Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

16.7.06

DISECCIÓN DEL GABINISMO

Evidentemente, Gabino de Lorenzo no ha inventado el populismo, que como conglomerado de postulados tacticistas lleva a?os desplegando sus efectos en múltiples lugares, particularmente en algunos ámbitos locales. Pero desde luego que, a la luz de sus 15 a?os de mandato, es uno de los alumnos más aventajados en esta disciplina, cuyo principal objetivo es empobrecer los mecanismos de control democrático, limitar toda posibilidad de alternancia o renovación, y concentrar los resortes de poder en cuantas menos manos, mejor.
En el caso del llamado Gabinismo existen una serie de rasgos que lo emparentan con otros muchos regímenes populistas que en mundo han sido (y son). Veamos algunas de sus características:

No son necesarios criterios ideológicos. Las ideas y los objetivos plenamente políticos, en el alto sentido de la palabra política, no existen. Cualquier fundamento ideológico es innecesario, una carga inútil que obliga a rendir cuentas, peaje que un populista siempre trata de evitar. Gabino de Lorenzo es capaz de deslizarse con aparente soltura desde la derecha conservadora de raíz nacionalcatólica a la proclamación de su supuesto ideario liberal (cuando su conducta política es, sobre todo, la de un antiliberal convencido), pasando, como no, por su aprovechamiento oportunista de concretas reclamaciones de la izquierda social (por ejemplo, cuando ofrece las calles de Oviedo –como si fueran suyas- para una u otra manifestación). A cada concreta necesidad, De Lorenzo escoge en su armario de ideologías la que más se ajuste en el momento, pero sus requiebros no son propios de evoluciones personales –ojalá: denotarían capacidad de autocrítica-, porque detrás de cada una de sus proclamaciones ideológicas lo único que existe es frivolidad y vacuidad intelectual.

El medio es el fin. Sin fundamentos ideológicos no hay estrategia de cambio social posible, ni proyecto sostenible de ciudad. La permanencia en la responsabilidad institucional no es el medio para provocar o animar las transformaciones, sino el fin en sí mismo. De la definición de las concretas actuaciones ya se encargarán los representantes de los intereses que, en cada momento concreto, puedan sostener el aparato de poder.

?Qué inventen otros! Con estos mimbres, es materialmente imposible toda innovación o capacidad de pasar de una política de la improvisación a una política de la investigación. En los asuntos que más importan, los cambios en el entorno exterior, que cada vez son más veloces y más determinantes, arrollan el modelo edificado en Oviedo. El ejemplo más claro lo tenemos en la inquietante realidad económica de Oviedo: mientras la mayoría de los municipios asturianos –sobre todo los más castigados por las reconversiones- llevan diez o quince a?os con una política identificable de desarrollo local, en Oviedo se fía prácticamente todo a la fortuna histórica del carácter de ciudad administrativa, que aunque sigue siendo muy relevante ya no es por sí mismo una ventaja suficiente para asegurar el futuro bienestar y crecimiento económico.

Quién me sostiene es mi amigo... y decide. El sistema gabinista padece un desgaste notable, ya que a fin de cuentas trata de sobrevivir como creciente anomalía en el marco de una sociedad democrática, como es la de Oviedo. Se precisan aliados económicos y poderes fácticos que contribuyan al sostenimiento del sistema, que requiere altísimas dosis de publicidad, una permanente campa?a propagandística, y alguien que defina prioridades. Obviamente el grado de complicidad y apoyo al Gabinismo es directamente proporcional a la importancia que ese agente de poder externo tendrá en la definición de políticas y actuaciones básicas de la ciudad. El resultado es el adelgazamiento del poder público local, cuya actuación, además, está cada vez más orientada a favorecer intereses privados. Y, sobre todo la privatización no sólo de servicios públicos, sino también del dise?o de la ciudad y de la toma de decisiones. Los órganos municipales sólo son cajas de resonancia para legitimar decisiones adoptadas en otros ámbitos y cubrir como se pueda (a veces ni eso) el expediente que el ordenamiento jurídico exija.

