TRABAJO, DEFLACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A la hora de analizar los motivos de la crisis el discurso dominante introdujo como uno de los elementos nucleares de la explicación un supuesto exceso de garantías y derechos para los trabajadores y un gasto público desbordado en políticas sociales insostenibles. A la vista de las recetas preconizadas por los centros de poder económico y de los programas seguidos por la mayor parte de los países afectados por la recesión, parece claro que en el debate y en la decisión sobre las medidas adoptadas, pese a algunas resistencias, este planteamiento ha sido exitoso, aún orienta la agenda de los poderes públicos y continúa siendo alimentado por lobbies y medios que participan de esa estrategia. Según este enfoque, los derechos laborales y sociales tienen en su entraña un potencial elemento de riesgo para el crecimiento económico, porque provocan pérdidas de competitividad en un entorno globalizado donde alguien hará el mismo trabajo pagando salarios menores, sin tener tantos miramientos medioambientales y sin que se grave el beneficio obtenido, el empleo creado o las rentas derivadas del proceso productivo (la plusvalía, si nos ponemos clásicos), de una forma tan exigente para atender servicios públicos o políticas de provisión de bienes sociales. En cierto modo estoy simplificando, pero lamentablemente la aplicación de esa teoría ha arrumbado con cualquier sueño de progresar hacia formas de organización del trabajo más justas y llevaderas (la aspiración a la jornada de 35 horas parece una quimera y su promotora Martine Aubry una socialista utópica) y no figura entre las prioridades de ningún gobierno la ampliación de derechos sociales, económicos o culturales o la redistribución de la riqueza, contentándose en el caso de los ejecutivos progresistas con abrir la persiana de los servicios que se tengan y contener la hemorragia de derechos de todos estos años.

El problema es que de tanto despojar al sistema productivo de la costra de los derechos sociales y laborales para alcanzar ese estatus de supuesta competitividad buscado (como si no hubiese otras formas de mejorar la diversidad, forma, calidad y costes de lo que se produce), después de estos seis años de crisis comienzan a presentarse con una crudeza inusitada problemas que ponen en riesgo la viabilidad del modelo económico, precisamente por el empobrecimiento creciente de la población en situación más precaria, que ya no es una minoría. Difícilmente habrá unos niveles de consumo interno suficientes, necesarios para sostener el crecimiento, si el 20,4% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones deVida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo cifra en 8.114 € de ingresos anuales para una persona y 17.040 € anuales para una familia de dos adultos y dos menores. No habrá un clima de consumo y ahorro propicio si los salarios se sitúan en un 6% menos que en 2010 y se avanza hacia modelos de temporalidad y precariedad en el trabajo que aseguren retribuciones inferiores (según el mencionado INE el sueldo medio de los trabajadores temporales fue en 2012 de 15.983 € frente al sueldo medio de 24.227 € de los empleados de duración indefinida). Y ninguna proyección de marca nacional realmente eficaz se logrará (aspecto que tanto preocupa al Gobierno de España) cuando la penuria infantil ha irrumpido virulentamente en la realidad social, con 2,3 millones de menores de edad en situación de pobreza, como se ha encargado de denunciar UNICEF.

Este proceso de depauperación no se debe sólo a que el tamaño de la economía española haya encogido y a que la organización del trabajo sea tan deficiente como para dejar al 26% de la población activa desempleada (dato de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014) y por lo tanto dependiente de prestaciones, subsidios y solidaridad familiar. Trae causa también del amargo resultado alcanzado, en virtud del cuál desplegar un trabajo afanoso y esforzarse con sacrificio, ese que a decir del pensamiento dominante hacía falta realizar colectivamente, y que es lo único (nada más y nada menos) que la mayoría de la población tiene para salir adelante, no significará vivir dignamente, porque la primera consecuencia de la degradación del trabajo es que tener un empleo ya no sirve para asegurar medios suficientes para uno mismo y para los suyos; situación que se ha venido en llamar la pobreza laboral y que, evidentemente, es el primer desincentivo para buscar activamente un puesto de trabajo. A la par, la obtención de un empleo, lejos de ser un derecho o una contribución al progreso común, se ha instalado en la percepción colectiva como una concesión graciosa, algo que casi hay que mendigar y que para muchos ni siquiera merecerá la pena porque no abrirá las puertas a un desahogo material perceptible.

Cuando hablamos de deflación y de los riesgos de que la recuperación sea tenue o más bien propia de un estancamiento prolongado, precisamente hablamos, entre otras cosas, de a cuantas personas se ha dejado en la estacada no sólo ya como trabajadores con esperanzas y ciudadanos activos –a lo que deberíamos aspirar-, sino siquiera como consumidores de interés, que hasta ahora era lo que al menos prometía el sistema.

Publicado en Asturias24, 22 de julio de 2014.

ESPERANZAS DE CAMBIO EN EL PSOE

El PSOE se encuentra en un momento de profunda reflexión, forzado por los resultados electorales, por la crisis de identidad de la socialdemocracia y por los relevos orgánicos y generacionales. El contexto en el que llega a este cruce de caminos es, además, particularmente complicado, con el sistema de democracia representativa en dificultades frente a sus propias contradicciones y hostigado por autoritarismos de diversa índole; con los Estados exhibiendo la insuficiencia de sus medios para revertir la crisis económica y social, sostener políticas públicas consistentes y garantizar oportunidades y derechos a los ciudadanos; y con un escenario global tremendamente convulso en el que los valores que ha defendido la Europa democrática pierden enteros a la par que lo hace su pujanza económica.

