que sean consistentes y posibles, los apoyos necesarios para que no nos enfrentemos a un año y medio perdido que no nos podemos permitir.

Publicado en Asturias 24, 24 de diciembre de 2013.

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22.12.13

ARTE DE LA GEOMETRÍA VARIABLE

Algunos se echan las manos a la cabeza ante la posibilidad de que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo que permita la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014 que acaba de comenzar su tramitación parlamentaria. La verdad cuesta entender por qué, teniendo en cuenta el escenario político en el que nos encontramos.
De momento lo que tenemos es un Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno y presentado a la Cámara; y un calendario de tramitación respaldado por la Mesa de la Junta General, que en los últimos años viene siendo tolerante –supongo que no queda otro remedio, aunque la práctica no sea buena- con el retraso en la remisión anual del Proyecto.  Es decir, cualquier acuerdo que se geste no se efectuará alumbrando un texto radicalmente contrario a las expectativas naturales ni a la planificación ordinaria del Gobierno, sino sobre la base de lo que éste, con sus propias previsiones y esperando obtener apoyos parlamentarios suficientes, ha aprobado como Proyecto. Otra cosa es que, en una negociación, perfectamente posible y parece que viable, se realicen concesiones mutuas asumibles que no desfiguren el proyecto, porque se necesitará que el PP vote en contra de una enmienda a la totalidad si es que Foro, IU y UPyD suman sus votos (18 escaños, uno más que los 17 del PSOE) para rechazar de plano el Proyecto, cosa que, en el actual grado de enconamiento de la relación del PSOE con los que hasta ahora eran sus socios preferenciales, no es descartable. Por otra parte, cualquier aceptación de enmiendas del PP en la tramitación tampoco desvirtuará el Proyecto, porque después del debate de totalidad, de continuar adelante la tramitación, quedan fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos y cualquier modificación con aumento de créditos debe llevar aparejada la disminución en igual cuantía en otro de la misma sección. Es decir, enmendar al detalle un Presupuesto, con posibilidades reales y creíbles de que la modificación se haga efectiva, es cosa complicada porque su equilibrio interno no es susceptible de cambios sustanciales y porque la técnica reglamentaria tampoco permite un margen significativo para ello.
El debate parece que estará, por lo tanto, en algunos aspectos de la política fiscal, en cierto modo más simbólicos que otra cosa, como lo relativo a la disminución del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, de los 700.000 € que prevé subsidiariamente la Ley reguladora de este tributo a los 500.000 € que, en ejercicio de la facultad que confiere dicha Ley a la Comunidad Autónoma se plantea en el Proyecto. Veremos en qué grado hay flexibilidad mutua para soluciones de compromiso, en una materia en la que, lo que se echa en falta, es una revisión serena y completa –jurídica, presupuestaria y política- del conjunto de decisiones en materia tributos propios y cedidos, que, a base de empujones, primero de la tendencia desfiscalizadora (antes de la crisis) y después de la contraria (en el combate contra el déficit público), ha creado no pocas distorsiones.
Pero el fondo del asunto no debe sorprender. Retirado el apoyo estable de IU y UPyD por legítima decisión de estas fuerzas políticas a resultas del desencuentro en la reforma electoral, el Gobierno autonómico y el grupo político que lo sustenta tienen similar legitimidad para buscar, si es factible, aliados parlamentarios puntuales distintos para cada materia, según el enfoque de cada asunto, sin que tenga que llamar a escándalo que el PP posibilite la aprobación de unos Presupuestos Generales. Salvo para visiones sesgadas, es evidente que la decisión no comporta acuerdo permanente alguno sino mera confluencia en la convicción del interés de evitar la prórroga y movilizar los recursos disponibles en un momento en el que la iniciativa pública es imprescindible a la vista de las dificultades del sector privado. No hay riesgo alguno de que el PP, con diez diputados, imponga su agenda política al Gobierno, sin perjuicio de que incida en algunos aspectos donde pone especial énfasis (política fiscal, entidades del sector público, etc.) y en los que puede haber margen para cierto entendimiento, sin desvirtuar el programa político con el que Presidente concurrió a los comicios y con el que obtuvo el respaldo para ser elegido.

