COSTE ESTÁNDAR

Me encantaría conocer a la cabeza pensante que ha inspirado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de establecer un coste estándar homogéneo a la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, sin importar sus circunstancias ni el territorio que le corresponde gestionar. Tamaña genialidad o es fruto de una consultora de repeinados dispuesta a llevar los abstractos conceptos de la contabilidad hasta su último término, emulando a cualquier aprendiz de brujo; o es producto de un laboratorio de fanatismo neoliberal presto a desproveer cualquier materia de su sustancia política o social. Para el analista, da igual que la población esté dispersa o concentrada; que el territorio sea abrupto, extenso, urbanizado o agreste; que la pirámide de población sea la de una comunidad envejecida o renovada; que haya flujos de inmigración o de emigración; que sea un municipio dinámico en la actividad económica e industrial o particularmente afectado por la crisis que vivimos. Les basta con tomar en su pipeta muestras de un número predeterminado de individuos robotizados, sobre un plano imaginario en un territorio que no existe; unas cuantas fórmulas matemáticas, una pizca de análisis y literatura de costes y ¡voilà!, ya está en condiciones de esculpir las nuevas tablas de la ley local, fijando como verdad única que prestar el servicio de abastecimiento de agua debe costar x, el de transporte urbano y, o el de recogida de basuras Z. Porque de servicios sociales, culturales, sanitarios o educativos ya ni hablamos, dado que la pretensión indisimulada es borrarlos de golpe y plumazo de cualquier catálogo de actuaciones municipales. Tal planteamiento sólo puede provenir de alguien que no conoce las tripas de la gestión local, que desprecia el pulso vital de cualquier municipio y para el que conceptos como autonomía local, democracia de proximidad o participación ciudadana no tienen significado alguno porque no les puede atribuir un valor numérico asociado que agregar.

El problema no es que el Ministerio esté dispuesto a transmutar un elemento de análisis, con mayor o menor interés, en dogma de fe. Lo terrible es que tiene bazas suficientes para dar con él en la cabeza a los ayuntamientos, previendo la doblemente ingeniosa consecuencia de arrebatarles las competencias que se ejerzan con costes que superen el estándar, ¡para entregárselas a las Diputaciones Provinciales! Es decir, se desea desproveer al poder estrictamente local –aunque las provincias sean también “entidades locales” en terminología iusadministrativista- de su capacidad de actuación, de por sí mermada, sin considerar que es en el ámbito municipal donde la implicación de la ciudadanía y el conocimiento de la realidad pueden permitir círculos virtuosos de compromiso en los asuntos públicos y buenas prácticas de esfuerzo comunitario en la solución de los problemas. Y como ocurrente consecuencia, se propone que sea la Diputación Provincial, ajena al ejercicio democrático directo, no pocas veces modelo de ineficiencia y caciquismo (Baltares y Fabras encontraron en éllas su hábitat natural), pasto de los aparatos provinciales partidarios y con una vida institucional y política sustancialmente más tenue, donde acabe residiendo la ejecución de esas competencias. Un negocio redondo.

 

En lugar de enredar con debates falsamente economicistas, tratando de deslegitimar a los poderes locales y encanallando el ambiente, desearíamos que el Gobierno de España enunciase de forma más sincera sus verdaderos objetivos con la reforma local en gestación. Que dijese en consecuencia que se toma a chufla la autonomía local y que cualquier proclama municipalista le parece palabrería. Que lo que desea es que a los concejales los elija el responsable de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Que va a establecer el premio de Alcalde del año al que dar palmaditas en el hombro por respetar el coste estándar sin debatir de prioridades políticas, inquietudes de los ciudadanos, necesidades del territorio y cualquier otra quimera. Que confesase de una vez por todas su objetivo último y de más alcance: horadar desde la base –la vida política y democrática local- cualquier experiencia activa de democracia participativa. Para tenernos a todos no ya como ciudadanos, sino, en el mejor de los casos, como consumidores de servicios, aunque sean pocos, malos, privatizados y a precio de oro.

 

Publicado en Oviedo Diario, 25 de mayo de 2013.

PREGUNTAS EN MEDIO DE LA CRISIS

Cuando se supere la crisis económica -que no será a corto plazo, vistas las recientes previsiones- ¿cómo saldremos del trance? ¿Existirá un Estado con cierta capacidad de intervención en la realidad económica o habrá renunciado incluso a ejercer una mínima función reguladora? ¿Habrá sobrevivido el sistema de descentralización territorial o las Administraciones serán cascarones vacíos de competencias reales? ¿Alguien aspirará a reverdecer el espíritu democrático o asumiremos la resignación y el sometimiento a las circunstancias como pauta? ¿Seguiremos escuchando apelaciones al sacrificio y al esfuerzo o, visto el reparto de cargas, descreeremos finalmente de todo mensaje de llamamiento a la abnegación?