Así las cosas parecería casi trivial determinar quiénes son las personas que dan un paso adelante para encabezar el cambio necesario en el PSOE. Pero no lo es tanto si reparamos en que, del acierto del próximo Secretario General al interpretar la situación y promover la renovación interna dependerá que el PSOE recupere la vocación de ser un partido mayoritario, representativo y con vocación de gobierno, o pase a ser un actor político secundario, ocasionalmente con responsabilidades ejecutivas, pero escasamente decisivo. La afiliación del PSOE tiene muy clara la necesidad de compromiso y superación de los errores recientes –el principal, la falta de fidelidad a los propios principios socialdemócratas- para recuperar la credibilidad necesaria; pero aún existe cierto vértigo por los cambios, las incertidumbres del entorno y una resistencia de las estructuras del partido a ser rebasadas por la propia fuerza de una militancia con ganas de un revulsivo.

Creo que Eduardo Madina, más que el resto de las alternativas, está a la altura del reto; y si el imparable deseo de cambio que se vive en el PSOE se manifiesta en el proceso interno que vive este partido, podrá demostrarlo. Es una persona prudente y que ciertamente hasta ahora ha medido sus palabras, pero que es perfectamente capaz de apreciar y reconocer los problemas propios del PSOE, de forma abierta y sincera, a la par que tratando de recoger lo mejor del bagaje de este partido. Ha exhibido serenidad y generosidad su trayectoria personal, en la que no se le ha oído un exabrupto ni una pizca de rencor o mezquindad, de la que tanto abunda en la vida partidaria. Se convirtió a su pesar en un símbolo el 19 de febrero de 2002, cuando fue objeto de un atentado terrorista de ETA que le amputó parte de una pierna, pero en ningún momento ha permitido que el miedo o el odio se infiltren en su pensamiento y práctica política ni ha centrado su trayectoria en su condición de víctima del fanatismo. Cuando ha tenido que echar un pulso para defender principios que considera irrenunciables, lo ha hecho.

El éxito político de Eduardo Madina se debe a su capacidad y su conexión con las personas de mentalidad abierta y progresista; no es casual ni producto de tacticismos propios de la fontanería partidaria. En una parte no poco importante se debe a su presión y sus declaraciones públicas el hecho de que, a pesar de la fuerte confusión inicial, finalmente todos los afiliados del PSOE vayan a poder votar el 13 de julio su preferencia para la Secretaría General, lo que es una conquista innegable. A este respecto, por cierto, el PSOE, a pesar de sus importantes problemas y no sin controversia interna, continúa siendo el partido que abre camino en mecanismos de democratización de los partidos políticos; ya lo hizo en el pasado con las primarias para la elección de candidatos o con la introducción de mecanismos para garantizar la representación igualitaria de sexos.

Eduardo Madina ya ha planteado con claridad los aspectos que guiarán su proceder al frente del PSOE, si obtiene la confianza de la militancia. Quiere un PSOE sólido en las instituciones pero también cercano a los movimientos sociales; dispuesto al debate más amplio que sea necesario sobre el modelo territorial y la forma política del Estado; que tenga en la búsqueda de la justicia social y la igualdad su prioridad; que siga siendo un partido con vocación de articular consensos pero que no se deje llevar ni renuncie a su voluntad de transformación; y, especialmente, que pueda superar sus propias inercias y ataduras internas para desarrollar una forma de participación en los asuntos comunes adecuada a una ciudadanía que no quiere intérpretes ni intermediarios exclusivos en su relación con los poderes públicos, que no otorga cheques en blanco a nadie y con la que el diálogo debe sostenerse en el respeto intelectual y político. Por eso, entre otros motivos, Eduardo Madina, sin caer en ninguna clase de veleidad populista y tratando de rescatar del PSOE sus mejores aportaciones, viene con verdadera pretensión de renovación, sin dependencias ni peajes. Esperemos que aproveche la oportunidad que las circunstancias le brindan y de la que quiere hacerse legítimo merecedor.

Publicado en Asturias24, 24 de junio de 2014.

SUPERAR LA PARADOJA MONÁRQUICA

Admito y respeto que las previsiones constitucionales sobre la sucesión en la Corona se cumplan y que, en su virtud, se haya convertido Felipe de Borbón en el Rey Felipe VI. Es decir, si en 1978, fruto del proceso político de transición de la dictadura a la democracia, se aprobó la Constitución que recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, mientras no se modifique aquella y consecuentemente se defina a España como Estado republicano, el Jefe el Estado seguirá siendo el sucesor de Juan Carlos I que corresponda, que eso es lo que dice el artículo 57 de la norma fundamental. Desde este punto de vista, es prácticamente un acto debido aprobar la ley orgánica que regula la abdicación y, ante la inexplicable ausencia de una ley general que regule esta clase de circunstancias, entiendo que la práctica totalidad de aquellos diputados y senadores del PSOE que afirman tener convicciones republicanas hayan votado favorablemente en las Cortes Generales, sin optar por abstenciones o ausencias simbólicas.

El respeto a la legalidad y a las instituciones no es una cuestión menor cuando la raíz de su construcción es democrática, incluso aunque la opción adoptada fuese convalidar la restauración de la monarquía, dentro de los compromisos que caracterizaron aquel intenso periodo. No es honesto intelectualmente despreciar que en España la elección del sistema monárquico fue acordada mayoritariamente al elaborar la Carta Magna por unas Cortes que devinieron constituyentes (no fueron elegidas estrictamente como tales en 1977) y al dar su respaldo el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978, siendo además el Rey una figura limitada a cometidos representativos, sin atribuciones sustanciales.

