Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

16.12.09

AMINETU VALIENTE


En el momento de escribir estas líneas Aminetu Haidar cumple 25 días de huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades marroquíes a permitir su regreso a El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado. Aminetu ha puesto su integridad física en riesgo, a través de esta medida de presión, para centrar la atención sobre su caso y conseguir el respaldo internacional que le permita retornar a su tierra, con su familia. Como es sabido, Marruecos devolvió y retiró el pasaporte a la activista, aplicando una técnica genuina de los regímenes autoritarios y dejándola en situación de apatridia de facto, con la pretensión de evitar que pueda continuar en el propio Sahara su reivindicación de los derechos civiles y políticos de los saharauis. Ninguna otra opción que no sea permitir su regreso y permanencia en el Sahara Occidental es válida, porque con otro estatus o con pasaporte de otro Estado (por ejemplo previa obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza, según el bienintencionado ofrecimiento inicial del Ministerio de Asuntos Exteriores) no podría asegurarse la posibilidad de permanecer de forma prolongada en un territorio como el saharaui -en situación de excepción- y para élla dar continuidad a la lucha por los derechos de su pueblo, sobre el terreno, es la razón de su vida.
Aminetu Haidar, antes de este episodio que la ha hecho saltar a la actualidad española, era ya una reconocida defensora de los derechos humanos, premiada con prestigiosos galardones como el Premio Robert F. Kennedy. Su voz ha resonado incesantemente en la denuncia del apartheid que, en la práctica, padecen los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. Ha protagonizado movilizaciones y protestas contra la creciente represión que padecen los saharauis a manos de las fuerzas de seguridad y militares de la potencia ocupante, sufriendo ella misma la tortura y el encarcelamiento. No es la única: otros activistas saharauis están padeciendo el zarpazo de la brutalidad persecutoria de las autoridades marroquíes: Ali Salem Tamek, Brahim Dahane, Ahmedi Naceri, Idagia Lachgare, Saleh Loubbihi, Yahdih Ettarrouzi, Rachid Seghayer y una larga lista de nombres desconocidos para la opinión pública pero que corresponden a presos de conciencia que están pagando con su libertad la lucha de todo un pueblo por el reconocimiento a sus legítimos derechos.
Aminetu ha conseguido, además, que muchos, ajenos hasta ahora al conflicto, se pregunten por las causas de fondo de la cuestión saharaui. Acontecimientos como éstos son, no lo hay que olvidar, consecuencias de la injusta situación derivada de un proceso de descolonización inconcluso. La enorme responsabilidad española en el desamparo de los saharauis arroja una sombra de culpabilidad colectiva que nos debe avergonzar, y que sólo se enjugaría con una apuesta suficientemente decidida –que no se ha producido hasta la fecha- por restaurar la legalidad internacional y permitir el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo saharaui. La falta de entereza de la comunidad internacional para velar por el efectivo cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y los apoyos estratégicos con los que ha contado Marruecos para mantener una ocupación ilegal de la mayor parte del territorio del Sahara Occidental, han provocado un bloqueo de la situación durante largos años, a pesar de los esfuerzos negociadores y de la flexibilidad para el diálogo del Frente Polisario y las autoridades de la proclamada República Árabe Saharaui Democrática (reconocida por más de 80 países y miembro de la Unión Africana). A quienes se atreven a criticar con ligereza a los interlocutores saharauis cabría recordarles que el Polisario llegó a aceptar en 2004 como solución el Plan Baker II, que contemplaba la celebración del referéndum de autodeterminación tras un periodo previo de autonomía, lo cuál ya constituía una cesión muy relevante, por admitir, aunque fuese transitoriamente, la autoridad marroquí; la salida quedó frustrada (como el Plan de Paz de 1991 y los posteriores intentos de reimpulsarlo) por la falta de firmeza internacional y la intransigencia de las autoridades marroquíes, empeñadas en ensoñaciones imperiales que no hacen sino distraer la atención de sus problemas internos.
La tenacidad de Aminetu Haidar, con peligro para su propia vida, no es inútil ni obcecada, aunque resulten comprensibles los llamamientos a evitar un deterioro irreversible de su salud. Su dignidad extraña a los ojos acomodados de algunos, pero despierta la admiración y el respeto de la mayoría; no en vano Aminetu ha concitado una notable ola de respaldo ciudadano y, por fin, parece que ha motivado reacciones diplomáticas que comienzan a ser perceptibles –por la Unión Europea y Estados Unidos- y que posibilitan albergar la esperanza de que Marruecos deberá ceder y permitirle regresar a casa. Tenemos que hacerlo realidad porque su lucha, de una u otra manera, nos concierne a todos.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de diciembre de 2009.

