TOMARSE EN SERIO EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA
De
entre las medidas adoptadas por el Gobierno del PP desde su victoria electoral
en noviembre de 2011, una de las que mayor factura acabará pasando a este país
es la contrarreforma energética emprendida, cierto es, con determinación, casi
diría que con saña. Y no me refiero sólo a las consecuencias que pueden deparar
los numerosos litigios en los que inversores internacionales cuestionan la
aplicación retroactiva de la retirada parcial de los incentivos a las energías
renovables, situación en virtud de la cuál España compite en 2014 por el
liderazgo en el ranking de procesos iniciados en su contra en el CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones, dependiente del
Banco Mundial; o a los desajustes que comportaría cualquier pronunciamiento
judicial a favor de los recursos que las empresas energéticas de toda condición
y un buen número de comunidades autónomas han venido interponiendo frente a las
principales piezas del engranaje jurídico de la contrarreforma.
Más allá de lo contingente, con ser de por sí graves sus
repercusiones, lo que se dilucida es la capacidad de España para tener una
industria energética que facilite condiciones competitivas adecuadas al
conjunto de su tejido económico, que evite que su dependencia continúe pesando
sobre la propia capacidad del país para decidir con libertad sus relaciones
geoestratégicas y que esté en condiciones de propiciar un cambio de modelo
hacia una producción energética renovable y sostenible medioambientalmente.
Mejor decir lo que se dilucidaba, porque el Gobierno, pensando a corto plazo
únicamente en atajar el déficit tarifario del sistema y en absoluto en
cualquier otro de los vectores en liza, ha tomado decisiones que hipotecan el
futuro de España y frustran las grandes esperanzas alumbradas en años pasados.
Así sucede con el mencionado recorte, incluso con efectos
retroactivos, en los incentivos a la producción de energía en lo que hasta la
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se conocía como el régimen especial,
frustrando el importante desarrollo alcanzado cuando se comenzaban a recoger
los frutos del esfuerzo realizado y expulsando a inversores, tecnólogos,
ingenierías, fabricantes y constructores fuera del mercado español, rumbo a
otros destinos en los que aún se actúa consecuentemente con el objetivo de una
industria energética sostenible y con el cumplimiento de compromisos en materia
de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Lo mismo con el
abandono de la idea de convertir a la producción en centrales de ciclo combinado
en garante subsidiario de la continuidad del suministro, estando en la
actualidad el importante parque construido en los años previos al inicio de la
crisis bajo mínimos de actividad y las inversiones previstas, paralizadas o
abandonadas. Y, en lo que se refiere al sector de hidrocarburos, igualmente
estratégico para la seguridad energética, el estrangulamiento persistirá, pese
a la importante capacidad refinera, mientras un país con escasas reservas haya
dejado en la estacada el potencial sustitutivo del vehículo eléctrico o del
sector de los biocombustibles (en España sólo opera en la actualidad
aproximadamente el 10% de la capacidad productiva instalada de las fábricas de
biocombustibles), precisamente cuando en otros países se avanza en el
cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea 2009/28/CE de Energías Renovables, favoreciendo además a los biocombustibles avanzados y certificados
cuya materia prima no incide en el mercado alimentario ni en el cambio
indirecto del uso del suelo.
Por otra parte, poco se hace en el sector eléctrico para acabar
con el falseamiento de la competencia, la especulación asociada a la
compraventa de energía o de deuda titulizada del sistema, o con los efectos
perversos del oligopolio dominante, por cierto sin participación pública en
ninguna de las empresas de referencia (contrariamente a las posiciones
accionariales relevantes, aunque no siempre mayoritarias, que otros estados de
la Unión Europea todavía mantienen respecto de las eléctricas de más arraigo en
sus respectivos países). Cierto es que el temor reverencial a impulsar medidas
que verdaderamente garanticen la competencia tuvo la notable salvedad del golpe
en la mesa para evitar que la repercusión en el recibo de la luz de las
disfunciones del modelo de subasta CESUR (Contratos de Energía para Suministro
de Último Recursos) provocase un estallido social en toda regla, pero el
problema de fondo persiste.
En este escenario, el Gobierno sigue lidiando con lo que
considera urgente (manejar el déficit de tarifa, moderar el gasto asociado al
apoyo a las renovables, permitir las prospecciones en el entorno de Canarias,
algunos gestos a la galería, etc.) mientras olvida lo importante y borra de un
plumazo las expectativas de cambio alumbradas en los años previos a la crisis.
Así las cosas, no hay superación posible de la dependencia y, consecuentemente,
la debilidad de España se acrecienta mientras las incertidumbres globales
asociadas al control de las materias primas y los mercados energéticos continúa
incrementándose.
Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2014.
Etiquetas: crisis económica, dependencia energética, economía, energía, energías renovables, Gobierno de España, política energética, PP
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