CANDIDATO X

Una de las incógnitas del escenario postelectoral ha quedado resuelta hace unos días con el anuncio de FAC y PP de que votarán a un mismo candidato en la elección de Presidente del Principado de Asturias. Se despeja así la duda que planeaba sobre los dos partidos de la derecha, que han cultivado con ardor en los últimos meses la confrontación más descarnada, destilando rencores y blandiendo reproches, pero que ahora están dispuestos a intentar impedir que el PSOE recupere la Presidencia del ejecutivo autonómico. No obstante, es una aclaración a medias, porque no indican cuál de los dos potenciales candidatos –a priori, salvo que se guarden alguna sorpresa- será el que sume los votos de ambas fuerzas para encabezar el Gobierno, igual que por el momento tampoco han planteado ninguna alternativa para la más cercanaelección de Presidente de la Junta General. De debatir el programa mínimo común ya se ocuparán posteriormente, sin esbozar hasta ahora nada que no sea la mera aversión al retorno del PSOE e IU al ejecutivo.

La situación política de Asturias está ofreciendo muestras repetidas de surrealismo que acaban por hacer normal a ojos de la opinión pública pactos de esta ralea. Posiblemente esto sucede porque nada consistente se espera de FAC y PP a estas alturas, excepto confusión y barahúnda, así que pocas cosas sorprenden ya. Incluso muchos de sus votantes lo asumen como inevitable y son plenamente conscientes de las limitaciones esenciales para el entendimiento de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, que éstos se encargan de recordar con sus gestos cotidianos. Sin embargo, la práctica nos demuestra que, contra toda conclusión racional y huyendo hacia delante, se pueden suscribir esta clase de componendas, con un punto de farsa y esperpento, sin objetivos reales de gobierno, sin mirarse a la cara y saludándose de soslayo en los actos públicos.

A tenor del contenido del acuerdo entre Francisco Álvarez- Cascos y Mercedes Fernández me inclino a pensar que están aún a distancia sideral de decidir nada sustancial conjuntamente y apenas se dan entre ellos las condiciones para dilucidar qué tipo de proyecto político común plantean a los asturianos. Lo que pretenden, con escaso disimulo, es incrementar la presión sobre UPyD para apremiar a este partido a definirse y para obstaculizar la formación de alternativas. La maniobra de FAC y PP, en suma, es puro filibusterismo político de dos fuerzas que han demostrado repetidamente su manifiesta incapacidad para ofrecer un gobierno estable y digno de tal nombre. Se trata de un ejemplo más de las prácticas que desacreditan a los representantes públicos y generan toneladas de desconfianza entre la ciudadanía, casi resignada a enjuagues de esta naturaleza. Veremos qué resultados les reporta, pero por lo pronto, lo que nos revela es el grado de desfachatez que están dispuestos a alcanzar.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de abril de 2012.

GOBIERNO TÓXICO

A veces, a lo único que se puede aspirar, cuando de las expectativas de la acción de un gobierno se trata, es a que sus responsables no causen más problemas de los ya existentes y a que, en la medida de lo posible, le dejen a uno tranquilo. No obstante, estoy a años luz de la opinión, tan en boga entre los conservadores norteamericanos (todos ellos malos imitadores de Reagan), de que lo mejor que se puede esperar de un gobierno es poco menos que su práctica desaparición salvo para salvaguardar el orden imperante. Al contrario, creo que es importante que los poderes públicos tengan, dentro de los límites necesarios, capacidad suficiente para incidir sobre la realidad y, en particular, garantizar ciertos bienes comunes, evitando que prevalezca siempre la posición del más fuerte. Aquello, en definitiva, de la “ley preciosa puesta en bien nuestro”, la quieran tragar o no los poderosos.

Ocurre, sin embargo, que las veces en que un gobierno se pone del lado del interés particular en detrimento del de la mayoría social son más frecuentes de lo deseado. Y que, en otras, los encargados de dirigir la política de una Administración y de situarse en la cúspide de su organización son capaces de demostrar un grado tal de insolvencia que por momentos hasta el más confiado en las instituciones busca cueva de ermitaño en la que refugiarse, no vaya a ser que le toque ser sujeto paciente, aunque sea de refilón, de la acción gubernamental.

