POLÍTICAS LOCALES EN RIESGO
El
Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que
baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales
del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Para quien conoce de cerca la actividad de los
ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el
Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente
equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes
locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a
la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los
ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la
atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es
cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista,
por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también
una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas
públicas en el ámbito local.
La cortina de humo empleada, y que
efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en
las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor
incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma
ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros
derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios
de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero,
dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica
e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que,
en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende
atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la
política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el
fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de
oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo
político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la
realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio. Si la reforma en
ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables
del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta
despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar
comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad
económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá
también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la
realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar
indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos
que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen
también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.
Lo que se persigue, en definitiva,
es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia
ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y
gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en
cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde la
que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito,
y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que
elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a las realidad de a pie.
Ni que decir tiene que el objetivo ideológico
–reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias
consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de
esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.
Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2013.
Etiquetas: autonomía local, ayuntamientos, democracia, Gobierno de España, poderes públicos, PP, reforma, régimen local