Publicado en Asturias24, 10 de diciembre de 2013.

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1.11.13

TODOS SALDRÁN DAÑADOS

         
  A juzgar por el último Debate de Orientación Política la estabilidad parlamentaria del Gobierno pende de un hilo y se avecinan tiempos de marejada. Abunda la sobrerrepresentación, alguna con muy poco estilo, pero nadie debería minusvalorar el alcance de la advertencia, porque ha sido clara. Y, aunque se han esgrimido razones de diversa índole, todos los espectadores sabemos que la disputa sobrela reforma electoral se encuentra en el corazón del alejamiento entre el PSOE y sus aliados parlamentarios, IU y UPyD.
            En esta materia los tres partidos que apoyaron la elección de Javier Fernández como Presidente y que ahora escenifican sus discrepancias tienen una parte no pequeña de razón, pero todos se deslegitiman con sus actos. Que el PSOE apele a un respaldo superior al de la mayoría absoluta raspada para evitar que la ley electoral sea objeto de sucesivos cambios sin acuerdos esenciales entre las principales fuerzas del arco político es una postura sensata y responsable; y en el debate de fondo son fundadas sus defensa de los aspectos acertados de la ley en vigor y su apelación a evitar que los territorios de las circunscripciones occidental y oriental caigan en la irrelevancia política. Pero, a su vez, ha ido contrayendo sucesivos compromisos con sus aliados parlamentarios que, en lugar de aplazar las decisiones finales, van camino de acelerarlas, porque éstos tienen serias posibilidades de contar con un mecanismo de transformación de la voluntad popular en escaños más favorable a sus intereses. Por otra parte, al firmar la Proposición de Ley presentada ha dado un paso del que difícilmente –es decir, sin asumir un alto coste en términos de credibilidad- podrá desvincularse.
             A favor de IU y UPyD en este debate no sólo está el hecho de que desde el principio de la legislatura dejaron alto y claro sus expectativas en la materia, sino también la introducción de valiosos elementos en la propuesta, acogiendo sugerencias de los expertos consultados, más allá del reparto de diputados por circunscripciones y acordes con la necesidad de permitir aire fresco en la elección de los representantes institucionales (primarias para elección de candidatos, debates electorales, desbloqueo de listas electorales, formas de facilitar el ejercicio del voto, etc.). En contra –muy en contra- se sitúa su pretensión de forzar la máquina hasta el extremo, priorizando esta cuestión sobre cualquier otra, analizando de forma sesgada y cortoplacista sus objetivos despreciando el contexto en el que se mueven: políticas autonómicas debilitadas por las limitaciones presupuestarias, objetivos de déficit público que ponen las cosas aún más difíciles a Asturias y los aspectos definitorios de las políticas del Gobierno autonómico (preservación de los servicios públicos, reparto equitativo de la carga de la crisis, solvencia y razonabilidad en la gestión pública) bajo intenso fuego enemigo.

            Lo que está en juego, por lo tanto, no sólo es si el Gobierno asturiano cuenta con votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2014, y por lo tanto su viabilidad parlamentaria. Lo que se decide es si un modelo  basado en la privatización salvaje, la retirada de las políticas de cohesión social y la mercantilización de los bienes públicos se cobra una de sus últimas piezas quitándose del medio a un Gobierno que le resulta incómodo. Mucho más, por lo tanto, que la deseada estabilidad institucional. Una vez que el desgaste ya es inevitable, que al menos todos los actores en liza tengan esto presente para modular posiciones, ceder y acordar de la forma menos perjudicial para todos.

Publicado en Asturias24, 15 de octubre de 2013.

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30.7.12

EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL


La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.
A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.
En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.
Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.


Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

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23.6.12

RITUAL DAÑINO



Vaya por delante mi comprensión hacia las protestas de los trabajadores de laminería del carbón ante la tremenda incertidumbre que se cierne sobre la continuidad de las explotaciones. No sobra recordar que lo esencial en sus reivindicaciones no es otra cosa que reclamar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan 2006-2012, tanto en inversiones de reactivación en las comarcas mineras como, sobre todo, en ayudas al sostenimiento del sector. Estamos acostumbrándonos rápidamente a la quiebra de los acuerdos alcanzados y, aunque es inevitable que la crisis obligue a revisar muchas cosas, nadie debería hacerse el ofendido si los perjudicados por ese replanteamiento repentino hacen oír su voz, especialmente si las medidas avocan a la práctica desaparición de un sector que continúa siendo muy relevante para diferentes regiones, entre ellas Asturias.
            Otra cosa será el debate, perfectamente legítimo, sobre lo que decidir en las previsiones inmediatas para el futuro, analizando si se quiere otorgar o no un papel complementario al carbón nacional y las consecuencias que la liquidación del sector comportaría en la producción energética y en las comarcas mineras. Pero este debate difícilmente se podrá abordar con la calma necesaria si entre tanto hay una disputa de primer orden sobre la mesa por el incumplimiento del Plan vigente.
            Lo que merece de forma apremiante una reflexión de calado es el discurrir del conflicto actual en la forma de conducir los actos de presión. En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a la periódica reproducción de una estrategia de movilizaciones que generaban un grado máximo de tensión y acababan deparando una solución de compromiso que, ciertamente, ha reportado ventajas innegables a las comarcas mineras y ha prolongado, asistida por las subvenciones públicas, la vida de un sector sometido a una reestructuración intensa pero progresiva. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado sustancialmente porque es tal la vorágine de acontecimientos que diariamente sacude la vida económica y pone en guardia a los ciudadanos, que por duras y llamativas que sean las protestas mineras no alcanzan a generar la atención propia de los –por así llamarlos- tiempos de paz. Tengo la amarga sensación de que en esta ocasión, entre las primas de riesgo, los rescates bancarios, el colapso de otros sectores productivos, las interminables listas del paro y, en lo que nos concierne, la menor relevancia de las regiones mineras en el panorama estatal, las movilizaciones del sector de la minería no llamarán la atención con la proyección de otras ocasiones. En particular, el Gobierno del PP parece que asume el desgaste que esta situación provoque y los que padecemos las distorsiones de los cortes de carretera o comunicaciones parece que nos hemos resignado a convivir con este tipo de contratiempos, que casi forman parte del paisaje social de Asturias. Sin embargo,  no conviene quitar ni un ápice de importancia al efecto que algunas medidas de presión tienen en el funcionamiento diario de una tierra que poco más va a conseguir invocando la épica de las luchas del sector minero; referencia histórica que, por cierto, procede tomar con cautela porque –afortunadamente- poco tiene que ver esta pugna de hoy con las reivindicaciones emblemáticas del pasado.
Habrá que preguntarse entonces si estamos dispuestos a que las repercusiones de una protesta llevada a una carrera de fondo y galopando en una espiral de tensión acaben creando un desgaste focalizado en Asturias, sin incidencia real donde las decisiones sobre esta materia se toman y causando un perjuicio mayor, quizás irreparable, que el bien que se pretende conseguir.

Publicado en Oviedo Diario, 16 de junio de 2012.

