HABLAR DE SU LIBRO (Y, PRIMERO, REESCRIBIRLO)

Uno de los muchos problemas que durante años lastraron las posibilidades electorales de Izquierda Unida fue la tendencia a posicionarse por referencia a su relación con el PSOE. La sustancial diferencia de apoyos que desde 1977 ha situado al PSOE como fuerza mayoritaria de la izquierda, con la decepción consiguiente para IU (desde la determinante para el PCE en las primeras elecciones generales hasta hoy), incluso en épocas de fuerte desgaste de los socialistas en las que soñaba con un sorpasso que nunca se produjo, llevó a IU a un debate recurrente sobre qué papel jugar, sobre todo cuando el PSOE ha necesitado apoyos, bien para afianzar su mayoría relativa, bien para desbancar en la suma de minorías al PP cuando la aritmética de escaños y concejalías llevaba a esta disyuntiva.  Ha habido épocas bien distintas, desde la teoría de las dos orillas de Anguita y la dura confrontación con Felipe González, hasta el posibilismo de Frutos alcanzando un acuerdo (bastante estéril) con Joaquín Almunia, pasando por la disposición favorable al acuerdo de Llamazares en la primera etapa de Zapatero, escaldada la izquierda de la Aznaridad y alentada por las medidas de política social y derechos civiles. El dilema, sin embargo, a la postre era esencialmente el mismo, incluso lo sigue siendo hoy, allá donde los votos de IU son decisivos; véase la disparidad y los conflictos asociados, por ejemplo, en relación con su posición en Extremadura, Asturias o Andalucía.

La vertiginosa transformación de la vida política en los últimos meses, a raíz del rápido deterioro electoral del PSOE, de los estragos que la crisis ha causado en la cohesión social, de la erosión del sistema político representativo y de la aparición de nuevas agrupaciones dirigidas a canalizar el descontento, está dando lugar a un fenómeno singular. El PSOE, pese a mantener una representación institucional mucho más numerosa; aun obteniendo un apoyo electoral que en su momento más bajo (las recientes elecciones al Parlamento Europeo) es superior a la suma de votos del resto de partidos de la izquierda; pese a situarse –al menos teóricamente- en el espacio político del centro-izquierda en el que a priori tiene más facilidad para identificarse con una mayoría social moderada; y aunque disponga de más espacio informativo, trayectoria, estructura y presencia territorial, ha dejado de ser el partido político al que el resto de fuerzas del centro a la izquierda se refieran al establecer sus coordenadas en el tablero. El debate cardinal en el resto de partidos de este espectro no es cuál será su relación con el PSOE ante cualquiera de las alternativas a que den lugar las próximas elecciones autonómicas y locales, seguramente muy fragmentado y de difícil gobernabilidad (si se mantiene la tendencia que reflejan las últimas encuestas, aunque de momento todo esté muy abierto). El paradigma táctico ha cambiado y lo que está bajo escrutinio es si cabe para el PSOE un escenario en el que busque el improbable apoyo de Podemos si lo necesita o qué situación se dará si éste se aproxima (o incluso lo supera, según de qué territorios se trate) en el apoyo ciudadano que consiga. Y para IU, bajo la amenaza de pasar a resultados discretísimos, qué opciones existen de confluencia en candidaturas conjuntas con Podemos, y si es ésta una solución correcta y conveniente. Pero, especialmente, lo que obsesiona en ambos partidos es qué actitud, posición, discurso y estrategia adoptar en relación con el lenguaje, métodos y propuestas de Podemos, lo que consume una parte muy relevante de intervenciones, análisis y decisiones, en medio de bastante desconcierto por lo imprevisible del contexto.

Evidentemente, es una dinámica que se retroalimenta. Cuanto más tiempo entregan PSOE e IU en sus mensajes a la ciudadanía a valorar a Podemos, más relevancia otorgan a la fuerza emergente. Si la pretensión, particularmente en el caso del PSOE, pasa a ser desacreditar la solvencia política y rigor del competidor, el resultado puede ser distinto del esperado, porque ahonda en el antagonismo en el que Podemos parece sentirse muy cómodo; y porque nutre el escepticismo de muchos potenciales votantes cuyas simpatías han fluctuado del PSOE a Podemos y a los que legítimamente disgustará la descalificación tajante de un nuevo actor cuyo éxito debe bastante a la pérdida de credibilidad sufrida por el PSOE y aún no reparada.

En mi opinión, el PSOE, que en 2015 se juega perder el papel central jugado en la democracia española, tendría que, además de acelerar su estrategia de renovación política, revertir su estructura inadaptada a las nuevas formas de hacer política y hablar y pensar más (consigo mismo y sobre todo con los ciudadanos) en sus propuestas ante las expectativas del electorado; más en venir a hablar de su libro –que diría Umbral-, que en arremeter frente a Podemos. Si la construcción del discurso político se basa constantemente en posicionarse por referencia a lo que haga o diga Podemos (el mismo virus que limitó a IU por su referencia sobre el PSOE) y en alertar de los riesgos que advierten en el triunfo de Podemos, acabará entregándole la centralidad del escenario y la iniciativa a esta fuerza, que puede no desaprovechar la oportunidad que tiene por delante.  Y si, peor aún, el hilo argumental del discurso es el choque directo y el ataque sin ambages (incluso con errores de manual), se admitirá entrar en debates simplificadores y en la terminología que se dice repeler; es decir, en el terreno en el que Podemos ha querido situarse desde el principio y en el que ha colocado su cuña con acierto en un ingente sector del electorado (a cuyo favor el PSOE puede, en una parte no pequeña, aspirar), perdiendo definitivamente a los que ya dieron el paso de cambiar la papeleta por la de Podemos, e incluso a más si la regeneración iniciada por Pedro Sánchez perdiese fuelle.

Gonzalo Olmos

ENDEUDAOS Y ESPECULAD

Si uno se cree el discurso oficial y el telediario de RTVE, se supone que lo peor de la crisis económica ha pasado para no volver. De poco servirá, no obstante, el tedeum después de la peste (un poco como el de “El Ángel Exterminador”), para la parte no pequeña de la sociedad que queda descolgada, para muchos irremediablemente, como resultado de la crisis y los recortes de derechos sociales y laborales, que han convertido la pobreza y la precariedad en asunto de primer orden en España, aunque inexplicablemente esté fuera de la agenda política. Por otra parte, nadie debería precipitarse a cantar victoria o aferrarse a esperanzas todavía vaporosas (como se hizo a la ligera con los “brotes verdes” de 2010) cuando persisten incertidumbres enormes sobre las cuentas públicas, la solidez de las empresas o el sistema financiero y retornan problemas endémicos como el déficit exterior y la falta de competitividad (que evidentemente no pasa sólo por la reducción salarial). En todo caso, si salimos, lo hacemos en los huesos en cohesión social, tejido económico y confianza en las instituciones, cosas que tardarán años en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacen.

