Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

18.7.14

ELECCIÓN DE ALCALDES, LAS DIFERENCIAS IMPORTAN

            
No ha estado Mariano Rajoy acertado al plantear de la forma en que lo ha hecho la elección directa de alcaldes. Primero, porque se saca de la manga la propuesta en un batiburrillo de ideas mal hilvanadas para tratar de dar alguna respuesta al desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones, cuando lo que hace falta es un enfoque global y de fondo, más que remiendos. Segundo, porque es inevitable ligar la proposición a las expectativas electorales del PP en las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que es altamente probable que pierda la mayoría absoluta en muchas capitales de provincia y puedan, en algunos casos, configurarse coaliciones alternativas en las corporaciones que permitan desbancarle de gobiernos locales significativos; de ahí la inmediata acusación de pretender modificar interesada e intempestivamente las reglas de juego, estando ya iniciado tras los comicios europeos el ciclo electoral 2014-2015. Y tercero, porque la falta de detalles del planteamiento efectuado es notable, empezando porque su propuesta supone, antes que nada, consagrar que la persona que encabece la lista más votada sea automáticamente quien acceda a la alcaldía, y eso no es exactamente lo mismo que la elección directa del alcalde; por cierto, actualmente esa es la consecuencia que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pero, evidentemente, la normativa actual no impide de inicio (como propone ahora Rajoy que suceda) la conformación de esas mayorías alternativas e incluso prevé, mediante la moción de censura constructiva, que así pueda ocurrir a lo largo del mandato.
Que la sugerencia ha sido poco meditada es irrebatible, entre otros motivos porque hace bien poco se ha sometido el régimen local en España a una profunda modificación, instrumentada mediante la muy cuestionada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Parece claro que, además de las urgencias electorales, late el deseo de continuar reduciendo el Pleno de los ayuntamientos a un papel secundario, sin atribuciones ejecutivas, con mecanismos de control y orientación de la acción de gobierno menores que los de cualquier parlamento y, si triunfase la opción defendida por el PP, sin que la elección de alcalde dependiese de su composición. Tampoco se ha explicado cómo superar situaciones de bloqueo en las que sí puede existir una mayoría diferente dispuesta a acordar en positivo una alternativa a la de la fuerza que haya obtenido más concejales y que no ha alcanzado la cifra necesaria para gobernar en solitario.
La elección directa de alcaldes no es, sin embargo, un debate novedoso. Se ha venido discutiendo sobre esta alternativa desde hace un buen número de años, al calor del refuerzo del poder ejecutivo municipal que las sucesivas reformas de régimen local han alentado (cometiendo excesos dolorosos para el control democrático), de las tensiones ocurridas cada vez que en medio de un mandato triunfaba una moción de censura y de las medidas para evitar el transfuguismo, sobre todo cuando esta degeneración estaba detrás de cambios abruptos de alcaldía. Y, también, en un entorno, como es el local, más propicio para la relación entre representantes y ciudadanía, como forma de permitir a los vecinos optar directamente por la persona que encabece el Consistorio. El PSOE, por ejemplo, con esta última intención, propuso la elección directa de alcaldes en 2002 (siendo el asturiano Álvaro Cuesta, Secretario de Política Municipal), pero con una elección a doble vuelta, la primera coincidente con la elección de la Corporación y, en el caso de que nadie se alzase con la mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, las diferencias con la preferencia expresada ahora por el PP no son sólo de matiz.
Estas cosas, en definitiva, son demasiado serias como para hacer aproximaciones poco rigurosas y que pecan de oportunismo. Si además contienen, revestidas del ropaje de una supuesta mejora de la articulación de las instituciones –que ni siquiera es tal- una erosión de su funcionamiento democrático, constituirían un elemento más de la involución que promueve la mayoría gobernante.

Publicado en Asturias24, 8 de julio de 2014.

