Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

29.3.12

PEPA Y PP

Existe una perversa tendencia en nuestro país a simplificar acontecimientos cardinales de nuestra historia para distorsionarlos y hacer uso de ellos en beneficio de la propia táctica en el momento presente. Me temo que una necesaria celebración, como la del bicentenario de la Constitución Política de la Monarquía Española, nombre solemne de la de Cádiz de 1812, puede incluirse entre esa clase de abusos si persiste la tendencia, habitual en los últimos años, a dotar de carga sesgada a conceptos como el de reforma o el de liberalismo. Prueba fehaciente de esta torcida pretensión es la utilización de la voluntad transformadora de los constituyentes doceañistas como aducida fuente de inspiración de la oleada de decretos-ley con las que el actual Gobierno central ha puesto en marcha la cadena de desmontaje del Estado Social, que es, por cierto, el que consagra nuestra vigente Constitución, en este aspecto poco invocada. Todo un sarcasmo.

Otro ejemplo lo tenemos en la deliberada omisión, en los mensajes oficiales conmemorativos, de que la Constitución de Cádiz se aprobó a despecho de quienes recelaban –no precisamente una minoría- del espíritu renovador que la impregnaba, bien por entenderlo excesivamente avanzado para aquellos tiempos y para nuestras raíces históricas o bien por posicionarse directamente a favor de la continuidad del Antiguo Régimen. Cuando escuchamos en nuestros días que tal o cuál propuesta no se acompasa al ritmo de evolución social o que un Gobierno no debe ir más allá de un supuesto e inamovible lugar común, es fácil detectar el resabio de esa tradición reticente al cambio; por cierto, ¡cuántas veces habremos oído argumentos similares, traídos a nuestros días, respecto a las medidas que en materia de política social y derechos civiles se adoptaron en las anteriores legislaturas! Tampoco olvidemos que los propios artífices de la Constitución de 1812 la enmarcaron en un proceso que a posteriori no dudaron en calificar de revolucionario (término que en aquel momento no se utilizaba a la ligera, como sucede hoy en que se aplica hasta a la fórmula de los detergentes); y, efectivamente, convertir “la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”, como enunciaba el Decreto de la Junta Suprema de convocatoria, en una asamblea dispuesta a abolir las instituciones del viejo Régimen y a certificar el alumbramiento la soberanía nacional lo fue; impronta revolucionaria que no casa en absoluto con la alergia a los procesos transformadores de progreso que anida en muchos que ahora invocan sentidamente la obra de 1812.

Por otra parte, reconocernos en nuestra historia significa también advertir que en momentos decisivos ciertas fuerzas reaccionarias fueron capaces de revertir rápidamente los avances conseguidos y convertirlos en poco más que un brillante recuerdo. Por pura coherencia y respeto a la memoria, no conviene edulcorar los acontecimientos ni silenciar los fracasos de los intentos de modernización. “El Deseado” y los que no estaban dispuestos a renunciar a privilegios largamente asentados enviaron al exilio (cuando no al cadalso) por dos veces -en 1814 y 1823- a los defensores del sistema constitucional, para hacer compañía a los afrancesados que tuvieron que partir en el primer gran destierro político de nuestra historia. Y durante décadas posteriores los intentos de superación del atraso secular y de implantación de sistemas políticos avanzados se dieron de bruces con la inexistente disposición a admitirlos de quienes finalmente frenaron tales intentos. La historia constitucional de España es también la de los sueños fugaces de constituciones como la de 1869 o la de 1931, vistas, al igual que en su momento la de 1812, como excesos inadaptados a lo que falaz y supuestamente se entendía que era nuestra naturaleza política, pero que, a la postre, fueron semilla de posteriores progresos civilizadores, aunque no se desee publicitar su legado.

Con el tiempo, a las corrientes dispuestas a perpetuar desigualdades no les queda más remedio que adaptarse al nuevo escenario, asumir algunas conquistas alcanzadas y aceptar ciertos cambios forzados por la dinámica social. Me parece perfecto, razonable y deseable. Pero más de una vez se guardan en la recámara otra agenda de prioridades por si las condiciones les son propicias, para, hoy de una forma aparentemente sutil, llevar a nuestros tiempos retrocesos que no evocan precisamente el libertario Viva la Pepa sino el recurrente Vivan las caenas.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de marzo de 2012.

