POLÍTICAS LOCALES EN RIESGO

El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Para quien conoce de cerca la actividad de los ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.

La cortina de humo empleada, y que efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero, dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que, en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio. Si la reforma en ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.

Lo que se persigue, en definitiva, es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde la que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito, y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a las realidad de a pie.

Ni que decir tiene que el objetivo ideológico –reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2013.

VERSIÓN OFICIAL

Alguna mente calenturienta ha decidido recrear una supuesta contabilidad B del Partido Popular. A modo de los viejos contables con manguitos y sobre un cuaderno de los que sólo un repeinado tesorero chapado a la antigua utilizaría hoy, se han inventado centenares de apuntes, con nombre y apellidos, entradas y salidas, en riguroso orden. El fabulador de la caja oculta ha ideado un ficticio y complejo universo de dádivas, sobresueldos y ayuditas a la cúpula dirigente del partido hegemónico, para dar la falsa impresión de continuidad en la práctica, como si estuviese en la esencia misma de la fuerza política concernida. Si da la casualidad de que alguno de los apuntes es reconocido como cierto por el interesado al que se cita, es fruto del azar, de la suerte del conspirador o del despiste del aludido. Porque salvo alguna cosa –ya lo dijo el Presidente- es todo completamente falso y producto del intento de dañar al Partido Popular y a España, valga la redundancia.

Si los periódicos que han recibido clandestinamente esta información le dan credibilidad con su publicación, sólo se debe a la profunda crisis de identidad de los medios, dispuestos a enturbiarlo todo, a servir a intereses espurios o a roer el hueso de un escándalo prefabricado para vender unos cuantos ejemplares. Procede demandar, querellarse, amenazar a quien divulgue, replique o cite; es justo y necesario detener la propagación, evitar que la opinión pública caiga en el error de atar supuestos cabos.

Nadie en su sano juicio puede creer que haya dinero procedente de fuentes desconocidas entrando en una tesorería opaca del PP o que contratistas y constructores de toda condición, grandes y medianos, hagan repetidas donaciones que no sean las estrictamente legales. Que haya una relación entre el ex tesorero del PP, sus supuestas cuentas y la trama Gürtel es, evidentemente, pura coincidencia. Tanta casualidad como la que hizo confluir a Álvaro Pérez en el backstage de los mítines; a Francisco Correa en la boda de Alejandro Agag; al jaguar de Luis Sepúlveda en el garaje de la casa de Ana Mato. Ya se sabe que uno nunca sabe con quién trata y no hay quien no corra el albur de cruzarse en el ascensor con alguna manzana podrida.

No debe haber cuidado ni zozobra. Se darán las explicaciones pertinentes, porque todo está muy claro, salvo alguna cosa. Y esa cosa se aclarará con la auditoría interna y externa, que se repetirá cuantas veces haga falta. Y con lo que se haya declarado -¡todo verdadero!- al fisco. Con eso, todos contentos. El Gobierno podrá seguir reformando y aplicando las medidas que hay que aplicar. La vida seguirá, mañana será otro día y ya se sabe que las noticias de ayer envuelven el pescado de hoy. Todo esto pasará y se olvidará.

Salvo alguna cosa.

 

Publicado en Oviedo Diario, 9 de febrero de 2013.