11.12.09

NECESIDAD DE LA MEMORIA


El Gobierno del Principado de Asturias se ha sumado en los últimos años, con diversas iniciativas, a las actuaciones dirigidas a la recuperación de la memoria histórica sobre los hechos sucedidos durante la guerra civil y la represión franquista posterior, ambas especialmente intensas en nuestra tierra. Una de estas iniciativas, quizá la más destacada, es la investigación que, por encargo de la Administración autonómica, desarrolla la Universidad de Oviedo para la localización de fosas comunes en nuestro territorio, que al parecer ascienden a más de 260, en las que yacen numerosas víctimas de aquel periodo. Confluye este proyecto con las actividades de diferentes organizaciones sociales que trabajan en esta materia, dirigidas a rescatar del olvido miles de historias personales de víctimas de la contienda y la dictadura, incluso promoviendo o facilitando exhumaciones como las de la fosa de Valdediós o la del Alto del Acebo. Por otra parte, se baraja impulsar la normativa autonómica necesaria, incluso de rango legal si fuese preciso, que complemente el marco jurídico dado por la llamada Ley de Memoria Histórica (la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) y todo el corpus reglamentario de su desarrollo.
En todos los casos, ya sea en lo relativo a las acciones ciudadanas, ya sea en las actuaciones gubernamentales –también las de ámbito estatal-, estas iniciativas están animadas por un deseo de reconocimiento a las víctimas silenciadas y sus familias, a quienes durante un periodo prolongado de tiempo apenas pudieron recordar en público, por miedo a las consecuencias, la tragedia vivida, y, particularmente, a quienes pagaron con un alto precio -a veces con su propia vida- su defensa de los valores de libertad y progreso que encarnó el malogrado esfuerzo modernizador de la II República. Por eso han sido gobiernos progresistas los que, una vez afianzado el sistema democrático, y con perspectiva suficiente desde los años transcurridos tras la recuperación de las libertades, han reconocido la necesidad de esta reparación.
No obstante, el proceso en curso de recuperación de memoria histórica no sólo se sustenta en otorgar, de forma compasiva y solidaria, la atención debida a las personas que padecieron aquellos años bárbaros. Se fundamenta también en la capacidad moral –e incluso la autoridad- que la sociedad puede legítimamente atribuirse para analizar determinadas conductas sucedidas en un tiempo que sigue estando relativamente próximo, y donde no todos los comportamientos fueron, ni mucho menos, similares. En ocasiones se esgrime, por los detractores de esta clase de procesos, la imposibilidad o la inutilidad de juzgar hechos pasados de esta naturaleza, bajo el argumento de que cada acontecimiento es producto de su momento y circunstancias, y que con los valores y criterios de hoy no se pueden contemplar los sucesos del ayer. Este razonamiento, no siempre bienintencionado, esconde que, aunque efectivamente los patrones éticos que inspiran a la sociedad y sus reglas mudan –y generalmente progresan-, esta diferencia no puede suponer dejar en la impunidad (al menos en el escrutinio público, al no resultar ya posible el procesamiento penal) las atrocidades del poder dictatorial, que, atemporal y objetivamente merecen ese calificativo. Es preciso, en consecuencia, evitar situar en el mismo plano de meros actores de un escenario histórico a víctimas y verdugos.
El juicio de la historia, por enunciarlo en términos comunes, es, por lo tanto, doblemente procedente cuando quien se sitúa en posición de juzgador es la misma sociedad (a través de sus actores sociales, sus instituciones legítimas y sus representantes democráticos) quien es ahora capaz de mirar retrospectivamente su pasado, adquiriendo conciencia de la gravedad de hechos como los acaecidos, extrayendo de la experiencia la vocación de justicia y la voluntad de afianzar y extender los valores que impidan la repetición de tales sucesos. De esta forma, la recuperación de la memoria histórica adquiere un componente regenerador y sumamente útil, que permite hacer más sólidos los principios que sostienen nuestra Constitución democrática.




Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2009.