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17.5.12

EMIGRANTES DE NUEVO



En las últimas semanas Asturias ha acogido la muy recomendable exposición “La colonia”, sobre los inmigrantes españoles en Nueva York en la primera mitad del siglo XX, comisariada por el norteamericano James Fernández, él mismo descendientes de asturianos. Esta iniciativa, como otras relativas a nuestro pasado emigratorio, nos recuerda con acierto todos los relatos de esfuerzo, superación y combate contra la adversidad que jalonan el periplo de tantos y tantos de nuestros antepasados no tan remotos, subrayando además la importancia económica, política y cultural de este fenómeno en la histórica reciente. Es revelador de la magnitud de la corriente migratoria el dato de que entre 1880 y 1930, con el viejo imperio descompuesto y en vías de extinción, el número de españoles que cruzaron el Atlántico para iniciar una nueva vida en las Américas superó el de los que hicieron ese mismo viaje desde los inicios de la conquista. Una evidencia más que corrobora que la huella de la emigración es parte indispensable de nuestra historia y además nos une intensamente a los países de acogida. Quién más quién menos, en Asturias, tiene vivas muestras en los álbumes, recuerdos y relatos familiares porque nuestro recorrido tiene también que ver, con una fuerte intensidad, con el de los asturianos del exterior y sus descendientes.
Hoy, con la crisis económica, la falta de oportunidades e incluso las dificultades para ganarse la vida ante las que muchos trabajadores españoles se enfrentan, renace la emigración como alternativa vital entre una parte importante de la población. Retomamos el que durante muchas décadas de nuestra historia reciente fue un camino recorrido por otros muchos. Pero, aunque algunas decisiones siguen siendo difíciles, las cosas han cambiado sustancialmente, convirtiendo la búsqueda de un mejor destino laboral no en el drama y el desgarro que representaba a principios del siglo pasado o –aunque en menor medida- en los años 60, sino en una forma aparentemente atractiva de abrirse paso, con un camino de regreso que en principio se muestra abierto y, sobre todo, sin la amargura que, en aquéllos tiempos que ya parecen tan lejanos, representaban los impedimentos al retorno y al contacto con las raíces familiares.
Naturalmente, cuando el flujo migratorio en un país cambia de dirección y la tendencia de los últimos 20 años se revierte, con  una salida mayor de nacionales que la entrada de extranjeros, la modificación de fondo que delata es de proporciones significativas, Con la sacudida de la crisis ya no son sólo profesionales altamente cualificados o jóvenes con ganas de nuevos horizontes los que optan por cambiar de aires. Cada día la búsqueda de salidas con las que romper la dinámica del desempleo o la precariedad se convierte en una elección razonable para otras personas que hasta hace poco no contemplaban la emigración como respuesta a sus inquietudes.
Así las cosas, muchos españoles comienzan a advertir en primera persona la desagradable sorpresa de que, contrariamente a la convicción que el estatus arrogado nos confería, no es precisamente fácil que otros Estados, sobre todo fuera de la Unión Europea, permitan la residencia y otorguen la autorización para trabajar siguiendo una lógica similar –a veces igual de descarnada- que la de nuestra propia normativa de extranjería. De forma incipiente, las dudas y consultas sobre los trámites asociados al proceso emigratorio y concernientes a los derechos de los españoles en el extranjero comienzan a cobrar fuerza e interés, porque en otros países algunos descubren la incómoda  sensación de tener que reclamar activamente el derecho a trabajar y vivir fuera de nuestras fronteras.



Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2012.