Al declararse oficialmente la crisis, tan pronto como los empleados de Lehman Brothers salían de las oficinas con sus enseres en cajas, triunfaba el deseo, o al menos la invocación, de reformar el capitalismo, introducir regulaciones eficaces en los mercados financieros, gobernar la globalización y evitar que la economía real se viese arrastrada por una economía financiera pasada de rosca. Incluso se atisbó una cierta concienciación ciudadana sobre las trampas del círculo vicioso de consumismo y endeudamiento al que todos, con mayor o menor capacidad de gasto, habíamos sido invitados a alimentar con nuestra aportación entusiasta o inconsciente. No es que estuviésemos cerca de la catarsis y del deseo de vivir en Walden alejados del absurdo que nos reduce a la condición de productores / consumidores, pero quien más quien menos, al sufrir directamente o al ver a gente cercana pasarlo mal, se ha cuestionado el sentido de este modo de vida depredador y acelerado que deja a tantos tumbados sobre la lona.

Seis años después, con los efectos de la Gran Recesión aun sintiéndose y las heridas por cicatrizar, poco queda de los llamamientos al cambio de aquel entonces y cabe preguntarse si algo resta del juicio crítico que las penalidades espolearon. En el ámbito macro, desde luego, las grandes asignaturas dirigidas a frenar la economía especulativa y poner las operaciones financieras al servicio de la economía real siguen pendientes, aunque haya habido ligerísimos avances como la posición activa en políticas de recuperación de los bancos centrales, el retorno a la regulación de la banca de inversión en EEUU o los progresos hacia una tasa a las transacciones financieras en Europa, por ejemplo. Puestos al microscopio para observar las situaciones particulares, aunque numerosos consumidores no puedan pasar de la marca blanca y las vacaciones en casa de los abuelos (si tienen suerte), llama la atención el regreso de la publicidad masiva dirigida a transformar a cada modesto ahorrador (o dispuesto a negociar sobre cantidades en préstamo) en un especulador de nuevo cuño, capaz de operar personalmente desde su ordenador con divisas, derivados, futuros, materias primas y acciones, es decir, para echar madera a la caldera del turbocapitalismo en la que, probablemente, arderá si su fuente de ingresos es su trabajo; o para convertirlo, otra vez, en un adicto crónico al endeudamiento, no ya para adquirir viviendas de precio inflado en el extrarradio, sino para irse de vacaciones, cambiar su coche de diez años o –y aquí viene la parte más amarga- para dar oportunidades de educación a sus hijos o asegurarse asistencia sanitaria o social, ya que la desconfianza en los servicios públicos alimenta el deseo de conseguir estos bienes en el sector privado y por lo tanto incentiva un suculento mercado hasta ahora sólo parcialmente explorado.

Volvemos hacia la consagración de un supuesto capitalismo popular y sus aberraciones y a la exaltación del consumo como construcción personal, aunque cada vez esté más difícil para la mayoría que a duras penas se las apaña. Si nos dejamos llevar, no habremos aprendido nada de la crisis.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2014.

ODIO DE CLASE

            

Salidas de tono como la de la Sra. Mónica de Oriol e Icaza, Presidenta del Círculo de Empresarios, nos revelan la verdadera condición y el pensamiento último de una parte -pequeña pero tremendamente influyente- de quienes atesoran el poder económico en España. Cuando, llevada por la confortabilidad del auditorio y el deseo de ser particularmente audaz, desgrana su agenda de propuestas más extremas, recurre a los tópicos, las medias verdades o al puro maniqueísmo sobre los ninis, los excesos de las políticas sociales y sus supuestos aprovechados (un remedo del icono de las welfare queen tan querido a los conservadores norteamericanos) y se solaza descalificando gratuitamente a cientos de miles de desempleados, no ejerce su función de lobbista, ni siquiera de lanzadora de globos sonda para que un Gobierno posiblemente proclive a sus tesis encuentre terreno favorable para su próximas medidas. Sencillamente agrede verbalmente porque quiere y porque tiene la convicción que puede, porque siente la irrefrenable pulsión de confesar públicamente lo que lleva años compartiendo en privado, en sobremesas o en las pausas-café de encuentros de trabajo; y, sobre todo, porque, aunque deslice después una tímida disculpa, cree profundamente en lo que dice, reflejo de una forma de entender la organización social, la distribución del poder y las relaciones económicas.

En las últimas décadas, la consecución de ciertos estándares de calidad de vida y derechos para la mayoría de los ciudadanos, la relativa avenencia de intereses contrapuestos en las relaciones laborales, el radical fracaso de las alternativas a la economía de mercado y la fuerte desideologización entre la mayoría de la población atemperaron las invocaciones a la conciencia de clase entre los trabajadores. Aunque en el análisis teórico son, a mi entender, categorías vigentes, es un signo de progreso colectivo que las fuerzas de producción históricamente en liza -capital y trabajo- aparentemente se desdibujen, siempre que sea en un marco de avances para los derechos económicos y sociales de la población. Todo esto se encuentra en serio riesgo, pero, evidentemente, aun así no tiene ningún sentido considerar enemigo de nadie al autónomo que lucha por sacar adelante su negocio; al empresario de la economía real que persigue razonablemente el crecimiento y competitividad de su negocio; y por descontando, al nuevo paradigma al que se apela –con bastante superficialidad y algo interesadamente- del emprendedor que trata de sobreponerse a la crisis echando el resto en un proyecto empresarial propio. En definitiva, aquellos que tenemos como fuerza productiva exclusiva o principalmente el trabajo –no las rentas ni los bienes o activos que otros mueven por nosotros- sabemos mayoritariamente que no va a ninguna parte un discurso incendiario que desconozca que la iniciativa privada empresarial es irreemplazable y que, en un marco de regulación ponderado y eficaz, se traduce en beneficios para la comunidad.

El problema es que una parte de quienes históricamente han pertenecido, ellos y sus antecesores, a las capas más privilegiadas, no tienen esa misma moderación de la mayoría, al referirse a sí mismos como víctimas de un lastre –los derechos sociales y laborales y quienes se benefician de ellos- que desean sacarse de encima o reducir a la mínima expresión cuanto antes. Cuando alguien como la Presidenta del Círculo de Empresarios, que, por sus antecedentes familiares y las circunstancias favorables en las que le ha tocado vivir ha tenido menos dificultades para formarse, acceder a un círculo de relaciones ventajoso, salir adelante y llevar a cabo sus proyectos personales, es incapaz de sentir la más mínima consideración, empatía o al menos respeto por millones de parados, muchos de ellos sin ingresos de origen público o con prestaciones y subsidios que apenas dan para atender los gastos ordinarios de cualquier familia, y se atreve a minusvalorar el potencial de los trabajadores que desean fervientemente tener una oportunidad que merezca la pena en su propio país, lo que demuestra es que ella sí sabe a qué clase pertenece y los ultrajes para los que, en un entorno que entiende propicio, se siente legitimada. La consideración de que el misérrimo salario mínimo no es digno de los trabajadores poco cualificados o de que muchos de ellos no tienen intención real de trabajar lo que nos enseña es que los prejuicios de clase todavía anidan, pero no en una masa de trabajadores dispuesta a destruir las máquinas, tomar el Palacio de Invierno o quemar iglesias –tópicos del imaginario de los reaccionarios- sino en el de ciertas personas del estrato superior que se sienten vencedoras, autorizadas para desplegar su programa de máximos y no tomarnos ni como prisioneros.

