Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

27.11.07

EVOCACIÓN DE LA ISLA LUNA

Una empresa pretende reunir 5.000 millones de euros para construir en Valencia la primera isla artificial del Mediterráneo, de 1.600.000 metros cuadrados. Esta suerte de ínsula Barataria que anhelara Sancho Panza acogería, como no, una zona residencial con unas 1.000 viviendas de las cuáles, agárrense, el 25 o 30 por ciento serían de protección oficial, según los promotores del último desatino urbanístico propuesto en este país. Lo más gracioso de la noticia es sin duda esto último de las viviendas asequibles. La isla de mentirijilla será interclasista y, si me apuran, tendrá su asociación de vecinos y su Ateneo Obrero. Alguno picará y subrayará la audacia visionaria de la propuesta, con su vocación integradora, por utilizar un discurso al uso.
Pero pensemos en cómo podría ser esta ensoñación especulativa, la nueva isla de Utopía del capitalismo moderno...
Posiblemente si la “Isla Luna” –así la llaman- llega algún día a ser una realidad, en ella todos tendrán su vehículo para salir a comprar el pan, aunque, por supuesto, vendrá con las últimas tecnologías para reducir las emisiones contaminantes. Todos los viernes habrá en algún club social cenas benéficas de entrante y dos platos a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital. Algún que otro sábado la televisión local emitirá telemaratones solidarios. Y entre la cartera de prestaciones sociales que el nuevo Ayuntamiento recién creado pondrá a disposición de los ciudadanos, se contemplará el paquete “siéntase rico por un día”, programa en el cuál podrás hacer unos hoyos en el campo de golf, si les cabe.
Tengo alguna duda sobre si los spas de la islita, que se crearán en suelo público cedido gratuitamente por el Ayuntamiento, tendrán la concesión a 35 o 40 años, y si podrán cambiar el contrato a los dos días para hacerse con seis o siete plantas de subsuelo. Pero sí tengo la certeza de que el precio del abono impedirá que se cuele cualquiera procedente de esas supuestas viviendas sociales. Ellos ya tendrán su centro social, muy apañadito, en el que jugar a las cartas o hacer cursos de corte y confección. Eso sí, en su “barrio” con guarda de seguridad (para que no salgan mucho) estarán orgullosos de tener a mano un spa y una cancha de pádel, como los ricos.
La ínsula también tendrá inmigrantes, claro está; si no, a quién iban a culpar cuándo alguien monte un jaleo en el bar de la esquina. Trabajarán duro para achicar el agua cuando el cambio climático muestre sus garras. Una vez al año desfilarán alegres por la calle principal mientras uno de ellos entrega un ramo de flores a la mujer del Alcalde, momento que oportunamente destacará el periódico local; la policía municipal afirmará que 200.000 personas siguieron el espectáculo arracimados en las aceras y la gente se lo creerá.
Por supuesto tendrán temporada de ópera, cuya financiación será el principal asunto de debate político. Quizá no haya trabajo digno para todos ni equipamientos sociales o culturales en el “barrio” de viviendas protegidas, ya que no todo puede conseguirse fácilmente y es necesario el sacrificio y promover la cultura del esfuerzo. Pero siempre podrán sentirse orgullosos de la interpretación que anoche desplegó la mezzosoprano, y de la brillante dirección escénica, que resituó una historia inspirada en el medievo para enmarcarla en la consulta de un psicoanalista argentino. Por supuesto habrán asistido a tal deleite estético los ciudadanos que no tienen que alquilar la raqueta de pádel; pero los que sí la alquilan o no saben jugar leerán la crónica y se enfurecerán igual cuando el Gobierno estatal sólo incremente un 40% la subvención para sufragar el coste del espectáculo.
Un día, puede ser que alguno de los habitantes de la isla, aunque tenga casa, coche y perro, se sientan como Truman en su burbuja de telerrealidad repleta de publicidad subliminal. Quizá también encuentre la puerta de salida y vuelva a poner los pies en tierra firme.

Publicado en Oviedo Diario, 24 de noviembre de 2007.