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15.5.12

CIRCUNSCRIPCIONES NECESARIAS


En los debates sobre el modelo institucional de nuestro autogobierno y sobre el sistema idóneo para la elección de los miembros del parlamento conviene que cualquier planteamiento venga precedido de una reflexión suficientemente amplia, evitando que las posiciones defendidas sean producto del mayor o menor interés electoral que, a la vista de la experiencia, una u otra alternativa tenga. Claro que todo puede discutirse y conviene no bajar la guardia cuando de examinar el grado de perfeccionamiento de un sistema de representación se trata. Pero, al mismo tiempo, es preferible evitar posturas que, originadas en buena medida por los condicionamientos electorales, conducen a análisis sesgados.
En el caso del sistema electoral asturiano, la disputa sobre la existencia de tres circunscripciones para la elección de los 45 diputados de la Junta General es añeja, como maduro es también dicho modelo, porque con él se han seguido los comicios autonómicos desde 1983 y es el que recoge la Ley autonómica que desde 1986 los regulan. Ahora la cuestión cobra nueva relevancia al ser esgrimido con ahínco –con cierta obstinación, quizá- por UPyD, que, al igual que IU, crítica también con el modelo, tienen importantes dificultades para conseguir alcanzar un escaño en las circunscripciones occidental y oriental, con el número de votos obtenidos.
Es cierto que decisiones que impliquen vincular la composición de una asamblea legislativa a circunstancias territoriales pueden causar distorsiones en la representación y que, por lo tanto hay que medir bien cómo se diseñan las circunscripciones (territorio, número mínimo de diputados, circunscripciones de restos, etc.), y aquí siempre caben correcciones que modulen esa potencial alteración. Precisamente en los trabajos previos para una posible reforma estatutaria desarrollados entre 2007 y 2008, lamentablemente frustrados, se había planteado la posibilidad de incrementar el número de diputados de la Junta General, de acuerdo además con las mayores competencias de nuestra Comunidad, lo que, de mantenerse las circunscripciones en su regulación actual, reduciría las diferencias entre el número de votos necesarios para alcanzar el primer diputado según la circunscripción. Sin embargo, por otros motivos bien diferentes –básicamente las estrecheces del erario público- no creo que nadie se plantee por el momento retomar esta opción.
En contraposición a las críticas cabe recordar que la existencia de circunscripciones permite una mayor cercanía –y control- entre electores y elegidos, asegura la presencia de representantes de las diferentes zonas geográficas y permite que el parlamento refleje la pluralidad de sensibilidades territoriales, que en Asturias son particularmente notables. Además, hay que tener en cuenta que una adecuada representación del pueblo asturiano, que es el cometido estatutario de la Junta General, no puede desconocer las características de una Comunidad con importantes desequilibrios territoriales que provocan dificultades adicionales a las personas que quieren vivir y desarrollar su actividad en los concejos ajenos al área central. Hasta ahora, precisamente, una de los principales éxitos del modelo autonómico asturiano –y de esto, desafortunadamente, se habla poco- es la sustancial mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en el territorio periférico, lo que no impide reconocer que queda mucho por hacer, que las reivindicaciones de los municipios menos poblados son muy legítimas y que, sobre todo, con la actual debilidad de los poderes públicos y la tendencia natural a aglomerar la actividad económica industrial y de servicios en la zona central, existe un riesgo importantísimo de desandar rápidamente el camino recorrido.
Es aconsejable, por lo tanto, que este debate no se conduzca desde posiciones intransigentes y ajenas a valoraciones ponderadas. En materia de sistemas electorales, no se trata de inventar la rueda todos los días, sino de elaborar análisis más cuidadosos con la realidad institucional, política y territorial a la que dicho sistema debe servir.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de mayo de 2012.

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23.4.12

CANDIDATO X


Una de las incógnitas del escenario postelectoral ha quedado resuelta hace unos días con el anuncio de FAC y PP de que votarán a un mismo candidato en la elección de Presidente del Principado de Asturias. Se despeja así la duda que planeaba sobre los dos partidos de la derecha, que han cultivado con ardor en los últimos meses la confrontación más descarnada, destilando rencores y blandiendo reproches, pero que ahora están dispuestos a intentar impedir que el PSOE recupere la Presidencia del ejecutivo autonómico. No obstante, es una aclaración a medias, porque no indican cuál de los dos potenciales candidatos –a priori, salvo que se guarden alguna sorpresa- será el que sume los votos de ambas fuerzas para encabezar el Gobierno, igual que por el momento tampoco han planteado ninguna alternativa para la más cercanaelección de Presidente de la Junta General. De debatir el programa mínimo común ya se ocuparán posteriormente, sin esbozar hasta ahora nada que no sea la mera aversión al retorno del PSOE e IU al ejecutivo.
La situación política de Asturias está ofreciendo muestras repetidas de surrealismo que acaban por hacer normal a ojos de la opinión pública pactos de esta ralea. Posiblemente esto sucede porque nada consistente se espera de FAC y PP a estas alturas, excepto confusión y barahúnda, así que pocas cosas sorprenden ya. Incluso muchos de sus votantes lo asumen como inevitable y son plenamente conscientes de las limitaciones esenciales para el entendimiento de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, que éstos se encargan de recordar con sus gestos cotidianos. Sin embargo, la práctica nos demuestra que, contra toda conclusión racional y huyendo hacia delante, se pueden suscribir esta clase de componendas, con un punto de farsa y esperpento, sin objetivos reales de gobierno, sin mirarse a la cara y saludándose de soslayo en los actos públicos.
A tenor del contenido del acuerdo entre Francisco Álvarez- Cascos y Mercedes Fernández me inclino a pensar que están aún a distancia sideral de decidir nada sustancial conjuntamente y apenas se dan entre ellos las condiciones para dilucidar qué tipo de proyecto político común plantean a los asturianos. Lo que pretenden, con escaso disimulo, es incrementar la presión sobre UPyD para apremiar a este partido a definirse y para obstaculizar la formación de alternativas. La maniobra de FAC y PP, en suma, es puro filibusterismo político de dos fuerzas que han demostrado repetidamente su manifiesta incapacidad para ofrecer un gobierno estable y digno de tal nombre. Se trata de un ejemplo más de las prácticas que desacreditan a los representantes públicos y generan toneladas de desconfianza entre la ciudadanía, casi resignada a enjuagues de esta naturaleza. Veremos qué resultados les reporta, pero por lo pronto, lo que nos revela es el grado de desfachatez que están dispuestos a alcanzar.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de abril de 2012.