Este lamento vale, sobre todo, para los que en estos meses se han visto afectados de una u otra forma por el récord de despropósitos que en breve tiempo ha rebasado el Gobierno del Principado de Asturias bajo la presidencia del que venía a salvarnos no se sabe muy bien de quién. Hay casos especialmente sangrantes, entre los que destacan los trabajadores de la RTPAy las empresas que prestaban servicios al Ente Público de Comunicación, los concurrentes a lasayudas públicas a la vivienda o los que esperaban ser beneficiarios de las subvenciones al inicio de la actividad empresarial como autónomos; tres casos especialmente singulares porque revelan fácilmente el tipo de daños colaterales que deja tras de sí el experimento FAC, en aspectos en los que hasta hace poco éramos una Comunidad con iniciativas públicas de prestigio, como los sectores económicos emergentes, las políticas sociales o el apoyo a los emprendedores. Pero hay otros muchos damnificados, empezando por todas las entidades y empresas que se las han visto y deseado para trabajar con normalidad con la Administración; el propio personal al servicio del Principado de Asturias, sometido al cedazo sectario de estos gobernantes; los medios de comunicación críticos a los que se ha pretendido atacar groseramente o, como poco, dificultar su trabajo; e incluso, si me apuran, y aunque me merecen menos compasión -haber escogido “muerte”- son víctimas del descalabro muchos de los que se acercaron a colaborar con este Gobierno provenientes de la función pública o del mundo profesional, que se han dado de bruces con la realidad de un proyecto vacío de contenido real y edificado en buena medida sobre el capricho personal del líder.

Es verdad que, en estos tiempos convulsos, cualquier responsable gubernamental se tiene que enfrentar, con escaso margen de maniobra, a una realidad de cambios desbordantes y nuevos conflictos sobrevenidos, capaces de desarmar al más pintado. En ese contexto se entiende también la rápida amortización de los gobernantes ante una opinión pública desconfiada. Pero, por lo menos, sí es exigible que los que están ahí no se aficionen al autogol y no se acostumbren al desconcierto permanente mientras se atreven a dar falsas lecciones de gobernanza para los pocos incautos que quedan.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de marzo de 2012.

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.

¿POR QUE NO IMPULSAN LA APERTURA DEL HUCA?

Durante años una de las controversias políticas de referencia en el Principado de Asturias y en la ciudad de Oviedo fue el futuro del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a ciertas resistencias y tras prolongados debates, finalmente cristalizó el convencimiento mayoritario de que era necesario sustituir la constelación de edificios que ocupan buena parte del barrio de El Cristo – Buenavista por un nuevo complejo diseñado con criterios de funcionalidad. El sumatorio de construcciones correspondientes a instituciones sanitarias de diferente procedencia, levantadas en un periodo similar (duplicando gastos y empeños, para que luego se hable de la supuesta eficacia superior del modelo territorial anterior al autonómico) y que acabaron convergiendo en el actual HUCA, dejaría paso a un moderno hospital, preparado para los avances tecnológicos, convertido en referencia de un sistema sanitario público de altas prestaciones y cuya concepción permitiría ahorros futuros en materia de gasto corriente. El impulso a la construcción del nuevo HUCA resultó una de las decisiones más significativas del nuevo periodo de gestión de las competencias de atención sanitaria tras su transferencia al Principado de Asturias. Nuestra capacidad de autogobierno se empleó para reforzar un servicio público esencial al acometer una inversión cuya envergadura requería un esfuerzo financiero y de gestión sobresaliente.