Del liderazgo al caudillismo. Gabino de Lorenzo es cada vez menos un líder (si alguna vez lo fue plenamente) que propone, se adelanta a los acontecimientos y es capaz de fijar un rumbo cierto. Cuando planteó una forma diferente de hacer política en sus primeros a?os, aunque tuviese muchísimas deficiencias y aspectos criticables, es indudable que obtuvo un fuerte respaldo ciudadano. A medida que su acción política se ha agarrado a la reiteración de los mismos planteamientos, cada vez más debilitados y horadados por la implacable realidad (por ejemplo, ya nadie se cree los llamados “planes de choque”), se va convirtiendo, aunque pueda sonar desagradable decirlo, en un caudillo de tres al cuarto, que hace muchos aspavientos pero no sabe a dónde va.

Nada de debates elaborados o planteamientos complejos. Todo sistema populista requiere debates simples, que exijan alineamientos sencillos. Se rehuye voluntariamente toda complejidad en el discurso. Gabino de Lorenzo es una máquina de elaborar consignas que otros repiten o amplifican. Ninguna de ellas resiste un debate sereno, pero a la hora de gritar siempre resuenan más fuertes. Un ejemplo es el persistente emblema del “Alcalde-Ingeniero” o el tira p´alante que libras, que supedita cualquier control de legalidad a un supuesto dinamismo, que luego muchas veces no es sino ineficiencia que más temprano que tarde aflora (por ejemplo, con decenas de obras mal realizadas que se amortizan o precisan ser repetidas o rematadas a corto plazo). Otro ejemplo de la utilización de consignas lo hemos podido contemplar en la movilización de los ciudadanos desde el poder público, al más puro estilo de los sistemas directamente autoritarios, como en el reciente caso de la recogida de firmas sobre el Museo de los Premios “Príncipe de Asturias”. Campa?a que, por cierto, sólo pudo llevarse a cabo utilizando toda la infraestructura municipal. Y, el caso más recurrente últimamente es el de la teoría del cerco a Oviedo, que además de una impostura bastante obscena, es un planteamiento netamente excluyente (“el Oviedo y el antiOviedo”, “los ovetenses fieles y los traidores”, “el enemigo interior y exterior”, etc.) e indisimuladamente pretende conectar en el imaginario colectivo con los acontecimientos históricos de la Guerra Civil en la ciudad, con la pretensión de movilizar a los sectores más reaccionarios.

Cuánto menos se sepa y menos participen, mejor. En 15 a?os Gabino de Lorenzo no ha adoptado ni una sola iniciativa seria para promover activamente la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos locales, ni para facilitar que los ovetenses tengan más información sobre la vida municipal. El Alcalde tiene una verdadera alergia al debate con los ciudadanos y a la pluralidad informativa. Mientras tanto, numerosos municipios espa?oles han puesto en marcha en estos tres lustros instrumentos de profundización en la democracia y transparencia: presupuestos participativos (Albacete), audiencias públicas de los concejales, que pueden ser preguntados por los ciudadanos (Vitoria), debate anual sobre el estado de la ciudad (Gijón), consejos sectoriales y territoriales de participación (Alcobendas), democracia telemática “en tiempo real” (Jun), etc.

El partido es del jefe. ?Conoce alguien los contenidos de las asambleas del PP de Oviedo y sus debates sobre la ciudad? No hay partido sino estructura piramidal en torno a Gabino de Lorenzo, que hace y deshace. Si hubiese realmente partido, el PP hubiera tenido renovación de caras, ideas y discurso desde 1991, y no ha sido así. El poder interno del Alcalde en el PP de Oviedo es omnímodo, aunque en el fondo se base en la potestas y no en la auctoritas. Es capaz incluso de conseguir que cientos de afiliados del PP cancelen su abono al Real Oviedo y se apunten al ACF (es preciso recordar, como una buena se?al de salud social, que su propuesta no hizo fortuna entre los ciudadanos)... Puede parecer anecdótico, pero revela un estado de cosas preocupante sobre el PP de Oviedo, máxime teniendo en cuenta la relevancia simbólica y sentimental que hoy por hoy ha adquirido el fútbol como fenómeno de masas.

