EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL

La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.

A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.

En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.

Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

CIRCUNSCRIPCIONES NECESARIAS

En los debates sobre el modelo institucional de nuestro autogobierno y sobre el sistema idóneo para la elección de los miembros del parlamento conviene que cualquier planteamiento venga precedido de una reflexión suficientemente amplia, evitando que las posiciones defendidas sean producto del mayor o menor interés electoral que, a la vista de la experiencia, una u otra alternativa tenga. Claro que todo puede discutirse y conviene no bajar la guardia cuando de examinar el grado de perfeccionamiento de un sistema de representación se trata. Pero, al mismo tiempo, es preferible evitar posturas que, originadas en buena medida por los condicionamientos electorales, conducen a análisis sesgados.

En el caso del sistema electoral asturiano, la disputa sobre la existencia de tres circunscripciones para la elección de los 45 diputados de la Junta General es añeja, como maduro es también dicho modelo, porque con él se han seguido los comicios autonómicos desde 1983 y es el que recoge la Ley autonómica que desde 1986 los regulan. Ahora la cuestión cobra nueva relevancia al ser esgrimido con ahínco –con cierta obstinación, quizá- por UPyD, que, al igual que IU, crítica también con el modelo, tienen importantes dificultades para conseguir alcanzar un escaño en las circunscripciones occidental y oriental, con el número de votos obtenidos.

Es cierto que decisiones que impliquen vincular la composición de una asamblea legislativa a circunstancias territoriales pueden causar distorsiones en la representación y que, por lo tanto hay que medir bien cómo se diseñan las circunscripciones (territorio, número mínimo de diputados, circunscripciones de restos, etc.), y aquí siempre caben correcciones que modulen esa potencial alteración. Precisamente en los trabajos previos para una posible reforma estatutaria desarrollados entre 2007 y 2008, lamentablemente frustrados, se había planteado la posibilidad de incrementar el número de diputados de la Junta General, de acuerdo además con las mayores competencias de nuestra Comunidad, lo que, de mantenerse las circunscripciones en su regulación actual, reduciría las diferencias entre el número de votos necesarios para alcanzar el primer diputado según la circunscripción. Sin embargo, por otros motivos bien diferentes –básicamente las estrecheces del erario público- no creo que nadie se plantee por el momento retomar esta opción.

En contraposición a las críticas cabe recordar que la existencia de circunscripciones permite una mayor cercanía –y control- entre electores y elegidos, asegura la presencia de representantes de las diferentes zonas geográficas y permite que el parlamento refleje la pluralidad de sensibilidades territoriales, que en Asturias son particularmente notables. Además, hay que tener en cuenta que una adecuada representación del pueblo asturiano, que es el cometido estatutario de la Junta General, no puede desconocer las características de una Comunidad con importantes desequilibrios territoriales que provocan dificultades adicionales a las personas que quieren vivir y desarrollar su actividad en los concejos ajenos al área central. Hasta ahora, precisamente, una de los principales éxitos del modelo autonómico asturiano –y de esto, desafortunadamente, se habla poco- es la sustancial mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en el territorio periférico, lo que no impide reconocer que queda mucho por hacer, que las reivindicaciones de los municipios menos poblados son muy legítimas y que, sobre todo, con la actual debilidad de los poderes públicos y la tendencia natural a aglomerar la actividad económica industrial y de servicios en la zona central, existe un riesgo importantísimo de desandar rápidamente el camino recorrido.

Es aconsejable, por lo tanto, que este debate no se conduzca desde posiciones intransigentes y ajenas a valoraciones ponderadas. En materia de sistemas electorales, no se trata de inventar la rueda todos los días, sino de elaborar análisis más cuidadosos con la realidad institucional, política y territorial a la que dicho sistema debe servir.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de mayo de 2012.

CANDIDATO X

Una de las incógnitas del escenario postelectoral ha quedado resuelta hace unos días con el anuncio de FAC y PP de que votarán a un mismo candidato en la elección de Presidente del Principado de Asturias. Se despeja así la duda que planeaba sobre los dos partidos de la derecha, que han cultivado con ardor en los últimos meses la confrontación más descarnada, destilando rencores y blandiendo reproches, pero que ahora están dispuestos a intentar impedir que el PSOE recupere la Presidencia del ejecutivo autonómico. No obstante, es una aclaración a medias, porque no indican cuál de los dos potenciales candidatos –a priori, salvo que se guarden alguna sorpresa- será el que sume los votos de ambas fuerzas para encabezar el Gobierno, igual que por el momento tampoco han planteado ninguna alternativa para la más cercanaelección de Presidente de la Junta General. De debatir el programa mínimo común ya se ocuparán posteriormente, sin esbozar hasta ahora nada que no sea la mera aversión al retorno del PSOE e IU al ejecutivo.

La situación política de Asturias está ofreciendo muestras repetidas de surrealismo que acaban por hacer normal a ojos de la opinión pública pactos de esta ralea. Posiblemente esto sucede porque nada consistente se espera de FAC y PP a estas alturas, excepto confusión y barahúnda, así que pocas cosas sorprenden ya. Incluso muchos de sus votantes lo asumen como inevitable y son plenamente conscientes de las limitaciones esenciales para el entendimiento de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, que éstos se encargan de recordar con sus gestos cotidianos. Sin embargo, la práctica nos demuestra que, contra toda conclusión racional y huyendo hacia delante, se pueden suscribir esta clase de componendas, con un punto de farsa y esperpento, sin objetivos reales de gobierno, sin mirarse a la cara y saludándose de soslayo en los actos públicos.

