Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

30.7.12

EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL


La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.
A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.
En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.
Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.


Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

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14.7.12

AYUNTAMIENTOS EN EL PUNTO DE MIRA


Al calor de la crisis económica, algunos debates se reavivan y asuntos que llevaban tiempo bajo escrutinio se someten a decisiones rápidas, a veces insuficientemente meditadas y no precisamente en el sentido esperable por la orientación de las discusiones previas. En la España de la década pasada era recurrente el análisis sobre la imperfecta construcción institucional y los problemas en la distribución de poder territorial que comportaba la relativa fragilidad de las administraciones locales. Al menos hasta el arranque de esta etapa convulsa, existía un cierto consenso político sobre la necesidad de mejorar la definición de las competencias municipales, ampliando su ámbito de actuación y reconociendo a los ayuntamientos potestades para actuar en materias –las llamadas competencias impropias- en las que llevaban tiempo desarrollando iniciativas. Y, a la par, se valoraba la posibilidad de mejorar sus formas de financiación, principalmente permitiendo una mayor autonomía fiscal y asegurando su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
Poco o nada de esto, sin embargo, parece que se vaya a concretar en el futuro cercano. Al contrario, una de las primeras consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos, no digamos ya de las asociaciones formadas por éstos y de las mancomunidades. De hecho, es previsible que si se introducen ahora modificaciones normativas éstas no vayan dirigidas a ampliar el haz de competencias municipales sino a reducirlo respecto a las ejercidas en la práctica actual; y no a darle facilidades para una gestión y organización más autónoma sino a constreñir los límites en los que debe desarrollar su actividad institucional. Al mismo tiempo, la propia autonomía local, principio inspirador del modelo municipal español en época democrática, se encuentra más que nunca bajo cuestión, porque la estrecha supervisión económico-financiera y las obligaciones adicionales que se les están imponiendo recortan sobremanera sus propias facultades de decisión. Algunas medidas de indudable relevancia, como el plan de pago a proveedores conlleva que las 4.623 entidades locales que han pedido acogerse a este programa, mayoritariamente ayuntamientos, asumen el sometimiento a rígidos planes de ajuste y en el futuro inmediato –pasados los dos años de carencia previstos- deberán afrontar la devolución de las cantidades prestadas, en diez años y a un interés de, prácticamente, el 6%; en conclusión, o a corto plazo se produce una mejora sensible e inesperada de los ingresos de los ayuntamientos, o muchos experimentarán en los años venideros dificultades insalvables para atender sus compromisos con las entidades financieras participantes en el plan.
Es cierto que entre los debates pendientes había cuestiones cuyo abordaje era, y sigue siendo, más que razonable, empezando por las formas de colaboración entre municipios y la racionalización del mapa municipal (más en otras Comunidades Autónomas que en Asturias); y que algunas prácticas propias de la vida pública local habían derivado en casos concretos hacia gestiones poco transparentes, populistas y carentes de toda visión estratégica. Ahora bien, sería un error mayúsculo admitir una crítica global e indiscriminada al funcionamiento de los ayuntamientos, desconociendo las enormes dificultades financieras y de gestión que han debido afrontar por la insuficiencia de medios ante las necesidades a cubrir. Y, sobre todo, resultaría contraproducente para el interés público erosionar el papel de los ayuntamientos, suprimiendo multitud de servicios sociales y culturales, iniciativas de promoción económica, actividades de fomento del empleo o proyectos que hacen más habitable el espacio común y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Concluir que, en lugar de facilitar a los ayuntamientos un marco legal y financiero estable y apropiado para que puedan cumplir mejor sus cometidos, lo que procede es disminuir sus funciones al mínimo y desproveerlos de capacidad real de intervención, significaría un retroceso de 30 años en política municipal y, sobre todo, una victoria más de quien quiere reducir lo público a la categoría de anecdótico.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2012.

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