MUCHO ESTÁ EN JUEGO

De las múltiples consecuencias que se derivan de la crisis económica en curso, la más inquietante es la terrible sensación de que pocas cosas se pueden hacer desde los gobiernos para tratar de frenar el deterioro de la situación. Se ha instalado –con pocas resistencias, todo hay que decirlo- la conciencia general de que autoridades públicas e instituciones se encuentran inevitablemente desbordadas por acontecimientos fuera de su alcance y que condicionan sus decisiones de forma determinante. Esta percepción conduce directamente al cuestionamiento del sentido, legitimidad e instrumentos del poder público, cuando el despliegue de su acción queda forzosamente constreñido a límites estrechos que no se imponen por decisión de la ciudadanía a la que se deben, sino por las fuerzas de los mercados financieros, cuyas formas de presión y expresión superan cualquier dinámica conocida hasta la fecha. Cuando Estados considerados sólidos y organizaciones internacionales cuya rigurosa trayectoria era respetada exhiben sus debilidades y su estupefacción ante las exigencias del mercado, las posibles soluciones colectivas ceden, a todos los niveles, frente a las reacciones individuales y se instala la impresión de que nada ni nadie (sistemas políticos, garantías legales o instituciones establecidas) tiene verdadera capacidad de respuesta. Esta tendencia no es resultado de un episodio pasajero, sino que ha calado de tal forma en una sociedad desgastada por las tensiones y por el impacto económico y emocional de la crisis que cualquier propuesta que apele al esfuerzo conjunto o al sentido de comunidad choca contra el escepticismo de quien siente la acuciante urgencia de lo propio. Curiosamente, pese a esa difuminación de los propósitos y las conquistas comunes, nunca estuvo tan vigente como ahora la necesidad de identificar intereses colectivos, en este caso los que conciernen a la mayoría social frente a las reglas de un mercado financiero que ha provocado un cortocircuito en la economía real hasta hace poco impensable, para beneficio de unos pocos (no obtiene ventaja el pequeño inversor o el poseedor de un plan de pensiones, precisamente).
En este contexto, cuando se analizan las opciones de las que se dispone para actuar, rápidamente surge, desde el pensamiento dominante, quien ordena la agenda de reformas que se presentan como obligadas por mucho desgarro que provoquen: estrangulamiento de todo gasto público, minoración de todos los estándares de protección social, desregulación del mercado laboral, retirada del Estado de todos los sectores productivos, privatización y liberalización en toda circunstancia, reducción de la progresividad fiscal, etc. Al mismo tiempo, se marcan las líneas rojas que, según se nos dice, no pueden ser traspasadas y, con la complicidad o la impotencia de gobiernos, otra clase de reformas, tan estructurales y de calado como las otras, pero de un sentido bien diferente, se nos describen, interesadamente, como supuestamente inalcanzables: establecimiento de tasas y controles a las transacciones financieras (también a nivel internacional), restricción de los márgenes de actuación de los mercados secundarios de deuda pública, limitación a los productos financieros derivados y los sostenidos sobre los riesgos de impago de créditos y deuda, medidas coercitivas frente a los paraísos fiscales (cuyo impacto en la estabilidad global es tan o más grave que el de cualquier Estado canalla, en terminología neocon) o recuperación para lo público de ciertas parcelas de poder económico cuyo abandono no ha resultado acertado.
Sea como sea, o domamos a los mercados financieros y establecemos unas reglas comunes, tan exhaustivas y severas como sea necesario, y unos organismos reguladores de la actividad económica suficientemente incisivos, o el sistema en el que hemos depositado cierta confianza corre el riesgo de desmoronarse como un castillo de naipes, imposibilitado para tener una mínima eficacia o para preservar los valores sociales en los que dice sostenerse.

Publicado en Oviedo Diario, 4 de diciembre de 2010.

