GOBIERNO TÓXICO

A veces, a lo único que se puede aspirar, cuando de las expectativas de la acción de un gobierno se trata, es a que sus responsables no causen más problemas de los ya existentes y a que, en la medida de lo posible, le dejen a uno tranquilo. No obstante, estoy a años luz de la opinión, tan en boga entre los conservadores norteamericanos (todos ellos malos imitadores de Reagan), de que lo mejor que se puede esperar de un gobierno es poco menos que su práctica desaparición salvo para salvaguardar el orden imperante. Al contrario, creo que es importante que los poderes públicos tengan, dentro de los límites necesarios, capacidad suficiente para incidir sobre la realidad y, en particular, garantizar ciertos bienes comunes, evitando que prevalezca siempre la posición del más fuerte. Aquello, en definitiva, de la “ley preciosa puesta en bien nuestro”, la quieran tragar o no los poderosos.

Ocurre, sin embargo, que las veces en que un gobierno se pone del lado del interés particular en detrimento del de la mayoría social son más frecuentes de lo deseado. Y que, en otras, los encargados de dirigir la política de una Administración y de situarse en la cúspide de su organización son capaces de demostrar un grado tal de insolvencia que por momentos hasta el más confiado en las instituciones busca cueva de ermitaño en la que refugiarse, no vaya a ser que le toque ser sujeto paciente, aunque sea de refilón, de la acción gubernamental.

Este lamento vale, sobre todo, para los que en estos meses se han visto afectados de una u otra forma por el récord de despropósitos que en breve tiempo ha rebasado el Gobierno del Principado de Asturias bajo la presidencia del que venía a salvarnos no se sabe muy bien de quién. Hay casos especialmente sangrantes, entre los que destacan los trabajadores de la RTPAy las empresas que prestaban servicios al Ente Público de Comunicación, los concurrentes a lasayudas públicas a la vivienda o los que esperaban ser beneficiarios de las subvenciones al inicio de la actividad empresarial como autónomos; tres casos especialmente singulares porque revelan fácilmente el tipo de daños colaterales que deja tras de sí el experimento FAC, en aspectos en los que hasta hace poco éramos una Comunidad con iniciativas públicas de prestigio, como los sectores económicos emergentes, las políticas sociales o el apoyo a los emprendedores. Pero hay otros muchos damnificados, empezando por todas las entidades y empresas que se las han visto y deseado para trabajar con normalidad con la Administración; el propio personal al servicio del Principado de Asturias, sometido al cedazo sectario de estos gobernantes; los medios de comunicación críticos a los que se ha pretendido atacar groseramente o, como poco, dificultar su trabajo; e incluso, si me apuran, y aunque me merecen menos compasión -haber escogido “muerte”- son víctimas del descalabro muchos de los que se acercaron a colaborar con este Gobierno provenientes de la función pública o del mundo profesional, que se han dado de bruces con la realidad de un proyecto vacío de contenido real y edificado en buena medida sobre el capricho personal del líder.

Es verdad que, en estos tiempos convulsos, cualquier responsable gubernamental se tiene que enfrentar, con escaso margen de maniobra, a una realidad de cambios desbordantes y nuevos conflictos sobrevenidos, capaces de desarmar al más pintado. En ese contexto se entiende también la rápida amortización de los gobernantes ante una opinión pública desconfiada. Pero, por lo menos, sí es exigible que los que están ahí no se aficionen al autogol y no se acostumbren al desconcierto permanente mientras se atreven a dar falsas lecciones de gobernanza para los pocos incautos que quedan.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de marzo de 2012.