Súbditos o administrados, no ciudadanos. En el Gabinismo el ovetense es sujeto paciente de la vida pública. Se persigue la pasividad o como mucho la complacencia del ovetense, no su convencimiento crítico y su compromiso activo con el municipio. Si el ovetense quiere opinar y participar, se recela de él. Si opta por el conformismo, se le premia a través de la extensa red clientelar institucionalizada. En el mejor de los casos, se le considera un consumidor de servicios o un administrado. En el peor de los casos, directamente se trata con desprecio a quién discrepa. Esta actitud tiene además un componente generacional, ya que cuando el Alcalde dice que “la ciudad está hecha”, está negando tajantemente a los jóvenes su participación en la definición del modelo futuro de Oviedo. Es la quintaesencia del adanismo y el autoritarismo, porque viene a decir: “antes que yo, la nada; después de mí, ya estará todo decidido”. Por suerte los procesos sociales nos demuestran que este bonapartismo acaba siendo tan patético como irreal.

La paradoja de nuestra política local es cómo un modelo de gobierno con estos perfiles ha conseguido sostenerse durante un periodo tan prolongado. En buena medida se retroalimenta, ya que sería inviable sin el principal instrumento para su mantenimiento, que no es otro que el propio Ayuntamiento. Por ello, todo cambio precisa ante todo un alternancia democrática en la representación de los ciudadanos en la Corporación, para dar paso a otra forma de entender el gobierno local. Pero, para que este cambio pueda tener lugar es necesario evidenciar previamente las contradicciones del Gabinismo y su desajuste con la realidad social del Oviedo de hoy; y construir, al mismo tiempo, una alternativa política sólida y creíble, capaz de movilizar a la ciudadanía y de conectar con los valores del Oviedo cosmopolita, integrador y liberal, que, a mi juicio (irremediablemente optimista), es el Oviedo mayoritario, aunque no haya sido el predominante en el debate social y político de los últimos a?os.
Publicado en Oviedo Diario el 15 de julio de 2006.

14.7.06

EL DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA LENGUA ASTURIANA

En los últimos días han sido muchas las opiniones que ha motivado el dictamen que el Consejo Consultivo de Asturias ha realizado a petición del Gobierno autonómico en torno a varias cuestiones relativas a la eventual reforma del Estatuto de Autonomía. LES NOTICIES ha recogido muchas de estas opiniones, en particular sobre el contenido de este dictamen en lo que respecta a la lengua asturiana y la política lingüística. Sobre este asunto, me sumo al debate en las siguientes líneas.
Vaya por delante que no comparto las descalificaciones globales que se han lanzado contra el dictamen, y menos aquellas que acusan a los miembros del Consejo Consultivo de actuar tendenciosamente y al dictado de intereses concretos. Creo en la actitud sincera y el rigor intelectual de los miembros del Consultivo, lo que no me impide, obviamente, discrepar en algunas (o muchas) de sus conclusiones. Por muy profunda que sea la divergencia que se pueda mantener con los miembros del Consejo Consultivo, esto no debe obstar para reconocerles su innegable trayectoria y solvencia profesional y jurídica. En lo que a mí respecta, dos de los miembros del Consultivo han sido profesores míos y recuerdo con agrado sus explicaciones y su labor docente. El Presidente del Consejo Consultivo, en particular, me parece un jurista brillante, cuya destacada labor resultó decisiva en la construcción de la autonomía asturiana.
Ahora bien, leído el dictamen no puedo sino modestamente discrepar en algunas de sus afirmaciones, como paso a exponer.

?Lengua o modalidad lingüística?