No obstante, hasta aquí puede llegar la comprensión del proceso de sucesión vivido en las últimas semanas, porque cuando del debate sobre la forma del Estado se trata, no hay modo de afrontar racionalmente el cúmulo de asunciones que se dan por sentadas. El hecho de que una dinastía tenga el monopolio de la Jefatura del Estado no se sostiene en un debate neutral, se mire como se mire. Esta exclusiva provoca que los asuntos de familia, siempre llamados al repelente cuchicheo, se conviertan en materia de Estado, hasta tal punto que la propia Constitución contemple que el matrimonio de los sucesores en el trono no puede efectuarse contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales; no vaya a ser que las razones del corazón que la razón no entiende provoquen un conflicto de Estado. Por no hablar del insoportable atavismo que representa la prevalencia del hombre sobre la mujer como discriminación de rango constitucional, añadida a la propia de otorgarle a una estirpe la Jefatura del Estado. Dentro de las heterodoxas consecuencias de la monarquía también está el hecho de que una niña de 8 años esté sometida desde ya mismo al escrutinio público, no en vano, si no le traen un hermanito al mundo ni se produce un cambio en la forma del Estado heredará un día su Jefatura; o sea que a la pobre cría no se le puede ocurrir hacer las tonterías propias de la adolescencia y si las hace tendrán repercusiones políticas, lo que ya es de por sí un absurdo inherente al sistema. Por no hablar del acoso mediático y la intromisión de las multitudes a que jamás se acostumbrará, como ya aparenta su comprensible cara de susto en muchas de las fotografías de los actos de proclamación de su padre. Someter, en definitiva, la Jefatura del Estado a los avatares de toda naturaleza que le sucedan a una familia en concreto y a sus componentes es al fin y a la postre un sinsentido que no conviene perder de vista por muy tradicional y constitucional que actualmente sea. Otras secuelas anómalas del sistema monárquico, más funcionales que de concepto, tienen otro calado mayor, porque a nuestro sistema político le falta una Jefatura de Estado verdaderamente activa como árbitro y moderador de los poderes del Estado, cosa que en una democracia consolidada un Rey no podrá ejercer jamás sin extralimitarse indebidamente, incluso aquel que hipotéticamente esté revestido por su proceder y trayectoria de cierta auctoritas.

Por eso en este contexto histórico, aunque se acate el sistema monárquico y se constate que hasta la fecha no existe un acuerdo de suficiente amplitud para reemplazarlo, es perfectamente legítimo e incluso indispensable poner de relevancia la necesidad de superarlo a corto o medio plazo, promoviendo una reforma constitucional que, entre otros cambios posibles, contemple la forma política republicana, extendiendo el principio democrático hasta la Jefatura del Estado, donde no haya espacio para someter irremediablemente el devenir de las instituciones a los azares personales de cualquier linaje.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2014.

RAZONES PARA LA REPÚBLICA

No debería asustar a nadie que en España se abra con franqueza el debate sobre la Jefatura del Estado y la validez del sistema monárquico. Plantearlo no es oportunista aunque se suscite con toda su intensidad cuando se procede a la sucesión en la Corona, porque precisamente ahora es cuando se manifiesta abiertamente la irracionalidad de los privilegios de sangre indisociablemente unidos al sistema monárquico. Tampoco es irresponsable porque, aun siendo la estabilidad un valor a considerar, la invocación de la continuidad no puede sepultar debates irreprimibles, minusvalorando equivocadamente los signos de crisis de las instituciones, ignorando la dimensión del creciente deseo de cambio, o, en el peor de los casos, estigmatizando como inconscientes a quienes lo plantean.
Proponer que la primera magistratura del Estado sea elegida democráticamente no significa desdeñar el progreso que comportó la Constitución de 1978 y la construcción de un sistema de libertades, sin duda perfectible e insuficiente pero en todo caso un avance incuestionable. Tampoco supone una enmienda a la totalidad a la Transición como proceso histórico, en el que se alcanzaron los puntos de equilibrio que las circunstancias, la correlación de fuerzas y los avatares políticos del momento permitieron. Simplemente supone una apuesta por no fosilizar el marco constitucional ni conformarse a perpetuidad con un estado de cosas en el que se asuma como inexorable la permanencia de una tradición antidemocrática en esencia, como es que el hijo varón del monarca (en preferencia además sobre sus hermanas por el hecho de ser varón) vaya a sucederle en esa responsabilidad por tal circunstancia, como inevitable vestigio del pasado.

Es perfectamente posible aspirar a un Estado republicano que, en secuencia lógica en la democratización de España retomada a partir de las elecciones generales de 1977, recoja la trayectoria de estas décadas, perfeccione la división de poderes, regenere el sistema representativo y parlamentario, atienda las crecientes demandas de participación ciudadana directa, corrija los defectos apreciados en la arquitectura del poder público –fuertemente cuestionado- y, como corolario de ese afán, articule una Presidencia de raíz y ejercicio democrático, compatible con el sistema de gobierno parlamentario (no presidencialista, por lo tanto), verdaderamente legitimada para actuar como poder modulador del funcionamiento de las instituciones.

