Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

23.7.14

TRABAJO, DEFLACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA


A la hora de analizar los motivos de la crisis el discurso dominante introdujo como uno de los elementos nucleares de la explicación un supuesto exceso de garantías y derechos para los trabajadores y un gasto público desbordado en políticas sociales insostenibles. A la vista de las recetas preconizadas por los centros de poder económico y de los programas seguidos por la mayor parte de los países afectados por la recesión, parece claro que en el debate y en la decisión sobre las medidas adoptadas, pese a algunas resistencias, este planteamiento ha sido exitoso, aún orienta la agenda de los poderes públicos y continúa siendo alimentado por lobbies y medios que participan de esa estrategia. Según este enfoque, los derechos laborales y sociales tienen en su entraña un potencial elemento de riesgo para el crecimiento económico, porque provocan pérdidas de competitividad en un entorno globalizado donde alguien hará el mismo trabajo pagando salarios menores, sin tener tantos miramientos medioambientales y sin que se grave el beneficio obtenido, el empleo creado o las rentas derivadas del proceso productivo (la plusvalía, si nos ponemos clásicos), de una forma tan exigente para atender servicios públicos o políticas de provisión de bienes sociales. En cierto modo estoy simplificando, pero lamentablemente la aplicación de esa teoría ha arrumbado con cualquier sueño de progresar hacia formas de organización del trabajo más justas y llevaderas (la aspiración a la jornada de 35 horas parece una quimera y su promotora Martine Aubry una socialista utópica) y no figura entre las prioridades de ningún gobierno la ampliación de derechos sociales, económicos o culturales o la redistribución de la riqueza, contentándose en el caso de los ejecutivos progresistas con abrir la persiana de los servicios que se tengan y contener la hemorragia de derechos de todos estos años.
El problema es que de tanto despojar al sistema productivo de la costra de los derechos sociales y laborales para alcanzar ese estatus de supuesta competitividad buscado (como si no hubiese otras formas de mejorar la diversidad, forma, calidad y costes de lo que se produce), después de estos seis años de crisis comienzan a presentarse con una crudeza inusitada problemas que ponen en riesgo la viabilidad del modelo económico, precisamente por el empobrecimiento creciente de la población en situación más precaria, que ya no es una minoría. Difícilmente habrá unos niveles de consumo interno suficientes, necesarios para sostener el crecimiento, si el 20,4% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones deVida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo cifra en 8.114 € de ingresos anuales para una persona y 17.040 € anuales para una familia de dos adultos y dos menores. No habrá un clima de consumo y ahorro propicio si los salarios se sitúan en un 6% menos que en 2010 y se avanza hacia modelos de temporalidad y precariedad en el trabajo que aseguren retribuciones inferiores (según el mencionado INE el sueldo medio de los trabajadores temporales fue en 2012 de 15.983 € frente al sueldo medio de 24.227 € de los empleados de duración indefinida). Y ninguna proyección de marca nacional realmente eficaz se logrará (aspecto que tanto preocupa al Gobierno de España) cuando la penuria infantil ha irrumpido virulentamente en la realidad social, con 2,3 millones de menores de edad en situación de pobreza, como se ha encargado de denunciar UNICEF.
Este proceso de depauperación no se debe sólo a que el tamaño de la economía española haya encogido y a que la organización del trabajo sea tan deficiente como para dejar al 26% de la población activa desempleada (dato de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014) y por lo tanto dependiente de prestaciones, subsidios y solidaridad familiar. Trae causa también del amargo resultado alcanzado, en virtud del cuál desplegar un trabajo afanoso y esforzarse con sacrificio, ese que a decir del pensamiento dominante hacía falta realizar colectivamente, y que es lo único (nada más y nada menos) que la mayoría de la población tiene para salir adelante, no significará vivir dignamente, porque la primera consecuencia de la degradación del trabajo es que tener un empleo ya no sirve para asegurar medios suficientes para uno mismo y para los suyos; situación que se ha venido en llamar la pobreza laboral y que, evidentemente, es el primer desincentivo para buscar activamente un puesto de trabajo. A la par, la obtención de un empleo, lejos de ser un derecho o una contribución al progreso común, se ha instalado en la percepción colectiva como una concesión graciosa, algo que casi hay que mendigar y que para muchos ni siquiera merecerá la pena porque no abrirá las puertas a un desahogo material perceptible.
Cuando hablamos de deflación y de los riesgos de que la recuperación sea tenue o más bien propia de un estancamiento prolongado, precisamente hablamos, entre otras cosas, de a cuantas personas se ha dejado en la estacada no sólo ya como trabajadores con esperanzas y ciudadanos activos –a lo que deberíamos aspirar-, sino siquiera como consumidores de interés, que hasta ahora era lo que al menos prometía el sistema.

