Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

24.1.11

LA EXCEPCIÓN DE OVIEDO

Suele ponerse en duda el interés que puede despertar el debate sobre la calidad democrática de las instituciones y el respeto a los procedimientos reglados, como si tal asunto fuese materia de disquisiciones meramente teóricas, ajenas a las necesidades cotidianas. Es frecuente encontrar cierta incomprensión, en particular en el ámbito local, cuando, en las circunstancias en que se produce una situación anómala, se pretende denunciar el abuso de poder, la falta de controles y el deterioro de los estándares básicos de respeto a las normas que disciplinan el funcionamiento del poder público. En algunos momentos, y en los casos más preocupantes, incluso amenaza instalarse una actitud de indiferencia o tácita aceptación ante una dinámica constatada de transgresión de los límites elementales que constituyen parte fundamental del sistema democrático, que no se reduce a la elección periódica de representantes públicos entre las diferentes candidaturas, sino que requiere que las personas investidas de la confianza de los votantes respeten unos cauces esenciales en el ejercicio del poder.
Parece ser éste el estado de las cosas en Oviedo al advertir que, durante un periodo temporal prolongado, se viene produciendo una degradación continuada en el funcionamiento de los órganos municipales sin que, aparentemente, haya una reacción ciudadana suficientemente intensa que ponga freno a esta perniciosa involución. Estos días, precisamente, los grupos municipales de PSOE y ASCIZ hacían legítimo recuento de los agravios, que no son pocos, protagonizados por el gobierno local frente a las normas básicas de actuación, cuya observancia está fuera de toda duda en la mayoría de ayuntamientos. El dato más significativo, revelador por sí mismo, es que el Alcalde lleva meses sin acudir al Pleno (ha faltado a más de la mitad de los celebrados este mandato) y que incluso, con toda desfachatez, argumenta abiertamente –y sin razón jurídica que le apoye- que no está obligado a rendir cuentas de su gestión en el máximo órgano del Ayuntamiento, confundiendo interesadamente su obligación de asistir a las sesiones con la posibilidad que tiene de delegar la presidencia de dicho órgano. A ésto se suma su ausencia de muchas de las sesiones de la Junta de Gobierno, el constante desprecio a las funciones y derechos que asisten a los concejales de la oposición para el ejercicio de sus funciones de control o el flagrante incumplimiento de las previsiones sobre participación ciudadana requeridas para los municipios de gran población, como la inexistencia del Consejo Social de la ciudad y los Consejos de Distrito o la inaplicación de las medidas de fomento de la implicación de vecinos y asociaciones en la vida pública local. Todo éllo sin entrar de forma pormenorizada a describir el estilo político inconfundiblemente autoritario del Alcalde que ha acabado impregnando y distorsionando el discurrir de la vida política local, con efectos negativos más allá de sus responsabilidades, por ejemplo, con el persistente enfrentamiento institucional que protagoniza con otras administraciones, con las entidades representativas del municipalismo o incluso con entidades sociales de lo más diverso.
Es posible que muchos ovetenses consideren que no tienen medios, ni información, ni tiempo (ni, quizá, ganas) para conocer con detenimiento las interioridades y la aguda crisis que afecta al funcionamiento de su Ayuntamiento. Sin embargo, no sólo está en juego el grado de calidad democrática en la ciudad, sino también el rigor y la eficacia de su actuación –que inmediatamente se resiente cuando reina la arbitrariedad del poder ilimitado- y, a la postre, los derechos de todos en nuestra condición de vecinos, circunstancia esencial para la construcción de una sociedad avanzada desde la base de la realidad local. Sólo se conseguirá el pleno respeto a esta cualidad si entendemos la ciudadanía desde una perspectiva activa, comprometida con lo colectivo y dispuesta a defender enérgicamente que el ejercicio del poder, en todos los ámbitos, debe estar sometido al interés general y a las reglas de juego democrático.


Publicado en Oviedo Diario, 15 de enero de 2011.