Publicado en Asturias24, 29 de abril de 2014

EL RESCATE DE SEDES

Ahora toca hacer astillas del árbol caído y hacer recuento de las decisiones erradas que han llevado a la constructora y promotora de capital público SEDES, bajo el dominio efectivo del Principado de Asturias, a su difícil situación actual. Es cierto que desde la empresa pública no se han ayudado mucho a sí mismos en los últimos tiempos; basta recordar su empecinamiento –frustrado por una acertada decisión judicial- en cepillarse por vía de medida cautelar el Centro Social “La Madreña”, como si tuviesen comprador inmediato para la parcela o planes realizables a corto plazo, más allá del abandono del edificio que resultaría del desalojo que persiguen (y que, ojo, a la larga conseguirán, si no hay decisiones políticas que condicionen a SEDES). Y, evidentemente, la sociedad asturiana, que es en último término la principal accionista de SEDES a través de la Administración del Principado de Asturias y de la Sociedad Regional de Promoción, tiene perfecto derecho a saber en toda su extensión por qué la empresa tiene su viabilidad futura tan fuertemente comprometida. Pero, frustrado el primer intento de venta de los títulos de la Sociedad, con la empresa de ERE en ERE y en riesgo severo de irse al traste, habrá que pensar no sólo en cargar las tintas sobre los antecedentes del problema o en cómo deshacerse de él, cosa que igual ni siquiera resulta posible.

La Ley del Principado de Asturias 1/2013, de Medidas de Reestructuración del Sector Público, contempla la venta de las acciones de SEDES, por vía de autorización al Consejo de Gobierno para que proceda, de modo que la suerte está, a priori, echada. Está claro que ha pesado en el legislador asturiano la política de reducción de entidades bajo su control –en este caso esta empresa pública-, aunque en nuestra Comunidad resulte más atemperada esta vocación liquidatoria (igual que más moderada, por mucho que diga, fue su crecimiento en el pasado). Y que a esto se sumaron las críticas sobre la desviación del objeto y fines sociales de SEDES, la competencia con el resto de promotoras y constructoras de capital privado y las achacadas discordancias con los estándares de contratación y funcionamiento exigibles a una entidad del sector público.

            Ahora bien, ¿qué sucederá si no se encuentra comprador para SEDES, incluso aunque se reduzca nuevamente su personal o se le ayude institucionalmente a refinanciar su deuda? Llegados a un punto cercano al bloqueo, con el clima laboral en la empresa de mal en peor y visto el escaso interés que, al menos hasta ahora, SEDES despierta para potenciales adquirentes, quizá haya que repensar lo decidido. Posiblemente sirva de algo recordar que SEDES fue un instrumento útil en el mercado de vivienda de protección, en la obra civil o en la construcción de equipamientos sociales, educativos, medioambientales y culturales; que, con los controles necesarios y la orientación adecuada, no tiene por qué ser objeto de abuso o estar sometida a decisiones ajenas a su interés social; y que, lo más importante, seguiremos necesitando en el futuro empresas públicas que permitan intervenir en la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, en beneficio de todos si actúan conforme a lo que debe esperarse del sector público y si con su participación se consigue eficiencia y ahorro en costes. Desde luego, prefiero cien veces que el saneamiento y reestructuración de SEDES al que, probablemente, se vea abocada la Administración del Principado de Asturias, se haga para mantener a la empresa bajo el control público y para fines de interés general que para endosarle los restos, ya aligerada la carga, a quien se le acabe convenciendo para que haga una puja.

Publicado en Asturias24, 1 de abril de 2014.

PRENSA, TENDENCIOSIDAD Y LÍNEA EDITORIAL

            En esta época de pérdida de referencias que nos ha tocado vivir y en la que confluyen a la vez varias crisis, la que aqueja a los diarios impresos comienza a ser particularmente inquietante. La fuerte disminución de ventas de los periódicos clásicos, en beneficio de formas de acceder a la información mucho más diversas y abiertas de la mano de las nuevas tecnologías, es uno de los aspectos más conocidos. El aumento de la oferta de información y opinión en la red, a priori una excelente noticia, deja un tanto descolocados a los medios que desean adaptarse a los nuevos formatos manteniendo igualmente los tradicionales, porque cuadrar los números viene haciéndose complicado y el soporte en papel y la estructura de delegaciones y corresponsalías consume muchísimos más recursos que el digital, con más base en enlaces, agencias, profesionales free lance y en la participación del propio usuario. Hay quien asegura que es cuestión de tiempo que, tristemente, el diario impreso languidezca y se extinga, dejando en la selva de internet en niveles similares a la cabecera profesional, histórica y acreditada y a la fuente informativa menos fiable y amateur pero aparente y rompedora. La alternativa pasa, al decir de quienes luchan por la pervivencia de la prensa escrita, por mejorar contenidos, aportar un grado superior de reflexión y detalle, buscando un público que persigue la calidad informativa, aprecia el trabajo periodístico genuino y está dispuesto a pagar por él.

            El problema es que, cuando más se necesita, para alcanzar dicha supervivencia, credibilidad y honradez intelectual, vencen las prisas de salvar la situación pretendiendo contener la hemorragia, acudiendo al efectismo o directamente al amarillismo más evidente. O peor aún, juegan con más fuerza sus bazas los intereses económicos y partidarios que pretenden influir constantemente sobre la independencia de los medios de comunicación, heridos en su integridad por su creciente debilidad económica. El resultado es la deriva a la fidelización de un sector social e ideológico predeterminado, con el que se retroalimenta, y que espera el titular para hacerlo consigna (o viceversa); o la conversión del medio en caja de resonancia de una opción concreta del espectro político, generalmente la que cuenta con más instrumentos de poder a su favor para atraérselo. En los últimos años hemos visto este deterioro de una forma rápida y en algunos casos desvergonzada, acompañada por una parte del público lector que no parece dispuesto a admitir otra cosa diferente –en términos de bandería ideológica- de aquello que espera. En la refriega en la que la prensa escrita anda metida para agarrarse a la tabla de salvación, el descrédito de unos arrastra a otros, provocando una equiparación en la percepción que de ellos tiene el gran público, aunque por fortuna siguen existiendo honrosísimas excepciones de dignidad profesional, sobre todo cuando de periodistas de referencia individuales se trata.

            Un medio puede, legítimamente, tener línea editorial y, en consecuencia, en la selección y enfoque de la información -donde el periodista y el propio medio se juegan su prestigio- aportar el carácter propio que le define. Incluso, si sus valores fundaciones se lo reclaman, mostrarse combativo o militante, en favor de una causa que considere que lo merece. Precisamente el compromiso de determinados medios de la prensa escrita –y la radio- con valores de libertad, igualdad y justicia social ha ayudado mucho en el progreso colectivo en épocas pasadas. El problema es que, en estos tiempos de dificultad y frentismos, no todos los medios ni todos los que sirven en ellos (muchas veces por su situación de precariedad profesional), comprenden en su extensión la diferencia entre la orientación informativa y la tendenciosidad, y entre formar opinión y adoctrinar. En la prensa escrita, lamentablemente, se está llevando este deterioro a grados cada día más difíciles de tragar, porque de la línea se ha pasado al sesgo, de éste a la parcialidad y por último a la manipulación más brutal en los peores casos.

            Necesitamos, por salud democrática, de la prensa escrita e impresa; y que ésta sea diversa y sólida, como conciencia crítica e invitación al descubrimiento de temas y nuevas miradas. Como literatura efímera que es, también es imprescindible; y como fuente de pensamiento y reflexión. Sólo reparando en el sentido último de su existencia conseguirá perdurar.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2014.