MUNICIPIOS EN LA ENCRUCIJADA

Desde que la crisis económica se manifestó con toda su virulencia y, sobre todo, desde que su incidencia sobre la situación financiera de las Administraciones públicas se ha hecho evidente, se vienen poniendo encima de la mesa alternativas de lo más diverso para afrontar la difícil situación que comporta la insuficiencia de recursos para sostener inversiones o servicios públicos al nivel que se desearía. La mayor parte de los planteamientos pretende incidir en el aspecto del gasto público, más que en el del ingreso, cuestión que, sin embargo, tiene especial interés, porque su análisis en profundidad abriría la puerta a la revisión de la fiscalidad en su conjunto, lo que significa tanto como determinar qué parte de la riqueza se detrae del ámbito privado para destinarla a fines colectivos y con qué criterios se fija la carga que corresponde a ciudadanos y empresas. Este debate, siempre abierto y que ahora resultaría especialmente pertinente, se encuentra desplazado, en buena medida, por la fuerza que han cobrado las posiciones que, antes de otras consideraciones, más allá de un coyuntural descenso del gasto público promueven, directamente, una retirada de los poderes públicos de muchos de los ámbitos en los que actualmente despliegan su actuación.
En este escenario en el que tantas cosas se han puesto en cuestión y tantas pretensiones en juego pretenden hacerse valer, muchas veces al margen del interés general, se ha desencadenado una verdadera ofensiva frente al papel de las Administraciones, con especial impacto sobre los ayuntamientos. En el contexto previo a la crisis existía un reconocimiento mayoritario a las funciones de los poderes locales y se situaba en el catálogo de reformas necesarias la relativa al gobierno y la administración local, para definir mejor las competencias atribuidas a los municipios, mejorar la estructura de los órganos de los ayuntamientos, favorecer la transparencia y promover la participación ciudadana. Junto a esta reivindicación, muy extendida ente el municipalismo y justificada por la evolución de la realidad de las entidades locales en los 25 años de desarrollo de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), se situaba la reclamación de la garantía de recursos para que los ayuntamientos pudiesen sufragar la ejecución de las competencias asignadas, con la correspondiente reforma de las haciendas locales y la adecuada participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Curiosamente, el consenso que, al menos en apariencia, existía sobre la necesidad de otorgar una posición más destacada a los ayuntamientos, ha sido sustituido por una corriente de fuerte crítica a su cometido y su gestión, al propio principio de autonomía local, a la organización territorial del Estado en este aspecto y al actual mapa municipal. Censura que alcanza también a Asturias, pese a que nuestra realidad local es, en un examen comparativo, más manejable y más sólida: un número de municipios menor que otras CCAA uniprovinciales (o que muchas provincias de otras CCAA), con un territorio de los municipios en muchos casos mayor que el de la media; una trayectoria en materia de prestación de servicios de forma consorciada con ejemplos claramente positivos, como, por ejemplo, en gestión de residuos, abastecimiento de agua, transportes y servicios tecnológicos; algunas experiencias de colaboración intermunicipal que, aún con altibajos, arrojan un saldo positivo; una federación de concejos asentada como interlocutor institucional; y una relación de colaboración intensa y directa entre municipios y Comunidad Autónoma.
Es cierto que, en un momento de estrechez en las arcas públicas es plenamente legítimo analizar si la forma de organización territorial –en este caso la municipal-, es susceptible de mejoras que la hagan más eficiente. Sin duda hay margen para éllo, acometiendo las modificaciones legislativas pendientes en materia de gobierno, administración y haciendas locales, y alentando la colaboración intermunicipal, que en un futuro puede dar lugar, si las circunstancias lo favorecen, a fusiones de municipios, objetivo que la LBRL recoge indicando al Estado que la promueva.
Ahora bien, nada de esto tiene que ver con la campaña, emprendida desde determinadas posturas interesadas y contrarias por sistema hacia lo público, cuya finalidad es generar una infundada desconfianza, de principio, hacia los ayuntamientos. Este enfoque conduce a desacreditar injusta y erróneamente la labor dinamizadora de los poderes locales que, en la trayectoria de los municipios democráticos, vista en perspectiva, ha mejorado sensiblemente el espacio urbano de muchas localidades haciéndolas más habitables, ha permitido la prestación de numerosos servicios públicos y ha posibilitado una implicación activa de los ciudadanos en la vida política, social y cultural.

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2010.