Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

27.4.14

Y EN OVIEDO TAMBIÉN


Vaya nivelazo el de Foro Asturias, que ha emprendido una cruzada contra la trama que, según acusan, ha urdido el Alcalde para acabar con la Concejala Belén Arganza tras el conocido incidente de estos días. Me parece perfecto que Foro pida explicaciones sobre la actuación de la Policía Local y las presuntas filtraciones del desagradable episodio en el que la Sra. Arganza se ha visto envuelta; en su derecho a obtenerlas están. Pero elevarlo a la altura del Watergate es como poco chocante y la versión conspiranoica de las cosas –que cada vez se extiende a más materias, desde las más serias a las casi triviales- tiene poco de verosímil y bastante de desvergüenza.
No creo que la Sra. Arganza ni el propio Grupo Municipal de Foro (o lo que queda de él) sean tan peligrosos para las aspiraciones del PP de conservar la Alcaldía; no hay más que ver el decepcionante estilo de oposición que han desplegado en este mandato, entre desorientado y crispado, y desde luego con un mensaje imposible de identificar por una ciudadanía sorprendida. Pero a cuenta del espectáculo, la verdad es que aquellos a los que nos interesa la vida política municipal no salimos de nuestro asombro, por la mezcla de ridículo, estridencia y agresividad que jalona la defensa política de la Sra. Arganza: cutrez en estado puro.
Si la parte cómica tiene poca gracia, la trágica resultante directamente indignante. Convertir en víctima a quien, según las declaraciones del injuriado, tiene el gatillo fácil para el insulto racista y el abuso de poder, es bastante impresentable. La desinhibición que provoca ir con dos copas de más y hacer alguna tontería puede ser un atenuante y serán pocos los que estén libres de haber caído en alguna mezquindad de ese tipo. Pero, al menos a posteriori, una excusa pública (no digo ya la dimisión) es lo mínimo que se puede pedir, para, por lo menos, no provocar que los representados nos sintamos avergonzados de comportamientos de representantes públicos que, además de meter la pata, parecen derrochar absurda arrogancia por ello.
Por cierto, llamar “sudaca” como parece que hizo la Concejala, está demodé; no olvidemos que los que emigramos somos ahora los trabajadores españoles, muchos de ellos a Sudamérica, continente en franco progreso social, político, económico y cultural mientras Europa languidece. Por cierto que, replicando la odiosa y estúpida superioridad de quien se alegra de la dificultad ajena, o la desconfianza hacia el recién llegado, los equivalentes a la Sra. Arganza al otro lado del charco comienzan a popularizar el calificativo de “euracas”. Espero que la epidemia no cunda.
Y, que una concejala de la oposición amenace con la deportación a un extranjero, además de una soberana tontería para quienes algo sabemos de Derecho de Extranjería y una exhibición de maldad a ojos de cualquiera, es brutalmente grotesco; tanto que, salvo públicas excusas o desmentido, le inhabilita políticamente. Por suerte, si el sufrido vecino estaba un poco informado, poco le habrá importado escuchar a la Sra. Arganza, como en el chiste de Chiquito de la Calzada, decir aquello de “usted se calla que usted no sabe quién soy yo”. Parafraseando a Chiquito -que debería teorizar sobre este affaire- ¿no sabe la Sra. Arganza que un concejal de Cuenca es un mojón?

Publicado en Asturias Diario, 5 de abril de 2014.