POR QUÉ SE ESCINDE LA DERECHA

Hasta la fecha todos los experimentos políticos situados a la derecha del PP -que ya es decir- no habían pasado de fugaces viajes casi en solitario (los del Partido Demócrata Español del antiguo portavoz parlamentario de AP, Juan Ramón Calero) o de disidencias de carácter local y regional resultado de luchas de poder más que de diferencias políticas y con recorridos por lo general cortos aunque con chispazos de éxito electoral, como es el caso, por ejemplo, de Foro y el casquismo asturiano. Salvando estas escisiones y la ocasional zozobra que causan en el pétreo aparato conservador, los conatos de organización en partidos políticos de la extrema derecha afortunadamente nunca han tenido, por falta de habilidad, escaso predicamento y deficiente estrategia, ocasión para disputar el electorado más duro al propio PP.  Entre otras cosas porque el éxito del PP reside, entre otros motivos, en cierta capacidad camaleónica y en su escaso apego por cualquier definición ideológica, más allá de algunos elementos comunes a todo el espectro de la derecha, en parte de los cuáles (nacionalismo centralista más o menos velado, invocación del orden, desconfianza hacia el diferente, aversión a los movimientos sociales progresistas y sindicatos, etc.) se encuentran perfectamente identificadas las corrientes más puramente autoritarias.

Sorprende que, en el momento en el que el PP acumula más poder institucional, obtiene más cobertura mediática propicia y despliega -con éxito y el viento de los tiempos a favor- una estratégica destinada a edificar su modelo de darwinismo social (y, paradójicamente, de creacionismo, si dejan al converso Gallardón y a Fernández Díaz), surja una escisión por la derecha con visos de abrir un espacio político nuevo. La aventura de VOX puede ser, en este caso, algo más que eso, en tiempos de populismo rampante, descrédito de los partidos tradicionales y falta de referencias políticas. Sobre todo porque agita las mismas bajas pasiones que en los últimos años han movilizado con intensidad a la derecha más rocosa, haciéndose portavoz de sus aspiraciones de forma pretendidamente más genuina –y agresiva, por lo tanto- que el posibilista PP. Cuando el PP de los años de oposición, arrastrado por el oportunismo más disolvente, acusó descarnadamente a Zapatero de “traicionar a los muertos” aludiendo a las víctimas del terrorismo; alimentó el discurso contra lo público y la política; estimuló el recelo contra el sistema autonómico; batalló contra las políticas de promoción de la igualdad y respeto a la diversidad; o instigó el desprecio frente al nacionalismo periférico vasco y catalán, estaba abriendo paso a que una derecha “sin complejos”, en la terminología aznariana, quisiese hacer realidad su agenda de máximos. Ahora el problema lo tienen encima de la mesa, porque lo de VOX puede ir en serio si apuntalan un estilo aparentemente normalizado, consiguen ciertas alianzas mediáticas más sólidas y fondos suficientes. Y su eventual irrupción en la vida política, si obtienen escaño en las europeas, acabará pesando en el discurso del PP, que se planteará recuperar ese electorado, asumiendo mensajes del nuevo partido; el problema será entonces de todos porque afectará de lleno al sistema político, con un PP más radicalizado, si cabe.

Lo llamativo de todo esto es que el PP no sufre bajas por empobrecer a las rentas medias y bajas, ni por devaluar el trabajo asalariado, ni por horadar los servicios públicos, ni por cuestionar los derechos sociales, ni por incluir la cadena perpetua en su reforma del Código Penal, ni por convertir el acceso a la justicia en un bien de lujo para la mayoría, ni por criminalizar las protestas ciudadanas, ni por querer obligar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo a llevarlo obligatoriamente a término. Eso sería lo lógico si el centro-derecha en España tuviese una trayectoria evolutiva de modernidad y moderación, que provocaría que su corriente verdaderamente liberal (hoy llaman liberal a cualquier cosa, Esperanza Aguirre incluida) y -si existe tal cosa- centrista, huyera despavorida de la deriva tomada por el PP. Sin embargo, los que se van lo hacen porque creen que el Gobierno de España debería haber desobedecido la Sentenciadel Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, o porque ansían la suspensión de la autonomía catalana o porque los creen blandos (¡!) frente a la contestación social. Cosas de la caverna española.

Publicado en Asturias24, 4 de febrero de 2014.

¿SE LO CREEN?

A juzgar por las declaraciones triunfalistas del Presidente, los miembros del Gobierno de España y los dirigentes del Partido Popular, debe de haber algo que celebrar. Si uno se atiene a sus palabras, parece ser que ya hemos salido de la crisis y la recuperación económica es un hecho, que en breve tiempo dará paso a un futuro de prosperidad y oportunidades, que haga olvidar rápidamente el largo periodo de estrecheces vivido.

No sé si será suficiente para tal triunfalismo un crecimiento del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2013 y del 0,3% en el cuarto trimestre, dato anticipado en exclusiva por el Ministro de turno como viene siendo costumbre en este Gobierno, que maneja las fuentes de información estadística oficial a su antojo. Tampoco la reducción del desempleo (147.385 parados menos en 2013) es para tirar cohetes cuando a la par se pierden cotizantes a la Seguridad Social en el ejercicio (85.041 menos), disminuye la población (en 118.238 en el primer semestre de 2013) y el saldo migratorio es negativo (-124.015 personas en el primer semestre de 2013). Que la deuda pública sea del 93% del PIB en el tercer trimestre de 2013 (en 2008, antes de la crisis, era del 39%); que el déficit público incluyendo las ayudas a la banca nos sitúe ala cabeza de Europa; y que en el camino nos hayamos dejado derechos sociales, políticas públicas, integridad del sistema y cohesión, son casi anécdotas marginales, al decir de las voces autorizadas. Sin embargo, aquí tenemos, por obra y gracia del discurso oficial, de su repetición, de la ausencia de pluralidad informativa en los grandes medios y de la credulidad de algunos, el milagro de la percepción de salida de la crisis.

Vivir fuera de la realidad ya ni siquiera es una condena para el responsable político o empresarial que lo demuestra. Hace pocos años, la prueba de tal circunstancia exponía al dirigente al reproche de la ciudadanía (para ejemplo, el café de 80 céntimos de Zapatero); pero ahora puede decirse abiertamente que la crisis es cosa del pasado, que el porvenir es dorado, que el dinero llueve sobre España (palabra de Botín), que hemos vuelto a la situación anterior a la crisis (aserto de Lagarde) y que las familias españolas pagan menos en el recibo de la luz (eso es lo que ha dicho Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía en la era de la pobreza energética para una parte no pequeña de la población), sin que nadie tenga que salir a escobazos. No hay espacio para el rubor porque es innecesario si podemos construir, sin escrúpulo alguno y a un escaso coste en la reputación, un universo paralelo.

