EL RESCATE DE SEDES

Ahora toca hacer astillas del árbol caído y hacer recuento de las decisiones erradas que han llevado a la constructora y promotora de capital público SEDES, bajo el dominio efectivo del Principado de Asturias, a su difícil situación actual. Es cierto que desde la empresa pública no se han ayudado mucho a sí mismos en los últimos tiempos; basta recordar su empecinamiento –frustrado por una acertada decisión judicial- en cepillarse por vía de medida cautelar el Centro Social “La Madreña”, como si tuviesen comprador inmediato para la parcela o planes realizables a corto plazo, más allá del abandono del edificio que resultaría del desalojo que persiguen (y que, ojo, a la larga conseguirán, si no hay decisiones políticas que condicionen a SEDES). Y, evidentemente, la sociedad asturiana, que es en último término la principal accionista de SEDES a través de la Administración del Principado de Asturias y de la Sociedad Regional de Promoción, tiene perfecto derecho a saber en toda su extensión por qué la empresa tiene su viabilidad futura tan fuertemente comprometida. Pero, frustrado el primer intento de venta de los títulos de la Sociedad, con la empresa de ERE en ERE y en riesgo severo de irse al traste, habrá que pensar no sólo en cargar las tintas sobre los antecedentes del problema o en cómo deshacerse de él, cosa que igual ni siquiera resulta posible.

La Ley del Principado de Asturias 1/2013, de Medidas de Reestructuración del Sector Público, contempla la venta de las acciones de SEDES, por vía de autorización al Consejo de Gobierno para que proceda, de modo que la suerte está, a priori, echada. Está claro que ha pesado en el legislador asturiano la política de reducción de entidades bajo su control –en este caso esta empresa pública-, aunque en nuestra Comunidad resulte más atemperada esta vocación liquidatoria (igual que más moderada, por mucho que diga, fue su crecimiento en el pasado). Y que a esto se sumaron las críticas sobre la desviación del objeto y fines sociales de SEDES, la competencia con el resto de promotoras y constructoras de capital privado y las achacadas discordancias con los estándares de contratación y funcionamiento exigibles a una entidad del sector público.

            Ahora bien, ¿qué sucederá si no se encuentra comprador para SEDES, incluso aunque se reduzca nuevamente su personal o se le ayude institucionalmente a refinanciar su deuda? Llegados a un punto cercano al bloqueo, con el clima laboral en la empresa de mal en peor y visto el escaso interés que, al menos hasta ahora, SEDES despierta para potenciales adquirentes, quizá haya que repensar lo decidido. Posiblemente sirva de algo recordar que SEDES fue un instrumento útil en el mercado de vivienda de protección, en la obra civil o en la construcción de equipamientos sociales, educativos, medioambientales y culturales; que, con los controles necesarios y la orientación adecuada, no tiene por qué ser objeto de abuso o estar sometida a decisiones ajenas a su interés social; y que, lo más importante, seguiremos necesitando en el futuro empresas públicas que permitan intervenir en la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, en beneficio de todos si actúan conforme a lo que debe esperarse del sector público y si con su participación se consigue eficiencia y ahorro en costes. Desde luego, prefiero cien veces que el saneamiento y reestructuración de SEDES al que, probablemente, se vea abocada la Administración del Principado de Asturias, se haga para mantener a la empresa bajo el control público y para fines de interés general que para endosarle los restos, ya aligerada la carga, a quien se le acabe convenciendo para que haga una puja.

Publicado en Asturias24, 1 de abril de 2014.