Procede poner énfasis no sólo en la superioridad democrática y equitativa del sistema republicando (que pocos cuestionan, ya que los argumentos contrarios son sobre todo de oportunidad o basados en la tradición), sino también en la mayor funcionalidad que alberga. Contra lo que podría parecer si uno se atiene a los mensajes propagandísticos abiertamente favorables a la monarquía (RTVE de forma tenaz y los medios conservadores de forma entre grosera y entusiasta), el futuro Felipe VI no está ni debe estar llamado a buscar soluciones a los problemas que aquejan a España, ya que, según la expresión al uso, reinará pero no gobernará. Aunque sus funciones se desarrollen en ese contexto, al que no podrá ser ajeno, en modo alguno se admitiría, y además sería contrario a la propia Constitución de 1978, que pretendiese influir decisivamente mientras el resto de los poderes del Estado se encuentren en activo. Donde sí reserva la Carta Magna al Jefe del Estado atribuciones para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, es donde una Presidencia republicana (elegida por ejemplo por una mayoría de 2/3 de las Cortes Generales y con una limitación de dos mandatos) sí podría resultar más eficaz porque estaría fuertemente legitimada para intervenir en conflictos institucionales de forma más directa, en particular en situaciones de bloqueo. Por ejemplo, otorgándole facultades decisorias cuando las Cortes son incapaces de designar en plazo al Defensor del Pueblo o incumplen su obligación renovar el ConsejoGeneral del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (y esto ha pasado de forma grave y repetida); confiriéndole facultades para convocar órganos propios del federalismo cooperativo entre Estado y Comunidades Autónomas como la Conferencia de Presidentes, hoy en vía muerta; o permitiéndole intervenir dinámicamente con facultades de mediación en situaciones que se enquistan y envenenan, como ha sucedido en etapas de crispación política o en las tensiones territoriales que tanto abundan. Evidentemente para estas funciones no se entendería que un Rey, que es más símbolo y representante que poder efectivo, pudiese actuar; a la Presidencia de la República, sin embargo, nada podría objetársele para que cumpliese su cometido en estos ámbitos espinosos.

Proclamarse republicano de sentimiento o raíces pero no de pensamiento ni ejercicio es equívoco y frustrante. Desde luego entiendo que, en un contexto de polarización política y convulsiones sociales, pueda debatirse sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente, en el que la Jefatura del Estado no sería el único elemento de debate. Y también comprendo que el sistema constitucional actual contempla –y debe respetarse mientras no se cambie- el relevo que va a tener lugar por medio de la Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación el Rey, en acelerado trámite parlamentario. Pero no puede sofocarse el anhelo, creciente, justo y que es lícito que se exprese ahora pidiendo una reforma constitucional (que bien podría ser impulsada por un referéndum consultivo), de un sistema político republicano, más democrático, eficaz y a la altura de la condición plena de ciudadanos que muchos reclamamos.

Publicado en Asturias24, 10 de junio de 2014.

SERENIDAD Y PRINCIPIOS

Es incuestionable que el resultado electoral del 25 de mayo es manifestación de una crisis política de primer orden y que el PSOE obtuvo un resultado muy pobre, agudizando una pérdida de confianza continua desde 2009. Es verdad que los deseos de cambio, muy intensos, tuvieron otros cauces de expresión con una pegada muy fuerte, principalmente con la novedad de Podemos. Pero pongamos algunas cosas en su sitio al analizar la situación, empezando por apreciar la singularidad del momento y su contexto; constatando la particularidad de estas elecciones, con una participación entre veinte y treinta puntos menor que en convocatorias generales, autonómicas y municipales; reconociendo -que tal pareciera lo contrario- el hecho innegable de que el PSOE sigue sumando, de largo, más votos que la suma de IU y Podemos; y distinguiendo un voto de protesta en una convocatoria considerada menor (por desgracia), que tiene más de toque de atención o tarjeta amarilla, de una especie de pretendido repudio definitivo a las opciones con posibilidades reales de gobierno. Quien piense que los 1.245.948 votos de Podemos comparten el programa político y su forma de proceder, se equivoca enormemente. Otra cosa es que su discurso de hartazgo y su indudable activismo haya servido para canalizar frustraciones, fatigas y cabreos, en buena parte legítimos. Aunque ambición les sobra -y me parece lícito- están muy lejos de construir alternativa alguna con hechuras de mayoría.

Tras el resultado electoral del 25 de mayo, según el canon efectista al uso, entre los socialistas toca llevarse las manos a la cabeza y correr sin sentido un lado para otro, al menos hasta que se aclare el panorama orgánico interno y surja una expectativa de liderazgo diferente. Perdónenme, pero me niego a formar parte de los que quieren hacer tabula rasa o se dejan caer en la desesperación. Claro que el contexto no ayuda, entre otras cosas porque Rubalcaba, tremendamente cansado, quizá se haya apresurado lanzando la convocatoria de un Congreso en plena agitación interna, y la confusión de estos días es mucha. De cara a las próximas semanas, será necesario recuperar algo más de calma y capacidad reflexiva.

Evidentemente, hay mucho que mejorar en la forma de hacer política del PSOE, por ejemplo en su organización interna, fuertemente burocratizada y rígida, necesitada de descentralización y viveza; y sobre todo en su relación con la ciudadanía, que ya no desea intermediarios con las instituciones y el poder, sino que quiere ejercer –cuando sus circunstancias lo permiten, que no es siempre- su capacidad de decidir y controlar a sus representantes y a las instituciones, de la manera más directa y eficaz posible.

A la par, el discurso político del PSOE tiene que ser más coherente con su praxis, porque lo que ha contribuido a la pérdida de credibilidad es la disparidad entre un mensaje, en funciones de oposición y sobre todo en época electoral, aguerrido frente a los recortes, los poderes económicos y las imposiciones de la UE (alentando involuntariamente la desconfianza hacia las instituciones comunitarias, lamentablemente) y una trayectoria sensiblemente diferente en escenarios de crisis, ejemplificada en el golpe de timón de mayo de 2010, bajo el disolvente discurso de hacerlo obligado por los mercados y sin otra alternativa posible.

