Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

21.10.09

MOSCAS A CAÑONAZOS


He seguido con gran interés el debate suscitado en los últimos días a raíz de la presentación, por parte del Equipo de Gobierno municipal, del Proyecto de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, que se encuentra actualmente en tramitación en el Ayuntamiento de Oviedo, y que previsiblemente se aprobará merced a la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la Corporación, con pocos o ningún cambio sobre el texto propuesto. Sorprende en primer lugar, y puede ser un error de estrategia política de bulto, que el propio Gobierno local plantee esta cuestión de la forma en la que lo ha hecho, sacando a la luz sin debate ciudadano previo, sin una aparente justificación acreditada y dando por hecho su aprobación, un Proyecto de Ordenanza en el que predomina el carácter sancionador, y que desgrana –y castiga- diferentes conductas consideradas incívicas, aludiendo a una imperiosa necesidad de reprimir tales comportamientos como si la ciudad se encontrase enormemente acuciada por problemas de inseguridad y vandalismo. Pero lo cierto es que no parecía existir una intensa demanda social de una normativa como la sugerida, ni, por fortuna, los problemas de esa naturaleza son en la actualidad de la magnitud que nos han pintado, a pesar de episodios puntuales.
Hasta ahora, al menos, se puede presumir de que, en el conjunto de Asturias, y desde luego en Oviedo, se disfruta de unos niveles de seguridad razonables y de una adecuada convivencia, en términos generales, y es esa relativa tranquilidad, y el clima de tolerancia y respeto al que se asocia, uno de los activos más importantes con los que contamos. Claro que ésto no es gratuito, y que requiere un importante esfuerzo, empezando por garantizar una mínima cohesión social que impida que queden fuera de juego capas enteras de la población, y siguiendo por la necesaria reflexión sobre la importancia de preservar los derechos de los conciudadanos. Y claro que, en un contexto general de incremento de tensiones, de crisis económica y de fuerte tendencia individualista existen conductas incívicas e insolidarias y problemas de inseguridad que nos deben preocupar, y a los que hay que dar respuesta, también desde el punto de vista punitivo si es necesario. Pero, hoy por hoy, visto en conjunto, y sobre todo en comparación con otras ciudades, regiones y países, en Oviedo, antes de emprender a la ligera cualquier senda prohibicionista, tenemos que valorar positivamente el aceptable nivel de seguridad en el que vivimos.
El error, en el caso del Proyecto de Ordenanza del que hablamos, surge cuando, a determinadas pautas de comportamiento que generan molestias a terceros o que impiden el uso normal del espacio público, se responde de forma escasamente reflexiva, alimentando la espiral sancionadora y dando una respuesta eminentemente represiva, que además, como el propio Gobierno local reconoce, es importada de otras ciudades bien diferentes y cuya eficacia no está ni mucho menos contrastada. En primer lugar, se está transmitiendo a la sociedad un mensaje que puede ser equivocado, exaltando por sistema las políticas de mano dura, ante una realidad que no es tan crítica como para dar un tratamiento de excepción, y cuyos conflictos pueden además abordarse desde otras perspectivas. En segundo lugar, a la hora de identificar qué conductas merecen reproche y castigo, se aplica una visión profundamente conservadora, dirigida a esconder problemas sociales antes que a afrontarlos (mendicidad o prostitución, por ejemplo), o que directamente coloca en el disparadero algunas prácticas cuyo presunto perjuicio social es bastante discutible, tómese como ejemplo la pretendida prohibición del skate fuera de espacios autorizados, la limitación de juegos deportivos en la calle, la venta de clínex en un semáforo o incluso, en determinados casos (con todas las cautelas razonables), que un grupo de jóvenes se sienten en un parque a tomar unas copas, porque, y ésto aunque parece obvio hay que recordarlo, no todo el consumo de alcohol en la vía pública acaba en vomitonas, escándalos, suciedad y comas etílicos.
Quizá fuese necesario tipificar algunas conductas lesivas y sancionarlas, como hace el Proyecto de Ordenanza. Pero una regulación como ésta hubiera sido merecedora de un debate previo más amplio, con intervención de las asociaciones ciudadanas y voluntad de acuerdo social y político, y, sobre todo, con una visión mucho más amplia –educativa y de promoción del civismo- a la que el Ayuntamiento parece haber renunciado.