Publicado en Asturias24, 22 de julio de 2014.

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18.7.14

ELECCIÓN DE ALCALDES, LAS DIFERENCIAS IMPORTAN

            
No ha estado Mariano Rajoy acertado al plantear de la forma en que lo ha hecho la elección directa de alcaldes. Primero, porque se saca de la manga la propuesta en un batiburrillo de ideas mal hilvanadas para tratar de dar alguna respuesta al desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones, cuando lo que hace falta es un enfoque global y de fondo, más que remiendos. Segundo, porque es inevitable ligar la proposición a las expectativas electorales del PP en las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que es altamente probable que pierda la mayoría absoluta en muchas capitales de provincia y puedan, en algunos casos, configurarse coaliciones alternativas en las corporaciones que permitan desbancarle de gobiernos locales significativos; de ahí la inmediata acusación de pretender modificar interesada e intempestivamente las reglas de juego, estando ya iniciado tras los comicios europeos el ciclo electoral 2014-2015. Y tercero, porque la falta de detalles del planteamiento efectuado es notable, empezando porque su propuesta supone, antes que nada, consagrar que la persona que encabece la lista más votada sea automáticamente quien acceda a la alcaldía, y eso no es exactamente lo mismo que la elección directa del alcalde; por cierto, actualmente esa es la consecuencia que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pero, evidentemente, la normativa actual no impide de inicio (como propone ahora Rajoy que suceda) la conformación de esas mayorías alternativas e incluso prevé, mediante la moción de censura constructiva, que así pueda ocurrir a lo largo del mandato.
Que la sugerencia ha sido poco meditada es irrebatible, entre otros motivos porque hace bien poco se ha sometido el régimen local en España a una profunda modificación, instrumentada mediante la muy cuestionada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Parece claro que, además de las urgencias electorales, late el deseo de continuar reduciendo el Pleno de los ayuntamientos a un papel secundario, sin atribuciones ejecutivas, con mecanismos de control y orientación de la acción de gobierno menores que los de cualquier parlamento y, si triunfase la opción defendida por el PP, sin que la elección de alcalde dependiese de su composición. Tampoco se ha explicado cómo superar situaciones de bloqueo en las que sí puede existir una mayoría diferente dispuesta a acordar en positivo una alternativa a la de la fuerza que haya obtenido más concejales y que no ha alcanzado la cifra necesaria para gobernar en solitario.
La elección directa de alcaldes no es, sin embargo, un debate novedoso. Se ha venido discutiendo sobre esta alternativa desde hace un buen número de años, al calor del refuerzo del poder ejecutivo municipal que las sucesivas reformas de régimen local han alentado (cometiendo excesos dolorosos para el control democrático), de las tensiones ocurridas cada vez que en medio de un mandato triunfaba una moción de censura y de las medidas para evitar el transfuguismo, sobre todo cuando esta degeneración estaba detrás de cambios abruptos de alcaldía. Y, también, en un entorno, como es el local, más propicio para la relación entre representantes y ciudadanía, como forma de permitir a los vecinos optar directamente por la persona que encabece el Consistorio. El PSOE, por ejemplo, con esta última intención, propuso la elección directa de alcaldes en 2002 (siendo el asturiano Álvaro Cuesta, Secretario de Política Municipal), pero con una elección a doble vuelta, la primera coincidente con la elección de la Corporación y, en el caso de que nadie se alzase con la mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, las diferencias con la preferencia expresada ahora por el PP no son sólo de matiz.
Estas cosas, en definitiva, son demasiado serias como para hacer aproximaciones poco rigurosas y que pecan de oportunismo. Si además contienen, revestidas del ropaje de una supuesta mejora de la articulación de las instituciones –que ni siquiera es tal- una erosión de su funcionamiento democrático, constituirían un elemento más de la involución que promueve la mayoría gobernante.