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11.5.14

LA PARADOJA EUROPEA


Se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo, con perspectivas poco halagüeñas sobre el nivel de participación esperado y el crecimiento de opciones electorales populistas y antieuropeas. La oportunidad para expresar mediante el voto la desazón por la falta de alternativas sólidas a la crisis económica o directamente para canalizar frustraciones colectivas puede dar nuevos bríos a candidaturas cuyo programa y trasfondo son como poco inquietantes. Muchos ciudadanos siguen considerando estos comicios una convocatoria menor y propicia –si se acude a las urnas- para un voto menos apegado a la ortodoxia de las elecciones de carácter nacional. Y ello pese a que el Parlamento Europeo ha ido ganando en la arquitectura institucional de la Unión, reforma tras reforma, más peso y capacidad de decisión; y aunque, por primera vez, los partidos políticos europeos  hayan tenido que designar previamente a su propuesta para la Presidencia de la Comisión (con destacados dirigentes políticos al frente de las candidaturas, como Jean-Claude Juncker, MartinSchulz, Guy Verhofstadt, Ska Keller o Alexis Tsipras) de acuerdo a su reforzada dependencia de la institución directamente emanada del pueblo.
Es digna de estudio politológico la paradoja europea. En la percepción de la ciudadanía está acertadamente extendida la convicción de que el grueso de las decisiones políticas que le afectan de una forma sustancial provienen de las instituciones europeas y, a fuerza de repetición por parte de los dirigentes nacionales (en el caso español, con particular intensidad), se asume que las agendas de los gobiernos de los Estados que integran la Unión están fuertemente supeditadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los socios comunitarios, la Comisión Europea, el Banco Central o el Eurogrupo. En esta crisis tal dependencia funcional se ha elevado unos cuantos grados, especialmente en los países azotados por los desequilibrios macroeconómicos, con verdaderas renuncias al programa propio e inmolaciones políticas alentadas desde los centros de poder europeo (Zapatero, Papandreu, Berlusconi, Cowen o Sócrates). A la par, y aunque quede mucho por mejorar, son innegables los progresos dirigidos a superar el tradicional déficit democrático en la organización de los poderes públicos de la Unión. Claro que falta una conciencia política común más robusta y una dinámica de verdadera dación de cuentas a una opinión pública europea en formación como tal, pero en estas elecciones, si el aparente descontento de la mayoría o la fatiga frente a la dirigencia europea quisiese expresarse de forma constructiva y se tradujese en el resultado electoral, su decisión tendría efecto inmediato sobre las prioridades políticas de la Unión a través del Parlamento, indirectamente de la Comisión a la que estaría en situación de condicionar e indudablemente incidiría en los órganos que representan la vertiente intergubernamental de la construcción europea. De este modo, el ciudadano que tiene sus fundadas reticencias hacia la pesada maquinaria europea, sus dificultades para la toma de decisiones, su enorme aparato burocrático, sus repetidas contradicciones entre sus altos valores inspiradores y una praxis mucho más cuestionable, sus carencias estructurales en política exterior y de seguridad o su subordinación a una lógica económica desprovista de sensibilidad social, no debería desdeñar el poder efectivo que su participación tiene en el proceso electoral global de más envergadura y complejidad (más de 400 millones de electores en 28 Estados, para elegir 751 eurodiputados). Sin embargo, todo apunta a que la abstención será muy significativa y que a la hora de canalizar las legítimas decepciones que el proyecto europeo arrastra, multitud de electores o no se sentirán concernidos o preferirán expresar de forma insuficientemente reflexionada un voto de protesta, sin otro recorrido ni aspiración, en opciones inconsistentes (y en algunos casos directamente eurófobas y retrógadas).
            La experiencia de la Unión Europea demuestra que labrar los acuerdos, echar a andar las políticas comunes y construir instituciones perdurables ha sido un proceso político enormemente minucioso, sometido a tensiones de toda naturaleza y netamente imperfecto. Pero que, aun así, el resultado es la organización de integración regional más avanzada y con aspiraciones más elevadas que ha dado la historia, en un continente que, precisamente, ha sido epicentro y origen de los desgarros más terribles y que sigue sometido a un difícil contexto económico (la dependencia energética y la desindustrialización son problemas de primer orden) y de seguridad (la inestabilidad en el Mediterráneo Sur y en el Este son ciertamente preocupantes), así como a amenazas disgregadoras e involucionistas que resurgen con fuerza. Toca comprometerse, como ciudadanos activos, con el sueño europeo, para que no se torne en nuestras conocidas pesadillas.

Publicado en Asturias24, 15 de abril de 2014. 