Publicado en Oviedo Diario, 10 de octubre de 2009.

LA ENCRUCIJADA DE LAS REFORMAS FISCALES


La crisis económica, el incremento del gasto público, el coste de los estímulos a la actividad, y el recorte de ingresos de la hacienda pública han puesto encima de la mesa, de forma abrupta e inaplazable, el debate sobre política fiscal, abierto en canal en las últimas semanas en el ámbito estatal y con réplicas en las Comunidades Autónomas; también en Asturias, donde, además, el debate sobre la orientación del gasto ocupará muchos esfuerzos en la determinación de los próximos Presupuestos Generales del Principado. Las circunstancias han hecho imprescindible abordar, a nivel estatal, algunas reformas tributarias que pretenden incrementar la recaudación, elevando ligeramente la presión fiscal y que, en el momento de redactar estas líneas, aún están por determinar en gran parte. Por lo pronto, a falta de la necesaria concreción que ponga fin a las conjeturas, se ha hablado de gravar más las rentas del capital y subir algunos impuestos indirectos; se ha recordado la necesidad de profundizar en la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, además de otras consideraciones como analizar la tributación de las grandes fortunas, la utilización que éstas hacen de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) y otras formas dirigidas a pagar menos tributos, etc. Las urgencias del momento y la necesidad de contener la escalada del déficit público posiblemente impidan que el análisis que se efectúe cuente con el sosiego necesario para poder examinar, en perspectiva, el acierto o desacierto de las decisiones fiscales tomadas en los últimos años y la orientación que quiera adoptarse para el futuro
No obstante, una decisión fundamental, de carácter previo, sí se ha tomado, al situar el Gobierno estatal como prioridad el gasto para el mantenimiento de los servicios públicos y el pago de las prestaciones económicas que constituyen la red de sostenimiento para las capas más desfavorecidas ante las consecuencias más duras de la crisis. Esta opción, junto con la negativa a imponer sin acuerdo medidas de flexibilización del mercado laboral, marcan el carácter social de las políticas de respuesta a la crisis. De esta forma, pese a la virulencia de la recesión y las diferentes consecuencias que comporta, el hecho es que estamos atravesándola sin la aprobación, hasta el momento, de recortes de prestaciones y servicios, y sin deterioro –en la ley- de derechos sociales y laborales, lo cuál, tomando como referencia las medidas restrictivas adoptadas en otros periodos de crisis, no tiene parangón y merece ser destacado. En el caso del Principado de Asturias, en la misma línea camina el Gobierno autonómico, por cuanto se ha continuado con el fortalecimiento de políticas inclusivas (desarrollo del sistema de dependencia, salario social, etc.) y no se barajan retrocesos en el acceso y alcance de los servicios públicos.
La apuesta del Gobierno estatal cuenta con numerosos detractores, algunos de los cuáles plantean que, a la larga, puede resultar insostenible e incluso contraproducente esta decisión, porque algunas ineficiencias del mercado de trabajo, el elevado déficit y el incremento de la presión fiscal pueden retrasar la recuperación. Es una inquietud legítima y digna de ser sopesada; sin embargo el resultado de la orientación solidaria de la respuesta a la crisis tiene un aspecto indudablemente positivo, puesto que, pese a las importantes dificultades, no se ha resquebrajado la cohesión social ni se ha producido un incremento incontenible de la tensión laboral.
El carácter social de las respuestas a la crisis se pondrá nuevamente en juego a la hora de decidir qué tipo de reformas fiscales se emprenden. A lo largo de los últimos años, con la intención de corregir algunos desajustes e incentivar la actividad económica, se ha asistido a una tendencia generalizada, de la que han participado, cada una en su ámbito competencial, Estado y Comunidades Autónomas (en menor medida en el caso del Principado de Asturias, que ha sido más prudente en la regulación de ventajas fiscales), de reducción de determinados impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, por ejemplo) y de incremento de impuestos indirectos y otros tributos, como las tasas, que no consideran las circunstancias económicas previas del contribuyente. El resultado ha sido una objetiva disminución de la progresividad del sistema, que ha perdido carácter reequilibrador, dejando a las prestaciones y servicios prácticamente todo el peso en la redistribución de la riqueza.
Ahora, en una coyuntura en que se plantea, por necesidad, acometer reformas fiscales –aunque sólo en el ámbito estatal-, y en un periodo en que se pretenden corregir algunos errores del pasado, cabe subrayar el papel que la política fiscal juega a la hora de reflejar un orden de prioridades políticas, puesto que el sistema tributario incide fuertemente no sólo en lo que el Estado ingresa, sino también en cómo –de forma más o menos justa- se distribuye esa carga entre los ciudadanos.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2009.