LA OBLIGACIÓN DE BUSCAR APOYOS

El sistema parlamentario de gobierno hace descansar en la confianza de la Cámara legislativa la viabilidad y sustento del poder ejecutivo. El presidente es elegido o investido como tal por el parlamento y no directamente por decisión del cuerpo electoral. Al parlamento debe rendir cuentas y someterse a su control y orientación. La diferencia entre los sistemas democráticos presidencialistas y los de gobierno parlamentario no es, por lo tanto, menor, y, aunque en cualquiera de los casos el grado de perfección del modelo no depende necesariamente de la alternativa escogida (depende más bien de la articulación de los checks and balances, de la cultura democrática adquirida, de su acervo político, etc.), lo cierto es que la tradición europea es más proclive a situar el centro de gravedad del funcionamiento del sistema en la relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Por eso es impensable o cuando menos extraña desde la óptica europea la repetición de situaciones como las conocidas del sistema norteamericano, en el que la confrontación entre el Gobierno Federal y un Congreso de mayoría hostil puede ser prolongada y deparar situaciones de bloqueo –aunque transitorio por obra de la negociación- como las vividas los últimos meses (el abismo fiscal o el cierre de la Administración), que forman parte de las eventualidades reales.

En nuestro sistema, tanto en el nivel estatal como en el autonómico, las situaciones en las que el Gobierno carece de respaldo parlamentario suficiente son, por lo tanto, ajenas a la normalidad y, en algunos casos palmariamente patológicas (recordemos el Gobierno de Sergio Marqués, apoyado por sólo 5 diputados), contemplándose habitualmente dos formas de superación del desajuste. La primera es la derivada de la estricta negociación y correlación de fuerzas, de modo que un gobierno alcance pactos estables o puntuales, o incluso modifique su composición dando cabida a representantes de otras tendencias para revertir su debilidad parlamentaria y contar al menos con una expectativa factible de apoyos para sacar adelante su programa político y evitar el acoso y derribo de una Cámara contraria. El ejemplo más reciente, en el caso de Asturias, sería la recomposición de mayorías parlamentarias en 2008 (con el pacto PSOE-IU), que evitó la situación de inestabilidad del primer año de la VII Legislatura. La segunda alternativa es acudir a los procedimientos contemplados para comprobar los apoyos parlamentarios (la cuestión de confianza), permitir a la oposición articular mayorías alternativas (moción de censura) o, en último caso, disolverla Cámara y convocar elecciones para que el resultado abra, en su caso, otras opciones (caso de las elecciones de 2012, en nuestra Comunidad).

He aquí cuando surge la disfunción institucional que padece Asturias, que puede manifestarse de nuevo si las posiciones políticas de unos y otros no lo impiden. Faltando año y medio para la finalización de la legislatura, con el Gobierno en minoría y un parlamento adverso, nuestro Estatuto sí permitiría una nueva convocatoria electoral, pero para una legislatura nueva que fenecería igualmente en el término previsto en 2015. Es decir, un mandato corto, de urgencia y de segunda, como si fuese producto de una expresión del electorado de menos valor que las ordinarias. Nadie de los que ha analizado esta limitación entiende por qué, 32 años de vida estatutaria después, con un desarrollo autonómico significativo, acreditado el carácter convulso de nuestra vida institucional (7 presidentes desde 1983 y escenarios parlamentarios de lo más variopinto) y pese a haberse detectado hace mucho la necesidad de permitir un régimen ordinario de disolución de la Junta General y convocatoria de elecciones para legislaturas de 4 años, aún no se ha introducido la modificación necesaria en el Estatuto. Plantear el debate de esta cuestión junto con el resto de asuntos sometidos a discusión en la modificación estatutaria ha llevado a que, naufragado el proceso de modificación en su totalidad, nos quedemos con el problema incrustado en nuestro ordenamiento institucional, acordándonos de Santa Bárbara cuando truena. Por eso cuando hablamos de adecuar el Estatuto de Autonomía no sólo hablamos de debates de carácter teórico o identitarios; se trata de que el sistema de autogobierno que nos hemos dado funcione, también en circunstancias de controversia.

Así las cosas y con la convocatoria de 2015 relativamente cerca, entiendo que el Presidente plantee la inviabilidad del adelanto electoral. Pero tal reconocimiento no es suficiente; hasta entonces, sin visos de mayorías alternativas, tiene el deber de tratar de intentar recuperar, de forma activa y comprometida, con las alianzas parlamentarias que sean consistentes y posibles, los apoyos necesarios para que no nos enfrentemos a un año y medio perdido que no nos podemos permitir.