16.11.07

PAPANATAS

Se supone que en Oviedo todos debemos ponernos en pie y descubrirnos cada vez que Santiago Calatrava viene y abre la boca. Claro que es un arquitecto audaz, que sus obras son imponentes y que tiene un estilo propio e inconfundible. Por algo ha alcanzado reconocimiento mundial y ha sido galardonado con, entre otras distinciones, el Premio “Príncipe de Asturias” de las Artes. Pero eso no debe sustraer la intervención de la empresa que ha contratado sus servicios, Jovellanos XXI, del escrutinio público; ni tampoco puede hacer indemne al propio arquitecto de algunas críticas razonables. Y, sobre todo, no puede impedir que se cuestionen algunas decisiones municipales que han dado cobertura a la transformación en curso de las parcelas del Vasco y Buenavista.
En Oviedo, salvo algunos valientes conocidos y otros ciudadanos anónimos, pocos han dejado oír su voz criticando la llamada operación de los Palacios, que ya no es tal porque se parece cada vez menos a la idea original. En muchos sectores se ha impuesto una cierta autocensura para no incomodar a determinados intereses políticos y empresariales. Parece que algunas obviedades no pueden evidenciarse.
Algunas de estas verdades calladas tienen que ver con cuestiones estéticas y de diseño urbano, discutibles pero compartidas por una mayoría silenciosa. Por ejemplo: en el solar del antiguo estadio Carlos Tartiere, el volumen y dimensiones del Palacio de Congresos y el hotel y oficinas anexos no encajan ni a calzador con el entorno ni la parcela. El conjunto no dialoga con las torres cercanas sino que más bien discute a grito pelado, configurando una fisonomía urbana abigarrada e inarmónica. Otras alternativas que oxigenasen esta zona hubieran resultado más acertadas, emplazando el Palacio de Congresos en un área urbana en expansión, permitiendo al mismo tiempo que este edificio tuviese un entorno más abierto en el que brillase.
Otras realidades escondidas tienen que ver con los aspectos económicos del proyecto y la pésima defensa de los intereses públicos. El Ayuntamiento pasará de tener dos parcelas de altísimo valor económico y numerosas posibilidades a no contar con un metro cuadrado de equipamientos públicos en el Vasco y un edificio de gestión privatizada durante décadas en Buenavista. Como la operación es enormemente costosa, para evitar que encallase a medio camino se han modificado reiteradamente las condiciones contractuales que vinculaban a Jovellanos XXI y al Ayuntamiento, saltándose a la torera las previsiones iniciales, permitiendo que en ambas parcelas se instalen grandes superficies comerciales, y reduciendo las obligaciones de la empresa. En cuanto ha sido preciso para los intereses de la promotora, el Ayuntamiento ha modificado tanto el planeamiento urbanístico como el contrato administrativo, sin pararse a cuestionar, siquiera por un momento, si tales cambios supeditaban el interés general a la viabilidad de esta iniciativa. Aquí el Ayuntamiento ha sido mera comparsa. Han decidido otros, que exclusivamente defienden su inversión (lo que es legítimo, ojo). La intervención pública en defensa de los intereses generales ni está ni se le espera.
Y, sobre todo, como corolario, algunas de esas verdades incómodas tienen que ver con quién ha tenido la sartén por el mango durante todo el periplo de esta operación. Toda planificación sobre el destino de estas parcelas ha sido puro camelo, y la máxima expresión de esta representación la tuvimos en la última visita de Calatrava, dónde todo lo que se ofreció para la parcela del Vasco –y esto no es responsabilidad última del arquitecto, sino de la empresa y el Ayuntamiento-, más de un lustro después de iniciado este vía crucis, fue una acuarela ovacionada por papanatas ante el asombro de no pocos ovetenses.
Publicado en Oviedo Diario, 10 de noviembre de 2007.