No se trata, contrariamente a la tentación a la que llevará el éxito de Podemos, de “girar a la izquierda”, como suele invocarse en la fraseología al uso, normalmente simplona; y menos aún de caer de hinojos y golpearse el pecho ante el avasallamiento de algunos iluminados con vocación inquisitorial, entre otras muchas cosas porque, con todos los errores y dificultades que se quiera, la hoja de servicios del PSOE a la clase trabajadora española y a los valores democráticos es, en conjunto, innegable. Lo apremiante es que el PSOE se reencuentre, en palabras y hechos, con sus principios socialdemócratas e igualitarios, a favor de modular las fuerzas del mercado y fortalecer las instituciones que lo regulan, impulsar la eficiencia económica y productiva en beneficio de la mayoría, proteger los derechos de los trabajadores, ampliar y defender los servicios públicos, mejorar la calidad democrática, asegurar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desterrar toda discriminación y, en suma, recuperar la mejor agenda de progreso, desde la sensatez y el respeto a la diversidad política de nuestra sociedad, que es mucha. Lejos, sobre todo, de la amarga sensación de estar al albur de las urgencias, sin criterio propio o con posiciones impostadas. Fiel a lo mejor de sí mismo, que es mucho.

Publicado en Asturias Diario, 2 de junio de 2014.

ABUNDANCIA Y VERDAD

Poco le falta al partido gobernante en España para promover una remodelación del Ejecutivo en el que, al modo orwelliano, se refundan los Ministerios en el del Amor, el de la Paz y, sobre todo el de la Abundancia y el de la Verdad. Por lo pronto ya nos hemos acostumbrado a utilizar para hablar de los ministerios el acrónimo de su dominio en internet (el Mir para aludir al Ministerio del Interior, el Minetur para referirse al de Industria, Energía y Turismo, etc.), como en la neolengua se referían al Mindancia o al Minver, por citar los dos últimos del imaginario de 1984. La clave, como siempre, se basa en la machacona repetición del discurso, su amplificación en medios públicos y afines –cada vez más exaltados-, la escasez de explicaciones y sobre todo, la expulsión de la voz disidente a la marginalidad, criminalizando cualquier resistencia. Todo ello acompañado de la creación de una realidad paralela, más bien burda; contemplen por ejemplo en los informativos de la televisión estatal como no hay rastro de la crisis social (todo son animosos emprendedores y buenas caras al mal tiempo). El problema es que después de cinco años de crisis aguda, del empobrecimiento de los trabajadores, de la destrucción del tejido productivo, del deterioro irreversible de los servicios públicos, casi nadie se cree ya nada y menos aún los mensajes que provengan de una autoridad pública. De este modo, los repetidos anuncios de que ya se ve -a la vuelta de la esquina como quien dice- un principio de recuperación, provocan el sonrojo y la ira a más de uno. Y la colección de eufemismos para hablar de las medidas leoninas con las que se castiga a la población ya se ha agotado hace tiempo.

Un lustro después de que el castillo de naipes de la aparente comodidad comenzase a desmoronarse y 16 meses después de que el Gobierno de España convirtiese la desigualdad y el sufrimiento colectivo de la población en su conquista más preciada, la desesperanza ha calado hasta los huesos y poco se puede sacar en limpio de la experiencia, más allá de la profunda desconfianza a la que es difícil sustraerse. Las previsiones de las organizaciones económicas internacionales acaban, en este sentido, de arrebatar el último gramo de credulidad que a algunos todavía les quedaba, porque con vaticinios para este año de empeoramiento en la evolución del Producto Interior Bruto (-1,6% en 2013 según el FMI), una tasa de paro esperada del 27%, un sector financiero del que la OCDE afirma que seguirá en crisis crónica, el estupor de cifras de déficit público (si no se escamotean de las cuentas las ayudas a la banca, claro) del 10,6% del PIB al cierre del ejercicio pasado (no muy alejadas de las que llevaron a comenzar la espiral de recortes) y una deuda pública del 92% del PIB (casi el triple que en 2007), es difícil que no te flaqueen las piernas si aspiras a trabajar y contribuir en España. Sobre todo si pensamos lo que nos hemos dejado por el camino, incluyendo la credibilidad de las instituciones, la seguridad en las relaciones económicas, los mecanismos públicos de solidaridad y la provisión de bienes comunes con cuya calidad y razonable eficiencia hasta hace poco contábamos.

Por eso es un sarcasmo, se diría, que el Gobierno insista en que no hemos sido rescatados (pese a los 40.000 millones de euros en las ayudas a la banca, con un severo programa decontrapartidas) o que proclame que las políticas de laminación de lo público y presión a las rentas del trabajo son medidas inevitables, derramando  hipócritas lágrimas de cocodrilo por el dolor que causan. Y más aún que, caigan en el mismo error que ha arrastrado al descrédito a la gran mayoría de gobernantes de los países azotados por la crisis, atisbando la tierra prometida del crecimiento cuando estamos atrancados en la duna hasta las rodillas. Lo peor es que ya ni pueden esconder la risa nerviosa o la mueca amarga que sus propias palabras les provocan.

 

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2013.