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21.3.12

VOTAR CONTRA LA FRUSTRACIÓN Y EL ESTANCAMIENTO

Cuando la ciudadanía es convocada para decidir entre diferentes opciones que concurren en un proceso electoral, es esperable que cada persona con derecho a voto se haga una composición de lugar a la hora de tomar una determinación. El debate público, la dinámica política de la que se procede y la confrontación de opiniones sobre las características del momento pesan mucho y también lo hace la situación personal de cada uno, sus valores y aspiraciones. Hay formas y formas de votar, desde el corazón, la reflexión, las tripas, el cálculo, el impulso o el cabreo. En el recuento electoral -como no puede ser de otra manera- todas las papeletas valen lo mismo, predomine uno u otro estímulo en cada votante. Pero en unas circunstancias algunas pulsiones pueden más sobre más gente, su confluencia depara resultados no siempre deseados y nadie escapa a la posibilidad de sentirse en el futuro descontento con la alternativa elegida.

En mayo de 2011, en medio de la crisis económica, con un creciente recelo hacia a las instituciones y con una importante pérdida de confianza en lo público –y en las opciones que lo defienden- en Asturias se produjo el vuelco electoral que dio como resultado la mayoría de las fuerzas de derecha y la victoria en escaños de FAC, producto también de otros muchos elementos que incidieron en el ánimo y deseos del electorado. El giro en las preferencias políticas de muchos asturianos se produjo pese a contar esta Comunidad con una trayectoria de gestión pública positiva en términos generales, con servicios públicos de calidad y bien valorados, políticas sociales inclusivas, un modelo de desarrollo territorial mucho más equilibrado y respetuoso que el conocido de otras regiones y una trayectoria de superación de intensas reconversiones económicas en el pasado reciente. Aún así, muchos asturianos o no valoraron suficientemente estos avances o prefirieron buscar un revulsivo para el nuevo tiempo, asumiendo además algunos de los repetitivos mensajes ofrecidos por los ganadores, altamente cuestionables, sobre supuestas marginaciones sufridas por Asturias por parte de los gobiernos estatales, en especial en materia de infraestructuras.

La experiencia ha resultado, a todas luces, decepcionante, también para muchos de los que en su momento ofrecieron su apoyo a FAC. Durante estos meses, en lugar de asumir las obligaciones que comporta la responsabilidad encomendada, el Gobierno autonómico ha pretendido introducir a toda la sociedad asturiana en la misma dinámica de enfrentamiento permanente, tratando de alimentar un victimismo que no se sostiene, aislándose política y socialmente y causando con su desbarajuste un grave perjuicio en el funcionamiento de la Administración. Entre tanto, lo que hace 10 meses eran inquietantes amenazas sobre la situación de Asturias se han convertido en problemas de primer orden que despliegan sus efectos con toda su crudeza, con la crisis afectando a su corazón industrial, las cifras de déficit público alejadas de los parámetros asumibles que hasta hace poco manteníamos y con la sensación de desgobierno filtrándose a todos los ámbitos, convirtiendo a la política autonómica en fuente inagotable de inestabilidad. Como fruto del experimento, el Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo afrontará un escenario mucho más complicado que hace unos meses.

Ningún contratiempo, sin embargo, será resuelto envolviéndose en retóricas vacuas o en la cultura política del agravio. Tampoco en la mera repetición a escala autonómica de una hoja de ruta ajena que sólo pasa por recortar gasto sin incentivar el crecimiento, erosionar los derechos sociales y económicos de la población, reducir el alcance de las políticas públicas y exigir sacrificio a una mayoría social cansada del desigual reparto de esfuerzos y cargas. En Asturias tenemos la singular oportunidad de escoger un camino diferente que lo primero que aporte sea la solvencia y seriedad necesaria en la dirección de la política autonómica y que, además, pese a tener que desenvolverse en este contexto tan difícil, no se resigne a ver diluirse día a día las conquistas sociales alcanzadas en beneficio de la ciudadanía.

Publicado en La Voz de Asturias, 20 de marzo de 2012.

