AYUNTAMIENTOS EN EL PUNTO DE MIRA

Al calor de la crisis económica, algunos debates se reavivan y asuntos que llevaban tiempo bajo escrutinio se someten a decisiones rápidas, a veces insuficientemente meditadas y no precisamente en el sentido esperable por la orientación de las discusiones previas. En la España de la década pasada era recurrente el análisis sobre la imperfecta construcción institucional y los problemas en la distribución de poder territorial que comportaba la relativa fragilidad de las administraciones locales. Al menos hasta el arranque de esta etapa convulsa, existía un cierto consenso político sobre la necesidad de mejorar la definición de las competencias municipales, ampliando su ámbito de actuación y reconociendo a los ayuntamientos potestades para actuar en materias –las llamadas competencias impropias- en las que llevaban tiempo desarrollando iniciativas. Y, a la par, se valoraba la posibilidad de mejorar sus formas de financiación, principalmente permitiendo una mayor autonomía fiscal y asegurando su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.

Poco o nada de esto, sin embargo, parece que se vaya a concretar en el futuro cercano. Al contrario, una de las primeras consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos, no digamos ya de las asociaciones formadas por éstos y de las mancomunidades. De hecho, es previsible que si se introducen ahora modificaciones normativas éstas no vayan dirigidas a ampliar el haz de competencias municipales sino a reducirlo respecto a las ejercidas en la práctica actual; y no a darle facilidades para una gestión y organización más autónoma sino a constreñir los límites en los que debe desarrollar su actividad institucional. Al mismo tiempo, la propia autonomía local, principio inspirador del modelo municipal español en época democrática, se encuentra más que nunca bajo cuestión, porque la estrecha supervisión económico-financiera y las obligaciones adicionales que se les están imponiendo recortan sobremanera sus propias facultades de decisión. Algunas medidas de indudable relevancia, como el plan de pago a proveedores conlleva que las 4.623 entidades locales que han pedido acogerse a este programa, mayoritariamente ayuntamientos, asumen el sometimiento a rígidos planes de ajuste y en el futuro inmediato –pasados los dos años de carencia previstos- deberán afrontar la devolución de las cantidades prestadas, en diez años y a un interés de, prácticamente, el 6%; en conclusión, o a corto plazo se produce una mejora sensible e inesperada de los ingresos de los ayuntamientos, o muchos experimentarán en los años venideros dificultades insalvables para atender sus compromisos con las entidades financieras participantes en el plan.

Es cierto que entre los debates pendientes había cuestiones cuyo abordaje era, y sigue siendo, más que razonable, empezando por las formas de colaboración entre municipios y la racionalización del mapa municipal (más en otras Comunidades Autónomas que en Asturias); y que algunas prácticas propias de la vida pública local habían derivado en casos concretos hacia gestiones poco transparentes, populistas y carentes de toda visión estratégica. Ahora bien, sería un error mayúsculo admitir una crítica global e indiscriminada al funcionamiento de los ayuntamientos, desconociendo las enormes dificultades financieras y de gestión que han debido afrontar por la insuficiencia de medios ante las necesidades a cubrir. Y, sobre todo, resultaría contraproducente para el interés público erosionar el papel de los ayuntamientos, suprimiendo multitud de servicios sociales y culturales, iniciativas de promoción económica, actividades de fomento del empleo o proyectos que hacen más habitable el espacio común y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Concluir que, en lugar de facilitar a los ayuntamientos un marco legal y financiero estable y apropiado para que puedan cumplir mejor sus cometidos, lo que procede es disminuir sus funciones al mínimo y desproveerlos de capacidad real de intervención, significaría un retroceso de 30 años en política municipal y, sobre todo, una victoria más de quien quiere reducir lo público a la categoría de anecdótico.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2012.

CAFELITO Y ADORMIDERA

La práctica de moda en España es descalificar por sistema a los empleados públicos y, por extensión, cuestionar los presupuestos de base en el funcionamiento de las Administraciones, cargando las tintas no sólo en los responsables directivos sino también en su clase de tropa y marinería. El último en sumarse con entusiasmo y desfachatez a la corriente ha sido nada más y nada menos que el Secretario de Estado de Administración Pública, que acude al socorrido argumento del cafelito para seguir apretando las tuercas. Que estas declaraciones procedan de un alto cargo entre cuyos cometidos se encuentra precisamente asegurar que la regulación, organización y funcionamiento de la Administración sirva para el cumplimiento de los fines que la justifica, revela las verdaderas convicciones y pretensiones de este Gobierno al respecto. Si las palabras provienen además de Antonio Beteta, que fuera sempiterno Diputado en la Asamblea de Madrid (desde 1983, con puntuales destinos en otros cargos), ejemplo de la denunciada falta de renovación de los representantes públicos y adalid del oscurantismo como Portavoz del PP en la farsa de la Comisión de Investigación del parlamento madrileño en el caso Tamayo – Sáez (pecado original de la exitosa Aguirre), comprobamos el grado de coherencia personal que las anima.

