TODOS SALDRÁN DAÑADOS
En esta
materia los tres partidos que apoyaron la elección de Javier Fernández como
Presidente y que ahora escenifican sus discrepancias tienen una parte no
pequeña de razón, pero todos se deslegitiman con sus actos. Que el PSOE apele a
un respaldo superior al de la mayoría absoluta raspada para evitar que la ley
electoral sea objeto de sucesivos cambios sin acuerdos esenciales entre las
principales fuerzas del arco político es una postura sensata y responsable; y
en el debate de fondo son fundadas sus defensa de los aspectos acertados de la
ley en vigor y su apelación a evitar que los territorios de las
circunscripciones occidental y oriental caigan en la irrelevancia política.
Pero, a su vez, ha ido contrayendo sucesivos compromisos con sus aliados
parlamentarios que, en lugar de aplazar las decisiones finales, van camino de
acelerarlas, porque éstos tienen serias posibilidades de contar con un
mecanismo de transformación de la voluntad popular en escaños más favorable a
sus intereses. Por otra parte, al firmar la Proposición de Ley presentada ha dado
un paso del que difícilmente –es decir, sin asumir un alto coste en términos de
credibilidad- podrá desvincularse.
A favor de IU y UPyD en este debate no sólo
está el hecho de que desde el principio de la legislatura dejaron alto y claro
sus expectativas en la materia, sino también la introducción de valiosos
elementos en la propuesta, acogiendo sugerencias de los expertos consultados, más
allá del reparto de diputados por circunscripciones y acordes con la necesidad
de permitir aire fresco en la elección de los representantes institucionales
(primarias para elección de candidatos, debates electorales, desbloqueo de
listas electorales, formas de facilitar el ejercicio del voto, etc.). En contra
–muy en contra- se sitúa su pretensión de forzar la máquina hasta el extremo,
priorizando esta cuestión sobre cualquier otra, analizando de forma sesgada y
cortoplacista sus objetivos despreciando el contexto en el que se mueven:
políticas autonómicas debilitadas por las limitaciones presupuestarias,
objetivos de déficit público que ponen las cosas aún más difíciles a Asturias y
los aspectos definitorios de las políticas del Gobierno autonómico
(preservación de los servicios públicos, reparto equitativo de la carga de la
crisis, solvencia y razonabilidad en la gestión pública) bajo intenso fuego
enemigo.
Lo que está en juego, por lo tanto,
no sólo es si el Gobierno asturiano cuenta con votos suficientes para sacar
adelante los Presupuestos de 2014, y por lo tanto su viabilidad parlamentaria.
Lo que se decide es si un modelo basado
en la privatización salvaje, la retirada de las políticas de cohesión social y
la mercantilización de los bienes públicos se cobra una de sus últimas piezas
quitándose del medio a un Gobierno que le resulta incómodo. Mucho más, por lo
tanto, que la deseada estabilidad institucional. Una vez que el desgaste ya es
inevitable, que al menos todos los actores en liza tengan esto presente para
modular posiciones, ceder y acordar de la forma menos perjudicial para todos.
Publicado en Asturias24, 15 de octubre de 2013.
Etiquetas: Asturias, crisis, elecciones, Gobierno de Asturias, junta general del principado de asturias, reforma electoral, sistema parlamentario
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home