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EL RESCATE DE SEDES


Ahora toca hacer astillas del árbol caído y hacer recuento de las decisiones erradas que han llevado a la constructora y promotora de capital público SEDES, bajo el dominio efectivo del Principado de Asturias, a su difícil situación actual. Es cierto que desde la empresa pública no se han ayudado mucho a sí mismos en los últimos tiempos; basta recordar su empecinamiento –frustrado por una acertada decisión judicial- en cepillarse por vía de medida cautelar el Centro Social “La Madreña”, como si tuviesen comprador inmediato para la parcela o planes realizables a corto plazo, más allá del abandono del edificio que resultaría del desalojo que persiguen (y que, ojo, a la larga conseguirán, si no hay decisiones políticas que condicionen a SEDES). Y, evidentemente, la sociedad asturiana, que es en último término la principal accionista de SEDES a través de la Administración del Principado de Asturias y de la Sociedad Regional de Promoción, tiene perfecto derecho a saber en toda su extensión por qué la empresa tiene su viabilidad futura tan fuertemente comprometida. Pero, frustrado el primer intento de venta de los títulos de la Sociedad, con la empresa de ERE en ERE y en riesgo severo de irse al traste, habrá que pensar no sólo en cargar las tintas sobre los antecedentes del problema o en cómo deshacerse de él, cosa que igual ni siquiera resulta posible.
La Ley del Principado de Asturias 1/2013, de Medidas de Reestructuración del Sector Público, contempla la venta de las acciones de SEDES, por vía de autorización al Consejo de Gobierno para que proceda, de modo que la suerte está, a priori, echada. Está claro que ha pesado en el legislador asturiano la política de reducción de entidades bajo su control –en este caso esta empresa pública-, aunque en nuestra Comunidad resulte más atemperada esta vocación liquidatoria (igual que más moderada, por mucho que diga, fue su crecimiento en el pasado). Y que a esto se sumaron las críticas sobre la desviación del objeto y fines sociales de SEDES, la competencia con el resto de promotoras y constructoras de capital privado y las achacadas discordancias con los estándares de contratación y funcionamiento exigibles a una entidad del sector público.
            Ahora bien, ¿qué sucederá si no se encuentra comprador para SEDES, incluso aunque se reduzca nuevamente su personal o se le ayude institucionalmente a refinanciar su deuda? Llegados a un punto cercano al bloqueo, con el clima laboral en la empresa de mal en peor y visto el escaso interés que, al menos hasta ahora, SEDES despierta para potenciales adquirentes, quizá haya que repensar lo decidido. Posiblemente sirva de algo recordar que SEDES fue un instrumento útil en el mercado de vivienda de protección, en la obra civil o en la construcción de equipamientos sociales, educativos, medioambientales y culturales; que, con los controles necesarios y la orientación adecuada, no tiene por qué ser objeto de abuso o estar sometida a decisiones ajenas a su interés social; y que, lo más importante, seguiremos necesitando en el futuro empresas públicas que permitan intervenir en la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, en beneficio de todos si actúan conforme a lo que debe esperarse del sector público y si con su participación se consigue eficiencia y ahorro en costes. Desde luego, prefiero cien veces que el saneamiento y reestructuración de SEDES al que, probablemente, se vea abocada la Administración del Principado de Asturias, se haga para mantener a la empresa bajo el control público y para fines de interés general que para endosarle los restos, ya aligerada la carga, a quien se le acabe convenciendo para que haga una puja.

Publicado en Asturias24, 1 de abril de 2014.

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20.4.14

UNA MEDIDA VALIENTE Y COMPROMETIDA

            El debate sobre la introducción de cuotas que asegure una representación de las mujeres, primero suficiente, luego equilibrada y, en la actualidad paritaria, en las listas electorales se corresponde con dos circunstancias elementales que vienen de lejos: la primera y obvia, la aspiración de remover los impedimentos para la participación efectiva de las mujeres en la vida pública; la segunda, y menos comentada, el hecho de que las estructuras de los partidos políticos monopolicen la confección de las listas electorales (cerradas y bloqueadas, aunque esto encuentre cada vez más fuerte contestación) y por lo tanto predeterminen la composición de la representación democrática de la ciudadanía, sin que asegurar la presencia de mujeres en los escaños y concejalías sea una prioridad para todas las fuerzas concurrentes. Los dos aspectos son sensibles, porque subsisten con fuerza impedimentos de hecho –contextos, actitudes, estructuras, limitaciones socioeconómicas, etc.- a la asunción de responsabilidades representativas por las mujeres; y porque los partidos políticos no escapan a las inercias sociales, una de las cuáles es minusvalorar la discriminación subrepticia que aún juega en contra de las mujeres.
Hasta el momento, el criterio imperativo había quedado establecido, no sin polémica ni críticas, en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que, admitiendo algunas excepciones, requiere la composición equilibrada de listas electorales de forma que en el conjunto de la lista las personas que la integran de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento, manteniendo esa proporción mínima en cada tramo de cinco puestos. Ahora es un principio comúnmente admitido -salvo para los recalcitrantes- pero conviene recordar que fue singularmente el PSOE quien predicó con el ejemplo estableciéndolo previamente como norma interna en la confección de sus listas y quien puso su empeño en elevarlo a requisito legal.

