EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL

La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.

A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.

En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.

Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

CIRCUNSCRIPCIONES NECESARIAS

En los debates sobre el modelo institucional de nuestro autogobierno y sobre el sistema idóneo para la elección de los miembros del parlamento conviene que cualquier planteamiento venga precedido de una reflexión suficientemente amplia, evitando que las posiciones defendidas sean producto del mayor o menor interés electoral que, a la vista de la experiencia, una u otra alternativa tenga. Claro que todo puede discutirse y conviene no bajar la guardia cuando de examinar el grado de perfeccionamiento de un sistema de representación se trata. Pero, al mismo tiempo, es preferible evitar posturas que, originadas en buena medida por los condicionamientos electorales, conducen a análisis sesgados.

En el caso del sistema electoral asturiano, la disputa sobre la existencia de tres circunscripciones para la elección de los 45 diputados de la Junta General es añeja, como maduro es también dicho modelo, porque con él se han seguido los comicios autonómicos desde 1983 y es el que recoge la Ley autonómica que desde 1986 los regulan. Ahora la cuestión cobra nueva relevancia al ser esgrimido con ahínco –con cierta obstinación, quizá- por UPyD, que, al igual que IU, crítica también con el modelo, tienen importantes dificultades para conseguir alcanzar un escaño en las circunscripciones occidental y oriental, con el número de votos obtenidos.

Es cierto que decisiones que impliquen vincular la composición de una asamblea legislativa a circunstancias territoriales pueden causar distorsiones en la representación y que, por lo tanto hay que medir bien cómo se diseñan las circunscripciones (territorio, número mínimo de diputados, circunscripciones de restos, etc.), y aquí siempre caben correcciones que modulen esa potencial alteración. Precisamente en los trabajos previos para una posible reforma estatutaria desarrollados entre 2007 y 2008, lamentablemente frustrados, se había planteado la posibilidad de incrementar el número de diputados de la Junta General, de acuerdo además con las mayores competencias de nuestra Comunidad, lo que, de mantenerse las circunscripciones en su regulación actual, reduciría las diferencias entre el número de votos necesarios para alcanzar el primer diputado según la circunscripción. Sin embargo, por otros motivos bien diferentes –básicamente las estrecheces del erario público- no creo que nadie se plantee por el momento retomar esta opción.

En contraposición a las críticas cabe recordar que la existencia de circunscripciones permite una mayor cercanía –y control- entre electores y elegidos, asegura la presencia de representantes de las diferentes zonas geográficas y permite que el parlamento refleje la pluralidad de sensibilidades territoriales, que en Asturias son particularmente notables. Además, hay que tener en cuenta que una adecuada representación del pueblo asturiano, que es el cometido estatutario de la Junta General, no puede desconocer las características de una Comunidad con importantes desequilibrios territoriales que provocan dificultades adicionales a las personas que quieren vivir y desarrollar su actividad en los concejos ajenos al área central. Hasta ahora, precisamente, una de los principales éxitos del modelo autonómico asturiano –y de esto, desafortunadamente, se habla poco- es la sustancial mejora de los servicios públicos, las infraestructuras y la calidad de vida en el territorio periférico, lo que no impide reconocer que queda mucho por hacer, que las reivindicaciones de los municipios menos poblados son muy legítimas y que, sobre todo, con la actual debilidad de los poderes públicos y la tendencia natural a aglomerar la actividad económica industrial y de servicios en la zona central, existe un riesgo importantísimo de desandar rápidamente el camino recorrido.

Es aconsejable, por lo tanto, que este debate no se conduzca desde posiciones intransigentes y ajenas a valoraciones ponderadas. En materia de sistemas electorales, no se trata de inventar la rueda todos los días, sino de elaborar análisis más cuidadosos con la realidad institucional, política y territorial a la que dicho sistema debe servir.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de mayo de 2012.

CANDIDATO X

Una de las incógnitas del escenario postelectoral ha quedado resuelta hace unos días con el anuncio de FAC y PP de que votarán a un mismo candidato en la elección de Presidente del Principado de Asturias. Se despeja así la duda que planeaba sobre los dos partidos de la derecha, que han cultivado con ardor en los últimos meses la confrontación más descarnada, destilando rencores y blandiendo reproches, pero que ahora están dispuestos a intentar impedir que el PSOE recupere la Presidencia del ejecutivo autonómico. No obstante, es una aclaración a medias, porque no indican cuál de los dos potenciales candidatos –a priori, salvo que se guarden alguna sorpresa- será el que sume los votos de ambas fuerzas para encabezar el Gobierno, igual que por el momento tampoco han planteado ninguna alternativa para la más cercanaelección de Presidente de la Junta General. De debatir el programa mínimo común ya se ocuparán posteriormente, sin esbozar hasta ahora nada que no sea la mera aversión al retorno del PSOE e IU al ejecutivo.