Publicado en Asturias24, 8 de julio de 2014.

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14.7.14

QUE ALGUIEN HAGA ALGO


            A primera vista, que una ciudad cuente con 247.000 metros cuadrados de suelo público disponible en dos puntos cardinales distintos para redefinir la trama urbana del futuro es una oportunidad única de transformación como hay pocas en la historia de un municipio medio. Si a eso se junta que una parte de las edificaciones existentes pueden preservarse para un nuevo uso, pueden encontrarse ventajas adicionales para el cambio de destino. Claro que también puede uno verse abrumado por la situación y frotarse los ojos incrédulo por el incierto futuro mientras el abandono se come media ciudad; o entretener al personal con continuas disquisiciones y preservar en el lanzamiento de reproches a otros responsables políticos mientras la hiedra crece. En esta disyuntiva histórica se encuentra la ciudad de Oviedo, y aquí el adjetivo es merecido: el futuro de la ciudad se juega en El Cristo y La Vega y de momento  los poderes públicos pierden por incomparecencia.
            Se trata de articular la planificación urbanística necesaria; poner en coordinación a la Administración local, autonómica y estatal (determinante en La Vega y con intereses en El Cristo); decidir qué edificios se indultan y qué finalidad se alberga para ellos (tirarlos todos parece un exceso y un derroche); recuperar espacios para la ciudad (abrirlos en La Vega, cerrada a cal y canto) y evitar su conversión en pueblo fantasma; llevar a la práctica todas las decisiones; y hacerlo con escasos recursos públicos, sin iniciativa económica privada que apoye (o interfiera, según se mire) y con la participación activa de la ciudadanía, que tiene pleno derecho a intervenir de la forma más directa posible en este debate. Nadie dijo que fuese fácil.
A muchos parece asustarles este reto y razones hay para ponerse en lo peor, porque entre los infinitos prolegómenos, la indecisión colectiva y el tiempo perdido, el problema ya está aquí, con toda su crudeza. En el caso del traslado del HUCA, hace años que deberían estar definidos los nuevos usos y ya tendría que estar en vigor la modificación del planeamiento urbanístico. En cuanto a La Vega, se veía venir que de la defensa numantina del mantenimiento de la actividad industrial se pasaría a un inevitable cierre de las instalaciones: por mucho que nos duela, tenía toda la lógica económica que la empresa prescindiese de una de las dos fábricas de su municipio. Durante años, sin embargo, ha sido tabú preguntar siquiera qué iba a pasar el día después del abandono por General Dynamics y a quien se ha atrevido a evaluar posibles alternativas se le ha acusado poco menos que de propiciar el cierre.
No obstante, va siendo hora de tomarse en serio, con suficiente determinación y capacidad resolutiva, los retos que afronta la ciudad. Marcarse unos plazos, cuando menos, para poner un límite temporal a la fase deliberativa y de aproximación, y no enredarse con un debate que puede ser eterno. Y, especialmente, que todas las Administraciones pongan las cartas sobre la mesa sobre lo que están dispuestos a hacer y los recursos que están en condiciones de aportar, porque de lo contrario cualquier planteamiento no pasará –como ha sucedido hasta ahora- de bienintencionadas conjeturas. ¿Quiere el Ayuntamiento obtener la cesión de los terrenos de La Vega y está el Ministerio dispuesto a entregarlos sin contraprestación? ¿Está la Universidad -que apenas tiene cuartos para subir la persiana todos los días- verdaderamente interesada en ampliar o unificar espacios en El Cristo? ¿Va a ejercer el Ayuntamiento sus competencias indelegables en materia de planificación urbanística, que es al final de lo que se trata? ¿Quiere el Principado de Asturias dar algún uso en materia de servicios sociales o justicia a algún edificio del antiguo HUCA? ¿Tiene el Ayuntamiento voluntad de dotar de contenidos culturales o de habilitar espacios para el emprendimiento a las naves ociosas de La Vega? ¿Se va a contemplar alguna partida presupuestaria para todo ello? Y sobre todo, ¿va el Ayuntamiento de una vez por todas a adoptar la posición de liderazgo que los ovetenses precisan en este asunto? 
Si de aquí a unos meses quienes tienen que comenzar a responder las preguntas cardinales sobre esta cuestión siguen sus maniobras de distracción, preparémonos para tener durante años parte de la ciudad, en particular el suroeste, como escenario para el rodaje del documental “La vida sin nosotros”. Si la pasividad persiste, no habría que descartar soluciones drásticas del estilo de los grandes parques que propone el experto en economía urbana y regional Fernando Rubiera; unido a una invitación a llevar “La Madreña” a alguno de los edificios sin uso.