Publicado en Asturias 24, 24 de diciembre de 2013.

ARTE DE LA GEOMETRÍA VARIABLE

Algunos se echan las manos a la cabeza ante la posibilidad de que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo que permita la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014 que acaba de comenzar su tramitación parlamentaria. La verdad cuesta entender por qué, teniendo en cuenta el escenario político en el que nos encontramos.

De momento lo que tenemos es un Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno y presentado a la Cámara; y un calendario de tramitación respaldado por la Mesa de la Junta General, que en los últimos años viene siendo tolerante –supongo que no queda otro remedio, aunque la práctica no sea buena- con el retraso en la remisión anual del Proyecto.  Es decir, cualquier acuerdo que se geste no se efectuará alumbrando un texto radicalmente contrario a las expectativas naturales ni a la planificación ordinaria del Gobierno, sino sobre la base de lo que éste, con sus propias previsiones y esperando obtener apoyos parlamentarios suficientes, ha aprobado como Proyecto. Otra cosa es que, en una negociación, perfectamente posible y parece que viable, se realicen concesiones mutuas asumibles que no desfiguren el proyecto, porque se necesitará que el PP vote en contra de una enmienda a la totalidad si es que Foro, IU y UPyD suman sus votos (18 escaños, uno más que los 17 del PSOE) para rechazar de plano el Proyecto, cosa que, en el actual grado de enconamiento de la relación del PSOE con los que hasta ahora eran sus socios preferenciales, no es descartable. Por otra parte, cualquier aceptación de enmiendas del PP en la tramitación tampoco desvirtuará el Proyecto, porque después del debate de totalidad, de continuar adelante la tramitación, quedan fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos y cualquier modificación con aumento de créditos debe llevar aparejada la disminución en igual cuantía en otro de la misma sección. Es decir, enmendar al detalle un Presupuesto, con posibilidades reales y creíbles de que la modificación se haga efectiva, es cosa complicada porque su equilibrio interno no es susceptible de cambios sustanciales y porque la técnica reglamentaria tampoco permite un margen significativo para ello.

El debate parece que estará, por lo tanto, en algunos aspectos de la política fiscal, en cierto modo más simbólicos que otra cosa, como lo relativo a la disminución del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, de los 700.000 € que prevé subsidiariamente la Ley reguladora de este tributo a los 500.000 € que, en ejercicio de la facultad que confiere dicha Ley a la Comunidad Autónoma se plantea en el Proyecto. Veremos en qué grado hay flexibilidad mutua para soluciones de compromiso, en una materia en la que, lo que se echa en falta, es una revisión serena y completa –jurídica, presupuestaria y política- del conjunto de decisiones en materia tributos propios y cedidos, que, a base de empujones, primero de la tendencia desfiscalizadora (antes de la crisis) y después de la contraria (en el combate contra el déficit público), ha creado no pocas distorsiones.

Pero el fondo del asunto no debe sorprender. Retirado el apoyo estable de IU y UPyD por legítima decisión de estas fuerzas políticas a resultas del desencuentro en la reforma electoral, el Gobierno autonómico y el grupo político que lo sustenta tienen similar legitimidad para buscar, si es factible, aliados parlamentarios puntuales distintos para cada materia, según el enfoque de cada asunto, sin que tenga que llamar a escándalo que el PP posibilite la aprobación de unos Presupuestos Generales. Salvo para visiones sesgadas, es evidente que la decisión no comporta acuerdo permanente alguno sino mera confluencia en la convicción del interés de evitar la prórroga y movilizar los recursos disponibles en un momento en el que la iniciativa pública es imprescindible a la vista de las dificultades del sector privado. No hay riesgo alguno de que el PP, con diez diputados, imponga su agenda política al Gobierno, sin perjuicio de que incida en algunos aspectos donde pone especial énfasis (política fiscal, entidades del sector público, etc.) y en los que puede haber margen para cierto entendimiento, sin desvirtuar el programa político con el que Presidente concurrió a los comicios y con el que obtuvo el respaldo para ser elegido.