De aquel proceso, por lo que ahora se ve, algunos refractarios, obstinados en negar la posibilidad de erigir el nuevo HUCA, han conservado heridas que aún afloran en perjuicio de todos, a tenor de la actitud exhibida por quienes han asumido la dirección de la Administración del Principado de Asturias. Que por los actuales responsables se baraje como fecha de apertura del nuevo HUCA la segunda mitad de 2013, sin argumentos convincentes sobre el motivo de tal retraso más allá de su evidente desconfianza hacia la gestación del proyecto, es prueba inequívoca de un irreflexivo desprecio al trabajo de sus predecesores, que en nada ayuda a culminar iniciativas cuya importancia supera las rivalidades de corto vuelo y que no se detiene analizar qué efectos negativos comporta tal decisión. Representa además, una renuncia a cumplir la legítima expectativa de los ciudadanos, que son plenamente conscientes de la importancia de este equipamiento y que desean contar con servicios hospitalarios de calidad. E, incluso, introduce importante incertidumbres sobre el futuro del nuevo HUCA, pues, como se encarga de recordarles con acierto la Diputada socialista Pilar Alonso, mientras no se proceda a equiparlo y ponerlo en funcionamiento se asume un coste de oportunidad considerable, con instalaciones pendientes de estrenar que se encuentran vacías y con el actual Hospital padeciendo deficiencias crecientes.

A la estupefacción que generan las decisiones del Gobierno autonómico se suma la ceremonia de la confusión que pretenden organizar para justificar su falta de apuesta por el nuevo HUCA. Primero insinuando, prácticamente, que no nos podemos permitir un nuevo Hospital, revelando que no está entre sus prioridades y, sobre todo, que poco les importa que la obra civil sea ya una realidad incontestable. Después, jugando imprudentemente con los datos sobre su coste, para ofrecer cifras disparatadas que no resisten un análisis pormenorizado, como el contenido en el extenso reportaje publicado en La Voz de Asturias el 18 de diciembre.

El interés de los actuales responsables de la Administración sanitaria no es realizar un análisis sereno que complete el exhaustivo seguimiento que la Junta General ya desarrolló en la pasada Legislatura, en la que nuestro parlamento examinó con lupa todos los pasos, contrataciones e incidencias. Al contrario, lo que se quiere, con la marca de la casa del actual Gobierno, es aumentar el ruido y el desconcierto que impida ver con claridad su pretensión de postergar, cuando menos, la puesta en marcha de este equipamiento y el refuerzo de la sanidad pública que conllevaría.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de diciembre de 2012.