Lo peor no es que esta clase de agresiones gratuitas a los empleados públicos sean recurrentes, sino que encuentran una excelente acogida entre una parte significativa de la población, porque el campo está perfectamente abonado ideológicamente para que florezca esta estrategia de desprestigio. A algunos incautos de las clases medias y trabajadoras les han convencido de que deteriorar el empleo público, socavar el papel de las Administraciones y deteriorar los servicios públicos no va con éllos e incluso parecen encontrar cierto regocijo en este tipo de ofensa a los que les sirven. Por lo que se ve, sigue haciendo falta recordar el importante valor económico y social que los bienes públicos producidos comporta, sin los cuáles muchos de los críticos de todo lo compartido serían incapaces de subsistir dignamente. Además, frente a la oleada difamadora que pretende poner en la picota colectivamente a los empleados públicos, conviene recordar -¡miremos a nuestro entorno!- la multitud de ejemplos de personas que, tras el esfuerzo consiguiente en un rígido proceso selectivo, dedican su trabajo al servicio público, creen en él y luchan porque merezca la pena confiar en el bien común, pese a los sinsabores. Quien, al identificar las personas que se dedican al sector público no sea capaz de recordar los nombres de profesores cuyo magisterio resultase estimulante, profesionales sanitarios eficaces y comprensivos, empleados de la Administración dispuestos a facilitar el ejercicio de los derechos del ciudadano, o trabajadores de emergencias o fuerzas de seguridad a los que no le debamos mucho, simplemente es que vive en el imaginario neocon o instalado en la mezquindad.

La inmensa mayoría de las personas que trabajan en las Administraciones merecen nuestra consideración y respeto. Si además se tiene en cuenta que llevan añosde pérdida de poder adquisitivo (también en época de vacas gordas), que muchas veces aguantan estructuras organizativas ineficaces y desalentadoras, que están soportando cambios sustanciales que dificultan las condiciones en las que ejercen sus funciones, habrá que comenzar a evaluar hasta dónde tienen que aguantar la presión que se les echa encima. Porque el siguiente paso en la acometida  en curso será cuestionar abiertamente la inamovilidad de los funcionarios –una garantía fundamental de nuestro sistema-, la privatización masiva de servicios esenciales, la entrega al mercado bloques de actividad hasta ahora ajenos a sus reglas y la rápida transmutación del concepto de ciudadano con derechos en cliente que los tendrá o no en función de los que se pueda pagar. Lo que está por ver es si esta ofensiva contará con la respuesta social que la impida o seguiremos distraídos en si los funcionarios se toman o no un cafelito.

Publicado en Oviedo Diario, 14 de abril de 2012.

EL PELIGRO DE LA ABSTENCIÓN

La singularidad del proceso electoral que afrontamos en Asturias sirve también para poner a prueba la situación de nuestro sistema político e institucional de autogobierno. Ante un escenario en el que el resultado de los comicios de 2011 y, sobre todo, la incapacidad de FAC y PP para alcanzar acuerdos que permitiesen la gobernabilidad de la Comunidad han desembocado en la disolución de la Junta General como única forma de resolver la encrucijada, nos encontramos ante el primer proceso electoral desacompasado del de resto de Comunidades, organizado íntegramente por nuestra Administración y en el que la arena política es exclusivamente regional, aunque esté influenciada –como no puede ser de otra manera- por los vientos agitados que vienen de otros ámbitos políticos.

Es fundamental que las elecciones del 25 de marzo sirvan para resolver esta situación, porque recurrir a su convocatoria, si bien es una opción perfectamente legítima y prevista en nuestro Estatuto para este fin, ha vuelto a situar a Asturias como Comunidad caracterizada por una vida institucional accidentada y difícil, repitiendo, con algunos protagonistas comunes, la inestabilidad de la anterior crisis del PP de los años 1998-1999. Proyectar la sensación de ingobernabilidad y de inestabilidad permanente desde luego no ayuda a mejorar la imagen de nuestra Comunidad ni la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de autogobierno. Necesariamente habrá que atribuir tal responsabilidad, de forma prioritaria, a los partidos, PP y FAC, que han incubado con mimo esta crisis durante años y al Presidente del Principado de Asturias, que tenía hasta ahora la obligación de buscar apoyos parlamentarios y renunció desde el primer minuto a acometer esta tarea.

Una vez llamados a decidir con su voto, es fundamental evitar que cunda cierta sensación de hastío o indolencia entre los ciudadanos, porque llegados a este punto no hay otra alternativa para cada asturiano con derecho de sufragio que comprometerse en la resolución de la crisis política de la Comunidad, al menos con su participación en las elecciones. Además, será presupuesto necesario para mejorar la situación socioeconómica que nuestras estructuras de autogobierno estén en condiciones de dar respuesta a los problemas de este momento de dificultades y que no se encuentren paralizadas ni un minuto más. Recordemos que una parte muy significativa de los servicios públicos más relevantes son gestionados por la Comunidad Autónoma y que las políticas de promoción económica que puede desarrollar son determinantes para que muchos proyectos salgan adelante.