A tenor del contenido del acuerdo entre Francisco Álvarez- Cascos y Mercedes Fernández me inclino a pensar que están aún a distancia sideral de decidir nada sustancial conjuntamente y apenas se dan entre ellos las condiciones para dilucidar qué tipo de proyecto político común plantean a los asturianos. Lo que pretenden, con escaso disimulo, es incrementar la presión sobre UPyD para apremiar a este partido a definirse y para obstaculizar la formación de alternativas. La maniobra de FAC y PP, en suma, es puro filibusterismo político de dos fuerzas que han demostrado repetidamente su manifiesta incapacidad para ofrecer un gobierno estable y digno de tal nombre. Se trata de un ejemplo más de las prácticas que desacreditan a los representantes públicos y generan toneladas de desconfianza entre la ciudadanía, casi resignada a enjuagues de esta naturaleza. Veremos qué resultados les reporta, pero por lo pronto, lo que nos revela es el grado de desfachatez que están dispuestos a alcanzar.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de abril de 2012.

SEAMOS SERIOS

A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.

Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.

Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.

En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 3 de abril de 2012.

VOTAR CONTRA LA FRUSTRACIÓN Y EL ESTANCAMIENTO

Cuando la ciudadanía es convocada para decidir entre diferentes opciones que concurren en un proceso electoral, es esperable que cada persona con derecho a voto se haga una composición de lugar a la hora de tomar una determinación. El debate público, la dinámica política de la que se procede y la confrontación de opiniones sobre las características del momento pesan mucho y también lo hace la situación personal de cada uno, sus valores y aspiraciones. Hay formas y formas de votar, desde el corazón, la reflexión, las tripas, el cálculo, el impulso o el cabreo. En el recuento electoral -como no puede ser de otra manera- todas las papeletas valen lo mismo, predomine uno u otro estímulo en cada votante. Pero en unas circunstancias algunas pulsiones pueden más sobre más gente, su confluencia depara resultados no siempre deseados y nadie escapa a la posibilidad de sentirse en el futuro descontento con la alternativa elegida.

En mayo de 2011, en medio de la crisis económica, con un creciente recelo hacia a las instituciones y con una importante pérdida de confianza en lo público –y en las opciones que lo defienden- en Asturias se produjo el vuelco electoral que dio como resultado la mayoría de las fuerzas de derecha y la victoria en escaños de FAC, producto también de otros muchos elementos que incidieron en el ánimo y deseos del electorado. El giro en las preferencias políticas de muchos asturianos se produjo pese a contar esta Comunidad con una trayectoria de gestión pública positiva en términos generales, con servicios públicos de calidad y bien valorados, políticas sociales inclusivas, un modelo de desarrollo territorial mucho más equilibrado y respetuoso que el conocido de otras regiones y una trayectoria de superación de intensas reconversiones económicas en el pasado reciente. Aún así, muchos asturianos o no valoraron suficientemente estos avances o prefirieron buscar un revulsivo para el nuevo tiempo, asumiendo además algunos de los repetitivos mensajes ofrecidos por los ganadores, altamente cuestionables, sobre supuestas marginaciones sufridas por Asturias por parte de los gobiernos estatales, en especial en materia de infraestructuras.

La experiencia ha resultado, a todas luces, decepcionante, también para muchos de los que en su momento ofrecieron su apoyo a FAC. Durante estos meses, en lugar de asumir las obligaciones que comporta la responsabilidad encomendada, el Gobierno autonómico ha pretendido introducir a toda la sociedad asturiana en la misma dinámica de enfrentamiento permanente, tratando de alimentar un victimismo que no se sostiene, aislándose política y socialmente y causando con su desbarajuste un grave perjuicio en el funcionamiento de la Administración. Entre tanto, lo que hace 10 meses eran inquietantes amenazas sobre la situación de Asturias se han convertido en problemas de primer orden que despliegan sus efectos con toda su crudeza, con la crisis afectando a su corazón industrial, las cifras de déficit público alejadas de los parámetros asumibles que hasta hace poco manteníamos y con la sensación de desgobierno filtrándose a todos los ámbitos, convirtiendo a la política autonómica en fuente inagotable de inestabilidad. Como fruto del experimento, el Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo afrontará un escenario mucho más complicado que hace unos meses.

Ningún contratiempo, sin embargo, será resuelto envolviéndose en retóricas vacuas o en la cultura política del agravio. Tampoco en la mera repetición a escala autonómica de una hoja de ruta ajena que sólo pasa por recortar gasto sin incentivar el crecimiento, erosionar los derechos sociales y económicos de la población, reducir el alcance de las políticas públicas y exigir sacrificio a una mayoría social cansada del desigual reparto de esfuerzos y cargas. En Asturias tenemos la singular oportunidad de escoger un camino diferente que lo primero que aporte sea la solvencia y seriedad necesaria en la dirección de la política autonómica y que, además, pese a tener que desenvolverse en este contexto tan difícil, no se resigne a ver diluirse día a día las conquistas sociales alcanzadas en beneficio de la ciudadanía.

Publicado en La Voz de Asturias, 20 de marzo de 2012.

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.