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1.11.13

TODOS SALDRÁN DAÑADOS

         
  A juzgar por el último Debate de Orientación Política la estabilidad parlamentaria del Gobierno pende de un hilo y se avecinan tiempos de marejada. Abunda la sobrerrepresentación, alguna con muy poco estilo, pero nadie debería minusvalorar el alcance de la advertencia, porque ha sido clara. Y, aunque se han esgrimido razones de diversa índole, todos los espectadores sabemos que la disputa sobrela reforma electoral se encuentra en el corazón del alejamiento entre el PSOE y sus aliados parlamentarios, IU y UPyD.
            En esta materia los tres partidos que apoyaron la elección de Javier Fernández como Presidente y que ahora escenifican sus discrepancias tienen una parte no pequeña de razón, pero todos se deslegitiman con sus actos. Que el PSOE apele a un respaldo superior al de la mayoría absoluta raspada para evitar que la ley electoral sea objeto de sucesivos cambios sin acuerdos esenciales entre las principales fuerzas del arco político es una postura sensata y responsable; y en el debate de fondo son fundadas sus defensa de los aspectos acertados de la ley en vigor y su apelación a evitar que los territorios de las circunscripciones occidental y oriental caigan en la irrelevancia política. Pero, a su vez, ha ido contrayendo sucesivos compromisos con sus aliados parlamentarios que, en lugar de aplazar las decisiones finales, van camino de acelerarlas, porque éstos tienen serias posibilidades de contar con un mecanismo de transformación de la voluntad popular en escaños más favorable a sus intereses. Por otra parte, al firmar la Proposición de Ley presentada ha dado un paso del que difícilmente –es decir, sin asumir un alto coste en términos de credibilidad- podrá desvincularse.
             A favor de IU y UPyD en este debate no sólo está el hecho de que desde el principio de la legislatura dejaron alto y claro sus expectativas en la materia, sino también la introducción de valiosos elementos en la propuesta, acogiendo sugerencias de los expertos consultados, más allá del reparto de diputados por circunscripciones y acordes con la necesidad de permitir aire fresco en la elección de los representantes institucionales (primarias para elección de candidatos, debates electorales, desbloqueo de listas electorales, formas de facilitar el ejercicio del voto, etc.). En contra –muy en contra- se sitúa su pretensión de forzar la máquina hasta el extremo, priorizando esta cuestión sobre cualquier otra, analizando de forma sesgada y cortoplacista sus objetivos despreciando el contexto en el que se mueven: políticas autonómicas debilitadas por las limitaciones presupuestarias, objetivos de déficit público que ponen las cosas aún más difíciles a Asturias y los aspectos definitorios de las políticas del Gobierno autonómico (preservación de los servicios públicos, reparto equitativo de la carga de la crisis, solvencia y razonabilidad en la gestión pública) bajo intenso fuego enemigo.

            Lo que está en juego, por lo tanto, no sólo es si el Gobierno asturiano cuenta con votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2014, y por lo tanto su viabilidad parlamentaria. Lo que se decide es si un modelo  basado en la privatización salvaje, la retirada de las políticas de cohesión social y la mercantilización de los bienes públicos se cobra una de sus últimas piezas quitándose del medio a un Gobierno que le resulta incómodo. Mucho más, por lo tanto, que la deseada estabilidad institucional. Una vez que el desgaste ya es inevitable, que al menos todos los actores en liza tengan esto presente para modular posiciones, ceder y acordar de la forma menos perjudicial para todos.

Publicado en Asturias24, 15 de octubre de 2013.

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16.6.12

RESPETO PARA GRECIA



Hasta fechas no tan lejanas, helenizar significaba introducir las costumbres, cultura y arte griegos, en referencia principalmente al legado histórico que la Grecia clásica aportó al conjunto de la humanidad. Muchas de las categorías filosóficas, estéticas y políticas sobre las que se edifica la civilización europea beben –entre otras-de esa fuente y por eso cualquier persona atenta que haya podido tener un acercamiento a las grandes referencias de cultura griega, aunque sea simplemente visitando la Acrópolis ateniense o aproximándose a su mitología, siente la emoción que otorga el contacto con las propias raíces. La evocación de la Grecia clásica, con mayor o menor fortuna y sinceridad en quien ha hecho uso de ella, ha servido históricamente para exaltar la razón humanay el progreso, a veces contraponiendo el impulso modernizador de pensamiento, artes y ciencias frente a las pulsiones de la barbarie por muy tradicional que ésta sea. El joven Joyce que en septiembre de 1904 pretendió nada menos que fundar un polo de helenización de la atávica Irlanda en una vieja torre defensiva cercana a Dublín es muestra de esa confianza en la fuerza transformadora de la cultura clásica; por cierto, aunque su disparatado y visionario proyecto no durase más que una semana (¡y acabase a tiros!), al menos le aportó materia narrativa para construir el personaje de su alter ego Stephen Dedalus y relatarnos retazos de su fugaz aventura helenizadora entre las muchas tramas de su Ulises.
No deja de ser chocante que, en nuestros días, con una mezcla de desprecio, desafío y crueldad, algunos representantes públicos arrojen a la cara de los contestatarios el pretendido insulto de “helenizadores”, aunque sea con un sentido bien diferente, reducido al mezquino deseo de denostar todas las protestas frente a medidas que están provocando un preocupante deterioro social y un empobrecimiento masivo de los trabajadores en aquel y en este país. Detrás de ese argumento se encuentra, por un lado, una peligrosa intolerancia hacia el derecho de los ciudadanos a expresar su disconformidad, acompañada de la consiguiente criminalización de quien quiere ser consecuente con su disidencia; y, por otro lado, la arrogancia de quien se atreve a descalificar por sistema a todo un país, Grecia, como si esta clase de estigmatización no tuviese repercusiones. Al igual que no ha sido precisamente placentero soportar la comparación que el vencido Sarkozy pretendía establecer respecto a la situación de España y la que, según sus predicciones, azotaría a Francia si caía derrotado, nadie debería recurrir por estos pagos al desprestigio sistemático de Grecia, propio de quien se cree en condiciones de mirar por encima del hombro como forma de inútil alivio momentáneo ante los propios problemas. Esta clase de descrédito, al que nos hemos acostumbrado en los últimos meses, tiene, además, una inquietante pretensión, porque abre la puerta a considerar a la sociedad griega poco menos que incapaz de regirse por sí misma, tratando de reducirla a la mera condición de paciente -en estado crítico- postrado en la mesa de operaciones de las instituciones financieras europeas e internacionales y obligado a sus cuestionables terapias. Al instalarse la retórica de la admonición y la advertencia del castigo, como si la sociedad griega fuese menor de edad, cualquier llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de compromisos con la UE y el FMI se vuelve una provocación que ha despertado en una sociedad frustrada las pasiones más elementales, con la radicalización consiguiente.
Ahora, incluso se valora desenganchar a Grecia del proyecto europeo, lo que significaría abrir la puerta a una involución potencialmente contagiosa y de recorrido incierto y a reconocer que todos los sacrificios de las medidas aplicadas junto a los planes de rescate fueron hechos en vano, dejando a un socio abandonado en una barquichuela a merced de la tempestad y encima cargando sobre sus hombros la marca de la culpa. Vista la pendiente descendente en la que nos encontramos, evitar que esto suceda no es sólo cuestión de justicia sino de defensa propia, en una Europa  siempre capaz de resucitar a sus propios demonios.