Dar el paso siguiente y garantizar la paridad a través de listas cremallera, como plantean para lo sucesivo los órganos internos del PSOE, tiene sentido en cuanto proyecta una vocación igualitaria terminante, con pretensión de asegurar plena representatividad y superar cualquier clase de discriminación indirecta y latente, como las que a diario se manifiestan, a veces de forma mucho más abierta, en otros aspectos de la vida cotidiana distintos del de la participación política. La decisión libre y legítima del PSOE tendrá, a buen seguro, un efecto positivo en el sustancial cambio de paradigma que representa el avance hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Publicado en Asturias Diario, 29 de marzo de 2014.

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PRENSA, TENDENCIOSIDAD Y LÍNEA EDITORIAL


            En esta época de pérdida de referencias que nos ha tocado vivir y en la que confluyen a la vez varias crisis, la que aqueja a los diarios impresos comienza a ser particularmente inquietante. La fuerte disminución de ventas de los periódicos clásicos, en beneficio de formas de acceder a la información mucho más diversas y abiertas de la mano de las nuevas tecnologías, es uno de los aspectos más conocidos. El aumento de la oferta de información y opinión en la red, a priori una excelente noticia, deja un tanto descolocados a los medios que desean adaptarse a los nuevos formatos manteniendo igualmente los tradicionales, porque cuadrar los números viene haciéndose complicado y el soporte en papel y la estructura de delegaciones y corresponsalías consume muchísimos más recursos que el digital, con más base en enlaces, agencias, profesionales free lance y en la participación del propio usuario. Hay quien asegura que es cuestión de tiempo que, tristemente, el diario impreso languidezca y se extinga, dejando en la selva de internet en niveles similares a la cabecera profesional, histórica y acreditada y a la fuente informativa menos fiable y amateur pero aparente y rompedora. La alternativa pasa, al decir de quienes luchan por la pervivencia de la prensa escrita, por mejorar contenidos, aportar un grado superior de reflexión y detalle, buscando un público que persigue la calidad informativa, aprecia el trabajo periodístico genuino y está dispuesto a pagar por él.
            El problema es que, cuando más se necesita, para alcanzar dicha supervivencia, credibilidad y honradez intelectual, vencen las prisas de salvar la situación pretendiendo contener la hemorragia, acudiendo al efectismo o directamente al amarillismo más evidente. O peor aún, juegan con más fuerza sus bazas los intereses económicos y partidarios que pretenden influir constantemente sobre la independencia de los medios de comunicación, heridos en su integridad por su creciente debilidad económica. El resultado es la deriva a la fidelización de un sector social e ideológico predeterminado, con el que se retroalimenta, y que espera el titular para hacerlo consigna (o viceversa); o la conversión del medio en caja de resonancia de una opción concreta del espectro político, generalmente la que cuenta con más instrumentos de poder a su favor para atraérselo. En los últimos años hemos visto este deterioro de una forma rápida y en algunos casos desvergonzada, acompañada por una parte del público lector que no parece dispuesto a admitir otra cosa diferente –en términos de bandería ideológica- de aquello que espera. En la refriega en la que la prensa escrita anda metida para agarrarse a la tabla de salvación, el descrédito de unos arrastra a otros, provocando una equiparación en la percepción que de ellos tiene el gran público, aunque por fortuna siguen existiendo honrosísimas excepciones de dignidad profesional, sobre todo cuando de periodistas de referencia individuales se trata.
            Un medio puede, legítimamente, tener línea editorial y, en consecuencia, en la selección y enfoque de la información -donde el periodista y el propio medio se juegan su prestigio- aportar el carácter propio que le define. Incluso, si sus valores fundaciones se lo reclaman, mostrarse combativo o militante, en favor de una causa que considere que lo merece. Precisamente el compromiso de determinados medios de la prensa escrita –y la radio- con valores de libertad, igualdad y justicia social ha ayudado mucho en el progreso colectivo en épocas pasadas. El problema es que, en estos tiempos de dificultad y frentismos, no todos los medios ni todos los que sirven en ellos (muchas veces por su situación de precariedad profesional), comprenden en su extensión la diferencia entre la orientación informativa y la tendenciosidad, y entre formar opinión y adoctrinar. En la prensa escrita, lamentablemente, se está llevando este deterioro a grados cada día más difíciles de tragar, porque de la línea se ha pasado al sesgo, de éste a la parcialidad y por último a la manipulación más brutal en los peores casos.
            Necesitamos, por salud democrática, de la prensa escrita e impresa; y que ésta sea diversa y sólida, como conciencia crítica e invitación al descubrimiento de temas y nuevas miradas. Como literatura efímera que es, también es imprescindible; y como fuente de pensamiento y reflexión. Sólo reparando en el sentido último de su existencia conseguirá perdurar.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2014.