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18.3.12

NOTITIA CRIMINIS

Señor Torres-Dulce, no hace falta un esfuerzo adicional, no es necesario rebuscar lo ya sabido, el trabajo que pretende acometer ya está hecho. Toda la verdad sobre el 11-M ya la tienen desde hace tiempo descrita, cotejada y bien contrastada Luis del Pino, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, los peones negros y otros héroes de la Libertad (Digital). ¡Mire que llevan años proclamándolo a los cuatro vientos! Todo ha sido fruto de sesudos estudios, minuciosas pesquisas, equilibrados análisis y refulgentes resultados, de esos que llaman poderosamente la atención. Si basta darse un garbeo por algunas webs o seguir los medios aficionados al excelso periodismo de investigación, sin esperar a cada aniversario del atentado y su aprovechamiento político, para apreciar la purísima ciencia forense que puebla sus conclusiones y la resplandeciente exactitud de los hechos puestos a la luz. Si llevan ocho años -¡ocho!- evitando incansablemente que la coalición de saboteadores, timoratos e implicados extienda un manto de silencio sobre la felonía que arrebató vilmente el poder al PP con oscuras tretas. Si durante todo este tiempo han cuestionado sin desmayo el resultado electoral de 2004 -y el de 2008 que deriva de aquél- por ser fruto de la cruel jugarreta de los atentados. Si pusieron en duda la investigación policial, la instrucción del juez Juan del Olmo –y eso que dice que le costó salud y desvelos-, la labor de enjuiciamiento de la Sala de la Audiencia de lo Penal presidida por Javier Gómez Bermúdez y la del Tribunal Supremo en el correspondiente recurso de casación; todo ello por intrépido amor a la claridad, por simple y valiente rebeldía frente a la malvada conjura. Si, incluso, han tenido que desenmascarar a Pilar Manjón poniéndola en el punto de mira y haciendo que no pueda salir de casa sin sufrir vejaciones de los aguerridos activistas -buenos chicos- que siguen fielmente las crónicas de la revelación; hizo falta separar a las víctimas justas y combativas, que no se creían las patrañas de la versión judicial, de las que no lo han sido… aunque sea doloroso para los proclives a la compasión: ya se sabe que toda causa elevada necesita cierta dosis de firmeza ante los que se arrugan y hay que pasar a todos por el cedazo correspondiente.

Señor Fiscal General, no se arredre usted ahora ante la fuerza de cosa juzgada y otras pequeñeces de leguleyos. Hizo bien en descubrir en el panorama mediático los reductos insobornables donde todavía se aspiraba a esclarecer los hechos. Ya daba usted buena espina de crítico cinematográfico, ya se sabe que la afición al celuloide es apropiada para enfocar adecuadamente estas cosas. Si poco después de abierta la espita se ha dado usted cuenta de que ha destapado la caja de Pandora de las conspiraciones, no me sea ahora maricomplejines, que diría el bienamado Federico, proa de toda esta incipiente Reconquista intelectual.

Señor Torres-Dulce, directamente se lo digo: investigue a Rubalcaba, si es vox populi que lo tenía todo bien pergeñado, que de eso sí que sabe un rato, no nos engaña con sus austeras y fugaces vacaciones en las playas llaniscas… y viniendo de la extracción política que procede, ¡qué se puede esperar! Siguiendo su feliz precedente, tómelo también como notitia criminis y no se salga de la recta vía: adelante con la preinvestigación, la protoindagación, la preaveriguación, llévela hasta el final para reflejar la verdad que ya es conocida, que usted ya sabe al acudir a las fuentes adecuadas. Y que nada le detenga. Haga como Acebes, siga sin descartar otras hipótesis. Si flaquea su determinación o no lo hace por convicción, qué se yo, hágalo por España.

Y de los ocasionales columnistas progres que abusan torpemente de la ironía, ya nos encargaremos otro día.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de marzo de 2012.