100 DÍAS

Degradar gratuitamente la reputación financiera de la Comunidad Autónoma, pese a contar con niveles de endeudamiento relativo inferiores a la media de las otras Comunidades. Confundir la existencia de pagos pendientes o aplazados con supuestas deudas deliberadamente ocultas. Hablar a la ligera de inhabilitaciones de anteriores responsables, demostrando desconocer siquiera las características de esta sanción penal. Plantear la privatización de SEDES como si no hubiese sido un instrumento útil para desarrollar iniciativas públicas de construcción de equipamientos (por ejemplo, ejecutó la obra del Centro Niemeyer y acomete la reforma del Museo de Bellas Artes). Ofrecer a los vecinos del Suroccidente la sensación de estar desprotegidos en medio de un incendio pavoroso (sobre todo en el Valledor) y reaccionar sin intensidad ni eficacia reparadora pareja a la magnitud del desastre. Practicar el adanismo en materia de políticas de fomento del empleo cuando la trayectoria anterior era consolidada. Desvirtuar y minusvalorar la concertación social con sindicatos y patronal cuando es uno de los activos más significativos con los que Asturias ha contado para favorecer un clima propicio en el mundo laboral. Conceder el mismo nivel de atención a la red privada-concertada y la red pública educativa, cuando hasta ahora ésta ha demostrado en Asturias buenos niveles de calidad y una verdadera capacidad de vertebración social. Seguir amagando con el capricho de promover una Universidad Politécnica en Gijón perjudicando a la Universidad pública asturiana y amenazando con duplicar titulaciones y centros (junto cuando la tendencia general es la contraria). Desconocer de principio a fin el papel de las Escuelas de Educación Infantil de 0-3 años y la alta demanda de plazas en el conjunto de Asturias. Pretender cargarse a la brava la RTPA –y pueden conseguirlo- porque no la controlan, sin considerar ni su trayectoria, ni la regulación legal aplicable, ni el positivo efecto que ha tenido en el sector audiovisual asturiano. Pontificar prejuiciosa e irresponsablemente sobre qué es y qué no es una expresión cultural de categoría sin considerar el veredicto de las afluencias de público o el efecto dinamizador de iniciativas y centros culturales en el territorio. Obstaculizar hasta amenazar con ocasionar el cierre –y también pueden conseguirlo- del Centro Niemeyer. Provocar que la actividad cultural en Asturias ya no cuente con personas de referencia como Rosina Gómez Baeza, ex Directora de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial hasta el cambio de gobierno. Conseguir que se reduzca el número de beneficiarios de las prestaciones de atención a la dependencia aunque no disminuya el número de solicitantes. Paralizar inversiones ya planificadas en equipamientos sociales. Hacer desaparecer las políticas de juventud y deteriorar las políticas igualdad sin mostrar interés en aplicar la recién aprobada Ley asturiana en la materia. Montarse una película de enredo sobre la redacción del nuevo Plan de Carreteras a la par que se aplazan sine die inversiones ya planteadas. Postergar deliberadamente el proceso de apertura del HUCA. Afirmar sin empacho que no nos podemos permitir un sistema sanitario público de calidad. Provocar el rápido aumento de listas de espera. Favorecer sin disimulo la concertación con la sanidad privada. Centrar los mayores esfuerzos de gestión en permitir la caza del lobo y la pesca del salmón, sin dejar –además- contentos a casi ningún sector implicado. Rebajar la condición de Consejero a la de firmante de notas de prensa preparadas por terceros, cuando no al triste papel de teloneros de sus Viceconsejeros. Desconfiar de los funcionarios de la Administración autonómica, incluso de aquéllos a los que han nombrado para responsabilidades ejecutivas porque a alguien había que designar. Hacer listas negras de funcionarios y periodistas, incluso sin rubor a la hora de señalar públicamente a los proscritos o repudiados en ambos sectores. Montar bronca permanente en el Parlamento y querer gobernar con 16 Diputados como si tuviese mayoría absoluta. Flirtear con la ultraderecha tratando de caer simpático a la caverna para arrancar votos madrileños sostenidos en la ira, todo ello a despecho de la posición institucional que el Presidente debería guardar. Y lo peor de todo, considerar a Asturias algo así como el descanso del guerrero que secretamente anhela reverdecer sus viejos laureles en la Villa y Corte.

Todo eso sólo en los 100 primeros días de gestión del Gobierno asturiano y su Presidente. Todo eso en momentos decisivos para la Comunidad y el sistema autonómico. Todo eso en medio de una crisis de los poderes públicos de consecuencias aún imprevisibles.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de noviembre de 2011.

DESTRUYEN TODO LO QUE NO CONTROLAN

Si pese a las muestras dadas durante los primeros meses de mandato alguien albergaba aún alguna duda sobre cuál será el estilo de gobierno bajo la presidencia de Álvarez-Cascos, encontrará respuesta al interrogante analizando con un mínimo de detalle cuanto rodea a la decisión de cortar de raíz toda transferencia de recursos al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y provocar, por la vía de los hechos, el estrangulamiento de la RTPA. Con este Gobierno de nada sirve advertir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, plenamente vigentes, contemplan la partida pendiente con la que el Ente habrá hecho sus previsiones de gasto para el ejercicio. Cae en saco roto toda invocación de los compromisos legítimamente asumidos con cargo a esas cantidades y de las responsabilidades que se pueden derivar de los incumplimientos contractuales a los que conducirá esta decisión. Tampoco parecen importar los planteamientos hechos por el resto de fuerzas políticas y por los propios órganos del Ente, que, tratando de evitar consecuencias indeseadas, han mostrado su disposición a ajustar de forma razonable las características de la RTPA a las circunstancias actuales de las cuentas públicas. La determinación de asfixiar a la RTPA hasta hacerla fenecer o hasta deteriorarla irreversiblemente parece estar tomada, sean las que sean las repercusiones para el empleo, para el tejido productivo audiovisual, para las propias empresas públicas dependientes de Ente (Radio, Televisión y Productora de Programas) y, en última instancia, para la propia Administración autonómica de la que depende. Que este proceder se lleve a cabo sin medir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y sin proponer las reformas necesarias en la Ley de Medios de Comunicación Social para poner encima de la mesa sus propósitos en la materia, son muestra de una irresponsabilidad desconocida en el actuar de un gobierno autonómico en Asturias.