También se nos dice que la ganancia en competitividad de la economía española es tan significativa que, en breve espacio de tiempo nos convertiremos -y he aquí el frustrado mantra que escuchamos de lustro en lustro- en la “Alemania del Sur”. De todas las falacias de la recuperación, esta sin duda es la peor porque lleva en su seno la semilla de la perpetuación de la crisis. ¿Hay motivos para creer que se ha mejorado la organización empresarial? ¿Hemos cambiado el modelo productivo de España? ¿Se han introducido mejoras en la eficiencia de nuestra actividad económica? ¿Es superior el nivel formativo y el conocimiento aplicado? ¿La actividad de investigación y desarrollo y su incorporación a la actividad, está acaso en niveles aceptables? ¿O no será que el único aspecto en el que ha mejorado sustancialmente la competitividad es en la contención o incluso rebaja salarial, objetivo último no declarado de las reformas laborales? Es un error económico mayúsculo y una inmoralidad política jalear un aumento de competitividad que se basa casi exclusivamente en la condena a la precariedad, a la incertidumbre y al inusitado binominio trabajo+pobreza: antes en España tener un empleo era sinónimo de vivir con cierta dignidad material, ahora esto ya no está garantizado para una buena parte de la masa laboral.

¿Se lo creen? ¿O sólo pretenden que nos lo traguemos nosotros?

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2014.

EL VIEJO HUCA Y EL ABANDONO QUE LE ESPERA

En los últimos años una de las decisiones tomadas en Asturias cuya adopción requirió un proceso más laborioso y no exento de polémica fue la de construir un complejo de nueva planta para el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en La Cadellada, Oviedo. Han sido años de debate y de planificación, de controversias y tensiones, culminadas con un proceso por venir, ciertamente complejo, de traslado desde las actuales dependencias en El Cristo hasta las que están por estrenar, desarrollándose esta recta final en un contexto especialmente complicado de escasez manifiesta de recursos público, lo que supongo que estará dando más de un quebradero de cabeza a los responsables de la política sanitaria en el Principado de Asturias. Si uno recorriese la infinidad de titulares, informaciones, declaraciones y contradeclaraciones de todos estos años, advertiría con perspectiva la magnitud del desgaste y de los esfuerzos empleados el importante reto que ha significado sacar adelante este proyecto, especialmente en estos tiempos recientes en los que los servicios públicos están tristemente bajo cuestión.

Ya desde hace tiempo, a su vez, se planteó con viveza el debate sobre el destino de los actuales edificios y terrenos del HUCA. Se trata de un patrimonio importantísimo, en suelo y en construcciones –aunque difícilmente versátiles-, que determinan en buena medida la fisionomía del oeste de la ciudad, afectan a sus comunicaciones, a los flujos de personas y a la actividad económica de los barrios del entorno. Y, repetidamente, aunque de forma menos intensa de lo debido, se ha formulado el interrogante sobre qué clase de alternativas se darán a éste espacio. A este respecto, hasta hace unos años el temor principal residía en que las presiones especulativas condenasen a la pérdida de un espacio público o a su radical disminución en favor de una desproporcionada recalificación para usos residenciales. A día de hoy, sin embargo, la crisis del sector inmobiliario ha echado por tierra la posibilidad de contar con inversiones privadas provenientes del ladrillo para diseñar las alternativas; y tampoco parece que la iniciativa privada procedente de cualquier otro sector vaya a plantear soluciones creíbles.

Queda, por lo tanto, la iniciativa pública, prácticamente en solitario, para afrontar una situación que hasta hace poco parecía lejana pero que ya es inminente. En unos meses comenzará paulatinamente a trasladarse toda la actividad y los servicios y, gradualmente, como ya ha sucedido con el edificio que albergaba elInstituto Nacional de Silicosis, se irán cerrando edificios. El escenario es, cuando menos, inquietante, por cuanto en un breve periodo de tiempo nos encontraremos con un complejo enorme desocupado, sin alternativas de uso y en el que las deficiencias de conservación y mantenimiento aparecerán con toda su crudeza. El deterioro que va a experimentar este espacio y con él una buena parte de la zona oeste de la ciudad, será irremediable y, seguramente, prolongado.

Llegados a este punto y echada la vista atrás, se aprecia una enorme falta de liderazgo local para tomar decisiones en previsión de futuro. No olvidemos que, aunque la titularidad de los terrenos es principalmente del Principado de Asturias, el asunto es de incidencia eminentemente municipal y es al Ayuntamiento de Oviedo a quien corresponden las competencias en materia urbanística, aunque puedan ser moduladas con base en la tutela de intereses supramunicipales. Ha pasado el tiempo y, salvo ideas voluntariosas, de momento no hay sobre la mesa ninguna propuesta en firme autorizada que tenga solidez y cuente con la planificación adecuada. Y, en lo que será el reto urbanístico más importante para la ciudad en décadas, no sólo se trata de promover alternativas para el espacio del actual HUCA y de alcanzar el acuerdo necesario para hacerlas viables, sino de llevarlas a los instrumentos de planeamiento –lo que siempre es laborioso y lleva su tiempo- y de movilizar recursos para que se conviertan en una realidad.

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2013.

UNA ALTERNATIVA PROGRESISTA… Y NECESARIA

A modo de disertación y, en buena medida, de manifiesto, el economista asturiano Jonás Fernández ha publicado “Una alternativa progresista” (Ediciones Deusto, octubre de 2013) no tanto para analizar las causas de la crisis y sus responsables, sino, sobre todo, para ofrecer propuestas dirigidas a recobrar el crecimiento en beneficio común y recuperar la esperanza en la política. El autor atesora una trayectoria académica y profesional brillante pero no es un economista al uso; primero porque no es una voz más entre aquellas que, siguiendo los mantras de la corriente principal, se limitan a apuntalar lo ya dicho por los centros de pensamiento económico dominante; segundo, porque no rehúye el posicionamiento personal y reclama un sentido moral y político a la ciencia económica, algo en desuso en tiempos de hipócrita elevación a los altares de la supuesta asepsia de su disciplina; y tercero, y no menos importante, porque su espíritu crítico le impide igualmente caer en ensoñaciones que se alejen de la realidad de una materia, la macroeconomía, en la que el voluntarismo y la falta de solidez pueden empedrar el infierno de buenas intenciones. En “Una alternativa progresista”, no hay lecciones de economía descarnada pero sí solvencia en el análisis, madurez en el enfoque y compromiso en los objetivos. No es un libro puramente teórico ni un manual político, sino una aportación meditada, pegada a los problemas de nuestro tiempo y centrada en una agenda realizable pero ambiciosa en un momento en el que, frente al actual estado de cosas, cunde a partes iguales la resignación y la insensatez.

La obra gira sobre dos ejes fundamentales, que constituyen toda una reivindicación y un ideario personal, que bebe del recorrido histórico de la izquierda con vocación de gobierno. El primer eje es la recuperación de un impulso reformista desde posiciones progresistas, desgranando los aspectos principales de un amplio programa en política europea, defendiendo una integración económica real e instituciones eficaces; finanzas; fiscalidad, mercado de trabajo; Estado del Bienestar; Administración y funcionamiento del sistema de partidos, aspecto en el que se muestra abiertamente crítico con el escenario actual. Acierta plenamente en el punto de partida, situándose frente a la apropiación del discurso reformista por la derecha, que ha patrimonializado y colocado esa ambivalente etiqueta a todos los productos de su política involucionista; y combinando su apuesta con el prudente escepticismo frente a las posiciones instaladas en una ética de la resistencia sin duda muy digna pero sin más alternativas viables que contar, mes a mes, los evidentes retrocesos de este periodo. Efectivamente, hace falta recuperar un espíritu pragmático pero exigente y, porque no decirlo, optimista y esperanzado, que quiera recurrir a la acción política colectiva -y a las ideas que la sustentan- como instrumento valioso para promover cambios efectivos y que esté dispuesto a superar inmovilismos y añoranzas (nada será lo que fue) que conducen a la inacción, a la derrota y a la inútil melancolía. 