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5.4.12

SEAMOS SERIOS

A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.

Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.

Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.

En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.


Publicado en La Voz de Asturias, 3 de abril de 2012.

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21.3.12

VOTAR CONTRA LA FRUSTRACIÓN Y EL ESTANCAMIENTO

Cuando la ciudadanía es convocada para decidir entre diferentes opciones que concurren en un proceso electoral, es esperable que cada persona con derecho a voto se haga una composición de lugar a la hora de tomar una determinación. El debate público, la dinámica política de la que se procede y la confrontación de opiniones sobre las características del momento pesan mucho y también lo hace la situación personal de cada uno, sus valores y aspiraciones. Hay formas y formas de votar, desde el corazón, la reflexión, las tripas, el cálculo, el impulso o el cabreo. En el recuento electoral -como no puede ser de otra manera- todas las papeletas valen lo mismo, predomine uno u otro estímulo en cada votante. Pero en unas circunstancias algunas pulsiones pueden más sobre más gente, su confluencia depara resultados no siempre deseados y nadie escapa a la posibilidad de sentirse en el futuro descontento con la alternativa elegida.

En mayo de 2011, en medio de la crisis económica, con un creciente recelo hacia a las instituciones y con una importante pérdida de confianza en lo público –y en las opciones que lo defienden- en Asturias se produjo el vuelco electoral que dio como resultado la mayoría de las fuerzas de derecha y la victoria en escaños de FAC, producto también de otros muchos elementos que incidieron en el ánimo y deseos del electorado. El giro en las preferencias políticas de muchos asturianos se produjo pese a contar esta Comunidad con una trayectoria de gestión pública positiva en términos generales, con servicios públicos de calidad y bien valorados, políticas sociales inclusivas, un modelo de desarrollo territorial mucho más equilibrado y respetuoso que el conocido de otras regiones y una trayectoria de superación de intensas reconversiones económicas en el pasado reciente. Aún así, muchos asturianos o no valoraron suficientemente estos avances o prefirieron buscar un revulsivo para el nuevo tiempo, asumiendo además algunos de los repetitivos mensajes ofrecidos por los ganadores, altamente cuestionables, sobre supuestas marginaciones sufridas por Asturias por parte de los gobiernos estatales, en especial en materia de infraestructuras.

La experiencia ha resultado, a todas luces, decepcionante, también para muchos de los que en su momento ofrecieron su apoyo a FAC. Durante estos meses, en lugar de asumir las obligaciones que comporta la responsabilidad encomendada, el Gobierno autonómico ha pretendido introducir a toda la sociedad asturiana en la misma dinámica de enfrentamiento permanente, tratando de alimentar un victimismo que no se sostiene, aislándose política y socialmente y causando con su desbarajuste un grave perjuicio en el funcionamiento de la Administración. Entre tanto, lo que hace 10 meses eran inquietantes amenazas sobre la situación de Asturias se han convertido en problemas de primer orden que despliegan sus efectos con toda su crudeza, con la crisis afectando a su corazón industrial, las cifras de déficit público alejadas de los parámetros asumibles que hasta hace poco manteníamos y con la sensación de desgobierno filtrándose a todos los ámbitos, convirtiendo a la política autonómica en fuente inagotable de inestabilidad. Como fruto del experimento, el Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo afrontará un escenario mucho más complicado que hace unos meses.