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19.4.14

TÍTERES CON CABEZA



            A pocos puede sorprender la orientación general del informe que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ha presentado el 13 de marzo al Gobierno, que pidió su opinión y les designó para tal cometido. No es problema de la independencia de criterio ni de la reputada capacidad profesional de sus integrantes, sino de concepto, planteamiento y sentido de esta clase de informes de entendidos ad hoc, pensados no tanto para enriquecer el debate público e incorporar perspectivas diferentes como para allanar el terreno al Gobierno en la ejecución de su programa.
Evidentemente, no se ha querido contar con otras voces, igualmente autorizadas, que ponen el énfasis en elementos más trascendentes que en reparos técnicos, ineficiencias del sistema fiscal y aspectos que, analizado el tema en conjunto, son secundarios, que es lo que parece que ha hecho la Comisión, limitada por el mandato conferido. Lo que se quería por el Gobierno, por lo tanto, se ha conseguido, formulando variaciones sobre el mismo tema; lo que, con matices, significa profundizar en la dirección ya conocida: aumentar la relevancia de la imposición indirecta en detrimento de la directa, analizar el sistema tributario pensando más en la capacidad de recaudación y su incidencia en las decisiones de los actores económicos que en los efectos redistributivos, reducir su progresividad y recentralizar las decisiones fiscales en detrimento de la capacidad tributaria de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
No interesa, en el debate sobre los ingresos públicos, entrar a fondo en las cuestiones que más desconfianza provocan en el contribuyente estándar, que generan una aversión creciente a la propia conciencia fiscal de la ciudadanía, y que paradójicamente, en lugar de un replanteamiento que venga desde enfoques progresistas dejan el campo abonado para propuestas rupturistas -al estilo Tea Party- contrarias por principio a lo público y por extensión a la solidaridad fiscal. Con la reforma que se avecina, está claro que el peso del sistema continuarán soportándolo las rentas del trabajo, los asalariados, los consumidores y, si los resultados empresariales mejoran algo, las PYMES que hayan sobrevivido a la sangría de estos años en el tejido productivo español. Es verdad que se sugiere un cierto reequilibrio en el Impuesto de Sociedades –que es mucho menos importante en términos recaudatorios que el IVA o el IRPF-, proponiendo una moderada rebaja y unificación de tipos a cambio de la desaparición de múltiples beneficios fiscales. Pero la capacidad de las grandes compañías para planificar su política corporativa y fiscal les continuará dando una posición enormemente ventajosa sobre las PYMES. A esta continuidad de las características del sistema percibidas como netamente injustas se suman algunas provocaciones ciertamente dolorosas para el común de los mortales, como suprimir con carácter retroactivo la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, disminuir las entregas de bienes y servicios que tributan al 10% en el IVA para que pasen a hacerlo al tipo general del 21%, extender la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente, etc.
Tampoco interesa, y ni siquiera parecen estar sobre la mesa, algunos de los problemas más determinantes en materia de política tributaria. La multitud de actividades económicas que se mueven ajenas al cumplimiento de obligaciones fiscales va mucho más allá de la economía sumergida “tradicional” -lamentablemente con cierto grado de tolerancia social, más en tiempos de crisis- para alcanzar dimensiones mucho más relevantes cuando se trata de transacciones financieras especulativas y operaciones a escala transnacional. A esto se suma la pervivencia, aparentemente irreductible, de paraísos fiscales abonados a alimentar el deterioro de terceros países atrayendo ahorro, operaciones y tributación de empresas y particulares que se puedan permitir acceder a esa esfera. Años de crisis, de invocaciones a la refundación del capitalismo, al multilateralismo y a la integración económica global han servido, de momento, de poco en esta materia, perjudicando en última instancia a quienes acaban contribuyendo a escala micro con sensación perenne de engaño.

