Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

25.2.12

POCAS ESPERANZAS EN LA REFORMA DE LA JUSTICIA

En los últimos tiempos, cada vez que un Gobierno anuncia su pretensión de acometer profundas reformas en materia de justicia, hay que temer por la accesibilidad de los ciudadanos al proceso y, por consiguiente, a las posibilidades de invocar el derecho a la tutela judicial en plenitud. Si quien da cuenta de sus planes, es, además, un Ministro del PP, habrá que sumar a esa inquietud la certeza de que, en materia penal, las medidas restrictivas vendrán acompañadas de su visión netamente ideológica, en virtud de la cual el endurecimiento de penas sirve por sí solo para encarar problemas sociales. Pese al alborozo de los medios de comunicación conservadores instalados en la trinchera, de la reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados del nuevo Ministro de Justicia para exponer su programa de Legislatura, aparte de posiciones ya conocidas en debates recurrentes (por ejemplo sobre la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial), pocas conclusiones añadidas pueden extraerse.

Más allá de polémicas puntuales –muchas de ellas interesadamente azuzadas- es evidente que el sistema de justicia en España, a ojos de los operadores jurídicos y de los ciudadanos, necesita mejoras sustanciales. Cualquier perspectiva inmovilista, sostenida en la inercia y el conformismo, significará admitir la persistencia de las dificultades endémicas de dilación, sobrecarga e insuficiencia de las respuestas a las necesidades de los interesados, asumiendo situaciones de indefensión práctica. No obstante, la vocación reformista que este Gobierno se atribuye no puede quedar reducida a, profundizando en decisiones precedentes muy discutibles, introducir reformas procesales que dificulten la posibilidad de ejercitar acciones judiciales, ahuyentar a los ciudadanos de la opción de acudir a los órganos judiciales, restringir el acceso a los recursos frente las sentencias desfavorables, ampliar elementos disuasorios como las tasas judiciales o extender criterios de vencimiento en la imposición de costas judiciales en órdenes jurisdiccionales distintos del civil.

La litigiosidad existente, que según las voces autorizadas es difícil de asumir, no tiene su causa en la arquitectura del sistema judicial ni en las leyes procesales; su origen es la propia conflictividad de la sociedad que la genera, máxime en una etapa convulsa en lo económico como ésta. Otra cosa es que los problemas de la justicia para resolver las cuestiones que se le plantean no permitan dar las mejores respuestas. Pero la alternativa no es hacer más estrecha la puerta de entrada al proceso y a los recursos a instancias superiores, o reenviar a otras formas de solución de disputas que no siempre tienen la implantación y la efectividad esperada. Por el contrario, ningún cambio sustancial se producirá hasta que no se formulen compromisos cuantitativos en firme en algunas cuestiones imprescindibles: la dotación de personal suficiente a nuestros Juzgados y Tribunales, evitando que los recortes del gasto público lleven a peores escenarios que el actual; la creación de nuevos Juzgados donde el aumento de población lo haga razonable; la mejora del ratio de jueces por habitante (la mitad que en la media de la UE); impedir los intentos de estrangular o deteriorar la justicia gratuita; mejorar los medios materiales y tecnológicos de las infraestructuras judiciales; favorecer el desarrollo de las –limitadas- competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, etc.

Mientras no se baje al terreno, se continúe en la elucubración teórica o, peor aún, intentando restringir el derecho de los ciudadanos al proceso y a los recursos, seguiremos sin incorporar en España una visión consecuente sobre la justicia como servicio público esencial para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y asegurar la resolución pacífica de las controversias.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de febrero de 2012.

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19.2.12

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.

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12.2.12

MIRADA TORVA

La aportación más conocida del Estado de Bután a la teoría política y la macroeconomía es el concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB), como indicador y directriz de las políticas públicas desarrolladas en el pequeño reino del Himalaya. El planteamiento se resume, básicamente, en concebir la realización individual de los ciudadanos y el avance colectivo como pueblo no sólo en términos estrictamente materiales y cuantitativos, sujetos a baremos con los que ya estamos comúnmente familiarizados (renta per cápita, producto interior bruto, etc.), sino poniendo mayor énfasis en otros valores de difícil o imposible determinación numérica, pero que son intuitivamente identificables y generalmente compartidos como fuente de satisfacción: la tranquilidad, el bagaje cultural, la armonía con el entorno, el disfrute de un ambiente sano y pacífico, etc. La originalidad de la FNB, que la hace atractiva a nuestros cansados ojos occidentales, es su raíz filosófica, que va más allá de conceptos ya amplios pero quizá insuficientes, como el Índice de Desarrollo Humano, que es el que maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que toma en cuenta parámetros como la salud o la educación. La FNB como causa nacional viene a ser, por otra parte, una versión orientalizada del anhelo ilustrado que en nuestra Constitución de Cádiz se reflejaba en su bienintencionado artículo 13, aquel que decía que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los ciudadanos que la componen”. El reverso de la innovación butanesa, por otra parte, es que la noción de FNB fue acuñada como forma de diferenciarse (¿y justificarse?) en tiempos recientes en los que su sistema político no dejaba de ser el propio de una monarquía absoluta medieval, hoy en afortunado proceso de democratización; y que, por muy amplia que sea la concepción de evolución social que se establezca y por mucho que la descripción de lo que entendemos por progreso pretenda elevarse sobre lo estrictamente material, éste aspecto pesa inevitablemente, sobre todo cuando las estrecheces se convierten en fuertes impedimentos para alcanzar esa deseada dicha.