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15.3.12

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

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13.3.12

LA BOFETADA DE BEATE

Cuando Beate Klarsfeld, tras colarse con un pase de prensa en el Congreso de la CDU en Berlín, saltó a la mesa presidencial para propinar una bofetada al Canciller alemán, el antiguo miembro del partido nazi reconvertido a democratacristiano Kurt-Georg Kiesinger, provocó en un primer momento sorpresa e indignación. Corría el año 1968, las democracias occidentales se agitaban por sus propias contradicciones, incapaces de dar respuesta a la insatisfacción vital de sus generaciones jóvenes y corroídas por las convulsiones de rechazo a las sombras del autoritarismo. En ese contexto conflictivo, la cazadora de nazis llevaba a cabo desde 1966 una intensa campaña dirigida a exigir la renuncia del responsable del Gobierno de la República Federal Alemana, por su pasada colaboración con el régimen hitleriano. El mensaje que Beate divulgó por todo el país, siguiendo los pasos de Kiesinger en buena parte de sus actos para recordarle su trayectoria, era elemental: ninguna persona que hubiese tenido la más mínima colaboración con el nazismo podía ser considerada digna de ejercer una responsabilidad tan destacada, porque, contrariamente a lo que una parte significativa de la sociedad alemana continuaba admitiendo en su fuero interno, sí había alternativa moral a la participación en el engranaje totalitario. Aunque la desaprobación al manotazo resultó general, con el gesto, la persistencia de su denuncia y las pruebas que Beate reunió sobre el oscuro pasado de Kiesinger, la activista reavivó el debate sobre la necesidad de completar el proceso de desnazificación, agravó el desprestigio del Canciller y minó su apoyo electoral, saldado con su salida del Gobierno en 1969.

La aparente estabilidad de los sistemas políticos de las democracias consolidadas a veces precisa sacudirse determinadas asunciones preconcebidas para poder conocer en profundidad la realidad sobre la que se edifican. Percibir la injusticia intrínseca de muchas de las normas y principios que nos sujetan, impuestos o asumidos, no es un proceso pacífico ni sencillo y en ocasiones requiere gestos que hagan aflorar el cuestionamiento de lo que hasta entonces dábamos por sentado. Aunque es amplísima –con razón- la preferencia por las formas de presión, más elevadas moralmente, que destierren todo atisbo de violencia, en el ejemplo citado pocos son los que pueden desacreditar en su conjunto la labor de Beate Klarsfeld por la bofetada dada a Kiesinger y algunos incluso la sitúan como símbolo del rechazo de una generación criada en la postguerra mundial a aquellos de sus antecesores que, aunque actuasen como el común de la población, transigieron con la barbarie.

Cuando de analizar esta clase de gestos se trata, no conviene caer en la ensoñación de la supuesta armonía social y la consiguiente abominación de la reacción abrupta, si ésta procede del legítimo descontento. La capacidad de digerir los conflictos que se producen en las entrañas de la sociedad es, por definición, limitada y es menor cuando la acción del poder se orienta a la defensa de intereses ajenos a los de la mayoría. Tampoco se pueden desconocer los diferentes grados y formas de violencia institucionalizada, enraizada como parte del sistema, que muchos de sus integrantes padecen y ante la que las respuestas desabridas brotan por heridas más abiertas en estos tiempos difíciles. Por eso, encauzar las controversias y apaciguar las tensiones, las que crecerán día a día mientras la crisis siga llevándose por delante en cuestión de meses las conquistas sociales alcanzadas durante décadas, es una tarea que no se podrá acometer sin atender a las causas de un malestar plenamente justificado.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2012.

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11.3.12

EL MINISTRO SE DESTAPA


Qué calladas tenía Alberto Ruiz Gallardón algunas de las que parecen sus verdaderas y profundas convicciones. En sólo unas semanas al frente del Ministerio de Justicia ha echado por tierra años de equilibrios en los que trató de ofrecer –con cierto éxito- una imagen de moderación, alejada de los exabruptos reaccionarios que predominan en las declaraciones de destacados dirigentes del PP. Al abrigo de la mayoría absoluta de su Partido y de la hegemonía que el discurso conservador viene alcanzando en todos los ámbitos, parece que se ha liberado de ciertas ataduras tácticas que hasta entonces debía de considerar inevitables. De momento, entre otras conquistas, va camino de convertirse en el Ministro que promoverá el establecimiento de la cadena perpetua, la reimplantación de la democracia orgánica en el sistema de gobierno judicial y el retorno a la tipificación como delito de la interrupción voluntaria del embarazo fuera de ciertos supuestos tasados.