Los títeres con cabeza que, según el Presidente de la Comisión de Expertos, no habían quedado tras la revisión del sistema tributario emprendido, no han sido desde luego, convenientemente seleccionados. Y lo esencial de las pretensiones gubernamentales, ahora con el escudo del informe, sigue quedando claro. Con la tramoya repetida de acudir a la opinión precocinada de los expertos, éstos ya pueden intuir –espero que a su pesar- a quienes utilizan como títeres en esta historia.

Publicado en Asturias24, 18 de marzo de 2014.

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18.4.14

ABORTO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LEY DE 1985


Una controversia como la de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo siempre quedará abierta, cualquiera que sea la solución que el poder legislativo adopte, porque intervienen creencias y posiciones morales irreductibles ante las que no cabe conciliación posible. Si para una parte de la sociedad -no mayoritaria pero con movimientos representativos bastante activos- desde la misma fecundación todo debe supeditarse al destino trascendente encaminado al alumbramiento y todo lo que pueda truncar ese proceso es repudiable e incluso criminal, es imposible que ningún acuerdo pueda alcanzarse.
El debate que introduce el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” lanzado por el Ministro de Justicia no es, por lo tanto, nuevo. Lo inédito es que el Gobierno haya acogido postulados minoritarios en una cuestión donde la dinámica social ya ha permitido asumir, de forma bastante extendida, que la decisión individual y libre de la mujer embarazada merece respeto. La arriesgada apuesta del PP permite percibir que con su mayoría absoluta las regresiones no sólo se producen en los derechos sociales y económicos, campo en el que la pleitesía al poder del dinero, fundamento principal de su praxis política, marca el rumbo. Los retrocesos se extienden a aspectos de carácter moral que parecían superados con creces y que proceden del origen más profundamente retrógrado de la derecha española.
Por supuesto que es legítimo que el PP quiera plantear su propia reforma, aunque debería haberlo explicitado con toda claridad en su oferta electoral a la ciudadanía y no rehuir la disputa cuando otras fuerzas políticas quieren tratar el tema. Y, sobre todo debería evitar argumentos a medio camino entre la falacia y el oportunismo. En particular me resulta singularmente embustera su apelación al supuesto consenso de la regulación de 1985, es decir la Ley de Reforma del Código Penal que permitió la despenalización del aborto. Conviene recordar que Alianza Popular se opuso ferozmente a aquella modificación, alineándose con los movimientos sociales autodenominados “provida”, radicalmente contrarios incluso a la normativa de supuestos. Además, la regulación de 1985 tuvo su origen en un entorno y periodo singular, en otro estadio del desarrollo social diferente al actual, y es poco presentable agarrarse –y ni siquiera en todo su contenido- a la Ley que en su momento se despreció, pretendiendo fosilizarla.
A ese reclamado consenso de 1985 se une el cínico abuso de la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), recogida en su Sentencia 53/1985 sobre el entonces Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, dictada resolviendo un recurso previo de inconstitucionalidad, medio de control de la constitucionalidad entonces aplicable a los proyectos de leyes orgánicas. Tal invocación es particularmente grave viniendo del Ministro de Justicia, impulsor de la reforma propuesta, porque revela una grave distorsión en su concepción sobre la atribución de funciones a cada órgano constitucional. El TC no dogmatiza en abstracto, sino que se pronuncia sobre aquello que se somete a su escrutinio; y ni predetermina ni puede condicionar cuál debe ser la legislación futura (de la que sólo está legitimado, en su caso, para revisar su constitucionalidad). De hecho, por eso se suprimió la figura el recurso previo, para evitar cualquier interferencia en el proceso legislativo mientras éste se encuentre en curso, evitando que el TC se convierta en tercera Cámara legislativa (riesgo del que advirtieron los magistrados Rubio Llorente y Tomás y Valiente en votos particulares a aquella Sentencia). Y la doctrina del TC tampoco puede descontextualizarse de su tiempo y de los motivos concretos del recurso que tuvo que dirimir. Además, presumir que los pronunciamientos del TC quedan grabados en piedra y serán inmutables, sea el que sea el momento en que se citan –pocas cosas son iguales que en 1985- contradice la razón jurídica elemental; impide cualquier labor de interpretación evolutiva, que es consustancial a la función jurisdiccional; y significa adulterar su papel de intérprete constitucional, convirtiéndola en sagrada exégesis a la que se niega cualquier posible modulación y no en análisis racional de la constitucionalidad de cada norma en su momento histórico, su contexto y en el conjunto del ordenamiento jurídico en el que se integra.
Por eso el Gobierno debe dejarse de subterfugios, engaños y defensas vergonzantes. Si estableciendo una prohibición del aborto voluntario admitiendo sólo excepciones muy restrictivas, cree el Gobierno que es admisible obligar a una mujer encinta a llevar a término su embarazo contra su voluntad, que no se ampare en la Ley de 1985 ni en el TC. Basta con que lo diga abiertamente para que la ciudadanía sepa a las claras de qué trata la esencia de su propuesta.