La situación política de Asturias está ofreciendo muestras repetidas de surrealismo que acaban por hacer normal a ojos de la opinión pública pactos de esta ralea. Posiblemente esto sucede porque nada consistente se espera de FAC y PP a estas alturas, excepto confusión y barahúnda, así que pocas cosas sorprenden ya. Incluso muchos de sus votantes lo asumen como inevitable y son plenamente conscientes de las limitaciones esenciales para el entendimiento de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, que éstos se encargan de recordar con sus gestos cotidianos. Sin embargo, la práctica nos demuestra que, contra toda conclusión racional y huyendo hacia delante, se pueden suscribir esta clase de componendas, con un punto de farsa y esperpento, sin objetivos reales de gobierno, sin mirarse a la cara y saludándose de soslayo en los actos públicos.

A tenor del contenido del acuerdo entre Francisco Álvarez- Cascos y Mercedes Fernández me inclino a pensar que están aún a distancia sideral de decidir nada sustancial conjuntamente y apenas se dan entre ellos las condiciones para dilucidar qué tipo de proyecto político común plantean a los asturianos. Lo que pretenden, con escaso disimulo, es incrementar la presión sobre UPyD para apremiar a este partido a definirse y para obstaculizar la formación de alternativas. La maniobra de FAC y PP, en suma, es puro filibusterismo político de dos fuerzas que han demostrado repetidamente su manifiesta incapacidad para ofrecer un gobierno estable y digno de tal nombre. Se trata de un ejemplo más de las prácticas que desacreditan a los representantes públicos y generan toneladas de desconfianza entre la ciudadanía, casi resignada a enjuagues de esta naturaleza. Veremos qué resultados les reporta, pero por lo pronto, lo que nos revela es el grado de desfachatez que están dispuestos a alcanzar.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de abril de 2012.

LA DECISIÓN DE SHELDON

Emerge el inconfundible aroma de la cutrez proveniente de todo lo que rodea a la carrera de Cataluña y Madrid por mostrar sus encantos y acomodar la legislación al gusto del magnate de los casinos, para que éste decida con su providencial dedo dónde instalará el macroproyecto Eurovegas. Años parloteando y elucubrando sobre el marco regulatorio de determinadas actividades económicas, el modelo de fiscalidad, la gestión del territorio, las relaciones laborales, etc. y con la aparición del primer encantador de serpientes en época de zozobra podemos enviar al cubo de reciclaje todos los tratados escritos. Si se establece cualquier clase de acuerdo entre Sheldon Adelson y las autoridades estatales, autonómicas y locales destinado a servirle en bandeja las facilidades exigidas para que aterrice con sus excavadoras y tragaperras, sólo el ejercicio de la acción pública en defensa de los intereses generales y la intervención de la justicia podrá evitar que tamaña monstruosidad se trate de llevar a cabo.

Lo que pide el potentado es que se aplique a sus negocios un régimen excepcional en el que pueda sustraerse a determinadas obligaciones en materia de derechos laborales, regulación del juego o salud pública, que se le exima temporalmente de tributos y cuotas de seguridad social, que se le reconozcan ventajas fiscales específicas, que se modifiquen las normas urbanísticas a su gusto para poder edificar rascacielos y evitar cesiones obligatorias de suelo, en definitiva, que se cree una zona franca –casi un moderno señorío- donde no impere la misma ley que en el resto del territorio, todo para acoger una industria de ocio no precisamente sublimador de los espíritus.

Los gobiernos de Madrid y Cataluña, que se llenan la boca –especialmente el primero- hablando de la importancia de una competencia libre y no falseada, de una arcadia liberal en la que la sabia mano invisible del mercado moldea un orden natural perfecto, han corrido veloces a ofrecerle un régimen singularizado, disfrazado de toda la gama de eufemismos disponibles, demostrando que el capitalismo de amiguetes del que nos habla Stiglitz impone sus reglas a todos los niveles. Supongo que el Consejero de Territorio y Sostenibilidad catalán, jefe de la delegación que acudió a rendir pleitesía al prócer, sugeriría la eliminación de la segunda parte de su cargo, porque el proyecto no parece muy sostenible, ni económica ni medioambientalmente; y el Consejero de Economía y Hacienda madrileño habrá hecho buenas migas compartiendo su extremismo neocon –procede de FAES- con el ideario de Adelson, ferviente republicano y financiador de la campaña de Newt Gingrich. Por cierto, ahora que felizmente se pone encima de la mesa el debate sobre el nivel de transparencia exigible legalmente a los poderes públicos, es significativo el grado de reserva de los negociadores cuándo de concretar las obligaciones asumidas y las modificaciones de normativa ad hoc comprometidas se trata.