La discusión de fondo sobre si Asturias necesita o no una radio y una televisión pública de titularidad autonómica ya tuvo lugar durante largos años y estaba completamente superada. La relativa demora de nuestra Comunidad en la incorporación al proceso de creación de medios de comunicación públicos permitió, como ventajosa contrapartida, que en el diseño del modelo institucional se remarcase la necesidad de acuerdos amplios en los que el parlamento asturiano tuviese un papel central (requiriéndose mayorías cualificadas para la elección del Consejo de Administración y del Director General del Ente), o que se aprendiese de los errores cometidos en otras Comunidades en cuanto a gestión, gasto y contenidos. En este sentido, la RTPA tiene poco que ver con los ejemplos más negativos de televisiones y radios de otras Comunidades Autónomas, tanto en el consumo de recursos públicos como en la programación y, en definitiva, en el cumplimiento de su función de servicio público. El hecho de que en los últimos años el funcionamiento de la RTPA estuviese fuera de la controversia política tiene mucho que ver con las sólidas bases sobre las que se puso en marcha este proyecto y con el buen hacer general de directivos y profesionales. Como resultado, la RTPA ha tenido una favorable acogida por la audiencia, ha contribuido a que los asturianos conozcan mejor su Comunidad, ha favorecido notablemente la divulgación y el tratamiento de nuestras inquietudes y problemas colectivos, ha permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos a la vida política y social de su tierra y ha mejorado sustancialmente la consideración de la lengua asturiana y la cultura tradicional. Y lo ha hecho sin representar -ni mucho menos- una sangría económica, ganándose prestigio social y respeto institucional, incentivando el crecimiento de la industria audiovisual asturiana, compensando la devastadora crisis de las televisiones locales y generando centenares de puestos de trabajo –la mayor parte para jóvenes profesionales- que ahora están en severo riesgo.

Por otra parte, cuando del debate sobre medios de comunicación públicos se trata, conviene hacer un poco de memoria y recordar que Álvarez-Cascos tiene en su hoja de servicios como Vicepresidente de España entre 1996 y 2000 el dudoso honor de haber impulsado decisivamente el deterioro vivido por RTVE en ese periodo, lanzándola por la pendiente del descrédito y la utilización partidista desde los tiempos en que puso en la Dirección del Ente estatal al Diputado del PP (que lo sigue siendo) Fernando López-Amor. El final de aquel nefasto modelo de gestión lo tuvimos bien representado con Alfredo Urdaci y su gloriosa referencia a C-C-O-O y, en lo económico, con la multimillonaria deuda que el Gobierno del PSOE tuvo que enjugar a partir de 2004 a la par que rescataba a RTVE de la indignidad en que, tanto en contenidos como en uso sectario, se encontraba postergada. Esas son las credenciales de nuestro Presidente autonómico en la materia.

Para ahogar económicamente a la RTPA el Gobierno asturiano se escuda en el necesario establecimiento de un orden de prioridades, sobre el que habría mucho que decir a tenor de las falacias a las que recurren en su defensa, empezando por la sesgada contraposición con el gasto sanitario. No obstante, sí cabe reconocer que el Gobierno sigue su prelación de objetivos, porque en la parte superior de su agenda oculta se encuentra, desde el primer momento, destruir todo aquello que, por las circunstancias que sea o el marco legal aplicable, no puede manipular a su antojo y para sus propios intereses partidarios.

Publicado en La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2011.