Publicado en Fusín Asturias, junio de 2012.

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15.5.12

CIRCUNSCRIPCIONES NECESARIAS


En los debates sobre el modelo institucional de nuestro autogobierno y sobre el sistema idóneo para la elección de los miembros del parlamento conviene que cualquier planteamiento venga precedido de una reflexión suficientemente amplia, evitando que las posiciones defendidas sean producto del mayor o menor interés electoral que, a la vista de la experiencia, una u otra alternativa tenga. Claro que todo puede discutirse y conviene no bajar la guardia cuando de examinar el grado de perfeccionamiento de un sistema de representación se trata. Pero, al mismo tiempo, es preferible evitar posturas que, originadas en buena medida por los condicionamientos electorales, conducen a análisis sesgados.
En el caso del sistema electoral asturiano, la disputa sobre la existencia de tres circunscripciones para la elección de los 45 diputados de la Junta General es añeja, como maduro es también dicho modelo, porque con él se han seguido los comicios autonómicos desde 1983 y es el que recoge la Ley autonómica que desde 1986 los regulan. Ahora la cuestión cobra nueva relevancia al ser esgrimido con ahínco –con cierta obstinación, quizá- por UPyD, que, al igual que IU, crítica también con el modelo, tienen importantes dificultades para conseguir alcanzar un escaño en las circunscripciones occidental y oriental, con el número de votos obtenidos.
Es cierto que decisiones que impliquen vincular la composición de una asamblea legislativa a circunstancias territoriales pueden causar distorsiones en la representación y que, por lo tanto hay que medir bien cómo se diseñan las circunscripciones (territorio, número mínimo de diputados, circunscripciones de restos, etc.), y aquí siempre caben correcciones que modulen esa potencial alteración. Precisamente en los trabajos previos para una posible reforma estatutaria desarrollados entre 2007 y 2008, lamentablemente frustrados, se había planteado la posibilidad de incrementar el número de diputados de la Junta General, de acuerdo además con las mayores competencias de nuestra Comunidad, lo que, de mantenerse las circunscripciones en su regulación actual, reduciría las diferencias entre el número de votos necesarios para alcanzar el primer diputado según la circunscripción. Sin embargo, por otros motivos bien diferentes –básicamente las estrecheces del erario público- no creo que nadie se plantee por el momento retomar esta opción.
En contraposición a las críticas cabe recordar que la existencia de circunscripciones permite una mayor cercanía –y control- entre electores y elegidos, asegura la presencia de representantes de las diferentes zonas geográficas y permite que el parlamento refleje la pluralidad de sensibilidades territoriales, que en Asturias son particularmente notables. Además, hay que tener en cuenta que una adecuada representación del pueblo asturiano, que es el cometido estatutario de la Junta General, no puede desconocer las características de una Comunidad con importantes desequilibrios territoriales que provocan dificultades adicionales a las personas que quieren vivir y desarrollar su actividad en los concejos ajenos al área central. Hasta ahora, precisamente, una de los principales éxitos del modelo autonómico asturiano –y de esto, desafortunadamente, se habla poco- es la sustancial mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en el territorio periférico, lo que no impide reconocer que queda mucho por hacer, que las reivindicaciones de los municipios menos poblados son muy legítimas y que, sobre todo, con la actual debilidad de los poderes públicos y la tendencia natural a aglomerar la actividad económica industrial y de servicios en la zona central, existe un riesgo importantísimo de desandar rápidamente el camino recorrido.
Es aconsejable, por lo tanto, que este debate no se conduzca desde posiciones intransigentes y ajenas a valoraciones ponderadas. En materia de sistemas electorales, no se trata de inventar la rueda todos los días, sino de elaborar análisis más cuidadosos con la realidad institucional, política y territorial a la que dicho sistema debe servir.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de mayo de 2012.

