Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

24.9.10

REACCIONARIOS


Durante un tiempo la dirigencia de la derecha política en España tenía entre sus prioridades estratégicas recomponer su mensaje y modificar su situación en el espectro ideológico para reposicionarse en condiciones más favorables ante una opinión pública en transformación. La evolución del país en los inicios del proceso democrático requería configurar una alternativa partidaria que aspirase a resultar homologable al centro-derecha europeo de entonces y que no fuese identificada por la ciudadanía como opción autoritaria heredera del régimen dictatorial. En este contexto se enmarcó la transformación de la Alianza Popular del franquismo sociológico en el Partido Popular, la obtención por éste de parte del espacio político que en su momento ocupó la UCD y el CDS, sus victorias electorales en la década de los 90 y su configuración como el único partido que, en la práctica (en la representación institucional), abarca toda la extensión de la derecha, aunque con pretendida vocación moderada según su publicidad oficial. Al mismo tiempo, con la modernización de la España democrática evolucionaron muchos valores sociales a la par que se consolidaba un rechazo abierto a aquellos elementos que se identificaban con el modelo previo a la transición, y los principales partidos políticos no resultaron ajenos a esta propensión; el PP, que no puede presumir precisamente de haber animado este curso de acontecimientos, al menos en el pasado reciente parecía hacer esfuerzos para adaptarse razonablemente a él.
En ese entorno, en España, como en otros países democráticos, determinadas posturas netamente reacias a esa tendencia de progreso permanecieron en segundo plazo y tuvieron escaso predicamento en el juego político. La búsqueda de oportunidades y protección para los desfavorecidos, el progreso en los derechos sociales, la práctica de la tolerancia ante la diversidad, el proceso autonómico y la descentralización del poder, la promoción de los derechos de la mujer para superar las históricas desigualdades, el reconocimiento de las minorías, la adaptación del marco legal a las nuevas formas de familia, etc. son conquistas que, con diferentes intensidades y no sin dificultades, han caracterizado un amplio periodo de tiempo en nuestra historia reciente. Aunque una parte de la sociedad pudo ser escéptica o directamente contraria al ritmo y contenido de estos cambios, nunca tuvo fuerza suficiente para invertir la corriente. El PP incluso, en algunos de estos aspectos, acabó asumiendo estos avances como tales, al menos aparentemente.
Las circunstancias, sin embargo, se han alterado en diferentes vertientes, generando un escenario donde muchos logros se están poniendo en riesgo. A los problemas de una sociedad inquieta ante la inseguridad económica y en la que la capacidad de reflexión política y movilización social parece haber venido a menos, se suma el surgimiento de una nueva derecha que proclama a los cuatro vientos su ausencia de complejos y su disposición a revertir muchos de los cambios realizados. Representada en un número creciente de influyentes dirigentes del PP, favorecida por el sensacionalismo que comienza a inundar el estilo político, amparada por medios de comunicación dispuestos a liderar la agenda, decididos a instrumentalizar etiquetas que no se corresponden con su práctica (por ejemplo cuando se invoca el liberalismo) o a apropiarse de símbolos que son comunes (por ejemplo, los asociados con la identidad nacional), la fuerza de este movimiento es ya notable.
En contraposición con el proceso vivido en el pasado reciente, antes que acompasar su discurso a la evolución social, la nueva derecha desea abiertamente protagonizar la inflexión involutiva, incorporando objetivos que hace pocos años resultaba imposible encontrar en los planteamientos declarados del centro-derecha institucional: una relectura dulcificadora del franquismo, el cuestionamiento frontal a las aportaciones del feminismo, el recelo frente al diferente, la reafirmación del autoritarismo y el hiperliderazgo en detrimento del debate y la ponderación, o, como estamos viendo en estos tiempos de crisis, la crítica exacerbada a las políticas de redistribución de la riqueza –por tímidas que sean- y al papel del la representación de los trabajadores. Esta nueva derecha, por otra parte, emerge al tiempo que en otros países se viven, con sus propias particularidades, dinámicas similares que convierten a partidos del sistema en fuerzas políticas con un potencial desestabilizador de importantes proporciones, dispuestos a aplicar políticas de derecha salvaje, sostenidas en el más puro y duro darwinismo social. Así convergen en su discurso desde el movimiento del Tea Party auspiciado por la Fox News, hasta el tándem Berlusconi-Bossi dispuesto a desvirtuar las instituciones democráticas, pasando por Sarkozy y sus deportaciones, los partidos de origen democristiano de media Europa cada vez con menos reticencias para pactar con fuerzas extremistas (con el precedente de Austria, como ejemplo), y, en lo que nos toca más de cerca, buena parte del PP marchando al son que toca una reforzada derecha mediática.
El escenario es, por lo tanto, preocupante, porque el viejo –casi diría respetable- conservadurismo amante del orden se está viendo drásticamente desplazado por un movimiento descarnado de arrogantes reaccionarios carentes de escrúpulos.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de septiembre de 2010.