Ningún contratiempo, sin embargo, será resuelto envolviéndose en retóricas vacuas o en la cultura política del agravio. Tampoco en la mera repetición a escala autonómica de una hoja de ruta ajena que sólo pasa por recortar gasto sin incentivar el crecimiento, erosionar los derechos sociales y económicos de la población, reducir el alcance de las políticas públicas y exigir sacrificio a una mayoría social cansada del desigual reparto de esfuerzos y cargas. En Asturias tenemos la singular oportunidad de escoger un camino diferente que lo primero que aporte sea la solvencia y seriedad necesaria en la dirección de la política autonómica y que, además, pese a tener que desenvolverse en este contexto tan difícil, no se resigne a ver diluirse día a día las conquistas sociales alcanzadas en beneficio de la ciudadanía.

Publicado en La Voz de Asturias, 20 de marzo de 2012.

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15.3.12

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

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10.3.12

GOBIERNO TÓXICO

A veces, a lo único que se puede aspirar, cuando de las expectativas de la acción de un gobierno se trata, es a que sus responsables no causen más problemas de los ya existentes y a que, en la medida de lo posible, le dejen a uno tranquilo. No obstante, estoy a años luz de la opinión, tan en boga entre los conservadores norteamericanos (todos ellos malos imitadores de Reagan), de que lo mejor que se puede esperar de un gobierno es poco menos que su práctica desaparición salvo para salvaguardar el orden imperante. Al contrario, creo que es importante que los poderes públicos tengan, dentro de los límites necesarios, capacidad suficiente para incidir sobre la realidad y, en particular, garantizar ciertos bienes comunes, evitando que prevalezca siempre la posición del más fuerte. Aquello, en definitiva, de la “ley preciosa puesta en bien nuestro”, la quieran tragar o no los poderosos.

Ocurre, sin embargo, que las veces en que un gobierno se pone del lado del interés particular en detrimento del de la mayoría social son más frecuentes de lo deseado. Y que, en otras, los encargados de dirigir la política de una Administración y de situarse en la cúspide de su organización son capaces de demostrar un grado tal de insolvencia que por momentos hasta el más confiado en las instituciones busca cueva de ermitaño en la que refugiarse, no vaya a ser que le toque ser sujeto paciente, aunque sea de refilón, de la acción gubernamental.

Este lamento vale, sobre todo, para los que en estos meses se han visto afectados de una u otra forma por el récord de despropósitos que en breve tiempo ha rebasado el Gobierno del Principado de Asturias bajo la presidencia del que venía a salvarnos no se sabe muy bien de quién. Hay casos especialmente sangrantes, entre los que destacan los trabajadores de la RTPAy las empresas que prestaban servicios al Ente Público de Comunicación, los concurrentes a lasayudas públicas a la vivienda o los que esperaban ser beneficiarios de las subvenciones al inicio de la actividad empresarial como autónomos; tres casos especialmente singulares porque revelan fácilmente el tipo de daños colaterales que deja tras de sí el experimento FAC, en aspectos en los que hasta hace poco éramos una Comunidad con iniciativas públicas de prestigio, como los sectores económicos emergentes, las políticas sociales o el apoyo a los emprendedores. Pero hay otros muchos damnificados, empezando por todas las entidades y empresas que se las han visto y deseado para trabajar con normalidad con la Administración; el propio personal al servicio del Principado de Asturias, sometido al cedazo sectario de estos gobernantes; los medios de comunicación críticos a los que se ha pretendido atacar groseramente o, como poco, dificultar su trabajo; e incluso, si me apuran, y aunque me merecen menos compasión -haber escogido “muerte”- son víctimas del descalabro muchos de los que se acercaron a colaborar con este Gobierno provenientes de la función pública o del mundo profesional, que se han dado de bruces con la realidad de un proyecto vacío de contenido real y edificado en buena medida sobre el capricho personal del líder.

Es verdad que, en estos tiempos convulsos, cualquier responsable gubernamental se tiene que enfrentar, con escaso margen de maniobra, a una realidad de cambios desbordantes y nuevos conflictos sobrevenidos, capaces de desarmar al más pintado. En ese contexto se entiende también la rápida amortización de los gobernantes ante una opinión pública desconfiada. Pero, por lo menos, sí es exigible que los que están ahí no se aficionen al autogol y no se acostumbren al desconcierto permanente mientras se atreven a dar falsas lecciones de gobernanza para los pocos incautos que quedan.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de marzo de 2012.