El dictamen incluye disquisiciones que flirtean con la especulación filológica y sociolingüística sobre el carácter de lengua o modalidad lingüística del “bable” o “los bables”. Desde estas disciplinas parece temerario cuestionar el carácter de lengua del asturiano, máxime si ni siquiera se profundiza en la cuestión, ni mucho menos se alude a los dos estudios sociolingüísticos dirigidos por Francisco Llera, y que, hoy por hoy, son la primera referencia a considerar. Pero además es igualmente arriesgado, cuanto menos, cuestionar el carácter de lengua del asturiano desde el punto de vista jurídico. Para determinar jurídicamente si el asturiano es lengua o modalidad lingüística es imprescindible ajustarse al corpus normativo autonómico vigente, fruto de la evolución que nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado en el periodo autonómico sobre este aspecto. Tal y como el propio dictamen detalla, es inequívoca la concepción del asturiano como lengua (en concreto “lengua tradicional”) que realiza la Ley 1/1998 de Uso y Promoción del Bable / Asturiano, y multitud de decretos posteriores caminan por esa senda, teniendo especial consideración los relativos a la ense?anza de la lengua asturiana. Además, los artículos 4 (protección del “bable”) y 10.21 (competencia exclusiva autonómica en fomento y protección del “bable”) del Estatuto, en su calculada ambigüedad, no definen ni directa ni necesariamente al asturiano como modalidad lingüística; y, en todo caso, convendría interpretar tales preceptos a la luz del contexto normativo y las circunstancias sociales del momento actual.
Así mismo, el dictamen no tiene en cuenta que si el artículo 3 de la Constitución Espa?ola no establece una lista de numerus clausus que delimite cuáles lenguas son “las demás lenguas espa?olas” (artículo 3.2) además del castellano y cuáles son meras “modalidades lingüísticas” (artículo 3.3), quizás se trate de una preterición intencionada. No es descabellado aventurar que el constituyente persiguiese reconocer implícitamente que la realidad sociolingüística es viva y cambiante, de forma que esta omisión tuviese como objetivo que cada comunidad autónoma pueda decidir al respecto en cada momento, según sus propias necesidades y aspiraciones. Estas decisiones adoptadas por las comunidades autónomas, en todo caso, no son inamovibles, si bien deben quedar reflejadas en lo que establezca específicamente cada Estatuto de Autonomía. Sin perjuicio de que también contribuye a delimitar la consideración de lengua o modalidad lingüística la producción legal y reglamentaria posterior a cada Estatuto, máxime si este es ambiguo en su definición, como es el caso.
Tampoco se puede obviar que en el periodo de tiempo que media entre el debate estatutario de 1980 y la actualidad se ha producido un proceso de normativización de la lengua asturiana. Este proceso se ha realizado en base al trabajo científico de la Academia de la Llingua Asturiana, reconocido institucional y jurídicamente, y que ha tenido por objeto la recuperación de la propia lengua (como en el resto de lenguas minorizadas e incluso en buena medida en el caso de las otras lenguas espa?olas distintas al castellano); y la uniformización de sus reglas (requisito que encontramos en el resto de las lenguas normativizadas). Este proceso ha sido avalado social y administrativamente, a través de la utilización y mayoritaria aceptación de las reglas aprobadas por la ALLA en el empleo del asturiano en ámbitos como la ense?anza, la creación literaria y, progresivamente, en la expresión oral de los hablantes de la lengua asturiana. Fruto de la persistente utilización del asturiano, de su divulgación y fomento por los poderes públicos, de la producción literaria, etc. es innegable que el prestigio adquirido por el asturiano permite asegurar que su consideración social es mayoritariamente la de una lengua.

Juicio a la normativa autonómica sobre la lengua asturiana.

En el dictamen se desprende cierto juicio de valor desfavorable sobre la evolución del tratamiento legal y reglamentario que los poderes públicos autonómicos han realizado sobre el asturiano. No creo que corresponda al Consultivo formular esta clase de apreciaciones, ya que significa cuestionar las decisiones del Gobierno autonómico y la Junta General del Principado por un órgano que no tiene encomendada esta labor. Esta valoración crítica del Consultivo aflora con mayor claridad en lo relativo a la Ley de Uso y Promoción del Bable / Asturiano, considerando que excede las disposiciones estatutarias. Pero hasta el momento ningún órgano jurisdiccional ha valorado elevar cuestión de constitucionalidad al respecto, y de hecho no existe pronunciamiento de ninguna clase por parte del Tribunal Constitucional que permita esta clase de insinuación. Recordemos que el propio TC no formuló ninguna apreciación crítica, siquiera colateral, al otorgar el amparo en la Sentencia del TC 48 /2000, tomando muy en cuenta la citada Ley, a una candidatura electoral que presentó la documentación únicamente en lengua asturiana en las elecciones generales 2000 y que había sido inadmitida por este motivo por la administración electoral.

Consensos pasados y futuros sobre el estatus del asturiano.