14.1.11

LIU XIAOBO Y LA CARTA 08

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo ha permitido que su nombre nos resulte conocido y podamos acceder a los detalles de su trayectoria en la lucha por los derechos humanos en China. Desde su compromiso intelectual como escritor y profesor universitario, su participación en el movimiento democrático durante las protestas de Tiananmen y su intervención en la Carta 08 -manifiesto dirigido a reivindicar la apertura democrática y el respeto a las libertades civiles y políticas-, Liu Xiaobo ha demostrado una enorme valentía, la hondura de sus convicciones y su fuerte disposición para la resistencia, ya que todas y cada una de sus iniciativas le han supuesto padecer la feroz, continuada y aparentemente irremediable persecución de las autoridades de su país. Xiaobo cumple desde 2009 una condena de 11 años de prisión a raíz de la represión desatada en su contra, precisamente por su protagonismo en la Carta 08, bajo el cargo de difundir mensajes dirigidos a la subversión frente a las autoridades, imputación usualmente esgrimida frente a los activistas políticos, sindicales o intelectuales en aquel país. Pero no es la primera vez que se enfrenta a esta circunstancia, ya que desde 1989 ha padecido diferentes periodos de encarcelamiento o internamiento en “campos de reeducación por el trabajo” en los que se confina a la disidencia por “alterar el orden social”, en la terminología oficial.
Por otra parte, la virulenta reacción de las autoridades chinas ante la decisión del Comité Nobel Noruego ha puesto de manifiesto ante la comunidad internacional la verdadera naturaleza del régimen dictatorial que gobierna el que está llamado a ser el país más poderoso en las próximas décadas. La utilización de medidas dirigidas a acallar toda solidaridad interna con el galardonado, la presión dirigida a otros Estados para que boicoteasen la ceremonia de entrega (consiguió que 18 de ellos no enviasen deliberadamente representación alguna) o la patética pretensión de contraprogramar creando un premio a medida de los intereses del régimen –cuestionado laurel que el designado ni siquiera recogió-, son reflejo de la total ausencia de voluntad de evolución política e institucional y de la arrogancia de un sistema poderoso dispuesto a acallar cualquier pretensión dirigida a su apertura.
En efecto, hasta el momento la pervivencia de la opresión parecía, para muchos, un asunto que concernía casi en exclusiva a la propia población china, mientras el resto del mundo, saludando el crecimiento económico y el positivo incremento de las relaciones comerciales, culturales y sociales con este país, daba por lamentablemente olvidada la sacudida moral de Tiananmen y prestaba escasa atención a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, llegados a este punto en el que la influencia de China es ya determinante en múltiples aspectos –no sólo como gigante económico sino como potencia política y militar- es imprescindible cuestionar si el importantísimo papel que, por sus propias características, le corresponde, se jugará en beneficio del progreso colectivo, el respeto a la protección global de los derechos humanos y la promoción de unas relaciones internacionales beneficiosas para el conjunto. Para valorar qué consideración o inquietud nos merezca el protagonismo internacional que China, sin duda, desplegará, conviene tener en cuenta ejemplos de la política que sigue su gobierno, como la represión a la población uigur de Xinjiang o la situación del Tíbet, su continuada –y, lamentablemente, exitosa- represión frente a toda disidencia, la implacable persecución de las libertades elementales, o la responsabilidad de su política exterior en el sostenimiento de tiranías deplorables como las de Corea del Norte o Myanmar.
El sacrificio de su libertad y el hostigamiento a su entorno (su esposa se encuentra bajo arresto domiciliario) es el elevadísimo precio que Liu Xiaobo está pagando por alzar su voz. En homenaje a su figura, no sólo debemos sumar esfuerzos e incrementar la presión para su liberación sino que debemos contribuir a que la sociedad china, con la que de una forma o de otra crecen nuestros lazos, se formule abiertamente el interrogante que recogía la Carta 08: “¿Hacia donde va China en el siglo XXI? ¿Continuará con su “modernización” autoritaria, o se adaptará a los valores universales, se vinculará al derrotero común de las naciones civilizadas y edificará un sistema democrático?

Publicado en Fusión Asturias, enero de 2011.