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19.2.12

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.

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22.1.12

¿POR QUE NO IMPULSAN LA APERTURA DEL HUCA?


Durante años una de las controversias políticas de referencia en el Principado de Asturias y en la ciudad de Oviedo fue el futuro del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a ciertas resistencias y tras prolongados debates, finalmente cristalizó el convencimiento mayoritario de que era necesario sustituir la constelación de edificios que ocupan buena parte del barrio de El Cristo – Buenavista por un nuevo complejo diseñado con criterios de funcionalidad. El sumatorio de construcciones correspondientes a instituciones sanitarias de diferente procedencia, levantadas en un periodo similar (duplicando gastos y empeños, para que luego se hable de la supuesta eficacia superior del modelo territorial anterior al autonómico) y que acabaron convergiendo en el actual HUCA, dejaría paso a un moderno hospital, preparado para los avances tecnológicos, convertido en referencia de un sistema sanitario público de altas prestaciones y cuya concepción permitiría ahorros futuros en materia de gasto corriente. El impulso a la construcción del nuevo HUCA resultó una de las decisiones más significativas del nuevo periodo de gestión de las competencias de atención sanitaria tras su transferencia al Principado de Asturias. Nuestra capacidad de autogobierno se empleó para reforzar un servicio público esencial al acometer una inversión cuya envergadura requería un esfuerzo financiero y de gestión sobresaliente.

De aquel proceso, por lo que ahora se ve, algunos refractarios, obstinados en negar la posibilidad de erigir el nuevo HUCA, han conservado heridas que aún afloran en perjuicio de todos, a tenor de la actitud exhibida por quienes han asumido la dirección de la Administración del Principado de Asturias. Que por los actuales responsables se baraje como fecha de apertura del nuevo HUCA la segunda mitad de 2013, sin argumentos convincentes sobre el motivo de tal retraso más allá de su evidente desconfianza hacia la gestación del proyecto, es prueba inequívoca de un irreflexivo desprecio al trabajo de sus predecesores, que en nada ayuda a culminar iniciativas cuya importancia supera las rivalidades de corto vuelo y que no se detiene analizar qué efectos negativos comporta tal decisión. Representa además, una renuncia a cumplir la legítima expectativa de los ciudadanos, que son plenamente conscientes de la importancia de este equipamiento y que desean contar con servicios hospitalarios de calidad. E, incluso, introduce importante incertidumbres sobre el futuro del nuevo HUCA, pues, como se encarga de recordarles con acierto la Diputada socialista Pilar Alonso, mientras no se proceda a equiparlo y ponerlo en funcionamiento se asume un coste de oportunidad considerable, con instalaciones pendientes de estrenar que se encuentran vacías y con el actual Hospital padeciendo deficiencias crecientes.

A la estupefacción que generan las decisiones del Gobierno autonómico se suma la ceremonia de la confusión que pretenden organizar para justificar su falta de apuesta por el nuevo HUCA. Primero insinuando, prácticamente, que no nos podemos permitir un nuevo Hospital, revelando que no está entre sus prioridades y, sobre todo, que poco les importa que la obra civil sea ya una realidad incontestable. Después, jugando imprudentemente con los datos sobre su coste, para ofrecer cifras disparatadas que no resisten un análisis pormenorizado, como el contenido en el extenso reportaje publicado en La Voz de Asturias el 18 de diciembre.

El interés de los actuales responsables de la Administración sanitaria no es realizar un análisis sereno que complete el exhaustivo seguimiento que la Junta General ya desarrolló en la pasada Legislatura, en la que nuestro parlamento examinó con lupa todos los pasos, contrataciones e incidencias. Al contrario, lo que se quiere, con la marca de la casa del actual Gobierno, es aumentar el ruido y el desconcierto que impida ver con claridad su pretensión de postergar, cuando menos, la puesta en marcha de este equipamiento y el refuerzo de la sanidad pública que conllevaría.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de diciembre de 2012.

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