Publicado en Asturias24, 4 de marzo de 2014.

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17.4.14

REFORMA IDEOLÓGICA Y EQUIVOCADA


Todavía muchos ayuntamientos no saben muy bien por dónde comenzar a aplicar el mandato que comporta la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reduce significativamente sus competencias y limita su capacidad de actuación sobre la realidad del municipio. En similar situación se encuentran comunidades autónomas y diputaciones provinciales, que reciben en aluvión facultades y obligaciones nuevas, en una recentralización al escalón superior (por mucho que las provincias sean entidades locales) inédita en nuestra trayectoria democrática.
En materia competencial, la reforma se construye sobre tres planteamientos esencialmente erróneos. Primero entiende que las competencias ejecutivas en políticas sociales, de igualdad, de promoción económica, culturales, educativas y de fomento de la salud pública, entre otras conexas, se pueden atribuir exclusivamente a una Administración, obviando cualquier concepción transversal, privando a los municipios por regla general de habilitación para actuar en estos ámbitos. En segundo lugar, fía a una imprecisa y voluntariosa delegación por las comunidades autónomas, teóricamente acompañada de dotación financiera suficiente, el mantenimiento de aquellas competencias que hasta ahora se prestaban y que en adelante se consideran categóricamente como impropias; y reserva a la capacidad de coordinación de comunidades uniprovinciales y diputaciones la prestación de servicios esenciales en los municipios inferiores a 20.000 habitantes, alejando el centro de decisión y mermando las facultades de los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, desconfía de la innovación política característica de la actividad municipal y de la propia autonomía local, impidiendo que los ayuntamientos puedan salirse de un guión de actuación de contenido prestacional muy restringido y sujeto –de forma dudosamente constitucional- a los condicionantes adicionales que las leyes sectoriales establezcan en cada materia. Todo ello bajo la inspiración principal del principio de estabilidad presupuestaria, sin matices ni contemplaciones, sin haberse detenido a analizar si -salvando algunos casos sangrantes- han sido o no los ayuntamientos el foco del desequilibrio, cuando precisamente su déficit se ha contenido mucho más rápido y su disciplina presupuestaria ha sido por lo general superior a la del Estado y las comunidades en esta época de turbulencias.
Si para la mayoría parlamentaria que ha sacado adelante la reforma el problema residía en la inseguridad jurídica del reparto competencial inacabado propio de nuestro sistema, su opción ha quedado clara. Contra el discurso municipalista teóricamente extendido y el supuesto deseo de acercar la Administración y el poder a la ciudadanía, se opta precisamente por lo contrario, pretendiendo deslindar competencias en detrimento de los municipios, desandando parte del camino recorrido desde la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, hasta esta verdadera contrarreforma.
A su vez, si el problema era la falta de recursos suficientes para políticas locales ambiciosas, la alternativa no ha sido reformar de una vez por todas las haciendas locales para dotar de más capacidad fiscal y más participación en los tributos estatales y asegurar la ansiada participación en los de carácter autonómico. La solución escogida ha sido igualar por lo bajo (cortar por lo sano, dirá el Gobierno) y reducir las expectativas competenciales del poder municipal, en coherencia con el inmovilismo en materia de financiación local, perpetuamente insuficiente.
Algunas reformas legislativas no tienen un efecto inmediato en la vida de las personas, pero, cual marejada que horada las rocas hasta desmoronar peñas enteras, en el caso que nos ocupa carcome todo un sistema de políticas públicas.