El Ministro se ha lucido, esta semana, aludiendo a la presión que supuestamente reciben las mujeres en estado para abortar, calificándola como violencia estructural de género, distorsionando términos y jugando al despiste con cosas muy serias. Todo ello para justificar su proyectada vuelta a la legislación anterior a la Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva, que estableció un sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo y superó la visión anterior, heredera del tratamiento penal de esta realidad. Por otra parte, la apelación del Ministro a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en aquel momento sobre el proyecto de despenalización parcial del aborto, es sumamente tendenciosa y tiene por objeto endosar a otras instancias lo que es exclusivamente decisión de su Partido. Primero, porque la interpretación de las normas se ha de realizar de acuerdo con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas y aquel cambio legislativo fue producto de un momento y unas circunstancias sustancialmente distintas de las actuales; y, lo más importante, porque, en este aspecto, el Tribunal Constitucional, contrariamente a lo que parece pretender el Ministro, no indica cómo debe ser la ley en el futuro predeterminando la voluntad del poder legislativo, simplemente se limita a la función de legislador negativo para expulsar del ordenamiento las normas que considere contrarias a la Carta Magna.

La confusión deliberada de ideas es, en definitiva, tremendamente maliciosa, porque una cosa es fomentar en lo posible que la mujer gestante encuentre un entorno personal social y económico favorable (lo que, por cierto, no se conseguirá erosionando los servicios públicos y caminando hacia relaciones laborales deshumanizadas) para que, si lo desea, lleve a término su embarazo; y otra bien diferente es que el legislador suplante la voluntad de la mujer encinta para decidir por élla si debe o no seguir hasta el final, impidiéndole tomar la decisión de interrumpir el embarazo, suprimiendo la capacidad de disponer sobre su cuerpo. Posición ésta, la que parece defender el PP, que significa asumir íntegramente el discurso de los grupos autodenominados provida y la jerarquía de la Iglesia Católica, y que sitúa al Ministro en esta materia al nivel de Rick Santorum o Daniel Ortega.

En un debate moral complejo y enormemente emotivo como es el del aborto la mayoría gobernante debería decir sin ambages adónde quiere llegar. Porque a la postre, con propuestas como el retorno a la prohibición del aborto salvo en ciertos supuestos, de lo que se trata es de admitir la posibilidad de forzar a las mujeres con un embarazo no deseado a llevarlo hasta el final, so pena de sufrir las consecuencias penales si decide lo contrario. O de asumir, al regresar a la situación previa a la última reforma citada, la hipocresía generalizada –tan propia del conservadurismo- de que el supuesto de interrupción legal por afectación a la salud psicológica de la madre tuviese una interpretación abierta. O, peor aún, de retornar a situaciones anteriores de viajes relámpago al extranjero para las pudientes y abortos clandestinos para las humildes, al estilo de la España que narra Tiempo de Silencio, a la que parece que regresamos velozmente.

Publicado en Oviedo Diario, 10 de marzo de 2012.

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10.3.12

GOBIERNO TÓXICO

A veces, a lo único que se puede aspirar, cuando de las expectativas de la acción de un gobierno se trata, es a que sus responsables no causen más problemas de los ya existentes y a que, en la medida de lo posible, le dejen a uno tranquilo. No obstante, estoy a años luz de la opinión, tan en boga entre los conservadores norteamericanos (todos ellos malos imitadores de Reagan), de que lo mejor que se puede esperar de un gobierno es poco menos que su práctica desaparición salvo para salvaguardar el orden imperante. Al contrario, creo que es importante que los poderes públicos tengan, dentro de los límites necesarios, capacidad suficiente para incidir sobre la realidad y, en particular, garantizar ciertos bienes comunes, evitando que prevalezca siempre la posición del más fuerte. Aquello, en definitiva, de la “ley preciosa puesta en bien nuestro”, la quieran tragar o no los poderosos.

Ocurre, sin embargo, que las veces en que un gobierno se pone del lado del interés particular en detrimento del de la mayoría social son más frecuentes de lo deseado. Y que, en otras, los encargados de dirigir la política de una Administración y de situarse en la cúspide de su organización son capaces de demostrar un grado tal de insolvencia que por momentos hasta el más confiado en las instituciones busca cueva de ermitaño en la que refugiarse, no vaya a ser que le toque ser sujeto paciente, aunque sea de refilón, de la acción gubernamental.