El dictamen formula una apelación para la preservación del consenso generado entre las fuerzas políticas parlamentarias en torno a la redacción del artículo 4 del Estatuto del Principado de Asturias, en 1980. El acuerdo entre las fuerzas con representación en la JGPA y en las Cortes Generales es muy deseable, indudablemente, a la hora de revisar este precepto. De hecho destacados colectivos sociales (por ejemplo la Fundación Caveda y Nava) han enfocado sus esfuerzos en la generación del diálogo preciso para ello. Sabemos que, por desgracia, en torno al estatus jurídico de la lengua asturiana ha existido una larga controversia política. Pero también conviene afirmar con rotundidad que las dificultades para el consenso acaecidas en 1980, y las que puedan existir actualmente, no tienen necesariamente que impedir por principio la generación de un nuevo consenso en torno al tratamiento de la realidad lingüística en el nuevo Estatuto de Autonomía. A la hora de remitirse al consenso político alcanzado en 1980, tampoco se puede desconocer que se ha producido una evolución social, política y jurídica en torno a la lengua asturiana, y que por lo tanto no cabe denegar la posibilidad de un nuevo acuerdo que parta del camino recorrido y la realidad actual. Las dificultades para el consenso en materia lingüística comenzaran a sobrepasarse cuando nadie sienta ninguna clase de vértigo para perge?ar un nuevo y razonable acuerdo que tenga su raíz en las aspiraciones sociedad asturiana de hoy.

Derechos lingüísticos.


Cabe reprochar que el dictamen considera de manera muy tangencial la existencia de derechos lingüísticos que derivan de la existencia de personas que desean utilizar como lengua vehicular el asturiano. Esta perspectiva es merecedora de mayor atención que la que le presta el Consultivo, por cuanto el objetivo de toda reforma estatutaria debe pasar por la preservación de los derechos del conjunto de los asturianos, y es indudable que lo que finalmente prescriba nuestro Estatuto sobre el estatus del asturiano puede afectar cotidianamente a miles de ciudadanos.
Algunas precisiones sobre la cooficialidad y la normalización.

El dictamen vincula con carácter exclusivo cooficialidad y normalización, introduciendo cierta precaución sobre este último concepto, y convirtiendo éste en presupuesto para aquélla, pero al mismo tiempo subrayando que sin cooficialidad la actuación gubernamental debe limitarse a la conservación y no debe extenderse a la recuperación o la normalización. Establece un círculo vicioso que en la práctica ya no existe desde hace a?os. Si bien es indudable que la plena normalización guarda estrecha relación con el estatus cooficial del asturiano, no es juicioso negarse a reconocer que, cuanto menos sobre el papel, y en ausencia de régimen de cooficialidad, la normalización lingüística ya se ha convertido en objetivo de la acción de los poderes públicos en Asturias, y en particular del Gobierno autonómico. Es una realidad que puede constatarse a la luz de los diferentes decretos y acciones gubernamentales al respecto, destacando e l“Plan para la normalización social del asturiano 2005-2007”, sin entrar en el debate –muy justificado- sobre el grado de cumplimiento efectivo de estas medidas. Pero la normalización ya está pretendidamente en marcha sin cooficialidad, y al realizar el análisis sobre las perspectivas que se abren en la reforma estatutaria, no se acude con un bagaje similar al de 1980, sino con una trayectoria de actuación administrativa y política que es necesario tener en cuenta.
El dictamen subraya que la lengua cooficial es medio normal de comunicación entre administración y sujetos privados. Ser el medio normal no necesariamente significa ser el único medio obligatorio ni ser el medio mayoritario, si el modelo de política lingüística que se maneja –y se refleja estatutaria y legalmente- apuesta por el bilingüismo, la equiparación progresiva, y, sobre todo, la prioridad de la opción del sujeto privado por una u otra lengua en su comunicación con la administración.
En torno a las eventuales consecuencias de la cooficialidad, cabe cuestionar el dictamen en tanto que establece una catálogo de efectos que no necesariamente deben producirse automáticamente. Cooficialidad no es sinónimo de inmersión lingüística. Por el contrario, definir un modelo propio de cooficialidad del asturiano, una política lingüística con nuestro propio sello, puede pasar por elegir, conforme a la decisión que se pueda alcanzar, un, llamémosle así, menú de efectos o una cooficialidad a la carta. Declarar cooficial una lengua y actuar para su normalización social no significa necesariamente convertir esa lengua ipso facto en vehículo único, mayoritario o principal de comunicación entre administración y ciudadanos. Sí debe significar, por el contrario, garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de esa lengua, porque ese debe ser el contenido mínimo irrenunciable, y el objetivo indispensable, de toda cooficialidad.