El otro eje sobre el que gira su propuesta es un genuino pero actualizado pensamiento socialdemócrata, del que escasea por su coherencia y por reivindicarse en las horas bajas de esta corriente, atrapada entre los escombros de sus veladas renuncias, el neoliberalismo más atroz, los populismos de uno y otro signo, los nacionalismos varios y el puro nihilismo de las invocaciones antisistema. Parece mentira que sea hoy reducto de unos pocos la defensa de políticas de reformas dirigidas a sentar las bases de economías eficientes y competitivas para favorecer la cohesión social y las oportunidades, que eso es en esencia la socialdemocracia, pero así estamos.

Como declara la cita del poeta Ángel González con la que se abre el ensayo, el futuro es “tiempo de verbo en marcha”, porque, precisamente, de lo que se trata es de incitar a la reflexión y, con ella, motivar para la acción política, sin quedarse atrapada en seminarios y discusiones etéreas. Si el compromiso proviene de la ciencia económica, en estos momentos en que se precisan discursos eficaces y bien construidos, tendremos buenos mimbres para construir la alternativa necesaria.

Publicado en Asturias24, 26 de noviembre de 2013.

TODOS SALDRÁN DAÑADOS

         

  A juzgar por el último Debate de Orientación Política la estabilidad parlamentaria del Gobierno pende de un hilo y se avecinan tiempos de marejada. Abunda la sobrerrepresentación, alguna con muy poco estilo, pero nadie debería minusvalorar el alcance de la advertencia, porque ha sido clara. Y, aunque se han esgrimido razones de diversa índole, todos los espectadores sabemos que la disputa sobrela reforma electoral se encuentra en el corazón del alejamiento entre el PSOE y sus aliados parlamentarios, IU y UPyD.

            En esta materia los tres partidos que apoyaron la elección de Javier Fernández como Presidente y que ahora escenifican sus discrepancias tienen una parte no pequeña de razón, pero todos se deslegitiman con sus actos. Que el PSOE apele a un respaldo superior al de la mayoría absoluta raspada para evitar que la ley electoral sea objeto de sucesivos cambios sin acuerdos esenciales entre las principales fuerzas del arco político es una postura sensata y responsable; y en el debate de fondo son fundadas sus defensa de los aspectos acertados de la ley en vigor y su apelación a evitar que los territorios de las circunscripciones occidental y oriental caigan en la irrelevancia política. Pero, a su vez, ha ido contrayendo sucesivos compromisos con sus aliados parlamentarios que, en lugar de aplazar las decisiones finales, van camino de acelerarlas, porque éstos tienen serias posibilidades de contar con un mecanismo de transformación de la voluntad popular en escaños más favorable a sus intereses. Por otra parte, al firmar la Proposición de Ley presentada ha dado un paso del que difícilmente –es decir, sin asumir un alto coste en términos de credibilidad- podrá desvincularse.

             A favor de IU y UPyD en este debate no sólo está el hecho de que desde el principio de la legislatura dejaron alto y claro sus expectativas en la materia, sino también la introducción de valiosos elementos en la propuesta, acogiendo sugerencias de los expertos consultados, más allá del reparto de diputados por circunscripciones y acordes con la necesidad de permitir aire fresco en la elección de los representantes institucionales (primarias para elección de candidatos, debates electorales, desbloqueo de listas electorales, formas de facilitar el ejercicio del voto, etc.). En contra –muy en contra- se sitúa su pretensión de forzar la máquina hasta el extremo, priorizando esta cuestión sobre cualquier otra, analizando de forma sesgada y cortoplacista sus objetivos despreciando el contexto en el que se mueven: políticas autonómicas debilitadas por las limitaciones presupuestarias, objetivos de déficit público que ponen las cosas aún más difíciles a Asturias y los aspectos definitorios de las políticas del Gobierno autonómico (preservación de los servicios públicos, reparto equitativo de la carga de la crisis, solvencia y razonabilidad en la gestión pública) bajo intenso fuego enemigo.

            Lo que está en juego, por lo tanto, no sólo es si el Gobierno asturiano cuenta con votos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2014, y por lo tanto su viabilidad parlamentaria. Lo que se decide es si un modelo  basado en la privatización salvaje, la retirada de las políticas de cohesión social y la mercantilización de los bienes públicos se cobra una de sus últimas piezas quitándose del medio a un Gobierno que le resulta incómodo. Mucho más, por lo tanto, que la deseada estabilidad institucional. Una vez que el desgaste ya es inevitable, que al menos todos los actores en liza tengan esto presente para modular posiciones, ceder y acordar de la forma menos perjudicial para todos.

Publicado en Asturias24, 15 de octubre de 2013.

CRISIS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

Al calor de la crisis económica y social, se ha despertado entre la ciudadanía un fuerte cuestionamiento del sistema de representación política propio de nuestra democracia parlamentaria. Por un lado, cunde la sensación de que los parlamentos y los propios gobiernos son incapaces de articular medidas de respuesta a las circunstancias, o de que, directamente se limitan a sincronizar sus agendas con las exigencias de las corrientes financieras y las superestructuras que determinan las prioridades macroeconómicas del momento (básicamente centradas en la reducción del déficit, la extensión de las reglas de mercado a todos los ámbitos y la  minoración de la esfera pública al mínimo indispensable). Las instituciones de las que nos hemos dotado en nuestra arquitectura constitucional parecen, de este modo, vacías de contenido o, peor aún, sometidas, incluso por convencimiento propio, a fuerzas ajenas al interés de la mayoría que predeterminan las decisiones. Por otro lado, la pérdida de calidad en el funcionamiento de los poderes públicos o, directamente, su deriva arbitraria, desdibujan el sueño democrático, que ya no necesariamente conduce a un sistema virtuoso de equilibrio de poderes (los checks and balances teorizados por el constitucionalismo anglosajón), de respeto de los derechos de los ciudadanos y de refuerzo de la fluidez entre representantes y representados, sino que puede degenerar en democracias de dudosa consistencia como tales, desde la Rusia autoritaria de Putin a los presidencialismos caudillistas, pasando por otras experiencias desalentadoras de abuso inicuo de la mayoría absoluta, como el que realiza Víctor Oban en Hungría (bajo alertas escasamente efectivas de la Unión Europea) o, como no subrayarlo, el propio Gobierno de España (29 decretos-ley en 2012 hablan por sí solos de la supeditación del poder legislativo al ejecutivo).