Publicado en Asturias Diario, 5 de julio de 2014.

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11.7.14

ESPERANZAS DE CAMBIO EN EL PSOE


El PSOE se encuentra en un momento de profunda reflexión, forzado por los resultados electorales, por la crisis de identidad de la socialdemocracia y por los relevos orgánicos y generacionales. El contexto en el que llega a este cruce de caminos es, además, particularmente complicado, con el sistema de democracia representativa en dificultades frente a sus propias contradicciones y hostigado por autoritarismos de diversa índole; con los Estados exhibiendo la insuficiencia de sus medios para revertir la crisis económica y social, sostener políticas públicas consistentes y garantizar oportunidades y derechos a los ciudadanos; y con un escenario global tremendamente convulso en el que los valores que ha defendido la Europa democrática pierden enteros a la par que lo hace su pujanza económica.
Así las cosas parecería casi trivial determinar quiénes son las personas que dan un paso adelante para encabezar el cambio necesario en el PSOE. Pero no lo es tanto si reparamos en que, del acierto del próximo Secretario General al interpretar la situación y promover la renovación interna dependerá que el PSOE recupere la vocación de ser un partido mayoritario, representativo y con vocación de gobierno, o pase a ser un actor político secundario, ocasionalmente con responsabilidades ejecutivas, pero escasamente decisivo. La afiliación del PSOE tiene muy clara la necesidad de compromiso y superación de los errores recientes –el principal, la falta de fidelidad a los propios principios socialdemócratas- para recuperar la credibilidad necesaria; pero aún existe cierto vértigo por los cambios, las incertidumbres del entorno y una resistencia de las estructuras del partido a ser rebasadas por la propia fuerza de una militancia con ganas de un revulsivo.
Creo que Eduardo Madina, más que el resto de las alternativas, está a la altura del reto; y si el imparable deseo de cambio que se vive en el PSOE se manifiesta en el proceso interno que vive este partido, podrá demostrarlo. Es una persona prudente y que ciertamente hasta ahora ha medido sus palabras, pero que es perfectamente capaz de apreciar y reconocer los problemas propios del PSOE, de forma abierta y sincera, a la par que tratando de recoger lo mejor del bagaje de este partido. Ha exhibido serenidad y generosidad su trayectoria personal, en la que no se le ha oído un exabrupto ni una pizca de rencor o mezquindad, de la que tanto abunda en la vida partidaria. Se convirtió a su pesar en un símbolo el 19 de febrero de 2002, cuando fue objeto de un atentado terrorista de ETA que le amputó parte de una pierna, pero en ningún momento ha permitido que el miedo o el odio se infiltren en su pensamiento y práctica política ni ha centrado su trayectoria en su condición de víctima del fanatismo. Cuando ha tenido que echar un pulso para defender principios que considera irrenunciables, lo ha hecho.
El éxito político de Eduardo Madina se debe a su capacidad y su conexión con las personas de mentalidad abierta y progresista; no es casual ni producto de tacticismos propios de la fontanería partidaria. En una parte no poco importante se debe a su presión y sus declaraciones públicas el hecho de que, a pesar de la fuerte confusión inicial, finalmente todos los afiliados del PSOE vayan a poder votar el 13 de julio su preferencia para la Secretaría General, lo que es una conquista innegable. A este respecto, por cierto, el PSOE, a pesar de sus importantes problemas y no sin controversia interna, continúa siendo el partido que abre camino en mecanismos de democratización de los partidos políticos; ya lo hizo en el pasado con las primarias para la elección de candidatos o con la introducción de mecanismos para garantizar la representación igualitaria de sexos.
Eduardo Madina ya ha planteado con claridad los aspectos que guiarán su proceder al frente del PSOE, si obtiene la confianza de la militancia. Quiere un PSOE sólido en las instituciones pero también cercano a los movimientos sociales; dispuesto al debate más amplio que sea necesario sobre el modelo territorial y la forma política del Estado; que tenga en la búsqueda de la justicia social y la igualdad su prioridad; que siga siendo un partido con vocación de articular consensos pero que no se deje llevar ni renuncie a su voluntad de transformación; y, especialmente, que pueda superar sus propias inercias y ataduras internas para desarrollar una forma de participación en los asuntos comunes adecuada a una ciudadanía que no quiere intérpretes ni intermediarios exclusivos en su relación con los poderes públicos, que no otorga cheques en blanco a nadie y con la que el diálogo debe sostenerse en el respeto intelectual y político. Por eso, entre otros motivos, Eduardo Madina, sin caer en ninguna clase de veleidad populista y tratando de rescatar del PSOE sus mejores aportaciones, viene con verdadera pretensión de renovación, sin dependencias ni peajes. Esperemos que aproveche la oportunidad que las circunstancias le brindan y de la que quiere hacerse legítimo merecedor.