Lengua propia e identidad: resbaladizo terreno.

El dictamen indica que la lengua cooficial debe ser sentida como propia para ser digna de alcanzar tal carácter, porque la lengua tiene un carácter político, identitario y simbólico. Cabe preguntarse por quién debe sentirse como algo propio: ?por todos los asturianos?; ?por una mayoría surgida de las urnas o manifestada en referéndum?; ?por una parte significativa de la sociedad aunque no sea mayoritaria? Esta lógica inevitablemente tiene un carácter excluyente y no es, contrariamente a lo expuesto por el dictamen, inevitable. Por un lado, es pertinente se?alar que la identidad de los asturianos no es única, unívoca o uniforme, por fortuna. Es –y cada vez más- plural, diversa, cambiante, y todos los asturianos deben encontrar cauce para sentirse partícipes de esa identidad colectiva. La realidad sociolingüística puede ser parte de esa identidad, pero siempre estará en continua transformación –como la propia identidad común- y nunca es plenamente pacífica: siempre hay quien discrepa y no considera como propio lo que otros (o una mayoría) sí lo considera así, y viceversa. Por eso la identidad colectiva no debe entenderse como algo rígido y susceptible de ser impuesto (si se consiguiese su definición), sino que debe configurarse un paraguas formado por las pertenencias culturales que provienen de la identidad individual de los que componen esa colectividad. En el ámbito lingüístico y en el identitario –ambos tienen ligazón entre sí-, la lógica que debe prevalecer no es tanto la de las mayorías o las de los derechos colectivos –de perfiles difusos- sino la lógica de los derechos individuales. El estatus de la lengua asturiana tiene por lo tanto mayor vinculación con la garantía de los derechos lingüísticos de los asturianos que con aquello que sea la identidad común, sin despreciar esto último.

Los posibles objetivos que no contempla el dictamen.

Si el debate jurídico y político sobre el estatus de la lengua asturiana únicamente permite elegir entre modelos preconcebidos y de rígidos perfiles, cabe aventurar la prolongación del desencuentro entre las diferentes posiciones. Por ello es necesario encontrar nuevas propuestas capaces de generar mayores niveles de consenso. En este sentido, es posible y recomendable definir un modelo propio de política lingüística y de cooficialidad que no implique obligaciones a quién no desee utilizar la lengua asturiana, pero que sí garantice derechos lingüísticos al los hablantes de asturiano. Un régimen jurídico de la lengua asturiana que reconozca derechos para las ciudadanos y obligaciones a los poderes públicos, con una pretensión integradora del conjunto de la sociedad asturiana. No existe ningún impedimento atávico –ni tampoco jurídico- para ello. Asturias puede tener su propio modelo diferenciado de política lingüística, ajustado a su realidad sociolingüística, a la vista de la experiencia previa y de las diferentes opciones expresadas en los diferentes Estatutos de Autonomía de otras comunidades autónomas.Este planteamiento podría resumirse en la siguiente propuesta: es perfectamente posible, como opción política, que nuestro Estatuto de Autonomía reconozca a la lengua asturiana como lengua propia y cooficial, reservando a una ley posterior la modulación de tal declaración en cuanto a aspectos como el tratamiento de las modalidades lingüísticas del asturiano; el régimen específico del gallego-asturiano; las implicaciones en la ense?anza, garantizando en el propio Estatuto la voluntariedad como criterio; la equiparación progresiva de derechos lingüísticos de todos los asturianos a todos los niveles y las obligaciones que ello comporta para la administración; y los efectos y obligaciones para la administración local y la administración estatal en Asturias.
Versión en castellano. Publicado en Les Noticies el 14 de julio de 2006.

