RITUAL DAÑINO
Vaya
por delante mi comprensión hacia las protestas de los trabajadores de laminería del carbón ante la tremenda incertidumbre que se cierne sobre la
continuidad de las explotaciones. No sobra recordar que lo esencial en sus
reivindicaciones no es otra cosa que reclamar el cumplimiento de los
compromisos asumidos en el Plan 2006-2012, tanto en inversiones de reactivación
en las comarcas mineras como, sobre todo, en ayudas al sostenimiento del
sector. Estamos acostumbrándonos rápidamente a la quiebra de los acuerdos
alcanzados y, aunque es inevitable que la crisis obligue a revisar muchas
cosas, nadie debería hacerse el ofendido si los perjudicados por ese
replanteamiento repentino hacen oír su voz, especialmente si las medidas avocan
a la práctica desaparición de un sector que continúa siendo muy relevante para
diferentes regiones, entre ellas Asturias.
Otra cosa será el debate,
perfectamente legítimo, sobre lo que decidir en las previsiones inmediatas para
el futuro, analizando si se quiere otorgar o no un papel complementario al
carbón nacional y las consecuencias que la liquidación del sector comportaría
en la producción energética y en las comarcas mineras. Pero este debate
difícilmente se podrá abordar con la calma necesaria si entre tanto hay una
disputa de primer orden sobre la mesa por el incumplimiento del Plan vigente.
Lo que merece de forma apremiante
una reflexión de calado es el discurrir del conflicto actual en la forma de
conducir los actos de presión. En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a
la periódica reproducción de una estrategia de movilizaciones que generaban un
grado máximo de tensión y acababan deparando una solución de compromiso que,
ciertamente, ha reportado ventajas innegables a las comarcas mineras y ha prolongado,
asistida por las subvenciones públicas, la vida de un sector sometido a una
reestructuración intensa pero progresiva. Ahora, sin embargo, las cosas han
cambiado sustancialmente porque es tal la vorágine de acontecimientos que
diariamente sacude la vida económica y pone en guardia a los ciudadanos, que
por duras y llamativas que sean las protestas mineras no alcanzan a generar la
atención propia de los –por así llamarlos- tiempos de paz. Tengo la amarga
sensación de que en esta ocasión, entre las primas de riesgo, los rescates
bancarios, el colapso de otros sectores productivos, las interminables listas
del paro y, en lo que nos concierne, la menor relevancia de las regiones
mineras en el panorama estatal, las movilizaciones del sector de la minería no
llamarán la atención con la proyección de otras ocasiones. En particular, el
Gobierno del PP parece que asume el desgaste que esta situación provoque y los
que padecemos las distorsiones de los cortes de carretera o comunicaciones
parece que nos hemos resignado a convivir con este tipo de contratiempos, que
casi forman parte del paisaje social de Asturias. Sin embargo, no conviene quitar ni un ápice de importancia
al efecto que algunas medidas de presión tienen en el funcionamiento diario de
una tierra que poco más va a conseguir invocando la épica de las luchas del
sector minero; referencia histórica que, por cierto, procede tomar con cautela
porque –afortunadamente- poco tiene que ver esta pugna de hoy con las
reivindicaciones emblemáticas del pasado.
Habrá
que preguntarse entonces si estamos dispuestos a que las repercusiones de una
protesta llevada a una carrera de fondo y galopando en una espiral de tensión acaben
creando un desgaste focalizado en Asturias, sin incidencia real donde las
decisiones sobre esta materia se toman y causando un perjuicio mayor, quizás
irreparable, que el bien que se pretende conseguir.
Publicado en Oviedo Diario, 16 de junio de 2012.
Etiquetas: Asturias, crisis, fondos mineros, Gobierno de España, huelga, minería, PP, reconversión