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23.4.12

CANDIDATO X


Una de las incógnitas del escenario postelectoral ha quedado resuelta hace unos días con el anuncio de FAC y PP de que votarán a un mismo candidato en la elección de Presidente del Principado de Asturias. Se despeja así la duda que planeaba sobre los dos partidos de la derecha, que han cultivado con ardor en los últimos meses la confrontación más descarnada, destilando rencores y blandiendo reproches, pero que ahora están dispuestos a intentar impedir que el PSOE recupere la Presidencia del ejecutivo autonómico. No obstante, es una aclaración a medias, porque no indican cuál de los dos potenciales candidatos –a priori, salvo que se guarden alguna sorpresa- será el que sume los votos de ambas fuerzas para encabezar el Gobierno, igual que por el momento tampoco han planteado ninguna alternativa para la más cercanaelección de Presidente de la Junta General. De debatir el programa mínimo común ya se ocuparán posteriormente, sin esbozar hasta ahora nada que no sea la mera aversión al retorno del PSOE e IU al ejecutivo.
La situación política de Asturias está ofreciendo muestras repetidas de surrealismo que acaban por hacer normal a ojos de la opinión pública pactos de esta ralea. Posiblemente esto sucede porque nada consistente se espera de FAC y PP a estas alturas, excepto confusión y barahúnda, así que pocas cosas sorprenden ya. Incluso muchos de sus votantes lo asumen como inevitable y son plenamente conscientes de las limitaciones esenciales para el entendimiento de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, que éstos se encargan de recordar con sus gestos cotidianos. Sin embargo, la práctica nos demuestra que, contra toda conclusión racional y huyendo hacia delante, se pueden suscribir esta clase de componendas, con un punto de farsa y esperpento, sin objetivos reales de gobierno, sin mirarse a la cara y saludándose de soslayo en los actos públicos.
A tenor del contenido del acuerdo entre Francisco Álvarez- Cascos y Mercedes Fernández me inclino a pensar que están aún a distancia sideral de decidir nada sustancial conjuntamente y apenas se dan entre ellos las condiciones para dilucidar qué tipo de proyecto político común plantean a los asturianos. Lo que pretenden, con escaso disimulo, es incrementar la presión sobre UPyD para apremiar a este partido a definirse y para obstaculizar la formación de alternativas. La maniobra de FAC y PP, en suma, es puro filibusterismo político de dos fuerzas que han demostrado repetidamente su manifiesta incapacidad para ofrecer un gobierno estable y digno de tal nombre. Se trata de un ejemplo más de las prácticas que desacreditan a los representantes públicos y generan toneladas de desconfianza entre la ciudadanía, casi resignada a enjuagues de esta naturaleza. Veremos qué resultados les reporta, pero por lo pronto, lo que nos revela es el grado de desfachatez que están dispuestos a alcanzar.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de abril de 2012.

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5.4.12

SEAMOS SERIOS

A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.

Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.

Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.

En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.


Publicado en La Voz de Asturias, 3 de abril de 2012.

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21.3.12

VOTAR CONTRA LA FRUSTRACIÓN Y EL ESTANCAMIENTO

Cuando la ciudadanía es convocada para decidir entre diferentes opciones que concurren en un proceso electoral, es esperable que cada persona con derecho a voto se haga una composición de lugar a la hora de tomar una determinación. El debate público, la dinámica política de la que se procede y la confrontación de opiniones sobre las características del momento pesan mucho y también lo hace la situación personal de cada uno, sus valores y aspiraciones. Hay formas y formas de votar, desde el corazón, la reflexión, las tripas, el cálculo, el impulso o el cabreo. En el recuento electoral -como no puede ser de otra manera- todas las papeletas valen lo mismo, predomine uno u otro estímulo en cada votante. Pero en unas circunstancias algunas pulsiones pueden más sobre más gente, su confluencia depara resultados no siempre deseados y nadie escapa a la posibilidad de sentirse en el futuro descontento con la alternativa elegida.

En mayo de 2011, en medio de la crisis económica, con un creciente recelo hacia a las instituciones y con una importante pérdida de confianza en lo público –y en las opciones que lo defienden- en Asturias se produjo el vuelco electoral que dio como resultado la mayoría de las fuerzas de derecha y la victoria en escaños de FAC, producto también de otros muchos elementos que incidieron en el ánimo y deseos del electorado. El giro en las preferencias políticas de muchos asturianos se produjo pese a contar esta Comunidad con una trayectoria de gestión pública positiva en términos generales, con servicios públicos de calidad y bien valorados, políticas sociales inclusivas, un modelo de desarrollo territorial mucho más equilibrado y respetuoso que el conocido de otras regiones y una trayectoria de superación de intensas reconversiones económicas en el pasado reciente. Aún así, muchos asturianos o no valoraron suficientemente estos avances o prefirieron buscar un revulsivo para el nuevo tiempo, asumiendo además algunos de los repetitivos mensajes ofrecidos por los ganadores, altamente cuestionables, sobre supuestas marginaciones sufridas por Asturias por parte de los gobiernos estatales, en especial en materia de infraestructuras.