Se ve que en España aprendemos poco de nuestros errores. Parecía extendida la convicción de que el origen de la actual crisis tenía mucho que ver con el modelo de desarrollo económico, con la apuesta por proyectos milagrosos que convertían secarrales en fantásticas urbanizaciones y que sacaban de la nada paraísos del kitsch al estilo Marina d´Or. Sin embargo, al olor de las sardinas el gato de la especulación ha resucitado y encima está dispuesto a exigir medidas inéditas por el trato preferente que comportan, ofreciéndonos a cambio el cinematográfico Pottersville como quimera a la que, pobres mortales, podemos aspirar. A lo que se añade, cuando uno comprueba la falta de respeto por las propias leyes, el escaso orgullo que nos queda, ese del que también, en clave nacional -cada uno el suyo- exhiben pomposamente el PP y CiU, cuyos representantes pugnan ferozmente por recibir con collares de flores al “emprendedor” Sheldon.

Por suerte Mr. Adelson no ha reparado en que la localidad más poblada de Corvera se llama Las Vegas y nos ha evitado el trago de defendernos de su acción benefactora.

Publicado en La Voz de Asturias, 10 de abril de 2012.

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

CONVOCATORIA Y ALIVIO

La convocatoria de Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias para el próximo 25 de marzo constituye una experiencia inédita en la trayectoria de nuestra Comunidad Autónoma y es igualmente original en el conjunto del Estado de las Autonomías. Hasta ahora, las Comunidades en cuyos Estatutos, desde la oleada de reformas autonómicas de 1998 y 1999, se contemplan únicamente posibilidades limitadas de disolución anticipada de la asamblea legislativa, no habían asistido al uso de esta facultad atribuida al Presidente, con la excepción patológica de la Comunidad de Madrid en 2003, tras la situación provocada por el episodio de transfuguismo de dos diputados, antesala de la primera mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Tampoco hemos asistido, por el momento, a situaciones similares en las otras Comunidades Autónomas que en las reformas estatutarias más recientes, equiparándose al régimen institucional de las Comunidades que accedieron a la Autonomía por vía rápida, han ampliado esta posibilidad de convocatoria electoral anticipada sin que el parlamento saliente tenga un mandato extraordinario acotado al resto del periodo pendiente de 4 años. La experiencia será, por lo tanto, novedosa. Podría decirse que el Principado de Asturias is different y, aunque en todas partes cuecen habas, no es la primera vez que en nuestra Comunidad se produce algún desajuste institucional significativo, proveniente habitualmente de las aguas turbias de la derecha asturiana.

No cabe encontrar problema estatutario alguno en que se acuda a la posibilidad de la convocatoria anticipada y, aunque las críticas a la decisión estén bien fundadas, convendría moderar algunos aspavientos por el trastorno que suponga llamar a los ciudadanos nuevamente a las urnas, como si esta opción estuviese escrita para no ser utilizada. Al contrario, esta posibilidad está prevista en la regulación de nuestro autogobierno precisamente para dar respuesta a situaciones de bloqueo con serias consecuencias políticas y en su incorporación al Estatuto se tuvo presente la amarga experiencia de la IV Legislatura, escenario de la primera gran crisis del PP, con Marqués y Álvarez-Cascos como protagonistas del goyesco Duelo a garrotazos. No obstante el hecho de que la Junta General que resulte electa vaya a tener un mandato más reducido en el tiempo (hasta 2015 en que concluiría la Legislatura originaria) creo que aumenta la sensación de excepcionalidad –como si estas elecciones no tuviesen el mismo valor- y es una limitación que más temprano que tarde habrá que suprimir de nuestro Estatuto.

