VUELTA DE TUERCA
La
crisis nos demuestra, entre otras muchas amargas enseñanzas, que es más fácil de
lo que pensábamos poner en cuestión todos los consensos sobre los que se
edificaba nuestro modelo social y político, blandiendo la necesidad de adoptar
medidas que se presentan como obligatorias, sin elección posible. Esta actitud,
extendida entre los gobiernos europeos y en algunos –caso del español-
referencia de cabecera de su discurso habitual, incrementa esta permanente
sensación de claudicación de los gobernantes y de ausencia de alternativas,
agranda la frustración de la población y genera un efecto terriblemente
disolvente por la consecuente pérdida de confianza en el sistema de
representación. A ojos de la mayoría, de nada parece servir construir un modo
de organizar el poder político, de establecer la administración y la
distribución territorial de dicho poder o enunciar principios y valores a los
que colectivamente se dice aspirar, si a la hora de la verdad todas las
palabras dichas pueden ser sustituidas de la noche a la mañana por dictados
que, se reconocen, son impuestos a quienes han sido elegidos para representarnos.
La mayoría social se ve, de este modo, arrojada sin defensa posible contra un
muro de fatalidades que se nos ofrecen como inevitables, sin facultad de
influir en acontecimientos de los que somos meros sujetos pacientes. Todo
concepto de ciudadanía se desdibuja hasta la caricatura cuando no hay
disyuntiva posible, cuando el debate no puede conducir a la formulación de
otros proyectos diferentes y sólo resta prepararse para deglutir las medidas
que, según el pensamiento hegemónico, hay que tomar para sobrevivir.
Esta tendencia se agrava con una
rapidez insospechada y, a la par, se transgreden límites que parecían
infranqueables hace apenas unos meses. Así que el elemento nuevo, que empieza a
predominar junto con la inquietud y el malestar, es la desesperanza. Con este
caldo de cultivo, paradójicamente, es aún más asequible plantear nuevas medidas
de destrucción de derechos sociales y de empobrecimiento del sistema
democrático hasta hace poco ni siquiera esbozadas en los centros de pensamiento
neocon más recalcitrantes.
No es difícil prever la dirección de
los tiros y calcular por dónde andarán las mal llamadas reformas estructurales en
el plazo de uno o dos años, a la vista de los avances. Se reducirán las redes educativas, sanitarias y de servicios sociales públicas a la condición de
subsidiarias, con una drástica disminución de calidad y un alcance mucho más limitado.
Se cuestionará el concepto de función pública y Administración desde su raíz,
poniendo en tela de juicio la inamovilidad de los funcionarios, el monopolio
del poder público y -llevando la privatización al máximo- el ejercicio
exclusivo de la autoridad por el Estado. La noción de servicio público se
diluirá en la mercantilización de manera cada vez más descarnada. Los poderes
regionales y locales perderán autonomía y capacidad de intervención de forma
muy significativa, con los desequilibrios territoriales consiguientes. Las
políticas culturales, medioambientales, de promoción de valores o de
solidaridad serán elevadas a la categoría de lujo, imposible de ser sufragado
por las urgencias económicas o incluso como un obstáculo para la recuperación.
Se presentará la jornada laboral de 40 horas, los descansos obligatorios en el
trabajo o las vacaciones anuales como un impedimento antiguo –palabra clave en
el ideario dominante- para la competitividad y la libre negociación de
condiciones laborales, perdiendo el carácter de derecho indisponible. La
protección por desempleo y por incapacidad será descrita como una carga injusta
e inasumible, más allá de una forma de desincentivar la actividad como ya se
viene planteando. Se limitarán y penalizarán, de forma más o menos sutil o
abierta, con el Código Penal en la mano si es necesario, las formas de
resistencia y protesta, en todos los ámbitos.
Todo esto y similares retrocesos
pueden suceder antes de lo que pensamos; claro está, mientras dejemos que así
sea.
Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2012.
Etiquetas: crisis, derechos sociales, Estado, estado social, recortes