Me temo que en España será difícil sustituir la carrera por la supervivencia económica en la que estamos metidos por aspiraciones más trascendentales, sobre todo porque ya antes de esta crisis que se nos hace eterna estábamos metidos hasta las cachas en la trampa de un sistema que, a poco que nos dejemos llevar, nos convierte en sujetos unidemensionales, a veces apenas productores y consumidores. Claro que no resulta ajena a nuestra reflexión ninguna disquisición sobre la felicidad y que entre los ciudadanos ordinarios quien más quien menos se ha planteado alguna vez cambiar radicalmente de objetivos vitales, trastocando los inducidos que hasta entonces damos por asumidos. Pero la inercia que nos empuja por el cauce establecido no se vence fácilmente.

El acontecimiento trascendental de nuestro tiempo es que esa corriente más o menos apacible en la que acríticamente flotábamos se ha convertido rápidamente en un torrente de aguas bravas y gélidas. En los últimos años millones de personas, en España y en los países de nuestro entorno, despiertan abruptamente a una realidad en la que predominan la incertidumbre y la precariedad y en la que las ensoñaciones de riqueza material, estabilidad y seguridad se están esfumando en un chasquido de dedos, al tiempo que las limitadas –en todos los sentidos- aspiraciones de las llamadas clases medias se convierten en amargos y monstruosos desengaños. La decepción consiguiente y la sensación de fracaso es enorme, pero de ella aún no ha surgido un cuestionamiento radical del modo en que organizamos nuestra economía, política y sociedad. Por el momento, la consecuencia del desencanto masivo se limita a la extendida y desagradable mezcla de queja improductiva y superficial, la irritación cada vez más desesperada y la mala leche terriblemente contagiosa que predomina en un ambiente cada vez más tormentoso.

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2012.

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5.2.12

ENERO DE RELEVOS

Con el nombramiento de Gabino de Lorenzo como Delegado del Gobierno en Asturias el PP le ha hecho y se ha hecho un favor. Por un lado, desatascan la situación en el Ayuntamiento de Oviedo, en el que el prolongado mandato del antiguo Alcalde llevaba tiempo en proceso degenerativo, provocando un importante deterioro de la vida pública local y de la propia gestión municipal, sin más Norte que una supervivencia política en serio riesgo. Por otro lado, el personal estilo que sigue el nuevo representante del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma no será un obstáculo significativo en este caso, porque no tendrá -afortunadamente- una especial incidencia en el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en Asturias; muchos de ellos pueden operar con el piloto automático y bajo la dependencia de los respectivos Ministerios, sin que molesten demasiado las ocurrencias de turno, sufriendo sólo a la banda de gaitas que acompañe a los actos de propaganda. Así que el Delegado sufrirá un inevitable shock al descubrir que del pequeño imperio del Consistorio ha pasado a bucear en la burocracia de la Administración periférica del Estado. Otra cosa es que el papel de comisario político, que con escaso disimulo se atribuye al Delegado del Gobierno, lo vaya a ejercer con toda soltura; por cierto, habrá que preguntarse si es ésta la finalidad para la que debe servir esta figura.

El relevo al frente del Ayuntamiento de Oviedo, por otra parte, da una nueva oportunidad al PP local, que pasaba por horas bajas. Por lo visto en estos primeros días, el nuevo Alcalde sabe a la perfección que tiene que ganarse a pulso la confianza de la ciudadanía, precisamente en un momento en el que, por las dificultades del contexto económico y por los problemas largo tiempo aparcados en las consistoriales, encontrará especiales aprietos para ofrecer logros sustanciales que coincidan con aquellas expectativas a las que han pretendido acostumbrar a su electorado. Además, estando lejos las próximas elecciones municipales y viviendo las otras fuerzas políticas un proceso de cambio que puede deparar aires nuevos y renovados, hay margen y posibilidades para la construcción de proyectos alternativos capaces de conectar con las aspiraciones de una ciudad que sabe agotado el modelo de los últimos años.

Por eso y para marcar saludables distancias con su predecesor, Agustín Iglesias Caunedo, hasta hace poco presto a la confrontación más agria y acostumbrado al insulto barriobajero, pretende reinventarse de la noche a la mañana y demostrar un estilo de gobierno que aspira a ser diferente del efluvio autoritario de la etapa anterior. A primera vista, al menos a ojos de los que conocemos el discurrir de la política local, es poco creíble la imagen de boy scout que nos quiere vender. Pero es de justicia reconocerle audacia en el cambio de registro y son bienvenidos algunos gestos de estos primeros compases de su Alcaldía, que apuntan a un proceder más dinámico, abierto a la participación, el diálogo y el trabajo colectivo. Veremos si el tiempo y los hechos confirman esta apariencia, porque no son pocos los escépticos que creen que, más temprano que tarde, esta etapa se convertirá en un refrito del gabinismo, eso sí, con iPad.

Publicado en Oviedo Diario, 4 de febrero de 2012.

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