¿Subsistirá algo parecido al Estado Social de Derecho, al que alude nuestra Constitución y las de los países de nuestro entorno? ¿Tendrá sentido seguir hablando de derechos económicos y sociales en el contraste con la realidad? Cuando los estándares laborales continúen descendiendo por la pendiente de la desprotección y la desregularización, ¿nos convenceremos de que algo habrá que hacer con las reglas del comercio internacional y las prácticas de dumping social? Si tener un empleo ni siquiera garantizará el acceso digno a bienes y servicios necesarios, ¿debatiremos el reparto de los resultados del proceso productivo?

¿Aceptaremos que en los mercados de derivados financieros, títulos de deuda pública, credit default swaps, futuros, divisas, etc. se siga especulando sin conexión alguna con las necesidades de la actividad económica? ¿Y que se haga con un clic de ordenador sin controles ni tributos? ¿Se acordará alguien de la anunciada refundación del capitalismo? ¿Y del paréntesis?

¿Existirán redes educativas o sanitarias públicas que no sean subsidiarias? ¿Cuántos continuarán confiando en ellas? ¿Cuánto invertirán las familias en seguros sanitarios privados más que ahora? ¿Y en colegios privados? ¿Dejará paso el sistema de servicios sociales a medidas asistenciales y de beneficencia? ¿Confiará alguien en lo público? ¿Existirá un sentido del interés colectivo más allá de las apelaciones patrioteras, belicistas, cuasitribales, futboleras y demás subespecies de pensamiento grupal? ¿Alguien pronunciará las palabras ciudadano, compañero, trabajador o incluso prójimo con plena conciencia de su sentido?

Y, con particular tristeza, a tenor de lo vivido estos días, ¿se mantendrá el concepto de pluralidad informativa? ¿Pervivirán medios de comunicación capaces de cuestionar las injusticias sociales? ¿Tendremos la posibilidad de informarnos por diversidad de fuentes? ¿Perdurará un periodismo consecuente con el deseo de combatir las desigualdades? ¿Cuántos profesionales comprometidos –para ellos mi admiración- serán capaces de no tirar la toalla luchando contra los elementos?

Visto el estado de cosas, nos hallamos en situación de formularnos estos interrogantes. Ahora que la crisis no ha concluido aún, y antes de que nos arrebaten cualquier alternativa, quizá estemos en posición de darle a estas preguntas –a todas- otra respuesta diferente a la que hoy nos tememos.

Publicado en La Voz de Asturias, 28 de febrero de 2012.

POCAS ESPERANZAS EN LA REFORMA DE LA JUSTICIA

En los últimos tiempos, cada vez que un Gobierno anuncia su pretensión de acometer profundas reformas en materia de justicia, hay que temer por la accesibilidad de los ciudadanos al proceso y, por consiguiente, a las posibilidades de invocar el derecho a la tutela judicial en plenitud. Si quien da cuenta de sus planes, es, además, un Ministro del PP, habrá que sumar a esa inquietud la certeza de que, en materia penal, las medidas restrictivas vendrán acompañadas de su visión netamente ideológica, en virtud de la cual el endurecimiento de penas sirve por sí solo para encarar problemas sociales. Pese al alborozo de los medios de comunicación conservadores instalados en la trinchera, de la reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados del nuevo Ministro de Justicia para exponer su programa de Legislatura, aparte de posiciones ya conocidas en debates recurrentes (por ejemplo sobre la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial), pocas conclusiones añadidas pueden extraerse.

Más allá de polémicas puntuales –muchas de ellas interesadamente azuzadas- es evidente que el sistema de justicia en España, a ojos de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, necesita mejoras sustanciales. Cualquier perspectiva inmovilista, sostenida en la inercia y el conformismo, significará admitir la persistencia de las dificultades endémicas de dilación, sobrecarga e insuficiencia de las respuestas a las necesidades de los interesados, asumiendo situaciones de indefensión práctica. No obstante, la vocación reformista que este Gobierno se atribuye no puede quedar reducida a, profundizando en decisiones precedentes muy discutibles, introducir reformas procesales que dificulten la posibilidad de ejercitar acciones judiciales, ahuyentar a los ciudadanos de la opción de acudir a los órganos judiciales, restringir el acceso a los recursos frente las sentencias desfavorables, ampliar elementos disuasorios como las tasas judiciales o extender criterios de vencimiento en la imposición de costas judiciales en órdenes jurisdiccionales distintos del civil.