17.9.10

CRISIS Y ESTADO AUTONÓMICO


En los últimos meses, en el contexto de la crisis económica y la fuerte crítica a la actuación de los poderes públicos ante aquélla, ha adquirido cierta fortuna una tendencia de recelo hacia las comunidades autónomas que, incluso, ha comportado propuestas de retorno a un patrón territorial centralista y al cuestionamiento del proceso autonómico en su conjunto. Merece la pena detenerse a analizar esta situación, que resulta novedosa en el panorama político, por la relativa intensidad de este movimiento de opinión, y porque ha tenido algún impacto en las encuestas sobre valoración del proceso autonómico, también en Asturias, detectándose un incremento de las posturas suspicaces ante éste, dentro de una aceptación del modelo que continúa siendo claramente mayoritaria.
Forma parte de cierta lógica que, en un escenario de acusada desconfianza (un tanto hueca y en parte inducida desde determinados intereses) hacia gobernantes y administraciones, las comunidades autónomas, cuyo ámbito competencial es ahora mucho más relevante que en cualquier situación de crisis anterior, sean objeto de mayor escrutinio que en el pasado reciente, y, por lo tanto, blanco también de más reproches. También es cierto que, hasta hace bien poco, la fase de más intenso desarrollo autonómico, desde las reformas estatutarias de finales de la década de los 90 hasta la actualidad, tuvo lugar en unas circunstancias económicas diferentes, ya que, aunque las causas de la crisis se estaban gestando, el entorno era el de ingresos públicos crecientes y presupuestos de las administraciones expansivos; precisamente es en el actual marco desfavorable en el que la madurez institucional y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas debe también demostrarse, cuando priorizar y mejorar la eficiencia del gasto se hace inexorable. A esto se une un intenso dinamismo del modelo autonómico que debe acompasarse con la necesaria estabilidad institucional y la oportunidad de fijar, con relativa vocación de permanencia (quizá con reforma constitucional incluida), las reglas de distribución territorial del poder.
Ahora bien, se detecta en algunos sectores políticos y mediáticos una manifiesta intención de cargar las tintas desproporcionadamente frente a las comunidades autónomas que no se sostiene precisamente en la razonable pretensión de ajustar el modelo territorial, sino que revela un verdadero deseo de desquite frente al proceso de descentralización. Conviene estar en guardia frente a esta corriente, porque hay múltiples argumentos favorables al modelo autonómico, en el balance general y en perspectiva. Las posiciones recentralizadoras, además, forman parte de una estrategia más amplia dirigida no sólo a minar la construcción de un Estado inclusivo de la diversidad territorial española, sino también encaminada a reducir drásticamente la capacidad de intervención de los poderes públicos (especialmente en la realidad socioeconómica), sean éstos estatales, autonómicos y locales.
Conviene recordar que la generalización del modelo autonómico, sin diferencias competenciales o institucionales excesivas, ha otorgado un papel relevante a comunidades (no precisamente aquéllas en las que el sesgo nacionalista es predominante) que se encontraban en un segundo plano y que de otra manera se verían perjudicadas por los desequilibrios territoriales. La mejora general de servicios como los sociales, sanitarios o educativos (en Asturias los mejor valorados en las citadas encuestas, de forma correlativa a un avance más notable) tiene como protagonistas a las comunidades autónomas que los gestionan, aunque no quepa desconocer los importantes riesgos de sostenibilidad del sistema a los que hay que dar respuesta inaplazable. Además, cabe subrayar que cuando se habla de modelo autonómico no sólo se trata de analizar las posibilidades de mejor gestión y de atender adecuadamente las demandas más cercanas, lo que de por sí es importante, sino también de profundización democrática y de reconocimiento de la capacidad de autogobierno –dentro del marco constitucional-, aspecto de trascendencia política más elevada y que ya es consustancial al sistema político de España, sin que quepa prescindir de él a menos que se quiera poner en entredicho el modelo de convivencia.
Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2010.