11.11.07

AUTONOMÍA SIN AUTONOMISTAS

Asturias encara la reforma del Estatuto de Autonomía con la constitución de la ponencia que habrá de revisar el actual texto para introducir modificaciones o, incluso, redactarlo de nuevo desde el principio hasta el final. La alteración del texto original, aprobado en diciembre de 1981, ya tuvo lugar en tres ocasiones anteriores, en 1991, 1994 y 1999, siendo esta última la de mayor relevancia. Ahora se reabre el debate sobre el contenido de la norma reguladora de nuestras instituciones de autogobierno y sus competencias, pero en esta ocasión las circunstancias del entorno político autonómico y las características del proceso de reforma son bien distintas.
La nota predominante en las modificaciones anteriores era que éstas se incardinaban en pactos de carácter estatal entre las dos principales fuerzas políticas, PSOE y PP, que desencadenaban una serie de reformas acompasadas para los diferentes estatutos, marcando claramente las líneas generales de los cambios, sobre todo para las Comunidades Autónomas denominadas de vía lenta, es decir todas excepto Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Este cauce y limitaciones no fueron impedimento para que, sobre todo a partir de 1999, el desarrollo autonómico experimentase un impulso muy notable, con la atribución de importantes competencias en materias que afectan cotidianamente a los ciudadanos (servicios sanitarios, educación, etc.) y con el perfeccionamiento del sistema institucional de autogobierno.
Sin embargo, a partir de 2004 se ha abierto con fuerza un nuevo proceso de reformas estatutarias, reforzando la descentralización, permitiendo a las Comunidades Autónomas disponer de un margen competencial más amplio, acentuando el protagonismo político del espacio público autonómico, e incluso destacando las señas identitarias de cada Comunidad. Pero en esta ocasión la iniciativa ha partido exclusivamente de las propias Comunidades Autónomas, que no han tenido que esperar a ninguna clase de acuerdo político estatal, sino que, por voluntad de sus respectivas Asambleas Legislativas, han planteado la reforma y sus contenidos sin pautas impuestas directa o indirectamente. El resultado es desigual y quizá contradictorio. Hay Comunidades Autónomas que ya han aprobado su reforma (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón) y otras que ni se lo han planteado aún o que comienzan ahora a darle vueltas al asunto. El contenido de las reformas claro que ha generado distorsiones importantes y su resultado no es por sí mismo benéfico ni gratuito. Uno de los ejemplos más significativos es la confrontación generalizada entre Comunidades Autónomas por la gestión de los recursos hídricos o por condicionar la inversión del Estado en cada territorio, pero habría muchos más, sin olvidar el importante desgaste político que ha significado la aprobación de estatutos como el de Cataluña. No obstante, lo que es indudable es que este proceso de reforma ha puesto a prueba la capacidad de iniciativa y reacción a los acontecimientos de los representantes de cada Comunidad, y, por extensión, el dinamismo político a la hora de buscar nuevas metas en su desarrollo autonómico.
Asturias se incorpora finalmente a este proceso. Al contrario que en el origen del estado autonómico (el Estatuto de 1981 fue el primero de las Comunidades Autónomas de vía lenta), esta vez llegamos sin entusiasmo y a remolque de la dinámica del concierto autonómico. Si la Junta General del Principado de Asturias ha comenzado a estudiar la reforma del Estatuto lo hace más por emulación y para evitar el riesgo de quedar descolgados –sobre todo en materia de financiación autonómica e inversiones del Estado- que por convicción en las virtudes demostradas del autogobierno y en el refuerzo de la entidad e identidad política de nuestra Comunidad. Esa vez en Asturias no abriremos camino en el desarrollo autonómico, sino que nos sumaremos por inercia, sin mucha esperanza ni convencimiento. El tono del debate político así lo muestra: no se desprende nada parecido a un, por así decirlo, optimismo autonómico; poco se dice sobre qué competencias se plantea asumir y por qué; sobre qué modificaciones se introducirán en nuestras instituciones para que éstas permitan expresar de forma más fiel, cercana y plenamente democrática la voluntad de los asturianos; y, en definitiva, sobre qué papel queremos jugar en un mapa autonómico en el que hemos perdido peso progresivamente. Quizá no seamos aún conscientes de que, fruto del grado actual de desarrollo autonómico, de nuestra confianza en el autogobierno dependerá nuestra posición futura; y que, en consecuencia, será cada vez más difícil crecer como Comunidad Autónoma sin autonomistas.
Publicado en Fusión Asturias. Noviembre de 2007.

4.11.07

LA FÁBRICA DE LOZA DE SAN CLAUDIO, ¿PUNTO FINAL?

