CANDIDATO X
Etiquetas: 25-M, Asturias, autogobierno, Cascos, cherines, Comunidades Autónomas, crisis, elecciones, FAC, Gobierno de Asturias, PP
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A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.
Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.
Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.
En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.
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Cuando la ciudadanía es convocada para decidir entre diferentes opciones que concurren en un proceso electoral, es esperable que cada persona con derecho a voto se haga una composición de lugar a la hora de tomar una determinación. El debate público, la dinámica política de la que se procede y la confrontación de opiniones sobre las características del momento pesan mucho y también lo hace la situación personal de cada uno, sus valores y aspiraciones. Hay formas y formas de votar, desde el corazón, la reflexión, las tripas, el cálculo, el impulso o el cabreo. En el recuento electoral -como no puede ser de otra manera- todas las papeletas valen lo mismo, predomine uno u otro estímulo en cada votante. Pero en unas circunstancias algunas pulsiones pueden más sobre más gente, su confluencia depara resultados no siempre deseados y nadie escapa a la posibilidad de sentirse en el futuro descontento con la alternativa elegida.
En mayo de 2011, en medio de la crisis económica, con un creciente recelo hacia a las instituciones y con una importante pérdida de confianza en lo público –y en las opciones que lo defienden- en Asturias se produjo el vuelco electoral que dio como resultado la mayoría de las fuerzas de derecha y la victoria en escaños de FAC, producto también de otros muchos elementos que incidieron en el ánimo y deseos del electorado. El giro en las preferencias políticas de muchos asturianos se produjo pese a contar esta Comunidad con una trayectoria de gestión pública positiva en términos generales, con servicios públicos de calidad y bien valorados, políticas sociales inclusivas, un modelo de desarrollo territorial mucho más equilibrado y respetuoso que el conocido de otras regiones y una trayectoria de superación de intensas reconversiones económicas en el pasado reciente. Aún así, muchos asturianos o no valoraron suficientemente estos avances o prefirieron buscar un revulsivo para el nuevo tiempo, asumiendo además algunos de los repetitivos mensajes ofrecidos por los ganadores, altamente cuestionables, sobre supuestas marginaciones sufridas por Asturias por parte de los gobiernos estatales, en especial en materia de infraestructuras.
La experiencia ha resultado, a todas luces, decepcionante, también para muchos de los que en su momento ofrecieron su apoyo a FAC. Durante estos meses, en lugar de asumir las obligaciones que comporta la responsabilidad encomendada, el Gobierno autonómico ha pretendido introducir a toda la sociedad asturiana en la misma dinámica de enfrentamiento permanente, tratando de alimentar un victimismo que no se sostiene, aislándose política y socialmente y causando con su desbarajuste un grave perjuicio en el funcionamiento de la Administración. Entre tanto, lo que hace 10 meses eran inquietantes amenazas sobre la situación de Asturias se han convertido en problemas de primer orden que despliegan sus efectos con toda su crudeza, con la crisis afectando a su corazón industrial, las cifras de déficit público alejadas de los parámetros asumibles que hasta hace poco manteníamos y con la sensación de desgobierno filtrándose a todos los ámbitos, convirtiendo a la política autonómica en fuente inagotable de inestabilidad. Como fruto del experimento, el Gobierno que salga de las elecciones del próximo domingo afrontará un escenario mucho más complicado que hace unos meses.
Ningún contratiempo, sin embargo, será resuelto envolviéndose en retóricas vacuas o en la cultura política del agravio. Tampoco en la mera repetición a escala autonómica de una hoja de ruta ajena que sólo pasa por recortar gasto sin incentivar el crecimiento, erosionar los derechos sociales y económicos de la población, reducir el alcance de las políticas públicas y exigir sacrificio a una mayoría social cansada del desigual reparto de esfuerzos y cargas. En Asturias tenemos la singular oportunidad de escoger un camino diferente que lo primero que aporte sea la solvencia y seriedad necesaria en la dirección de la política autonómica y que, además, pese a tener que desenvolverse en este contexto tan difícil, no se resigne a ver diluirse día a día las conquistas sociales alcanzadas en beneficio de la ciudadanía.
Publicado en La Voz de Asturias, 20 de marzo de 2012.
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La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.
No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.
Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.
Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.
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