5.7.06

LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL CONSUMO DE DROGAS

La reciente resolución del Fiscal Especial Antidroga de Asturias en relación con el programa Zona Clave de reducción de riesgos y da?os en el consumo de drogas, ha prolongado la polémica pública sobre esta clase de actuaciones avaladas por las administraciones públicas. El Fiscal ha determinado que no existe ilícito penal alguno en torno a este programa, pero no obstante ha realizado una serie de observaciones muy críticas con el mismo. Merece la pena detenerse un instante a analizar con cierta profundidad la realidad ante la que nos encontramos, y sobre la que pretende incidir el programa Zona Clave.
Como es sabido, el consumo de drogas es una constante que, con diversas formas, intensidades y características, está presente en toda sociedad desde siempre. En la actualidad los poderes públicos tratan de atender a la inquietud social que despiertan algunos efectos derivados del consumo de drogas, y actúan con un doble objetivo: reducir la oferta de drogas, limitando las condiciones en que se puede acceder a las drogas legales y persiguiendo la producción y tráfico de las ilegales; y reducir la demanda, concienciando a la población de los problemas de diversa índole asociados a las drogas.
En relación con la población juvenil, es notoria la intensidad de las actuaciones dirigidas a que los jóvenes conozcan suficientemente las consecuencias del consumo de drogas. Desde el sistema educativo, los medios de comunicación, los diferentes departamentos vinculados a las políticas juveniles y sanitarias de todas las administraciones, o desde el propio ámbito familiar, es generalizada la transmisión de información que persigue que los jóvenes tengan conocimientos y actitudes adecuadas para enfrentarse cabalmente ante la posibilidad de consumir drogas. Es incuestionable que el principal objetivo de las actuaciones de los poderes públicos en esta materia es prevenir el consumo de drogas, ya desde el primer Plan Nacional sobre Drogas (1985). A ello se dedican esfuerzos económicos importantes, se definen estrategias a largo plazo, se forman profesionales cualificados, etc.
No obstante, en los últimos a?os, conforme a una tendencia de importancia creciente en nuestro entorno europeo, los poderes públicos han incorporado nuevas perspectivas a su trabajo en este ámbito. Si bien se sigue poniendo énfasis en las políticas de prevención, se plantea también actuar en relación con aquellas personas que, a pesar de conocer en buena medida los efectos de las drogas, han tomado la decisión personal de consumirlas. La Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008 reconoce esta evidencia: el consumo de drogas existe a pesar de la intensísima actividad preventiva, y es en cierto modo inevitable, de forma que un número relevante de personas optan por consumos que en ocasiones resultan problemáticos, generando riesgos y da?os ante los que es preciso actuar. A partir de este momento han adquirido un importante desarrollo los programas que pretenden dirigirse directamente al consumidor de drogas, para que conozca mejor los riesgos y da?os derivados de tal conducta y sepa cómo aminorarlos en la medida de lo posible si finalmente opta por el consumo. En todo caso, y esto hay que subrayarlo, se mantiene como prioridad la prevención, buscando que el número de consumidores de drogas descienda. Pero, sobre todo, este planteamiento significa mirar de frente a la realidad del consumo de drogas y no inhibirse ante los hechos. Este enfoque incluido en la Estrategia Nacional sobre Drogas se ha mantenido en el Plan Nacional de Acción sobre Drogas 2005-2008, y se ha trasladado a los diferentes planes regionales y municipales; en el caso de Oviedo, que es el que puedo conocer con mayor exactitud, viene reflejándose así desde el a?o 2002 en las diferentes programaciones anuales del Plan Municipal de Drogas, con el consenso de las numerosas entidades que participan en la correspondiente Comisión de Seguimiento.