La litigiosidad existente, que según las voces autorizadas es difícil de asumir, no tiene su causa en la arquitectura del sistema judicial ni en las leyes procesales; su origen es la propia conflictividad de la sociedad que la genera, máxime en una etapa convulsa en lo económico como ésta. Otra cosa es que los problemas de la justicia para resolver las cuestiones que se le plantean no permitan dar las mejores respuestas. Pero la alternativa no es hacer más estrecha la puerta de entrada al proceso y a los recursos a instancias superiores, o reenviar a otras formas de solución de disputas que no siempre tienen la implantación y la efectividad esperada. Por el contrario, ningún cambio sustancial se producirá hasta que no se formulen compromisos cuantitativos en firme en algunas cuestiones imprescindibles: la dotación de personal suficiente a nuestros Juzgados y Tribunales, evitando que los recortes del gasto público lleven a peores escenarios que el actual; la creación de nuevos Juzgados donde el aumento de población lo haga razonable; la mejora del ratio de jueces por habitante (la mitad que en la media de la UE); impedir los intentos de estrangular o deteriorar la justicia gratuita; mejorar los medios materiales y tecnológicos de las infraestructuras judiciales; favorecer el desarrollo de las –limitadas- competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, etc.

Mientras no se baje al terreno, se continúe en la elucubración teórica o, peor aún, intentando restringir el derecho de los ciudadanos al proceso y a los recursos, seguiremos sin incorporar en España una visión consecuente sobre la justicia como servicio público esencial para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y asegurar la resolución pacífica de las controversias.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de febrero de 2012.

¿POR QUE NO IMPULSAN LA APERTURA DEL HUCA?

Durante años una de las controversias políticas de referencia en el Principado de Asturias y en la ciudad de Oviedo fue el futuro del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a ciertas resistencias y tras prolongados debates, finalmente cristalizó el convencimiento mayoritario de que era necesario sustituir la constelación de edificios que ocupan buena parte del barrio de El Cristo – Buenavista por un nuevo complejo diseñado con criterios de funcionalidad. El sumatorio de construcciones correspondientes a instituciones sanitarias de diferente procedencia, levantadas en un periodo similar (duplicando gastos y empeños, para que luego se hable de la supuesta eficacia superior del modelo territorial anterior al autonómico) y que acabaron convergiendo en el actual HUCA, dejaría paso a un moderno hospital, preparado para los avances tecnológicos, convertido en referencia de un sistema sanitario público de altas prestaciones y cuya concepción permitiría ahorros futuros en materia de gasto corriente. El impulso a la construcción del nuevo HUCA resultó una de las decisiones más significativas del nuevo periodo de gestión de las competencias de atención sanitaria tras su transferencia al Principado de Asturias. Nuestra capacidad de autogobierno se empleó para reforzar un servicio público esencial al acometer una inversión cuya envergadura requería un esfuerzo financiero y de gestión sobresaliente.

De aquel proceso, por lo que ahora se ve, algunos refractarios, obstinados en negar la posibilidad de erigir el nuevo HUCA, han conservado heridas que aún afloran en perjuicio de todos, a tenor de la actitud exhibida por quienes han asumido la dirección de la Administración del Principado de Asturias. Que por los actuales responsables se baraje como fecha de apertura del nuevo HUCA la segunda mitad de 2013, sin argumentos convincentes sobre el motivo de tal retraso más allá de su evidente desconfianza hacia la gestación del proyecto, es prueba inequívoca de un irreflexivo desprecio al trabajo de sus predecesores, que en nada ayuda a culminar iniciativas cuya importancia supera las rivalidades de corto vuelo y que no se detiene analizar qué efectos negativos comporta tal decisión. Representa además, una renuncia a cumplir la legítima expectativa de los ciudadanos, que son plenamente conscientes de la importancia de este equipamiento y que desean contar con servicios hospitalarios de calidad. E, incluso, introduce importante incertidumbres sobre el futuro del nuevo HUCA, pues, como se encarga de recordarles con acierto la Diputada socialista Pilar Alonso, mientras no se proceda a equiparlo y ponerlo en funcionamiento se asume un coste de oportunidad considerable, con instalaciones pendientes de estrenar que se encuentran vacías y con el actual Hospital padeciendo deficiencias crecientes.

A la estupefacción que generan las decisiones del Gobierno autonómico se suma la ceremonia de la confusión que pretenden organizar para justificar su falta de apuesta por el nuevo HUCA. Primero insinuando, prácticamente, que no nos podemos permitir un nuevo Hospital, revelando que no está entre sus prioridades y, sobre todo, que poco les importa que la obra civil sea ya una realidad incontestable. Después, jugando imprudentemente con los datos sobre su coste, para ofrecer cifras disparatadas que no resisten un análisis pormenorizado, como el contenido en el extenso reportaje publicado en La Voz de Asturias el 18 de diciembre.