3.1.11

CRISIS Y SOCIALDEMOCRACIA

Como en cualquier otro proceso social, el impacto de la crisis actual sobre las estructuras políticas y económicas ha tenido que ver, entre otros factores, con la situación precedente, el grado de organización y la capacidad de influencia de los intereses en juego. En el momento en que el descontrol del sistema financiero desató una cascada de consecuencias indeseadas sobre el conjunto de la economía real, muchos de los problemas ahora agudizados se encontraban latentes (la burbuja inmobiliaria o el excesivo endeudamiento privado, por ejemplo) y eso indudablemente intensificó sus efectos. Pero en el alcance profundo de la crisis ha tenido tanta relevancia como la existencia de esas circunstancias el hecho de que los diferentes actores políticos y sociales que podrían haber cuestionado la propia dinámica del sistema encontraron su capacidad de respuesta y su propio convencimiento francamente debilitados de antemano, al haber adoptado una posición en los años de crecimiento anteriores que ha condicionado su disposición para afrontar la crisis económica con verdaderas posibilidades de propiciar un cambio de modelo. Las fuerzas políticas de izquierda moderada se encuentran, ahora, con la paradoja que supone advertir y conocer que la relativa confianza depositada en el mercado en las décadas precedentes tenía que haber sido compensada con un control público más intenso del practicado, pero que, en el contexto actual, la acelerada lógica del mercado ha roto ataduras y sobrepasado limitaciones, relegando la actuación de los Estados a una posición secundaria, dirigida prácticamente a su propia supervivencia ante la presión de fuerzas que se han demostrado superiores. De esta contradicción, del deterioro de la calidad de la vida política que viene de la mano de la crisis -favoreciendo un contexto incómodo para posturas de síntesis como las socialdemócratas- y de la tremenda sensación de debilidad de los poderes públicos, se deriva la falta de confianza y el descrédito en el que han caído muchas opciones políticas de centro-izquierda en Europa, sobrepasadas por el auge de un populismo de derechas dispuesto a buscar entre las minorías o en los sistemas de protección social a los falsos culpables de la crisis (curiosamente nunca entre los intereses que mayor responsabilidad han tenido) antes que soluciones integradoras que no dejen a una buena parte de la población en la estacada. De este modo, cuando en las posiciones progresistas más conciencia se albergaba sobre las repercusiones difícilmente asumibles de las imperfecciones del sistema de libre mercado, cuando más legitimidad se tenía para embridar a los mercados financieros y se contaba con más argumentos para recuperar un papel adecuado del sector público en la actividad económica, la agenda que se ha impuesto y a la que difícilmente se pueden sustraer gobiernos acuciados por las urgencias es precisamente la contraria, sin que las resistencias a esta involución tengan suficiente fuerza institucional y política para constituir un contrapeso o para debatir el orden del prioridades y el sentido de las reformas emprendidas.
Esta tendencia, por otra parte, no tiene necesariamente fin en una relativa estabilización económica que pueda producirse en un futuro más o menos cercano. Por un lado, porque las marejadas de la era global no son episodios pasajeros sino que están aquí para quedarse, generando un estado de apremio permanente y las tensiones que las provocan no tienen siempre, ni mucho menos, justificación objetiva, al estar sometidas a las inclinaciones de los mercados financieros, ocasionadas muchas veces por rumores interesados, información parcial, posiciones especulativas o valoraciones de credibilidad dudosa (el ejemplo de las agencias de calificación y su incidencia en esta crisis es significativo). Y, por otro lado, porque la dinámica económica actual se retroalimenta al ganar la lógica de mercado nuevas parcelas en las que desplegar su funcionamiento, frente a una insuficiente actividad de control del Estado que deja expedito el campo para convertirlas en nuevos objetos de mercado. En esta línea se inscribe la propensión a considerar servicios hasta ahora reservados a lo público como nuevos objetos susceptibles de transacción mercantil (incluso la educación, la asistencia sanitaria o las pensiones) o el profundo cuestionamiento que desde el pensamiento económico hegemónico se realiza a instituciones que ordenan y humanizan el mercado laboral (desde la negociación colectiva al salario mínimo o los seguros de desempleo), todo éllo en una apresurada espiral que conduce a un redivivo capitalismo salvaje.
En este contexto, o la socialdemocracia es capaz de encontrar sus propias respuestas ajenas a los intereses económicos dominantes y reúne tenacidad y convicción suficiente para sustraer las decisiones políticas de las presiones de las fuerzas del mercado, o lamentablemente, se diluirá arrastrada por el torrente de la crisis. Lo que está en cuestión no es sólo el futuro de un planteamiento político y moral sino los objetivos y logros de su acción: la noción de Estado Social, la consideración de la equidad como principio básico a preservar o la consideración del ciudadano desde una perspectiva integral, mucho más allá de su mera condición de productor y consumidor.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de diciembre de 2010.