Publicado en Asturias24, 24 de junio de 2014.

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8.7.14

SUPERAR LA PARADOJA MONÁRQUICA

Admito y respeto que las previsiones constitucionales sobre la sucesión en la Corona se cumplan y que, en su virtud, se haya convertido Felipe de Borbón en el Rey Felipe VI. Es decir, si en 1978, fruto del proceso político de transición de la dictadura a la democracia, se aprobó la Constitución que recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, mientras no se modifique aquella y consecuentemente se defina a España como Estado republicano, el Jefe el Estado seguirá siendo el sucesor de Juan Carlos I que corresponda, que eso es lo que dice el artículo 57 de la norma fundamental. Desde este punto de vista, es prácticamente un acto debido aprobar la ley orgánica que regula la abdicación y, ante la inexplicable ausencia de una ley general que regule esta clase de circunstancias, entiendo que la práctica totalidad de aquellos diputados y senadores del PSOE que afirman tener convicciones republicanas hayan votado favorablemente en las Cortes Generales, sin optar por abstenciones o ausencias simbólicas.
El respeto a la legalidad y a las instituciones no es una cuestión menor cuando la raíz de su construcción es democrática, incluso aunque la opción adoptada fuese convalidar la restauración de la monarquía, dentro de los compromisos que caracterizaron aquel intenso periodo. No es honesto intelectualmente despreciar que en España la elección del sistema monárquico fue acordada mayoritariamente al elaborar la Carta Magna por unas Cortes que devinieron constituyentes (no fueron elegidas estrictamente como tales en 1977) y al dar su respaldo el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978, siendo además el Rey una figura limitada a cometidos representativos, sin atribuciones sustanciales.
No obstante, hasta aquí puede llegar la comprensión del proceso de sucesión vivido en las últimas semanas, porque cuando del debate sobre la forma del Estado se trata, no hay modo de afrontar racionalmente el cúmulo de asunciones que se dan por sentadas. El hecho de que una dinastía tenga el monopolio de la Jefatura del Estado no se sostiene en un debate neutral, se mire como se mire. Esta exclusiva provoca que los asuntos de familia, siempre llamados al repelente cuchicheo, se conviertan en materia de Estado, hasta tal punto que la propia Constitución contemple que el matrimonio de los sucesores en el trono no puede efectuarse contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales; no vaya a ser que las razones del corazón que la razón no entiende provoquen un conflicto de Estado. Por no hablar del insoportable atavismo que representa la prevalencia del hombre sobre la mujer como discriminación de rango constitucional, añadida a la propia de otorgarle a una estirpe la Jefatura del Estado. Dentro de las heterodoxas consecuencias de la monarquía también está el hecho de que una niña de 8 años esté sometida desde ya mismo al escrutinio público, no en vano, si no le traen un hermanito al mundo ni se produce un cambio en la forma del Estado heredará un día su Jefatura; o sea que a la pobre cría no se