Publicado en Asturias24, 10 de diciembre de 2013.

TODOS SALDRÁN DAÑADOS

         

  A juzgar por el último Debate de Orientación Política la estabilidad parlamentaria del Gobierno pende de un hilo y se avecinan tiempos de marejada. Abunda la sobrerrepresentación, alguna con muy poco estilo, pero nadie debería minusvalorar el alcance de la advertencia, porque ha sido clara. Y, aunque se han esgrimido razones de diversa índole, todos los espectadores sabemos que la disputa sobrela reforma electoral se encuentra en el corazón del alejamiento entre el PSOE y sus aliados parlamentarios, IU y UPyD.

            En esta materia los tres partidos que apoyaron la elección de Javier Fernández como Presidente y que ahora escenifican sus discrepancias tienen una parte no pequeña de razón, pero todos se deslegitiman con sus actos. Que el PSOE apele a un respaldo superior al de la mayoría absoluta raspada para evitar que la ley electoral sea objeto de sucesivos cambios sin acuerdos esenciales entre las principales fuerzas del arco político es una postura sensata y responsable; y en el debate de fondo son fundadas sus defensa de los aspectos acertados de la ley en vigor y su apelación a evitar que los territorios de las circunscripciones occidental y oriental caigan en la irrelevancia política. Pero, a su vez, ha ido contrayendo sucesivos compromisos con sus aliados parlamentarios que, en lugar de aplazar las decisiones finales, van camino de acelerarlas, porque éstos tienen serias posibilidades de contar con un mecanismo de transformación de la voluntad popular en escaños más favorable a sus intereses. Por otra parte, al firmar la Proposición de Ley presentada ha dado un paso del que difícilmente –es decir, sin asumir un alto coste en términos de credibilidad- podrá desvincularse.

             A favor de IU y UPyD en este debate no sólo está el hecho de que desde el principio de la legislatura dejaron alto y claro sus expectativas en la materia, sino también la introducción de valiosos elementos en la propuesta, acogiendo sugerencias de los expertos consultados, más allá del reparto de diputados por circunscripciones y acordes con la necesidad de permitir aire fresco en la elección de los representantes institucionales (primarias para elección de candidatos, debates electorales, desbloqueo de listas electorales, formas de facilitar el ejercicio del voto, etc.). En contra –muy en contra- se sitúa su pretensión de forzar la máquina hasta el extremo, priorizando esta cuestión sobre cualquier otra, analizando de forma sesgada y cortoplacista sus objetivos despreciando el contexto en el que se mueven: políticas autonómicas debilitadas por las limitaciones presupuestarias, objetivos de déficit público que ponen las cosas aún más difíciles a Asturias y los aspectos definitorios de las políticas del Gobierno autonómico (preservación de los servicios públicos, reparto equitativo de la carga de la crisis, solvencia y razonabilidad en la gestión pública) bajo intenso fuego enemigo.

            Lo que está en juego, por lo tanto, no sólo es si el Gobierno asturiano cuenta con votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2014, y por lo tanto su viabilidad parlamentaria. Lo que se decide es si un modelo  basado en la privatización salvaje, la retirada de las políticas de cohesión social y la mercantilización de los bienes públicos se cobra una de sus últimas piezas quitándose del medio a un Gobierno que le resulta incómodo. Mucho más, por lo tanto, que la deseada estabilidad institucional. Una vez que el desgaste ya es inevitable, que al menos todos los actores en liza tengan esto presente para modular posiciones, ceder y acordar de la forma menos perjudicial para todos.

Publicado en Asturias24, 15 de octubre de 2013.

SEAMOS SERIOS

A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.

Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.

Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.

En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 3 de abril de 2012.