NI SIENTEN NI PADECEN

Cada vez que los representantes de las instituciones financieras internacionales administran sus recetas purgantes a España, suelen acompañarlas de palabras de reconocimiento para los “asombrosos esfuerzos” y las “medidas decididas” adoptadas por el Gobierno, así calificadas en la jerga al uso de estas esferas. La retórica de los gobernantes, fieles seguidores de tales mandamientos, es similar, siendo sus destinatarios los propios ciudadanos, repletos de confusión y hartazgo a partes iguales, aunque hasta ahora ninguna alternativa estructurada haya cuajado ni es esté en previsión de hacerlo. El mensaje que se traslada desde el poder, los medios de comunicación y los centros de proselitismo del ideario anticrisis en boga, insiste en lainvocación al sacrificio y en un futuro alentador después de la cura, una vez que de los servicios públicos queden poco más que piel y huesos, y que, de paso, se hayan socavado principios elementales del Estado Social y Democrático de Derecho que hasta ahora se decía defender. Los receptores del mensaje cada vez se creen menos estas letanías, sobre todo porque el túnel se hace interminable y cada vez más frío y oscuro, pero del escepticismo, la amargura y la protesta puntual poco más está brotando, al menos de momento.

Lo peor de este año de recortes salvajes y apreturas asfixiantes no es sólo el deterioro, quizás irremisible, de prestaciones, servicios y garantías hasta ahora proveídas desde lo público, es decir, como conquista colectiva. Es más humillante si cabe que tales decisiones vengan acompañadas de una cadena de condescendientes palmaditas en el hombro, como quien anima a la vez que pisa: de las corrientes del mercado financiero al FMI y la OCDE; de estos organismos a la UE; de la UE al Gobierno de España; y de éste a los ciudadanos. A éstos se les insiste en que continúen con el denodado esfuerzo, pero, a la par, se quita hierro a todas las medidas cada vez que se presentan o se detectan, anunciándolas como si fuesen soportables. El problema es que para muchísimas personas ya no lo son. Si hay que realizar copagos por medicamentos, prestaciones sanitarias accesorias (o principales, si directamente se reduce la cartera de servicios de facto), disminuyen las becas, se amputan servicios, sube la presión tributaria –en particular los impuestos indirectos- se reducen en la práctica salarios, pensiones o subsidios, y hay que buscarse en el mercadoprivado bienes que hasta ahora eran públicos, no hay economía familiar media que lo aguante. Y quien desde los centros de decisión o de ejecución de estas políticas diga que comprende el impacto que comportan para las personas que las padecen, o miente o en el mejor de los casos recurre al tópico, porque no tiene ni idea –ni se lo puede imaginar- del enorme daño que está causando en la vida diaria de la gran mayoría de la población.

 

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2013.

HARTOS DE VIOLENCIA POLICIAL

A la vista de los acontecimientos de los últimos meses cabe comenzar a cuestionarse si el proceder general de los cuerpos de seguridad, y en particular de los llamados antidisturbios, es el propio de un sistema en el que el ejercicio monopolista de la fuerza por el Estado se supone sometido a controles y limitaciones.

La intensificación de actuaciones desproporcionadas, estrictamente violentas y fuertemente desestabilizadoras por parte de agentes de estas fuerzas de intervención ya no es un desagradable episodio pasajero o un exceso puntual en un momento de tensión; se está convirtiendo en práctica habitual y parte del ritual asociado a las movilizaciones sociales. No se trata sólo de ejemplos que causan estupor y rabia, como la actuación policial el 25 de septiembre en la Estación ferroviaria de Atocha (imborrable el grito ¡vergüenza! de uno de los viajeros indignados mientras protegía a otro) o la agresión a un joven de 13 años –y a los que protestaron- por mossos d´esquadra en Tarragona el 14 de noviembre. El desafuero de agentes llamados a contener situaciones de riesgo, pero que en no pocas ocasion las agravan o directamente las desencadenan es casi cotidiano cuando se produce una manifestación de cierta envergadura. Correríamos el riesgo de acostumbrarnos si no fuese porque cada atropello que presenciamos enciende nuestra conciencia de ciudadanos reacios a transigir con abusos intolerables.
Nadie duda de la dificultad de las situaciones a las que se enfrentan estos agentes y pocos cuestionarán que el interés público puede exigir en determinados escenarios medidas de contención que comporten el uso proporcional de la fuerza. Pero estamos cada vez más lejos de un estándar razonable y, por ello, procede preguntarse por el tipo de formación, de órdenes y de estrategias de respuesta bajo las que se forma y se dirige a estas unidades especializadas. Porque junto a la proliferación de la brutalidad ha florecido su abierta justificación, incluso desde las propias instituciones. Unida a la ausencia de medidas disciplinarias frente a las malas prácticas, alimenta el cóctel perfecto en el que germina la impunidad y comienza una escalada de incierto final.

Si a esto se suma la pretensión del Gobierno de criminalizar la resistencia pasiva, impedir las grabaciones y fotografías a los agentes -que es lo que hasta ahora nos está permitiendo conocer la magnitud del problema- y tratar de situar en la esfera de la marginalidad a quien pretenda hablar con claridad de la creciente violencia policial a la que nos enfrentamos, se adivina que el camino que estamos recorriendo con rapidez lleva de regreso a épocas en las que el uso arbitrario de la fuerza, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el abuso de autoridad eran moneda corriente de cambio.
Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras organizaciones sociales prestigiosas, están dando la voz de alarma, tratando de que tanto la sociedad española que lo sufre como la propia comunidad internacional que lo contempla con preocupación ejerzan la presión necesaria para detener esta espiral. Lo que está en juego no es sólo (lo que ya sería bastante motivo para la advertencia) que a un manifestante lo dejen henchido de ira –por la humillación, sobre todo- y con un toletazo de regalo por cruzarse en medio. Estamos ya en otra dimensión, no precisamente halagüeña, donde la degradación de la convivencia y el pisoteo de la dignidad colectiva comienzan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Un país en el que, si no lo evitamos, cada día será más difícil reconocerse.