le puede ocurrir hacer las tonterías propias de la adolescencia y si las hace tendrán repercusiones políticas, lo que ya es de por sí un absurdo inherente al sistema. Por no hablar del acoso mediático y la intromisión de las multitudes a que jamás se acostumbrará, como ya aparenta su comprensible cara de susto en muchas de las fotografías de los actos de proclamación de su padre. Someter, en definitiva, la Jefatura del Estado a los avatares de toda naturaleza que le sucedan a una familia en concreto y a sus componentes es al fin y a la postre un sinsentido que no conviene perder de vista por muy tradicional y constitucional que actualmente sea. Otras secuelas anómalas del sistema monárquico, más funcionales que de concepto, tienen otro calado mayor, porque a nuestro sistema político le falta una Jefatura de Estado verdaderamente activa como árbitro y moderador de los poderes del Estado, cosa que en una democracia consolidada un Rey no podrá ejercer jamás sin extralimitarse indebidamente, incluso aquel que hipotéticamente esté revestido por su proceder y trayectoria de cierta auctoritas.
Por eso en este contexto histórico, aunque se acate el sistema monárquico y se constate que hasta la fecha no existe un acuerdo de suficiente amplitud para reemplazarlo, es perfectamente legítimo e incluso indispensable poner de relevancia la necesidad de superarlo a corto o medio plazo, promoviendo una reforma constitucional que, entre otros cambios posibles, contemple la forma política republicana, extendiendo el principio democrático hasta la Jefatura del Estado, donde no haya espacio para someter irremediablemente el devenir de las instituciones a los azares personales de cualquier linaje.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2014.

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1.7.14

PIB CRIMINAL




La salida milagrosa de la crisis quizá era esto. De golpe y porrazo el PIB español salta 46.000 millones de euros, aproximadamente un 4,5%, principalmente por el efecto estadístico consistente en computar, de acuerdo con patrones del Sistema Europeo de Cuentas y con base en estimaciones, sectores enteros de la economía sumergida como el negocio de la droga, la prostitución y el contrabando. Ser funcionario comunitario tiene estas cosas, que permiten escrutar la realidad socioeconómica con un grado de distanciamiento sideral, decidiendo que se compute la compraventa de estupefacientes o de servicios sexuales en fríos estadillos como si los “empresarios” del sector fuesen corriendo a pedir en Hacienda el modelo 036 para dar de alta su actividad y declarar ordinariamente sus tributos. Ahora los Estados incorporan a su contabilidad nacional esta norma y el mundo de la estadística económica se convierte no ya en una profesión aparentemente mecánica y neutra, sino en materia de novela negra, ya que de alguna manera tendrán que hacer los trabajos de campo. En la misma dinámica pretendidamente aséptica se ha pronunciado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que plantea legalizar algunas actividades de esta clase hoy al margen del control tributario para gravarlas como a cualquier otra y obtener nuevos ingresos públicos.