Publicado en El Comercio, 2 de marzo de 2014.

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7.4.14

TRACA FINAL EN LA OPERACIÓN DE LOS PALACIOS

¿Servirá de algo la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Oviedo para revisar la llamada “Operación de los Palacios”? Seguramente aportará algo de pimienta a la vida política municipal, poblará de declaraciones acusatorias las páginas de la sección local durante los próximos meses y, sobre todo, pondrá a prueba este particular mecanismo de control hasta ahora inédito en la historia local. Me parece legítimo y positivo que se ponga en marcha esta comisión, sin duda muestra de la singularidad de este mandato en el que la pérdida de la mayoría absoluta del PP ha ayudado bastante a regenerar la actividad institucional, aunque siga lejos del estándar de transparencia y participación que sería deseable. Y además hay materia suficiente que analizar, si se trata de desentrañar la deriva y los errores políticos e institucionales que motivaron que el interés público quedase reiteradamente subordinado a las ambiciones y la megalomanía de los protagonistas: el Alcalde-Ingeniero -decíase-, el Arquitecto estrella hoy caído en desgracia, los empresarios con poca mesura y otros actores secundarios. 
No obstante soy tremendamente escéptico porque partimos de varios condicionantes, me temo que determinantes. Por un lado, la tradición española en materia de comisiones de investigación no es precisamente edificante, reduciéndose a crear un escenario de mayor atención sobre un tema polémico en el que básicamente se reproducen los planteamientos ya conocidos, obteniendo apenas algunos datos o perspectivas adicionales de los comparecientes; muy lejos, en definitiva, del espíritu constructivo, de búsqueda de conclusiones útiles y de identificación de los fallos cometidos que debería presidir esta clase de iniciativas. Incesablemente se confunde, además, el trabajo de una comisión de esta naturaleza con una suerte de tribunal popular, con acusación y defensa y sobrerrepresentación gestual y retórica; a veces con excesos verdaderamente penosos, como llamar a sede parlamentaria (lo vimos en las comisiones del Niemeyer y del Caso Marea en la Junta General) a empleados sin responsabilidades significativas o hacer pasar por un remedo de pena de banquillo al adversario político. De ahí la lamentable pérdida de formas y de respeto de algunos comparecientes que encuentra el terreno abonado por el exceso de oportunismo ajeno. 
Por otro lado, en el caso que nos ocupa la comisión llega cuando lo que queda de la “Operación de los Palacios” es, como quien dice, las sobras de la fiesta, cuyo pastel se le ha atragantado a los patrocinadores de la genialidad. No diré los escombros porque el edificio de Buenavista de momento sigue entero, aunque envejecido prematuramente (¡y sucio!), con su terrible falta de funcionalidad a flor de piel. Pero era otro el momento de cuestionar a fondo el tipo de contratación administrativa y sus cambios, el urbanismo a la carta, los apoyos públicos irreflexivamente otorgados, la idoneidad del diseño, la propia necesidad de los equipamientos, la protección del patrimonio público y, sobre todo, el destino de dos parcelas públicas que eran importantísimas para el futuro de la ciudad y que en buena medida se han malogrado. Ahora es aparentemente fácil hacer astillas del árbol caído cuando el grado de responsabilidad nos alcanza a todos o casi todos –ciudadanía incluida-, por acción, por omisión y quizá por reparo a criticar abiertamente cuando el aplauso era casi unánime. 
El triste destino de esta aventura es el de un Palacio de Congresos pretencioso, infrautilizado y con visera inmóvil; un centro comercial medio vacío; unos pisos de lujo sin comprador ni remate; una empresa promotora en liquidación cuyos impulsores maldecirán el día que aspiraron a la grandeza urbanística; unos poderes públicos que posibilitaron o toleraron el descalabro. Y, como función final, una comisión de investigación municipal. Ojalá sirva para hacer examen de conciencia y autocrítica colectiva: mucho pido.

Publicado en Asturias Diario, 1 de marzo de 2014.

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