Puede que el paradigma de la democracia parlamentaria esté entrando en una grave crisis, aunque no sería la primera de la que sale, modificado y revisado, pero indemne en lo sustancial. Lo inquietante de las experiencias pasadas es que la crítica al parlamentarismo fue sustento de los totalitarismos más feroces y de dictaduras de amargo recuerdo y es difícil tener la completa seguridad de que no vaya a ser así, aunque quizá no con el mismo grado de dramatismo, esta vez. Si la alternativa a la democracia parlamentaria son fulgurantes experimentos incapaces de hacerse una idea cabal del significado de la responsabilidad política (con el ejemplo más llamativo de Beppe Grillo, dispuesto a hacer fracasar cualquier alternativa al resistente berlusconismo), el populismo que introduce el sensacionalismo o la política-espectáculo en el corazón de las instituciones, el asamblearismo que vive en ensoñaciones impracticables de democracia en tiempo real (como si no se requiriesen personas que temporalmente se dediquen a la cosa pública) o un neoconservadurismo dispuesto a  tomarse la revancha en el terreno perdido (el de la igualdad, la descentralización o la libertad individual), quizá acabemos echando de menos la aburrida estabilidad del sistema parlamentario de las últimas décadas previas a la crisis.

No obstante, tan peligroso como dejarse abandonar al escepticismo o echar por tierra la trayectoria histórica del sistema parlamentario, sería enrocarse en su propia dinámica, como si sus liturgias fuesen antídoto suficiente, sin apreciar que muchas de las críticas que se formulan están cargadas de sentido y propiciando un aislamiento que en nada ayudaría a su supervivencia. Estamos en tiempos de cambio en los que es legítimo cuestionarlo todo o casi todo, y el parlamentarismo corre el riesgo de degradación irreparable si no se afronta la mejora de nuestro sistema de representación, la consideración de la conciencia cívica como actor político fundamental, la promoción de las formas de participación directa en los asuntos públicos y el profundo reajuste de los partidos políticos para que cumplan adecuadamente su función constitucional.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2013.

NI SIENTEN NI PADECEN

Cada vez que los representantes de las instituciones financieras internacionales administran sus recetas purgantes a España, suelen acompañarlas de palabras de reconocimiento para los “asombrosos esfuerzos” y las “medidas decididas” adoptadas por el Gobierno, así calificadas en la jerga al uso de estas esferas. La retórica de los gobernantes, fieles seguidores de tales mandamientos, es similar, siendo sus destinatarios los propios ciudadanos, repletos de confusión y hartazgo a partes iguales, aunque hasta ahora ninguna alternativa estructurada haya cuajado ni es esté en previsión de hacerlo. El mensaje que se traslada desde el poder, los medios de comunicación y los centros de proselitismo del ideario anticrisis en boga, insiste en lainvocación al sacrificio y en un futuro alentador después de la cura, una vez que de los servicios públicos queden poco más que piel y huesos, y que, de paso, se hayan socavado principios elementales del Estado Social y Democrático de Derecho que hasta ahora se decía defender. Los receptores del mensaje cada vez se creen menos estas letanías, sobre todo porque el túnel se hace interminable y cada vez más frío y oscuro, pero del escepticismo, la amargura y la protesta puntual poco más está brotando, al menos de momento.

Lo peor de este año de recortes salvajes y apreturas asfixiantes no es sólo el deterioro, quizás irremisible, de prestaciones, servicios y garantías hasta ahora proveídas desde lo público, es decir, como conquista colectiva. Es más humillante si cabe que tales decisiones vengan acompañadas de una cadena de condescendientes palmaditas en el hombro, como quien anima a la vez que pisa: de las corrientes del mercado financiero al FMI y la OCDE; de estos organismos a la UE; de la UE al Gobierno de España; y de éste a los ciudadanos. A éstos se les insiste en que continúen con el denodado esfuerzo, pero, a la par, se quita hierro a todas las medidas cada vez que se presentan o se detectan, anunciándolas como si fuesen soportables. El problema es que para muchísimas personas ya no lo son. Si hay que realizar copagos por medicamentos, prestaciones sanitarias accesorias (o principales, si directamente se reduce la cartera de servicios de facto), disminuyen las becas, se amputan servicios, sube la presión tributaria –en particular los impuestos indirectos- se reducen en la práctica salarios, pensiones o subsidios, y hay que buscarse en el mercadoprivado bienes que hasta ahora eran públicos, no hay economía familiar media que lo aguante. Y quien desde los centros de decisión o de ejecución de estas políticas diga que comprende el impacto que comportan para las personas que las padecen, o miente o en el mejor de los casos recurre al tópico, porque no tiene ni idea –ni se lo puede imaginar- del enorme daño que está causando en la vida diaria de la gran mayoría de la población.

 

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2013.

CLASE POLÍTICA

En los últimos tiempos ha hecho furor la denominación “clase política” para referirse a la dirigencia de los principales partidos políticos, los responsables públicos y los representantes de la ciudadanía en Cortes Generales, asambleas legislativas de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, etc. El término no es precisamente novedoso, pero ahora ha alcanzado tal grado de difusión que es empleado constantemente a todos los niveles y no digamos ya en los medios de comunicación. Incluso parte de los propios interesados lo utilizan para referirse a sí mismos, ya sea con la crudeza que comporta hablar de “clase” o con la versión más liviana pero con igual carga de profundidad que viene de la mano de la referencia a “los políticos”, como segmento identificable y diferenciado del resto.

Las palabras, como sabemos, no son inocuas, en su contexto y con su sentido. Las connotaciones del término “clase” son muy significativas porque alude a colectivos con intereses contrapuestos, evoca el conflicto e introduce en una misma bolsa (burbuja, podría decirse en este caso) a los que se engloban bajo esa categoría, por antagonismo con el resto. Efectivamente, cada vez que machaconamente se hace referencia a la clase política, instalando a martillazos tal noción en el ideario colectivo, se agranda una división entre representantes y representados y, como profecía autocumplida, profundiza en el recelo con el que una mayoría social observa el juego político y el funcionamiento del sistema parlamentario actual.

El terreno está, por lo tanto, abonado para el inquietante populismo, que crece tanto dentro como fuera de las propias instituciones del sistema. Pero es también campo abierto para el necesario replanteamiento de disfunciones aparentemente inamovibles, si prosperase una agudeza política que hoy por hoy brilla por su ausencia. Porque ante el reto que supone la crisis de confianza en el método representativo actual, de poco sirve acusar a poderes supuestamente ocultos de agitar las aguas con el interés espurio de debilitar el marco de organización política vigente, si no somos capaces de advertir la existencia de causas reales y justificadas en el distanciamiento de la ciudadanía con el sistema que aspira a canalizar a sus aspiraciones. Y es que motivos justificados hay para el escepticismo, cuando los partidos políticos ponen en segundo plano su mandato constitucional de ser instrumento fundamental de participación, cuando la resignación domina la escena, cuando al cuestionamiento del papel de lo representantes públicos se responde con la descalificación de base –o la represión pura y dura- del que critica, cuando cualquier invocación del sacrificio esconde una condena a la depauperación y cuando algunos gestos de supuesta comprensión de los efectos de la crisis económica esconden un cinismo insoportable en quien no conoce, ni de lejos, el impacto de las medidas adoptadas en la vida de millones de personas reducidas a la condición de cifras en las estadísticas.

De nada servirá alertar de los peligros de la antipolítica si los que creemos en la viabilidad de la democracia representativa no somos capaces de constatar las múltiples carencias de su construcción actual, pocas de éllas enmendadas, que son las primeras en ponerla en riesgo de colapso.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2012.