Este lamento vale, sobre todo, para los que en estos meses se han visto afectados de una u otra forma por el récord de despropósitos que en breve tiempo ha rebasado el Gobierno del Principado de Asturias bajo la presidencia del que venía a salvarnos no se sabe muy bien de quién. Hay casos especialmente sangrantes, entre los que destacan los trabajadores de la RTPAy las empresas que prestaban servicios al Ente Público de Comunicación, los concurrentes a lasayudas públicas a la vivienda o los que esperaban ser beneficiarios de las subvenciones al inicio de la actividad empresarial como autónomos; tres casos especialmente singulares porque revelan fácilmente el tipo de daños colaterales que deja tras de sí el experimento FAC, en aspectos en los que hasta hace poco éramos una Comunidad con iniciativas públicas de prestigio, como los sectores económicos emergentes, las políticas sociales o el apoyo a los emprendedores. Pero hay otros muchos damnificados, empezando por todas las entidades y empresas que se las han visto y deseado para trabajar con normalidad con la Administración; el propio personal al servicio del Principado de Asturias, sometido al cedazo sectario de estos gobernantes; los medios de comunicación críticos a los que se ha pretendido atacar groseramente o, como poco, dificultar su trabajo; e incluso, si me apuran, y aunque me merecen menos compasión -haber escogido “muerte”- son víctimas del descalabro muchos de los que se acercaron a colaborar con este Gobierno provenientes de la función pública o del mundo profesional, que se han dado de bruces con la realidad de un proyecto vacío de contenido real y edificado en buena medida sobre el capricho personal del líder.

Es verdad que, en estos tiempos convulsos, cualquier responsable gubernamental se tiene que enfrentar, con escaso margen de maniobra, a una realidad de cambios desbordantes y nuevos conflictos sobrevenidos, capaces de desarmar al más pintado. En ese contexto se entiende también la rápida amortización de los gobernantes ante una opinión pública desconfiada. Pero, por lo menos, sí es exigible que los que están ahí no se aficionen al autogol y no se acostumbren al desconcierto permanente mientras se atreven a dar falsas lecciones de gobernanza para los pocos incautos que quedan.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de marzo de 2012.

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5.3.12

AL FONDO, LAS FOSAS

La reciente absolución de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo tras su enjuiciamiento bajo la acusación de haber cometido el delito de prevaricación por declararse competente para la investigación de los crímenes del Franquismo, pone punto final a un triste capítulo de nuestra última historia judicial. Por fortuna para todos, nos hemos evitado la deshonra que comportaría que una persona internacionalmente respetada y reconocida por sus aportaciones al progreso de la persecución de los crímenes más atroces, resultase condenada precisamente por intentar aportar soluciones jurídicas a asignaturas pendientes en el país que, hasta la desdichada reforma que cercenó el principio de justicia universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, se había destacado por la receptividad de sus órganos judiciales –y singularmente, la Audiencia Nacional- al impulso a procesos contra violaciones masivas de los Derechos Humanos.

En el campo del debate estrictamente jurídico, no son infrecuentes las tensiones entre la búsqueda de la justicia material y los aparentes obstáculos que, para la consecución de ésta, a veces se encuentran en otros principios igualmente básicos para un ordenamiento jurídico avanzado, como son la seguridad jurídica y las garantías necesarias de todo proceso. Sobre esta base y con las limitaciones de las normas vigentes, por supuesto que existe margen, en muchísimas ocasiones, para que los operadores jurídicos implicados, y principalmente el juzgador, tomen la iniciativa, opten por interpretaciones novedosas y promuevan, con sus decisiones, avances sustanciales en la conquista de la justicia. Sin una cierta dosis de valor y audacia, la función jurisdiccional se limitaría a poco menos que subsumir un supuesto de hecho en una norma jurídica, como si no hubiese que tomar en cuenta las circunstancias que rodean a cada situación e influyen decisivamente; como si la injusticia lacerante no requiriese buscar alternativas jurídicamente viables antes que permitir su persistencia; como si hubiese que quedarse de brazos cruzados ante la imposibilidad de ofrecer respuestas en un sistema de leyes que, por su propia naturaleza y afortunadamente (lo contrario sólo sería posible en una sociedad inactiva o robotizada), nunca podrá contemplar todas las situaciones posibles.

