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18.7.14

ELECCIÓN DE ALCALDES, LAS DIFERENCIAS IMPORTAN

            
No ha estado Mariano Rajoy acertado al plantear de la forma en que lo ha hecho la elección directa de alcaldes. Primero, porque se saca de la manga la propuesta en un batiburrillo de ideas mal hilvanadas para tratar de dar alguna respuesta al desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones, cuando lo que hace falta es un enfoque global y de fondo, más que remiendos. Segundo, porque es inevitable ligar la proposición a las expectativas electorales del PP en las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que es altamente probable que pierda la mayoría absoluta en muchas capitales de provincia y puedan, en algunos casos, configurarse coaliciones alternativas en las corporaciones que permitan desbancarle de gobiernos locales significativos; de ahí la inmediata acusación de pretender modificar interesada e intempestivamente las reglas de juego, estando ya iniciado tras los comicios europeos el ciclo electoral 2014-2015. Y tercero, porque la falta de detalles del planteamiento efectuado es notable, empezando porque su propuesta supone, antes que nada, consagrar que la persona que encabece la lista más votada sea automáticamente quien acceda a la alcaldía, y eso no es exactamente lo mismo que la elección directa del alcalde; por cierto, actualmente esa es la consecuencia que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pero, evidentemente, la normativa actual no impide de inicio (como propone ahora Rajoy que suceda) la conformación de esas mayorías alternativas e incluso prevé, mediante la moción de censura constructiva, que así pueda ocurrir a lo largo del mandato.
Que la sugerencia ha sido poco meditada es irrebatible, entre otros motivos porque hace bien poco se ha sometido el régimen local en España a una profunda modificación, instrumentada mediante la muy cuestionada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Parece claro que, además de las urgencias electorales, late el deseo de continuar reduciendo el Pleno de los ayuntamientos a un papel secundario, sin atribuciones ejecutivas, con mecanismos de control y orientación de la acción de gobierno menores que los de cualquier parlamento y, si triunfase la opción defendida por el PP, sin que la elección de alcalde dependiese de su composición. Tampoco se ha explicado cómo superar situaciones de bloqueo en las que sí puede existir una mayoría diferente dispuesta a acordar en positivo una alternativa a la de la fuerza que haya obtenido más concejales y que no ha alcanzado la cifra necesaria para gobernar en solitario.
La elección directa de alcaldes no es, sin embargo, un debate novedoso. Se ha venido discutiendo sobre esta alternativa desde hace un buen número de años, al calor del refuerzo del poder ejecutivo municipal que las sucesivas reformas de régimen local han alentado (cometiendo excesos dolorosos para el control democrático), de las tensiones ocurridas cada vez que en medio de un mandato triunfaba una moción de censura y de las medidas para evitar el transfuguismo, sobre todo cuando esta degeneración estaba detrás de cambios abruptos de alcaldía. Y, también, en un entorno, como es el local, más propicio para la relación entre representantes y ciudadanía, como forma de permitir a los vecinos optar directamente por la persona que encabece el Consistorio. El PSOE, por ejemplo, con esta última intención, propuso la elección directa de alcaldes en 2002 (siendo el asturiano Álvaro Cuesta, Secretario de Política Municipal), pero con una elección a doble vuelta, la primera coincidente con la elección de la Corporación y, en el caso de que nadie se alzase con la mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, las diferencias con la preferencia expresada ahora por el PP no son sólo de matiz.
Estas cosas, en definitiva, son demasiado serias como para hacer aproximaciones poco rigurosas y que pecan de oportunismo. Si además contienen, revestidas del ropaje de una supuesta mejora de la articulación de las instituciones –que ni siquiera es tal- una erosión de su funcionamiento democrático, constituirían un elemento más de la involución que promueve la mayoría gobernante.

Publicado en Asturias24, 8 de julio de 2014.

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