POLÍTICA Y CRISIS

Las encuestas periódicas del Centro deInvestigaciones Sociológicas (CIS) vienen destacando, cada vez de forma más pronunciada, una grave desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y, en particular, hacia todo lo que rodea a la actividad política. El barómetro del mes de julio de 2012, eleva a un grado superior la desafección entre la ciudadanía y su representación, y comienza por ello a despertar verdadera preocupación. El recelo hacia lo que se ha venido a denominar “clase política” es amplio, los partidos políticos son objeto de general reproche y a los líderes de éstos se les otorgan valoraciones escandalosamente bajas. Incluso se sitúa a instituciones, representantes públicos y fuerzas políticas como origen –casi principal- de las actuales dificultades económicas y de las consecuencias que padece la población: precariedad, incertidumbre, desempleo e incipiente depauperación.

Está claro que no se trata de un cabreo momentáneo de la ciudadanía en relación con su sistema de representación y las personas que ejercen tal cometido. La corriente es de fondo, tiene raíces remotas anteriores a la propia crisis y crece con fuerza con la frustración que acarrean los mensajes de fatalismo y resignación –con vanas invocaciones al sacrificio- que provienen de los poderes públicos frente a los aprietos actuales. Cuando se insiste machaconamente en la inevitabilidad de las medidas dolorosas y la falta de alternativas, la secuencia lógica lleva al receptor del mensaje a pensar en la inutilidad de un sistema de toma de decisiones que parece condenado a seguir dictados predeterminados, quedando vacío de sentido.

Parece evidente que el sistema de representación política actual experimenta muestras de fatiga, los partidos a través de los que se encauza la participación política tienen escasa capacidad de reacción y hay motivos para inquietarse por la salud democrática de los países en crisis, con algunos síntomas de reverdecer populista. En España, además, hay un elemento predominante y de rasgos propios que se añade al diagnóstico del problema, porque de las actitudes y expresiones de malestar de la ciudadanía, de su forma de protesta y de su posición ante el poder público, se desprende una singular conciencia de autosubordinación, aunque sea para desencadenar una posterior muestra de descontento o un fogonazo de cólera. Se admite de este modo la predemocrática dinámica en virtud de la cuál es el representante público (el “político” en la terminología de la calle) al que se le imputan las responsabilidades exclusivas –lo que libra de introspecciones molestas y evita buscar causas profundas a los problemas-, situándolo como el que da o el que quita, con la respuesta, según el caso, del agradecimiento expresado en el voto o la queja airada. El resquebrajamiento de la soberanía y la falta de capacidad real de intervención de los poderes públicos, de la que la ciudadanía no deja de percatarse, hace inviable este proceder (sin saber a qué nos llevará la siguiente etapa), porque de la posición del “político” hacedor se pasa a, como mucho, la de ejecutor de instrucciones ajenas.

No obstante, la propia asunción del concepto de “clase política” parece profundamente interiorizada, con la mayoritaria aceptación, casi con naturalidad, de la separación entre el común de la ciudadanía y la minoría a la que se atribuye en exclusiva la gestión de los asuntos públicos, como si ésta no fuese parte de aquélla, y, lo peor, como si fuese razonable para el ciudadano medio no ser partícipe -al menos en cierto grado- de la actividad política. La consecuencia de esta disgregación es una inadecuada noción del liderazgo público y que la relación entre población y “clase política” sólo pueda ser de aprobación o desaprobación y, en el mejor y menos usual de los casos, de control y fiscalización de los representados sobre los representantes. El resultado es un penoso empobrecimiento, hasta quedar prácticamente diluido, del concepto de ciudadanía en su más elevada acepción, que comporta no sólo observación, opinión y criterio sobre los asuntos comunes, sino también implicación activa y participación en el sistema.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2012.

VUELTA DE TUERCA

La crisis nos demuestra, entre otras muchas amargas enseñanzas, que es más fácil de lo que pensábamos poner en cuestión todos los consensos sobre los que se edificaba nuestro modelo social y político, blandiendo la necesidad de adoptar medidas que se presentan como obligatorias, sin elección posible. Esta actitud, extendida entre los gobiernos europeos y en algunos –caso del español- referencia de cabecera de su discurso habitual, incrementa esta permanente sensación de claudicación de los gobernantes y de ausencia de alternativas, agranda la frustración de la población y genera un efecto terriblemente disolvente por la consecuente pérdida de confianza en el sistema de representación. A ojos de la mayoría, de nada parece servir construir un modo de organizar el poder político, de establecer la administración y la distribución territorial de dicho poder o enunciar principios y valores a los que colectivamente se dice aspirar, si a la hora de la verdad todas las palabras dichas pueden ser sustituidas de la noche a la mañana por dictados que, se reconocen, son impuestos a quienes han sido elegidos para representarnos. La mayoría social se ve, de este modo, arrojada sin defensa posible contra un muro de fatalidades que se nos ofrecen como inevitables, sin facultad de influir en acontecimientos de los que somos meros sujetos pacientes. Todo concepto de ciudadanía se desdibuja hasta la caricatura cuando no hay disyuntiva posible, cuando el debate no puede conducir a la formulación de otros proyectos diferentes y sólo resta prepararse para deglutir las medidas que, según el pensamiento hegemónico, hay que tomar para sobrevivir.

Esta tendencia se agrava con una rapidez insospechada y, a la par, se transgreden límites que parecían infranqueables hace apenas unos meses. Así que el elemento nuevo, que empieza a predominar junto con la inquietud y el malestar, es la desesperanza. Con este caldo de cultivo, paradójicamente, es aún más asequible plantear nuevas medidas de destrucción de derechos sociales y de empobrecimiento del sistema democrático hasta hace poco ni siquiera esbozadas en los centros de pensamiento neocon más recalcitrantes.

No es difícil prever la dirección de los tiros y calcular por dónde andarán las mal llamadas reformas estructurales en el plazo de uno o dos años, a la vista de los avances. Se reducirán las redes educativas, sanitarias y de servicios sociales públicas a la condición de subsidiarias, con una drástica disminución de calidad y un alcance mucho más limitado. Se cuestionará el concepto de función pública y Administración desde su raíz, poniendo en tela de juicio la inamovilidad de los funcionarios, el monopolio del poder público y -llevando la privatización al máximo- el ejercicio exclusivo de la autoridad por el Estado. La noción de servicio público se diluirá en la mercantilización de manera cada vez más descarnada. Los poderes regionales y locales perderán autonomía y capacidad de intervención de forma muy significativa, con los desequilibrios territoriales consiguientes. Las políticas culturales, medioambientales, de promoción de valores o de solidaridad serán elevadas a la categoría de lujo, imposible de ser sufragado por las urgencias económicas o incluso como un obstáculo para la recuperación. Se presentará la jornada laboral de 40 horas, los descansos obligatorios en el trabajo o las vacaciones anuales como un impedimento antiguo –palabra clave en el ideario dominante- para la competitividad y la libre negociación de condiciones laborales, perdiendo el carácter de derecho indisponible. La protección por desempleo y por incapacidad será descrita como una carga injusta e inasumible, más allá de una forma de desincentivar la actividad como ya se viene planteando. Se limitarán y penalizarán, de forma más o menos sutil o abierta, con el Código Penal en la mano si es necesario, las formas de resistencia y protesta, en todos los ámbitos.

Todo esto y similares retrocesos pueden suceder antes de lo que pensamos; claro está, mientras dejemos que así sea.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2012.