 

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2012.

BANKIANISTÁN

Tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos aturdidos y alarmados por lo que estápasando con BFA-Bankia. Después de adornar su creación con operaciones de imagen dirigidas a ensalzar la llamada bancarización de las cajas de ahorro, de reiteradas apelaciones a la profesionalización de la gestión y de poner al frente de la entidad a todo un ex Ministro de Economía y ex Director-Gerente del FMI, al final el resultado ha sido el surgimiento de una entidad de riesgo sistémico, una bomba de relojería cuya precariedad era un secreto a voces y el mayor desafío capaz de hacer zozobrar cualquier plan de recuperación de la estabilidad financiera en España. Lo preocupante, sin embargo, no es que los ciudadanos contemplemos asombrados el rápido devenir de los acontecimientos, sino la creciente sensación de que el Gobierno, pese a su mayoría absoluta y la arrogancia exhibida hasta hace unas semanas, se encuentra completamente sobrepasado por la situación y perdiendo credibilidad a chorros. No hay más que ver al actual Ministro de Economía (¡y Competitividad!) dando cifras del aporte público para el saneamiento de BFA-Bankia corregidas al alza prácticamente un minuto después, en una escalada que lleva las magnitudes a proporciones estratosféricas que por ahora alcanzan 23.000 millones de euros. O a la Vicepresidenta del Gobierno desmentida por el nuevo Presidente de la entidad financiera al poner éste en duda que BFA-Bankia tenga que devolver las cantidades facilitadas ya que, a la postre, el banco va a ser mayoritariamente público; aunque, por cierto, no tendrá tal condición para suplir las carencias del sector financiero privado a la hora de facilitar crédito a particulares y empresas, sino simplemente para agarrarse al flotador de los fondos públicos –casi pinchado ya- para subsistir.

Las consecuencias del desastre están todavía por definir y podemos ponernos en lo peor cuando los responsables de la calamidad hacen repetidos llamamientos a la calma. El caso de Irlanda, abocada a la intervención no por la situación de su tejido económico sino por el déficit provocado por los rescates de sus entidades financieras, es paradigmático. En España este escenario se produciría sobre una crisis precedente que ha disminuido la actividad, ha menguado el número de empresas, ha destrozado la confianza de los consumidores, ha deteriorado enormemente a los poderes públicos -cada vez con más dificultades para cumplir sus funciones elementales- y, sobre todo ha inoculado masivamente un miedo insuperable a un sombrío porvenir. Sobre este panorama y metidos de lleno en un nuevo ciclo recesivo, es difícil aventurar de dónde saldrán los recursos públicos para el rescate de BFA-Bankia: queda poco que privatizar (y ya veremos las penosas consecuencias que comportarán algunas ventas), recurrir al endeudamiento parece inviable con los costes financieros actuales, el margen para recortar el gasto público se achica por momentos y de los contribuyentes poco más se puede exigir, a menos que, por utilizar el lenguaje en boga, se considere una muestra de duplicidades e ineficiencia disponer de dos riñones (al fin y al cabo con uno se puede sobrevivir) y se nos reclame el esfuerzo patriótico de entregar uno al floreciente comercio de órganos.

Súmese a todo esto la renuencia a dar explicaciones por parte de los responsables gubernamentales y los gestores de BFA-Bankia; añádase el negro historial que el PP atesora en sus manejos y el intestino combate a muerte que han desarrollado durante años por el control de Bancaja y Caja Madrid (imposible olvidar la feroz inquina de Aguirre y Gallardón en la disputa por el juguete); y combínese con los inevitables impedimentos para depurar responsabilidades. El producto final es terrorífico, muestra del estado de cosas y, a la par, un motivo más que suficiente para comenzar a cuestionarse –en serio y hasta el final- muchas de las asunciones preconcebidas que hasta ahora parecían intocables en nuestro sistema político y económico.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de junio de 2012

EMIGRANTES DE NUEVO

En las últimas semanas Asturias ha acogido la muy recomendable exposición “La colonia”, sobre los inmigrantes españoles en Nueva York en la primera mitad del siglo XX, comisariada por el norteamericano James Fernández, él mismo descendientes de asturianos. Esta iniciativa, como otras relativas a nuestro pasado emigratorio, nos recuerda con acierto todos los relatos de esfuerzo, superación y combate contra la adversidad que jalonan el periplo de tantos y tantos de nuestros antepasados no tan remotos, subrayando además la importancia económica, política y cultural de este fenómeno en la histórica reciente. Es revelador de la magnitud de la corriente migratoria el dato de que entre 1880 y 1930, con el viejo imperio descompuesto y en vías de extinción, el número de españoles que cruzaron el Atlántico para iniciar una nueva vida en las Américas superó el de los que hicieron ese mismo viaje desde los inicios de la conquista. Una evidencia más que corrobora que la huella de la emigración es parte indispensable de nuestra historia y además nos une intensamente a los países de acogida. Quién más quién menos, en Asturias, tiene vivas muestras en los álbumes, recuerdos y relatos familiares porque nuestro recorrido tiene también que ver, con una fuerte intensidad, con el de los asturianos del exterior y sus descendientes.