La experiencia ha resultado, a todas luces, decepcionante, también para muchos de los que en su momento ofrecieron su apoyo a FAC. Durante estos meses, en lugar de asumir las obligaciones que comporta la responsabilidad encomendada, el Gobierno autonómico ha pretendido introducir a toda la sociedad asturiana en la misma dinámica de enfrentamiento permanente, tratando de alimentar un victimismo que no se sostiene, aislándose política y socialmente y causando con su desbarajuste un grave perjuicio en el funcionamiento de la Administración. Entre tanto, lo que hace 10 meses eran inquietantes amenazas sobre la situación de Asturias se han convertido en problemas de primer orden que despliegan sus efectos con toda su crudeza, con la crisis afectando a su corazón industrial, las cifras de déficit público alejadas de los parámetros asumibles que hasta hace poco manteníamos y con la sensación de desgobierno filtrándose a todos los ámbitos, convirtiendo a la política autonómica en fuente inagotable de inestabilidad. Como fruto del experimento, el Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo afrontará un escenario mucho más complicado que hace unos meses.

Ningún contratiempo, sin embargo, será resuelto envolviéndose en retóricas vacuas o en la cultura política del agravio. Tampoco en la mera repetición a escala autonómica de una hoja de ruta ajena que sólo pasa por recortar gasto sin incentivar el crecimiento, erosionar los derechos sociales y económicos de la población, reducir el alcance de las políticas públicas y exigir sacrificio a una mayoría social cansada del desigual reparto de esfuerzos y cargas. En Asturias tenemos la singular oportunidad de escoger un camino diferente que lo primero que aporte sea la solvencia y seriedad necesaria en la dirección de la política autonómica y que, además, pese a tener que desenvolverse en este contexto tan difícil, no se resigne a ver diluirse día a día las conquistas sociales alcanzadas en beneficio de la ciudadanía.

Publicado en La Voz de Asturias, 20 de marzo de 2012.

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15.3.12

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

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10.3.12

GOBIERNO TÓXICO

A veces, a lo único que se puede aspirar, cuando de las expectativas de la acción de un gobierno se trata, es a que sus responsables no causen más problemas de los ya existentes y a que, en la medida de lo posible, le dejen a uno tranquilo. No obstante, estoy a años luz de la opinión, tan en boga entre los conservadores norteamericanos (todos ellos malos imitadores de Reagan), de que lo mejor que se puede esperar de un gobierno es poco menos que su práctica desaparición salvo para salvaguardar el orden imperante. Al contrario, creo que es importante que los poderes públicos tengan, dentro de los límites necesarios, capacidad suficiente para incidir sobre la realidad y, en particular, garantizar ciertos bienes comunes, evitando que prevalezca siempre la posición del más fuerte. Aquello, en definitiva, de la “ley preciosa puesta en bien nuestro”, la quieran tragar o no los poderosos.

Ocurre, sin embargo, que las veces en que un gobierno se pone del lado del interés particular en detrimento del de la mayoría social son más frecuentes de lo deseado. Y que, en otras, los encargados de dirigir la política de una Administración y de situarse en la cúspide de su organización son capaces de demostrar un grado tal de insolvencia que por momentos hasta el más confiado en las instituciones busca cueva de ermitaño en la que refugiarse, no vaya a ser que le toque ser sujeto paciente, aunque sea de refilón, de la acción gubernamental.

Este lamento vale, sobre todo, para los que en estos meses se han visto afectados de una u otra forma por el récord de despropósitos que en breve tiempo ha rebasado el Gobierno del Principado de Asturias bajo la presidencia del que venía a salvarnos no se sabe muy bien de quién. Hay casos especialmente sangrantes, entre los que destacan los trabajadores de la RTPAy las empresas que prestaban servicios al Ente Público de Comunicación, los concurrentes a lasayudas públicas a la vivienda o los que esperaban ser beneficiarios de las subvenciones al inicio de la actividad empresarial como autónomos; tres casos especialmente singulares porque revelan fácilmente el tipo de daños colaterales que deja tras de sí el experimento FAC, en aspectos en los que hasta hace poco éramos una Comunidad con iniciativas públicas de prestigio, como los sectores económicos emergentes, las políticas sociales o el apoyo a los emprendedores. Pero hay otros muchos damnificados, empezando por todas las entidades y empresas que se las han visto y deseado para trabajar con normalidad con la Administración; el propio personal al servicio del Principado de Asturias, sometido al cedazo sectario de estos gobernantes; los medios de comunicación críticos a los que se ha pretendido atacar groseramente o, como poco, dificultar su trabajo; e incluso, si me apuran, y aunque me merecen menos compasión -haber escogido “muerte”- son víctimas del descalabro muchos de los que se acercaron a colaborar con este Gobierno provenientes de la función pública o del mundo profesional, que se han dado de bruces con la realidad de un proyecto vacío de contenido real y edificado en buena medida sobre el capricho personal del líder.