DÍAS DECISIVOS EN HONDURAS

La audaz maniobra del depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, retornando al país de forma clandestina y obteniendo la protección de la embajada brasileña en Tegucigalpa, ha permitido que retornase a primera plana de los medios de comunicación de todo el mundo la crisis política e institucional que vive el país centroamericano. La sumisión de la actualidad informativa a lo inmediático había colocado en segundo plano durante las últimas semanas la situación hondureña, ante la relativa inacción de la comunidad internacional, de modo que, superada la zozobra inicial provocada por el golpe de Estado del 28 de junio pasado, y fracasados los intentos iniciales de restablecimiento de la normalidad democrática, se había comenzado a extender la sensación de afianzamiento del nuevo status quo, y, a la par, parecía haber minorado la preocupación por la ruptura del orden constitucional en aquel país.
Sin embargo, como suele suceder en estos casos, que no ocupase portadas en periódicos e informativos no significaba que los acontecimientos en Honduras no continuasen resultando preocupantes y dignos de mejor atención. En este sentido, y desde la perspectiva de nuestra tierra, es de interés el trabajo que ha desarrollado la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, promovida por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, y que realizó su misión sobre el territorio entre el 30 de julio y el 6 de agosto, entrevistándose con diferentes movimientos sociales y recibiendo informes de diversa procedencia sobre la espiral de represión que se originó (incrementándose hasta hacerse sistemática) desde el comienzo del golpe y la expulsión del presidente constitucional hondureño. Otras fuentes dan cuenta también de la aplicación de los viejos métodos del golpismo reaccionario, que se creía felizmente desterrado de la realidad latinoamericana: intimidación y hostigamiento a opositores, detenciones arbitrarias sin cargos ni juicio, censura de las voces críticas y persecución de la libertad de expresión, brutalidad y torturas a cargo de fuerzas militares y de seguridad, e incluso algunos casos de asesinatos y denuncias de desapariciones, al más puro estilo pinochetista o videliano. En definitiva, una crisis de derechos humanos de primer orden, y, lo que es preocupante, la reaparición del sistema dictatorial –con mayor o menor descaro- en la zona, rompiendo la positiva trayectoria que, en los últimos 20 años, había devuelto a América Latina a la estabilidad democrática (con la penosa excepción cubana) y, de la mano, al progreso económico e incluso a la incipiente lucha para superar las enormes desigualdades sociales que aún subsisten.
Es lamentable, por otra parte, que desde algunos ámbitos –y no pocos medios de comunicación- se haya tratado de explicar y casi justificar la usurpación del poder acontecida en Honduras, situando como contendientes, pero en el mismo plano de legitimidad, a gobernantes elegidos democráticamente, como los presidentes de Bolivia, Ecuador y, sobre todo, Venezuela, frente al golpismo representado por el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti. Puedo estar de acuerdo con algunas críticas hacia la deriva populista de lo que se ha venido en llamar el movimiento bolivariano, sobre todo en el caso de su líder regional, el presidente venezolano Hugo Chávez, cuyas veleidades autoritarias son conocidas. Pero, en estas circunstancias, como ya sucedió con el intento de abril de 2002 en Venezuela o con las maniobras desestabilizadoras en Bolivia, hemos vuelto a comprobar cuál es la única alternativa que los poderes fácticos articulan en su contra: la quiebra constitucional y el golpismo.
El capítulo histórico que se vive estos días en Honduras sólo puede, necesariamente, tener un final si se pretende afianzar el proceso democrático latinoamericano. En este caso, la presión de la comunidad internacional debe ser lo suficientemente eficaz, y lo suficientemente comprometida –siguiendo honrosas actitudes como la demostrada en este conflicto por el presidente brasileño- de modo que los esfuerzos de mediación vengan acompañados de la firmeza precisa que permita, sí o sí, el restablecimiento del proceso constitucional en Honduras.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de septiembre de 2009.