Por otra parte, la convocatoria electoral no deja de ser una válvula de escape para una situación política que amenazaba gravemente con llevarnos a una parálisis institucional prolongada. Digamos que es una respuesta singular a una situación extraordinaria, porque será difícil encontrar un Gobierno tan aislado de la realidad como el que ha presidido por Álvarez-Cascos y en el que desde el minuto cero sus responsables decidieron la voladura incontrolada de cualquier posibilidad de recabar apoyos para sus proyectos, si es que los tenían. Si a esa actitud se suma la conjunción de incompetencia, revanchismo, mala baba y populismo predominante en el experimento de FAC, el resultado es la acumulación de víctimas que deja el caballo de Atila, empezando por muchos de sus propios correligionarios otrora fanatizados, algunos profesionales y funcionarios que salen escaldados después de aparcar su actividad para echar un cable pensando que había algo más que impostadas invocaciones jovellanistas y otros rebotados de diversa procedencia que pueden sumar una nueva muesca acreditativa de los innumerables proyectos políticos fallidos que han respaldado a lo largo de su vida.

Diría más: menos mal que, en un único acto de lucidez, Álvarez-Cascos, que no puede desconocer la frustración y desgobierno que ha generado, decide poner fin a su viaje a ninguna parte.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de febrero de 2012.

REDUCCIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS Y SEGUNDAS INTENCIONES

Las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo han dado paso, en las 13 comunidades en las se celebraron, a la constitución de nuevos gobiernos y la reestructuración en la organización de éstos y, por extensión, de la propia administración que dirigirán. Es frecuente que, ante el nuevo mandato, cada gobierno, se adscriba o no al mismo signo político que el anterior y tenga o no el mismo presidente, introduzca diferentes cambios de carácter organizativo. La particularidad en este caso es la significativa tendencia general, iniciada hace unos años al calor de las medidas de minoración del gasto público, orientada a la reducción de su estructura y del número de los diferentes departamentos, tanto en lo que se refiere a las propias consejerías como a otros órganos de segundo nivel ejecutivo. A esto se unen diferentes propuestas destinadas a adelgazar la administración institucional y el sector público dependiente de cada comunidad, suprimiendo o fusionando entes de diversa tipología. En este proceso, la posición más destacada en los últimos tiempos ha sido la de la nueva Presidenta de Castilla-La Mancha que, pese a haber defendido meses atrás un fallido proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en el que se elevaba de categoría a determinados órganos complementarios, ahora quiere –según anunció en su discurso de investidura- fulminar por la vía rápida algunos que, además, tienen un cometido de control del poder ejecutivo o de protección de derechos de los ciudadanos.

El debate no ha sido ajeno al Principado de Asturias, si bien con la destacable singularidad de nuestra Comunidad, en la que las dimensiones de la Administración y su sector público no han alcanzado el volumen de otras comunidades, con lo que cualquier formulación que quiera hacerse al respecto, si aspira a ser mínimamente rigurosa, tendrá que partir de la consideración de esta realidad. Claro que puede haber margen para analizar, con el detalle necesario, si es posible simplificar o racionalizar las características de nuestra Administración autonómica y si cabe, en términos de funcionalidad y eficiencia, introducir modificaciones organizativas. Pero cifrar cualquier cambio exclusivamente en clave de reducción –por sistema- de órganos administrativos y entes públicos puede acabar convirtiéndose en un argumento falaz e interesado. Por un lado, porque las competencias que corresponden al Principado de Asturias, desde la reforma estatutaria de 1999 y el intenso desarrollo de ésta durante la década pasada, sitúan a los poderes autonómicos ante la obligación de facilitar, a través de los instrumentos adecuados, numerosos servicios de excepcional importancia para los ciudadanos, con importantes márgenes para la toma de decisiones. Por otro lado, porque es perfectamente razonable que, de forma pareja a la profundización en el autogobierno, se haya hecho más amplia y compleja la realidad institucional autonómica, en la que los órganos auxiliares (Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, y en otro nivel, la Procuradoría General) y los órganos asesores de diversa naturaleza (empezando por el Consejo Económico y Social) tienen importantes responsabilidades para mejorar el funcionamiento del conjunto de nuestras instituciones. Y, finalmente, porque detrás de la propensión a reivindicar permanentemente la reducción de los órganos públicos –como si esta posibilidad de rebaja fuese infinita- se encuentra muchas veces la intención de mermar la capacidad de incidencia de las propias políticas públicas, que ya cuentan en la actualidad con enormes dificultades para subsistir ante la oleada neoliberal en la que los espacios, valores y bienes colectivos también se ven disminuidos.