Es verdad que, en estos tiempos convulsos, cualquier responsable gubernamental se tiene que enfrentar, con escaso margen de maniobra, a una realidad de cambios desbordantes y nuevos conflictos sobrevenidos, capaces de desarmar al más pintado. En ese contexto se entiende también la rápida amortización de los gobernantes ante una opinión pública desconfiada. Pero, por lo menos, sí es exigible que los que están ahí no se aficionen al autogol y no se acostumbren al desconcierto permanente mientras se atreven a dar falsas lecciones de gobernanza para los pocos incautos que quedan.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de marzo de 2012.

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19.2.12

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.

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12.9.11

HERENCIAS Y RELEVOS

En esta época de reemplazo en gobiernos locales y autonómicos es frecuente que los medios de comunicación realicen extensos balances públicos sobre la gestión de los ejecutivos salientes. También es común que los que cogen el testigo en la dirección de las Administraciones comiencen su gestión chequeando la situación que se encuentran, a lo que, en este tiempo en el que el desmedido desaire y el adanismo político están a la orden del día, se suele acompañar, si el nuevo equipo es de un signo político distinto, un reproche abierto a la herencia recibida. Naturalmente que es legítimo analizar con profundidad el escenario que cada nuevo gobierno se encuentra y es igualmente razonable remarcar aquellas cosas que pretenden diferenciar la gestión precedente de la futura. Pero conviene saber que la recriminación al que se va no siempre es proporcionada ni justa, no mejora automáticamente las cosas ni atenúa por sí los problemas y puede acabar convirtiéndose en un recurso propagandístico vulgar ante la indefensión del cesante, que cuenta con menos posibilidades de replicar y limitados espacios para hacerse oír desde el momento en que sale por última vez de su anterior despacho.
En el aterrizaje del gobierno de algunas Comunidades Autónomas estamos asistiendo a una excesiva profusión de censuras tardías a los anteriores gestores, dinámica especialmente abonada en este contexto de crisis económica y dificultades financieras de los poderes públicos. Hay casos paradigmáticos en los que, con la intención de preparar el terreno para adoptar medidas leoninas de recorte de servicios públicos y derechos sociales –todas con indudables intenciones ideológicas, más allá del debate sobre su estricta necesidad- se lanza una desmesurada ofensiva dialéctica contra los anteriores dirigentes, lo que es también habitual cuando las victorias electorales han sido ajustadas y el anterior responsable sigue en liza aunque desde la bancada de la oposición. Entre esos supuestos especialmente llamativos destaca el estilo impuesto por algunos gobernantes del PP que llevan varias semanas desgranando sus recriminaciones contra los antecesores, lejos de miramientos o cautelas institucionales. Aunque le han salido notables imitadores (los Presidentes de Extremadura y Cantabria entre los más aventajados), la número 2 de este Partido y nueva Presidenta de Castilla La Mancha, experta en compatibilizar cargos y sueldos (y en subir los de sus asesores y altos cargos, además), se lleva la palma en la intensidad de su ataque preventivo contra los anteriores encargados de la Administración autonómica, combinando, eso sí, esta táctica con la aplicación de la ley del embudo, ya que desde el minuto cero se ha propuesto limitar los sistemas de control de su gestión (empezando por querer cargarse el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social). Todo un anticipo de la impronta autoritaria y belicosa que un Gobierno del PP traerá a la Administración del Estado si los vaticinios de las encuestas para las Elecciones Generales se cumplen.
En Asturias, es de justicia decir que, en términos generales (al menos de momento y esperemos que esa actitud perdure) no se ha caído en esa perniciosa dinámica de pisotear gratuitamente el nombre de los responsables salientes. Es posible que no valoremos suficientemente la relativa normalidad institucional y el tono general -más mesurado que en otras Comunidades, pese a algunos excesos- en el que se mueve la actividad política asturiana. También es cierto que, si de herencias se trata, sin minusvalorar las muchas dificultades del momento, la que deja el Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces tiene aspectos indudablemente positivos, en términos de solidez financiera de la Administración autonómica (sobre todo si se contrasta con otras Comunidades), de calidad de los servicios públicos, de garantía de los derechos de los ciudadanos, de extensión de las prestaciones sociales y de modificación del modelo productivo de una Comunidad que viene de fuertes reconversiones recientes. Por cierto, más temprano que tarde (quizá cuando se pongan en riesgo) acabaremos valorando en una medida más justa y con un reconocimiento más amplio los significativos progresos de estos últimos años, superando la tradicional tendencia a renegar de nuestros propios logros colectivos.


