EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL
La
desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y
comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos
políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En
España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer
consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente
se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de
profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del
PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía
local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales
promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que
supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo
territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración
central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz
alejamiento de los centros de decisión.
A este inquietante contexto se suman
algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las
comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y
alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados
con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar
servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos
institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos
de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006).
Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y
administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias
comunidades.
En Asturias, donde el desarrollo
institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado,
conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados,
porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el
problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en
juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo
de ombudsman viene funcionando desde
2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano
estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la
ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas
que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial
del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la
Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz
por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura
independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada
de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial
para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las
vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además,
es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la
Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y
peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la
Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes
(sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención
ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las
personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo
(incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.
Antes
que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo
las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que
abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y
convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.
Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012
Etiquetas: Asturias, autogobierno, Comunidades Autónomas, crisis, Defensor del Pueblo, derechos humanos, Procuradora General, recortes