De no haber sido por la adopción de posiciones jurídicas valientes, no se habrían alumbrado interpretaciones e innovaciones jurídicas plenamente civilizadoras y, entre otros, al Juez Garzón se le debe, por ello, mucho. Se esté de acuerdo o no con las críticas que desliza el Tribunal Supremo en su Sentencia, podrá debatirse si la aplicación del Derecho que hizo Garzón era errónea o excesivamente antiformalista en su Auto de 16 de octubre de 2008, con el que pretendía comenzar una investigación por delitos permanentes de detención ilegal de los desaparecidos a causa de las atrocidades cometidas por los alzados contra la II República. Pero de ahí a reputarle la comisión un delito de prevaricación dista un mundo, como corrobora el propio Supremo. Máxime cuando lo que pretendía Garzón no era sentar a nadie en el banquillo, al extinguirse la responsabilidad por tales crímenes con la muerte de los autores. Su intención era, como dice la hermosa canción de Pedro Guerra, “contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir”, es decir, promover la identificación y exhumación de las fosas y zanjar de una vez por todas la herida abierta para nuestra dignidad democrática que continúa siendo la existencia de decenas de miles de víctimas (en torno a 114.000, cifraba el Auto mencionado) pendientes de localización, así como la dignificación de los espacios en los que, pretendiendo enterrar con ellos sus ideas, se les arrojó impunemente.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de marzo de 2012.

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4.3.12

PREGUNTAS EN MEDIO DE LA CRISIS

Cuando se supere la crisis económica -que no será a corto plazo, vistas las recientes previsiones- ¿cómo saldremos del trance? ¿Existirá un Estado con cierta capacidad de intervención en la realidad económica o habrá renunciado incluso a ejercer una mínima función reguladora? ¿Habrá sobrevivido el sistema de descentralización territorial o las Administraciones serán cascarones vacíos de competencias reales? ¿Alguien aspirará a reverdecer el espíritu democrático o asumiremos la resignación y el sometimiento a las circunstancias como pauta? ¿Seguiremos escuchando apelaciones al sacrificio y al esfuerzo o, visto el reparto de cargas, descreeremos finalmente de todo mensaje de llamamiento a la abnegación?

¿Subsistirá algo parecido al Estado Social de Derecho, al que alude nuestra Constitución y las de los países de nuestro entorno? ¿Tendrá sentido seguir hablando de derechos económicos y sociales en el contraste con la realidad? Cuando los estándares laborales continúen descendiendo por la pendiente de la desprotección y la desregularización, ¿nos convenceremos de que algo habrá que hacer con las reglas del comercio internacional y las prácticas de dumping social? Si tener un empleo ni siquiera garantizará el acceso digno a bienes y servicios necesarios, ¿debatiremos el reparto de los resultados del proceso productivo?

¿Aceptaremos que en los mercados de derivados financieros, títulos de deuda pública, credit default swaps, futuros, divisas, etc. se siga especulando sin conexión alguna con las necesidades de la actividad económica? ¿Y que se haga con un clic de ordenador sin controles ni tributos? ¿Se acordará alguien de la anunciada refundación del capitalismo? ¿Y del paréntesis?

¿Existirán redes educativas o sanitarias públicas que no sean subsidiarias? ¿Cuántos continuarán confiando en ellas? ¿Cuánto invertirán las familias en seguros sanitarios privados más que ahora? ¿Y en colegios privados? ¿Dejará paso el sistema de servicios sociales a medidas asistenciales y de beneficencia? ¿Confiará alguien en lo público? ¿Existirá un sentido del interés colectivo más allá de las apelaciones patrioteras, belicistas, cuasitribales, futboleras y demás subespecies de pensamiento grupal? ¿Alguien pronunciará las palabras ciudadano, compañero, trabajador o incluso prójimo con plena conciencia de su sentido?

Y, con particular tristeza, a tenor de lo vivido estos días, ¿se mantendrá el concepto de pluralidad informativa? ¿Pervivirán medios de comunicación capaces de cuestionar las injusticias sociales? ¿Tendremos la posibilidad de informarnos por diversidad de fuentes? ¿Perdurará un periodismo consecuente con el deseo de combatir las desigualdades? ¿Cuántos profesionales comprometidos –para ellos mi admiración- serán capaces de no tirar la toalla luchando contra los elementos?

Visto el estado de cosas, nos hallamos en situación de formularnos estos interrogantes. Ahora que la crisis no ha concluido aún, y antes de que nos arrebaten cualquier alternativa, quizá estemos en posición de darle a estas preguntas –a todas- otra respuesta diferente a la que hoy nos tememos.


Publicado en La Voz de Asturias, 28 de febrero de 2012.

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