Hoy, con la crisis económica, la falta de oportunidades e incluso las dificultades para ganarse la vida ante las que muchos trabajadores españoles se enfrentan, renace la emigración como alternativa vital entre una parte importante de la población. Retomamos el que durante muchas décadas de nuestra historia reciente fue un camino recorrido por otros muchos. Pero, aunque algunas decisiones siguen siendo difíciles, las cosas han cambiado sustancialmente, convirtiendo la búsqueda de un mejor destino laboral no en el drama y el desgarro que representaba a principios del siglo pasado o –aunque en menor medida- en los años 60, sino en una forma aparentemente atractiva de abrirse paso, con un camino de regreso que en principio se muestra abierto y, sobre todo, sin la amargura que, en aquéllos tiempos que ya parecen tan lejanos, representaban los impedimentos al retorno y al contacto con las raíces familiares.

Naturalmente, cuando el flujo migratorio en un país cambia de dirección y la tendencia de los últimos 20 años se revierte, con  una salida mayor de nacionales que la entrada de extranjeros, la modificación de fondo que delata es de proporciones significativas, Con la sacudida de la crisis ya no son sólo profesionales altamente cualificados o jóvenes con ganas de nuevos horizontes los que optan por cambiar de aires. Cada día la búsqueda de salidas con las que romper la dinámica del desempleo o la precariedad se convierte en una elección razonable para otras personas que hasta hace poco no contemplaban la emigración como respuesta a sus inquietudes.

Así las cosas, muchos españoles comienzan a advertir en primera persona la desagradable sorpresa de que, contrariamente a la convicción que el estatus arrogado nos confería, no es precisamente fácil que otros Estados, sobre todo fuera de la Unión Europea, permitan la residencia y otorguen la autorización para trabajar siguiendo una lógica similar –a veces igual de descarnada- que la de nuestra propia normativa de extranjería. De forma incipiente, las dudas y consultas sobre los trámites asociados al proceso emigratorio y concernientes a los derechos de los españoles en el extranjero comienzan a cobrar fuerza e interés, porque en otros países algunos descubren la incómoda  sensación de tener que reclamar activamente el derecho a trabajar y vivir fuera de nuestras fronteras.

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2012.

MIRADA TORVA

La aportación más conocida del Estado de Bután a la teoría política y la macroeconomía es el concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB), como indicador y directriz de las políticas públicas desarrolladas en el pequeño reino del Himalaya. El planteamiento se resume, básicamente, en concebir la realización individual de los ciudadanos y el avance colectivo como pueblo no sólo en términos estrictamente materiales y cuantitativos, sujetos a baremos con los que ya estamos comúnmente familiarizados (renta per cápita, producto interior bruto, etc.), sino poniendo mayor énfasis en otros valores de difícil o imposible determinación numérica, pero que son intuitivamente identificables y generalmente compartidos como fuente de satisfacción: la tranquilidad, el bagaje cultural, la armonía con el entorno, el disfrute de un ambiente sano y pacífico, etc. La originalidad de la FNB, que la hace atractiva a nuestros cansados ojos occidentales, es su raíz filosófica, que va más allá de conceptos ya amplios pero quizá insuficientes, como el Índice de Desarrollo Humano, que es el que maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que toma en cuenta parámetros como la salud o la educación. La FNB como causa nacional viene a ser, por otra parte, una versión orientalizada del anhelo ilustrado que en nuestra Constitución de Cádiz se reflejaba en su bienintencionado artículo 13, aquel que decía que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los ciudadanos que la componen”. El reverso de la innovación butanesa, por otra parte, es que la noción de FNB fue acuñada como forma de diferenciarse (¿y justificarse?) en tiempos recientes en los que su sistema político no dejaba de ser el propio de una monarquía absoluta medieval, hoy en afortunado proceso de democratización; y que, por muy amplia que sea la concepción de evolución social que se establezca y por mucho que la descripción de lo que entendemos por progreso pretenda elevarse sobre lo estrictamente material, éste aspecto pesa inevitablemente, sobre todo cuando las estrecheces se convierten en fuertes impedimentos para alcanzar esa deseada dicha.

Me temo que en España será difícil sustituir la carrera por la supervivencia económica en la que estamos metidos por aspiraciones más trascendentales, sobre todo porque ya antes de esta crisis que se nos hace eterna estábamos metidos hasta las cachas en la trampa de un sistema que, a poco que nos dejemos llevar, nos convierte en sujetos unidemensionales, a veces apenas productores y consumidores. Claro que no resulta ajena a nuestra reflexión ninguna disquisición sobre la felicidad y que entre los ciudadanos ordinarios quien más quien menos se ha planteado alguna vez cambiar radicalmente de objetivos vitales, trastocando los inducidos que hasta entonces damos por asumidos. Pero la inercia que nos empuja por el cauce establecido no se vence fácilmente.

El acontecimiento trascendental de nuestro tiempo es que esa corriente más o menos apacible en la que acríticamente flotábamos se ha convertido rápidamente en un torrente de aguas bravas y gélidas. En los últimos años millones de personas, en España y en los países de nuestro entorno, despiertan abruptamente a una realidad en la que predominan la incertidumbre y la precariedad y en la que las ensoñaciones de riqueza material, estabilidad y seguridad se están esfumando en un chasquido de dedos, al tiempo que las limitadas –en todos los sentidos- aspiraciones de las llamadas clases medias se convierten en amargos y monstruosos desengaños. La decepción consiguiente y la sensación de fracaso es enorme, pero de ella aún no ha surgido un cuestionamiento radical del modo en que organizamos nuestra economía, política y sociedad. Por el momento, la consecuencia del desencanto masivo se limita a la extendida y desagradable mezcla de queja improductiva y superficial, la irritación cada vez más desesperada y la mala leche terriblemente contagiosa que predomina en un ambiente cada vez más tormentoso.

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2012.