Algunos datos nos permitirán aproximarnos a la realidad del consumo de drogas, de la que parten planteamientos como el antes expuesto. Analícense estos datos con la cautela que exige constatar el rápido crecimiento del consumo de algunas drogas, principalmente la cocaína, en los últimos a?os. El informe “Estilos de vida de la juventud asturiana”, realizado en 2003 por encargo del Instituto Asturiano de la Juventud, se?ala que el 40,5% de los jóvenes entre 16 y 29 a?os entrevistados habían probado el cannabis, el 12,9% la cocaína y el 7,9% las drogas de dise?o o pastillas. Otros datos, en este caso obtenidos del excelente informe “Consumo de drogas y factores de riesgo en los jóvenes ovetenses” elaborado en 2001 por el Plan Municipal de Drogas a través de 705 encuestas a escolares de entre 14 y 18 a?os, nos hablan de la precocidad de los jóvenes consumidores de drogas en lo relativo a su primer consumo: el primer cigarrillo se fuma a los 12,8 a?os, el alcohol se prueba a los 13,6, el cannabis a los 14,8, el éxtasis a los 15,2 y la cocaína a los 15,7. En este estudio los encuestados indican la facilidad del acceso a estas sustancias; por ejemplo el 61,7% dice que es relativamente fácil o muy fácil obtener cannabis, el 33 % se?ala lo mismo respecto a la cocaína, y el 47,4 % en relación al éxtasis. El mismo informe nos alerta además sobre los consumos habituales, ya que en los 30 días previos a la realización de la encuesta, el 72,3% había consumido alcohol, el 26,3% cannabis, y el 4,9% drogas de dise?o.
En este contexto, los programas de reducción de riesgos y da?os en el consumo de drogas son complementarios al esfuerzo en la prevención, pero son imprescindibles sin lugar a dudas. Las críticas cosechadas en el caso de Zona Clave pueden obligar a ciertas modificaciones, quizás algunas pertinentes. Pero el resultado no puede ser, de ninguna manera, el abandono de las estrategias de reducción de riesgos y da?os, que es lo que algunos planteamientos políticos parecen pretender. Además, algunas objeciones, principalmente las del PP, han surgido de una posición que mezcla la hipocresía social y la mala fe política. Pretender vivir de espaldas a la realidad del consumo de drogas es mucho más inmoral, irresponsable y, sobre todo, ineficaz, que tratar de atajar esta situación yendo más allá de la pura estrategia preventiva, imperfecta en su propia esencia ante los hechos puros y duros. Atacar los programas de reducción de riesgos y da?os en el consumo de drogas sólo por oportunismo político es lamentable, máxime cuando el propio PP ha participado en su gestación (la Estrategia Nacional sobre Drogas se aprobó bajo su gobierno) y en su puesta en marcha, como en el caso del municipio de Oviedo.
El programa Zona Clave, en concreto, que ha venido estando en la picota en las últimas semanas, también pretende trasladar mensajes necesarios a un público muy concreto ya habituado al contacto con las drogas y a ciertos consumos. Por ejemplo, pretende ense?ar al consumidor de drogas a qué analice los motivos por los que ha escogido tal opción, y a que decida por sí mismo y no influenciado por el grupo en el que se integra en el que los consumidores son mayoría; incide en los riesgos de incitar al consumo a un tercero; u ofrece consejos para conocer y evitar algunas específicas consecuencias perjudiciales de ciertos consumos. Además, se basa en una información que pretende ser asequible para quien la reciba, con un lenguaje e imágenes que este entienda perfectamente, lo cuál no siempre es fácil. Se fundamenta en la mediación entre iguales, ya que es mucho más factible llegar a los potenciales receptores de la información a través de personas con las cuáles estos puedan identificarse, como pueden ser los voluntarios de asociaciones juveniles que han recibido la formación necesaria para desempe?ar esta labor. Conviene destacar, además, que la distribución de información no se hace de manera indiscriminada, sino con un carácter muy selectivo, vinculada al diálogo entre el mediador y el consumidor de drogas; por poner una cifra, en 2005, en el municipio de Oviedo los jóvenes informados directamente fueron 161, en 8 intervenciones en espacios festivos en los que es común la presencia de estas sustancias.
Limitarnos a conminar, a quien ya está en contacto con estas sustancias, a rechazar el consumo de drogas puede ser una estrategia poco operativa si se queda ahí. Quien decide, por las motivaciones y condicionantes que sea, consumir determinadas drogas (legales o ilegales), debe saber soslayar ciertas repercusiones que sí son evitables. De esto tratan los programas como Zona Clave, de los que, con las mejoras que sea menester y que la prudencia exija, no podemos prescindir.
Versión ampliada. Pulicado en Revista Fusión - Asturias, julio de 2006.