El caso es que de la noche a la mañana el PIB per cápita también pega un estirón –un subidón, ya que de ponerse a tono trata el negocio- y como resultado la riqueza que a cada uno se le presume como media se incrementa. De modo que la apariencia de prosperidad fluye gracias al dinero clandestino y al crimen organizado, que no se despenaliza pero sí se suma a la producción al mismo nivel que contribuye la multinacional todopoderosa o el tendero de la esquina. Por supuesto esta decisión es resultado de un puro enfoque burocrático, aunque irremediablemente lleve a otras controversias sociales recurrentes pero por lo común escasamente abordadas en las esferas de la representación pública, como es la legalización de las drogas (abriendo este mercado a un negocio abierto que deje de nutrir cárteles, violencias y narcoestados) o al menos de aquellas a priori menos dañinas y aún proscritas. Y el debate mucho más espinoso de la prostitución, donde hay posiciones de raíz irreconciliables (véanse opiniones discordantes como las de las asociaciones Hetaira o APRAMP), porque comportaría admitir ordinariamente el arrendamiento del cuerpo (generalmente de la mujer) basado en la dominación económica de quien tiene el dinero para pagarlo (y asume ese rol sexista con naturalidad) sobre aquella persona que lo pone en circulación para subsistir.

Lo que nos dicen los sesudos estadísticos es que todo se traduce a unidades monetarias, nos guste o no, y con ese criterio se puede medir cualquier cosa. Todo se puede cuantificar y valorar, aunque sea por referencias, con complicadas aproximaciones o estimaciones sostenidas en la elucubración. Pero, ojo, el trabajo no remunerado también significa producción, igual que la actividad altruista, el trueque informal o la economía cooperativa que se practica, a mayor o menor escala, desde tiempos inmemoriales; todo ello también susceptible de valoración por comparación con la búsqueda de ese bien o servicio en el mercado. Aquí no se ha metido la Eurostat, al menos todavía, porque contra las amas de casa o los participantes en una sestaferia el Estado no está perdiendo una guerra, cosa que sí le sucede frente a las mafias de la economía criminal a gran escala.

En fin, no sólo es una dosis de brutal realismo, con consecuencias entre alentadoras –por realistas- y deshumanizadoras –por brutales- a partes iguales; ni es únicamente deseo recaudatorio; ni es sólo el inevitable impulso para clasificar, supervisar y controlar actividades de toda naturaleza; ni tampoco es la conclusión de un debate ético sobre el carácter admisible o reprobable de determinadas conductas. Sobre todo es la consecuencia de la feroz, expansiva, temible e irrefrenable victoria de la lógica del mercado en todos los ámbitos.

Publicado en Asturias Diario, 14 de junio de 2014.