Publicado en Oviedo Diario, 6 de agosto de 2011.

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15.7.11

INDIGNARSE CON RAZÓN Y SENTIDO

Como una buena parte de los ciudadanos, he seguido con gran interés las movilizaciones surgidas a partir de la manifestación celebrada el 15 de mayo, las acampadas en las principales ciudades y las actividades reivindicativas posteriores. Es cierto que asistimos a una de las corrientes de inquietud social más significativa de los últimos años y que tiene en este momento una importante incidencia informativa, por la fuerza acumulada, por la relativa novedad de sus mensajes y por la singularidad de su forma de exteriorización. Aunque también es cierto que aún es pronto para valorar su efecto sustancial y el impacto futuro que pueda tener en la realidad política y social de nuestro país, más allá de la manifestación de malestar en un momento concreto. Esto dependerá de muchos factores, entre ellos de su propia capacidad de autoorganización, superando los obstáculos de un asamblearismo paralizante o la aparente falta de concreción de muchas de sus propuestas, si se pretende trascender de la genérica invocación de una mejora del sistema democrático y de las circunstancias económicas. Por otra parte, resultará determinante que la dinámica de confrontación que este movimiento ha planteado respecto al poder institucional tenga una canalización razonable, porque una cosa es no renunciar a despertar cierto grado de malestar (ciertamente no hay transformación esencial posible que no genere tensiones) y otra cosa es confundir la acción directa con la agresividad física y verbal, como hemos visto, entre otros tristes ejemplos, con los Diputados catalanes perseguidos a la carrera o con una “x” pintada en su gabardina.
La bandera de la indignación que se ha enarbolado, aunque puede aglutinar preocupaciones diversas, debería ser, para traducirse en cambios reales, una motivación para desarrollar propuestas políticas más elaboradas. El cabreo meramente constatado no es fuente de proyecto sólido alguno y corre el riesgo de quedarse en fruto de situaciones puntuales. Sin embargo, como vemos en el caso de España, la raíz de las crisis económicas, políticas y sociales que ahora tenemos sobre la mesa, vienen de tiempo atrás y hubieran requerido indignaciones y respuestas de fondo también en los tiempos de aparente abundancia. Las endebles bases de nuestro sistema productivo, las desigualdades lacerantes, la pérdida de peso de las rentas del trabajo en la riqueza o la insuficiencia de los mecanismos de participación ciudadana requieren contestaciones que no sólo surjan esporádicamente sino que pretendan trabajar a largo plazo y que tengan, para ello, una apreciable coherencia y constancia.
Por otra parte, cuando una movilización de estas características hace su aparición en un contexto de zozobra como el actual, en el que la agenda y los resortes de poder real se encuentran en manos de intereses económicos no precisamente apegados a los de la mayoría social y que no necesitan sentarse al frente de las instituciones, hay que tener presente las consecuencias de la desestabilización que se pretende generar y los potenciales beneficiaros de ella. Si se minusvaloran las conquistas obtenidas en nuestro sistema político constitucional (precisamente las que quieren alcanzar muchos de los movimientos revolucionarios en la otra ribera del Mediterráneo), se sitúa en el centro de la crítica a las instituciones democráticas representativas –por muy susceptibles de mejora que sean-, se desprecia a los partidos políticos sin atenuantes ni excepciones o se denuesta ferozmente a los sindicatos justo cuando se está decidiendo su papel en las relaciones laborales, el resultado de esta tendencia no mejorará en absoluto las posibilidades que tiene la ciudadanía de hacer valer su opinión o de defender sus derechos políticos y económicos con los instrumentos que tiene a su alcance. Al contrario, aquéllos que no se han formulado ningún interrogante a raíz de las protestas, que no tienen la más mínima sensibilidad al respecto, que incluso apuestan por la criminalización y por la represión más pura y dura –pidiendo desde el minuto cero el desalojo por la fuerza de las plazas- tendrán un terreno más despejado (y no sólo desde el punto de vista electoral) ante las contradicciones, la debilidad y el desánimo que proliferan en el campo político, social y sindical progresista, al que afecta más que a nadie la dinámica de deslegitimación a la que asistimos.
Quizá a la vuelta de la esquina, cuando no pueda sostenerse con tanta intensidad el movimiento de protesta, cuando lo que quede para mantener propuestas diferentes a las del neoliberalismo rampante sean las criticadas estructuras asociativas, sindicales y políticas y los representantes de izquierda en ayuntamientos y parlamentos (en menor número y en la oposición, en la mayor parte de los casos), es posible que, en ese momento, alguien se acuerde de que contar con una estrategia digna de tal nombre y con cierta visión de su futuro es condición necesaria para tener verdadera capacidad transformadora.




Publicado en Fusión Asturias, julio 2011.

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