No se que cuerpo les ha quedado a ustedes después de ver a los operarios de la Fábrica de Loza de San Claudio despedidos o prejubilados quemar las batas minutos después de recibir la comunicación de su destino laboral. El regusto amargo de la escena alcanza a cualquiera con un mínimo de sensibilidad ante los problemas de los trabajadores. La rabia y frustración de ese gesto, perfectamente comprensible, seguramente habrá dejado paso a la tristeza en sus protagonistas, que son los principales damnificados de este proceso, y los que padecerán las consecuencias cuando muchos ya se hayan olvidado de este episodio. El final no ha sido precisamente feliz para 51 despedidos; no es mucho más dulce –aunque más llevadero- para 45 prejubilados.
A la vista del resultado, la sensación de fracaso de la reivindicación laboral, y de la actuación política al respecto es inevitable. Pero, ¿se corresponde con la realidad? Posiblemente sí en parte, porque a lo largo de los últimos años en Asturias hemos asistido a otros conflictos laborales, con perspectivas tan sombrías o más que las que presentaba este caso, en los que finalmente, pese a cierres y reconversiones, al menos se garantizaba un reajuste de plantilla mucho más asumible, con prejubilaciones en condiciones aceptables, bajas incentivadas y recolocaciones. En estos menesteres, mucho tiene que ver el acierto de la estrategia sindical, el grado de respaldo social conseguido y la capacidad de los propios trabajadores para hacerse oír, de forma que los representantes públicos tengan como prioridad evitar la prolongación del conflicto. Ha habido mucho voluntarismo de tonos épicos y no tanta perspicacia y prudencia, lo que, por otra parte, puede entenderse teniendo en cuenta la carga emotiva del debate. En definitiva, algo ha fallado en el caso de la Fábrica de Loza de San Claudio cuando, al menos por el momento, no se han ofrecido alternativas mejores para los despedidos y prejubilados.
Ahora bien, por cruda que sea la realidad, con el sacrificio de tantos puestos de trabajo, no por ello hay que dejar de lado que, sorteando la amenaza que se cernía, finalmente la Fábrica de Loza de San Claudio continuará su actividad. Contra muchos pronósticos, el procedimiento concursal concluye con la aprobación de un convenio de acreedores que permite evitar la liquidación de la empresa, el cese de la actividad y el despido de la totalidad de la plantilla. Y eso sí es un logro, indudablemente positivo, porque el municipio no pierde esta factoría, que, como se han encargado de recordar sus trabajadores, ha permitido proyectar la imagen de San Claudio y forma parte de nuestro ajuar sentimental e histórico, además del doméstico. Más aún, 43 personas mantendrán su trabajo, y eso no es poca cosa.
Conviene, por lo tanto, ser un poco más equitativos en el reparto de culpas. En los últimos días el Comité de Empresa responsabilizaba pública y directamente al Juez de lo Mercantil por admitir el plan de viabilidad presentado por la empresa, que incluía los despidos y prejubilaciones. Pero seguramente, a la vista de la precaria situación, no existía otra alternativa que reducir drásticamente costes laborales para posibilitar que se pudiese presentar con garantías, y en consecuencia aprobar, el convenio de acreedores, evitando con ello la liquidación de la empresa. La decisión se ha demostrado acertada, y las críticas –concentraciones de repulsa incluidas-, injustificadas. Quizá haya que poner el foco con mayor atención en los responsables de la empresa que, al fin y al cabo, son los que no han sabido o no han podido evitar que se llegase a este punto.
Ojalá la Fábrica de Loza de San Claudio no pase otra vez por ese trance y pueda en el futuro vivir tiempos mejores. No será para ello determinante ni la declaración de Bien de Interés Cultural sobre sus bienes muebles e inmuebles, cuestión que con ser importante –puede ayudar a atraer atención sobre la marca- no deja de ser accesoria. Lo que ahora toca es que el plan de viabilidad se cumpla, las Administraciones arrimen el hombro para facilitar las oportunidades de futuro industrial y los trabajadores despedidos puedan recibir el apoyo necesario para su pronta recolocación.
Publicado en Oviedo Diario el 20 de octubre de 2007.