Por eso, la limitada celebración de actos de campaña y la menor intensidad de difusión de materiales de propaganda por los partidos concurrentes, forzada por las estrecheces económicas y por el deseo de no abrumar al electorado al tratarse de la tercera convocatoria en 10 meses, no debería crear en los asturianos la sensación de que estas elecciones tienen un perfil bajo o una importancia menor. Al contrario, del grado de participación de la ciudadanía, de su implicación la salida al bloqueo político de estos meses, de su interiorización de la importancia de su papel como fundamento último del autogobierno, dependerá en buena medida que el engranaje de nuestras instituciones autonómicas, limpio de arena, vuelva a funcionar.

Publicado en La Voz de Asturias, 13 de marzo de 2012.

REDUCCIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS Y SEGUNDAS INTENCIONES

Las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo han dado paso, en las 13 comunidades en las se celebraron, a la constitución de nuevos gobiernos y la reestructuración en la organización de éstos y, por extensión, de la propia administración que dirigirán. Es frecuente que, ante el nuevo mandato, cada gobierno, se adscriba o no al mismo signo político que el anterior y tenga o no el mismo presidente, introduzca diferentes cambios de carácter organizativo. La particularidad en este caso es la significativa tendencia general, iniciada hace unos años al calor de las medidas de minoración del gasto público, orientada a la reducción de su estructura y del número de los diferentes departamentos, tanto en lo que se refiere a las propias consejerías como a otros órganos de segundo nivel ejecutivo. A esto se unen diferentes propuestas destinadas a adelgazar la administración institucional y el sector público dependiente de cada comunidad, suprimiendo o fusionando entes de diversa tipología. En este proceso, la posición más destacada en los últimos tiempos ha sido la de la nueva Presidenta de Castilla-La Mancha que, pese a haber defendido meses atrás un fallido proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en el que se elevaba de categoría a determinados órganos complementarios, ahora quiere –según anunció en su discurso de investidura- fulminar por la vía rápida algunos que, además, tienen un cometido de control del poder ejecutivo o de protección de derechos de los ciudadanos.

El debate no ha sido ajeno al Principado de Asturias, si bien con la destacable singularidad de nuestra Comunidad, en la que las dimensiones de la Administración y su sector público no han alcanzado el volumen de otras comunidades, con lo que cualquier formulación que quiera hacerse al respecto, si aspira a ser mínimamente rigurosa, tendrá que partir de la consideración de esta realidad. Claro que puede haber margen para analizar, con el detalle necesario, si es posible simplificar o racionalizar las características de nuestra Administración autonómica y si cabe, en términos de funcionalidad y eficiencia, introducir modificaciones organizativas. Pero cifrar cualquier cambio exclusivamente en clave de reducción –por sistema- de órganos administrativos y entes públicos puede acabar convirtiéndose en un argumento falaz e interesado. Por un lado, porque las competencias que corresponden al Principado de Asturias, desde la reforma estatutaria de 1999 y el intenso desarrollo de ésta durante la década pasada, sitúan a los poderes autonómicos ante la obligación de facilitar, a través de los instrumentos adecuados, numerosos servicios de excepcional importancia para los ciudadanos, con importantes márgenes para la toma de decisiones. Por otro lado, porque es perfectamente razonable que, de forma pareja a la profundización en el autogobierno, se haya hecho más amplia y compleja la realidad institucional autonómica, en la que los órganos auxiliares (Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, y en otro nivel, la Procuradoría General) y los órganos asesores de diversa naturaleza (empezando por el Consejo Económico y Social) tienen importantes responsabilidades para mejorar el funcionamiento del conjunto de nuestras instituciones. Y, finalmente, porque detrás de la propensión a reivindicar permanentemente la reducción de los órganos públicos –como si esta posibilidad de rebaja fuese infinita- se encuentra muchas veces la intención de mermar la capacidad de incidencia de las propias políticas públicas, que ya cuentan en la actualidad con enormes dificultades para subsistir ante la oleada neoliberal en la que los espacios, valores y bienes colectivos también se ven disminuidos.

Quizá, antes de continuar esta llamativa competición de propuestas destinadas a llevar a la insignificancia a los poderes públicos o, peor aún, a reducir a lo anecdótico los instrumentos de participación ciudadana y control en la arquitectura de las comunidades autónomas, convenga comenzar el escrutinio sobre las características de las instituciones empezando por analizar sus cometidos, constatando la necesidad de perfeccionamiento de un sistema descentralizado pendiente de consolidación en muchos aspectos y, sobre todo, subrayando la importancia que, precisamente en este momento, tiene salvaguardar los bienes y servicios cuya provisión es responsabilidad de los poderes públicos autonómicos.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2011.