Quizá, antes de continuar esta llamativa competición de propuestas destinadas a llevar a la insignificancia a los poderes públicos o, peor aún, a reducir a lo anecdótico los instrumentos de participación ciudadana y control en la arquitectura de las comunidades autónomas, convenga comenzar el escrutinio sobre las características de las instituciones empezando por analizar sus cometidos, constatando la necesidad de perfeccionamiento de un sistema descentralizado pendiente de consolidación en muchos aspectos y, sobre todo, subrayando la importancia que, precisamente en este momento, tiene salvaguardar los bienes y servicios cuya provisión es responsabilidad de los poderes públicos autonómicos.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2011.

HERENCIAS Y RELEVOS

En esta época de reemplazo en gobiernos locales y autonómicos es frecuente que los medios de comunicación realicen extensos balances públicos sobre la gestión de los ejecutivos salientes. También es común que los que cogen el testigo en la dirección de las Administraciones comiencen su gestión chequeando la situación que se encuentran, a lo que, en este tiempo en el que el desmedido desaire y el adanismo político están a la orden del día, se suele acompañar, si el nuevo equipo es de un signo político distinto, un reproche abierto a la herencia recibida. Naturalmente que es legítimo analizar con profundidad el escenario que cada nuevo gobierno se encuentra y es igualmente razonable remarcar aquellas cosas que pretenden diferenciar la gestión precedente de la futura. Pero conviene saber que la recriminación al que se va no siempre es proporcionada ni justa, no mejora automáticamente las cosas ni atenúa por sí los problemas y puede acabar convirtiéndose en un recurso propagandístico vulgar ante la indefensión del cesante, que cuenta con menos posibilidades de replicar y limitados espacios para hacerse oír desde el momento en que sale por última vez de su anterior despacho.
En el aterrizaje del gobierno de algunas Comunidades Autónomas estamos asistiendo a una excesiva profusión de censuras tardías a los anteriores gestores, dinámica especialmente abonada en este contexto de crisis económica y dificultades financieras de los poderes públicos. Hay casos paradigmáticos en los que, con la intención de preparar el terreno para adoptar medidas leoninas de recorte de servicios públicos y derechos sociales –todas con indudables intenciones ideológicas, más allá del debate sobre su estricta necesidad- se lanza una desmesurada ofensiva dialéctica contra los anteriores dirigentes, lo que es también habitual cuando las victorias electorales han sido ajustadas y el anterior responsable sigue en liza aunque desde la bancada de la oposición. Entre esos supuestos especialmente llamativos destaca el estilo impuesto por algunos gobernantes del PP que llevan varias semanas desgranando sus recriminaciones contra los antecesores, lejos de miramientos o cautelas institucionales. Aunque le han salido notables imitadores (los Presidentes de Extremadura y Cantabria entre los más aventajados), la número 2 de este Partido y nueva Presidenta de Castilla La Mancha, experta en compatibilizar cargos y sueldos (y en subir los de sus asesores y altos cargos, además), se lleva la palma en la intensidad de su ataque preventivo contra los anteriores encargados de la Administración autonómica, combinando, eso sí, esta táctica con la aplicación de la ley del embudo, ya que desde el minuto cero se ha propuesto limitar los sistemas de control de su gestión (empezando por querer cargarse el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social). Todo un anticipo de la impronta autoritaria y belicosa que un Gobierno del PP traerá a la Administración del Estado si los vaticinios de las encuestas para las Elecciones Generales se cumplen.
En Asturias, es de justicia decir que, en términos generales (al menos de momento y esperemos que esa actitud perdure) no se ha caído en esa perniciosa dinámica de pisotear gratuitamente el nombre de los responsables salientes. Es posible que no valoremos suficientemente la relativa normalidad institucional y el tono general -más mesurado que en otras Comunidades, pese a algunos excesos- en el que se mueve la actividad política asturiana. También es cierto que, si de herencias se trata, sin minusvalorar las muchas dificultades del momento, la que deja el Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces tiene aspectos indudablemente positivos, en términos de solidez financiera de la Administración autonómica (sobre todo si se contrasta con otras Comunidades), de calidad de los servicios públicos, de garantía de los derechos de los ciudadanos, de extensión de las prestaciones sociales y de modificación del modelo productivo de una Comunidad que viene de fuertes reconversiones recientes. Por cierto, más temprano que tarde (quizá cuando se pongan en riesgo) acabaremos valorando en una medida más justa y con un reconocimiento más amplio los significativos progresos de estos últimos años, superando la tradicional tendencia a renegar de nuestros propios logros colectivos.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de agosto de 2011.