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RAZONES PARA LA REPÚBLICA

No debería asustar a nadie que en España se abra con franqueza el debate sobre la Jefatura del Estado y la validez del sistema monárquico. Plantearlo no es oportunista aunque se suscite con toda su intensidad cuando se procede a la sucesión en la Corona, porque precisamente ahora es cuando se manifiesta abiertamente la irracionalidad de los privilegios de sangre indisociablemente unidos al sistema monárquico. Tampoco es irresponsable porque, aun siendo la estabilidad un valor a considerar, la invocación de la continuidad no puede sepultar debates irreprimibles, minusvalorando equivocadamente los signos de crisis de las instituciones, ignorando la dimensión del creciente deseo de cambio, o, en el peor de los casos, estigmatizando como inconscientes a quienes lo plantean.
Proponer que la primera magistratura del Estado sea elegida democráticamente no significa desdeñar el progreso que comportó la Constitución de 1978 y la construcción de un sistema de libertades, sin duda perfectible e insuficiente pero en todo caso un avance incuestionable. Tampoco supone una enmienda a la totalidad a la Transición como proceso histórico, en el que se alcanzaron los puntos de equilibrio que las circunstancias, la correlación de fuerzas y los avatares políticos del momento permitieron. Simplemente supone una apuesta por no fosilizar el marco constitucional ni conformarse a perpetuidad con un estado de cosas en el que se asuma como inexorable la permanencia de una tradición antidemocrática en esencia, como es que el hijo varón del monarca (en preferencia además sobre sus hermanas por el hecho de ser varón) vaya a sucederle en esa responsabilidad por tal circunstancia, como inevitable vestigio del pasado.
Es perfectamente posible aspirar a un Estado republicano que, en secuencia lógica en la democratización de España retomada a partir de las elecciones generales de 1977, recoja la trayectoria de estas décadas, perfeccione la división de poderes, regenere el sistema representativo y parlamentario, atienda las crecientes demandas de participación ciudadana directa, corrija los defectos apreciados en la arquitectura del poder público –fuertemente cuestionado- y, como corolario de ese afán, articule una Presidencia de raíz y ejercicio democrático, compatible con el sistema de gobierno parlamentario (no presidencialista, por lo tanto), verdaderamente legitimada para actuar como poder modulador del funcionamiento de las instituciones.
Procede poner énfasis no sólo en la superioridad democrática y equitativa del sistema republicando (que pocos cuestionan, ya que los argumentos contrarios son sobre todo de oportunidad o basados en la tradición), sino también en la mayor funcionalidad que alberga. Contra lo que podría parecer si uno se atiene a los mensajes propagandísticos abiertamente favorables a la monarquía (RTVE de forma tenaz y los medios conservadores de forma entre grosera y entusiasta), el futuro Felipe VI no está ni debe estar llamado a buscar soluciones a los problemas que aquejan a España, ya que, según la expresión al uso, reinará pero no gobernará. Aunque sus funciones se desarrollen en ese contexto, al que no podrá ser ajeno, en modo alguno se admitiría, y además sería contrario a la propia Constitución de 1978, que pretendiese influir decisivamente mientras el resto de los poderes del Estado se encuentren en activo. Donde sí reserva la Carta Magna al Jefe del Estado atribuciones para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, es donde una Presidencia republicana (elegida por ejemplo por una mayoría de 2/3 de las Cortes Generales y con una limitación de dos mandatos) sí podría resultar más eficaz porque estaría fuertemente legitimada para intervenir en conflictos institucionales de forma más directa, en particular en situaciones de bloqueo. Por ejemplo, otorgándole facultades decisorias cuando las Cortes son incapaces de designar en plazo al Defensor del Pueblo o incumplen su obligación renovar el ConsejoGeneral del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (y esto ha pasado de forma grave y repetida); confiriéndole facultades para convocar órganos propios del federalismo cooperativo entre Estado y Comunidades Autónomas como la Conferencia de Presidentes, hoy en vía muerta; o permitiéndole intervenir dinámicamente con facultades de mediación en situaciones que se enquistan y envenenan, como ha sucedido en etapas de crispación política o en las tensiones territoriales que tanto abundan. Evidentemente para estas funciones no se entendería que un Rey, que es más símbolo y representante que poder efectivo, pudiese actuar; a la Presidencia de la República, sin embargo, nada podría objetársele para que cumpliese su cometido en estos ámbitos espinosos.
Proclamarse republicano de sentimiento o raíces pero no de pensamiento ni ejercicio es equívoco y frustrante. Desde luego entiendo que, en un contexto de polarización política y convulsiones sociales, pueda debatirse sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente, en el que la Jefatura del Estado no sería el único elemento de debate. Y también comprendo que el sistema constitucional actual contempla –y debe respetarse mientras no se cambie- el relevo que va a tener lugar por medio de la Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación el Rey, en acelerado trámite parlamentario. Pero no puede sofocarse el anhelo, creciente, justo y que es lícito que se exprese ahora pidiendo una reforma constitucional (que bien podría ser impulsada por un referéndum consultivo), de un sistema político republicano, más democrático, eficaz y a la altura de la condición plena de ciudadanos que muchos reclamamos.

Publicado en Asturias24, 10 de junio de 2014.

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