4.12.09

OLVIDOS DEL ALAKRANA

Ahora que el secuestro del Alakrana ha finalizado parece que, de sopetón, y enredados algunos en la reprobación despiadada al Gobierno, se nos hayan olvidado algunas de las controversias vividas durante los 47 días del secuestro. Quizá incomode ahora recordarlo, pero la opinión mayoritaria en los momentos más delicados de este suceso requería incesantemente actuaciones dirigidas ante todo a la liberación de los marineros sin poner en riesgo su vida o su integridad física, admitiendo que otras consideraciones de legalidad quedasen en un segundo plano. Tras el desenlace, no sería honesto esconder que, durante días, se pidió, por no pocas voces y de forma casi abierta, que se pagase el rescate –o se facilitase su pago- y se liberase a los dos detenidos actualmente procesados ante la Audiencia Nacional. El apremio de los familiares de los marineros, humanamente comprensible y movido por la evidente angustia que un drama de esta magnitud provoca, y el tratamiento mediático efectista de los hechos tuvo un fuerte impacto social, que provocó, nada más y nada menos, la conciencia casi generalizada de que acceder al chantaje era, simple y llanamente, la única salida. Como resultado, la sensación provocada era que la demanda popular justificaría que todo el armazón jurídico que rige la convivencia y el orden social, el del Estado de derecho, el de la legitimidad democrática de las leyes y de los instrumentos dirigidos a hacerlas cumplir, podía colocarse entre paréntesis en casos como éste, permitiendo que, a través de rendijas del sistema, éste acabase desvirtuado o, cuando menos, aparcado, ante la necesidad de salvar a los secuestrados. En la posición más extrema se situaron quienes (algunos aún lo hacen) descalificaban gruesamente la detención y procesamiento de los dos piratas detenidos, como ocurrencia o inoportunidad, proponiendo incluso modificar la ley o firmar tratados con un Estado fallido –Somalia- para buscar una rocambolesca solución ad hoc que permitiese desembarazarnos de lo que aparentemente era un problema irresoluble. No se puede negar que, indirectamente, se estaba pidiendo ésto, porque, a la vista de los similares secuestros precedentes, ¿qué otra cosa se reclamaba cuando se pedía a toda costa y de forma exasperada la rápida liberación sin peligro para los secuestrados? Desde luego, este acontecimiento permite interrogarnos sinceramente sobre la verdadera convicción que, en momentos de zozobra, atesora nuestra sociedad sobre el valor superior de la ley en la que, según se predica, sostenemos nuestro sistema de valores y convivencia. Por cierto que a esta dinámica dirigida a justificar socialmente la inaplicación –aunque fuese puntual- de la norma y la aceptación de las condiciones de los secuestradores, en buena medida contribuyó la posición inicial del PP incrementando irresponsablemente la presión hacia el Gobierno de forma difícilmente soportable por éste.
De esas semanas en las que transigir con las exigencias de los piratas casi se había convertido en exigencia, se ha pasado, una vez que se ha producido la liberación, a los aspavientos por el modo en que ésta ha tenido lugar. Efectivamente a cualquiera le puede parecer motivo de vergüenza, e incluso humillación, que el pago de rescates alimente una floreciente industria del secuestro marino ante la impotencia de la comunidad internacional. La sensación de que los autores quedan impunes (con algunas excepciones, entre ellas los dos detenidos) se ha extendido de tal modo que, como única solución temporal, se ha admitido la inusual dotación de seguridad privada en los pesqueros que faenan en esa zona del Índico y el mantenimiento de una costosa operación militar para tratar de impedir la repetición de estos crímenes. La legalidad y el orden internacional es posible que, objetivamente, hayan salido malparados de éste y otros secuestros que están afectando a numerosas embarcaciones en aquellas latitudes. Sin embargo, contrastando lo que ahora se recrimina con el clamor popular precedente, ¿es legítimo que quién alentó la presión al Gobierno ahora reproche la solución? ¿Es justo defender sólo a posteriori que hubiera sido una mejor opción el uso de la fuerza? ¿Habría aceptado la sociedad española –y los familiares de los afectados- una intervención militar para poner fin al secuestro? Si derivada de ésta, como parece altamente probable, se hubiera producido alguna víctima mortal o heridos graves entre la tripulación, ¿se habría asumido ese coste humano o ello hubiese sido a su vez fuente de censura? ¿Algún Gobierno sería capaz de asumir en su debe –no sólo político sino a nivel estrictamente personal- la vida de los marineros secuestrados ante una opinión pública que pedía cualquier cosa menos una solución armada de incalculables consecuencias? Y, ante la posibilidad de que se haya dado cobertura, del modo que sea, al pago del rescate, ¿realmente queremos saber toda la verdad y con todas las repercusiones?
No deja de sorprender la aparente seguridad –burdo artificio- con la que algunos representantes del PP parecen tener todas las respuestas y poseer todos los remedios, incluso ante avatares excepcionales como los vividos. En esta tesitura, nadie verdaderamente sincero consigo mismo y mínimamente comprensivo con las dificilísimas circunstancias protagonizaría un juicio inquisitorial como el que desea alentar la oposición a Zapatero. Las críticas exacerbadas que se oyen estos días no dejan de ser un ejercicio de oportunismo de la peor especie.

Publicado en Oviedo Diario, 28 de noviembre de 2009.