El interés de los actuales responsables de la Administración sanitaria no es realizar un análisis sereno que complete el exhaustivo seguimiento que la Junta General ya desarrolló en la pasada Legislatura, en la que nuestro parlamento examinó con lupa todos los pasos, contrataciones e incidencias. Al contrario, lo que se quiere, con la marca de la casa del actual Gobierno, es aumentar el ruido y el desconcierto que impida ver con claridad su pretensión de postergar, cuando menos, la puesta en marcha de este equipamiento y el refuerzo de la sanidad pública que conllevaría.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de diciembre de 2012.

EDUCACIÓN PÚBLICA: RIESGOS INMINENTES Y OPORTUNIDADES PERDIDAS

Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras. En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.

En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.

En el caso del sistema educativo, además de conseguir introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.

Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2011.

EL SUICIDIO DE LA CLASE MEDIA

Es un lugar común la teoría de que la existencia de una clase media sólida y numerosa contribuye a la estabilidad social y a la moderación política. La frase, tan del gusto conservador y habitualmente repetida, no deja de ser una verdad a medias, empezando por la utilización de un término ambiguo como el de “clase media”, basado sólo en la capacidad de disponer de cierto nivel de renta o riqueza –sin escrutar su origen- y categoría en el que casi todos se encuadran a sí mismos, unos pocos por falsa modestia y otros muchos para no considerarse –por contraposición, dadas las connotaciones- clase baja. Además, conviene constatar que no siempre las posiciones del sector al que así se etiqueta tienden a la centralidad y que, por otra parte, la supuesta reticencia a los cambios intensos no es necesariamente positiva en toda circunstancia.
No obstante, si concedemos una parte de razón a la premisa que atribuye a la llamada clase media una particular prudencia y a su predominancia un efecto vertebrador, algunas de las tendencias sociales ascendentes en los últimos tiempos y que se reflejan en las posiciones políticas mayoritarias en su seno merecerían un análisis profundo sobre su origen y sobre el contraproducente efecto que tienen para muchas de las personas encuadradas en este sector. Ya antes de estos años de crisis económica muchos de los que cuentan o contaban con un trabajo y cuyas aspiraciones se alineaban con la aurea mediocritas del bienestar material medio, ni siquiera podían alcanzarlo o mantenerse en él sin acudir al letal sobreendeudamiento. Más aún, como resultado de la precariedad laboral y del incremento del coste de algunos bienes y servicios primordiales, algunas personas se encontraban con riesgos económicos y sociales serios incluso teniendo trabajo, además de hallarse con la frustración de sentir bien lejos El Dorado del deseado hiperconsumismo. Ni qué decir tiene que la crisis económica en curso ha agravado esta dinámica, primero porque son muchos menos los que tienen un empleo; segundo, porque muchos de los que lo tienen ven ahora como un objetivo razonable el mileurismo antes denostado; y tercero, porque, pese a alguna reflexión aislada sobre los artificios del materialismo, inevitablemente el patrón que sigue imperando es el que equipara la realización humana con el sueño de tener casa, coche y toda suerte de gadgets tecnológicos.

Así las cosas, es curioso que una parte muy significativa de las clases medias, arrastradas por las corrientes dominantes, se estén dejando convencer de que no va con ellas la defensa de los servicios públicos, la reclamación de una fiscalidad progresiva o la existencia de poderes estatales con alguna posibilidad de intervención sustancial en la realidad económica. Mientras muchas personas que se consideran en el estrato medio de la sociedad empiezan a tener dificultades graves para mantener su actual nivel, a la vez saludan los planteamientos en boga dirigidos a arrinconar lo público y a sacar de toda agenda política asuntos elementales como la redistribución de la riqueza. Como si contar con un sistema educativo, sanitario y de servicios sociales con un estándar de calidad solvente y que no queden arrinconados a un papel subsidiario (reservado para quien no pueda proveerse de estos bienes en el mercado) no resultase de interés capital para la clase media llamada a beneficiarse de ellos. Como si fuese inocuo para sus bolsillos y para sus proyectos vitales tender a un futuro en el que garantizar la formación, la salud o la protección exija multiplicar gastos que en muchos casos esos mismos ciudadanos con un nivel económico medio no podrán sufragar. Como si tragarse una doctrina contraria a una fiscalidad más justa (véanse algunas reacciones recientes a la recuperación práctica del Impuesto sobre el Patrimonio) no significase a la larga un perjuicio para su propia posición, si el sistema tributario sigue cargando las espaldas en las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos.

Estos tiempos de crisis nos deparan numerosas paradojas que no son precisamente inocentes casualidades. Porque en toda crisis, con su correlato político, hay ganadores y perdedores. Y en ocasiones estos últimos ponen las cosas más fáciles para resultar damnificados.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2011.