VUELTA DE TUERCA

La crisis nos demuestra, entre otras muchas amargas enseñanzas, que es más fácil de lo que pensábamos poner en cuestión todos los consensos sobre los que se edificaba nuestro modelo social y político, blandiendo la necesidad de adoptar medidas que se presentan como obligatorias, sin elección posible. Esta actitud, extendida entre los gobiernos europeos y en algunos –caso del español- referencia de cabecera de su discurso habitual, incrementa esta permanente sensación de claudicación de los gobernantes y de ausencia de alternativas, agranda la frustración de la población y genera un efecto terriblemente disolvente por la consecuente pérdida de confianza en el sistema de representación. A ojos de la mayoría, de nada parece servir construir un modo de organizar el poder político, de establecer la administración y la distribución territorial de dicho poder o enunciar principios y valores a los que colectivamente se dice aspirar, si a la hora de la verdad todas las palabras dichas pueden ser sustituidas de la noche a la mañana por dictados que, se reconocen, son impuestos a quienes han sido elegidos para representarnos. La mayoría social se ve, de este modo, arrojada sin defensa posible contra un muro de fatalidades que se nos ofrecen como inevitables, sin facultad de influir en acontecimientos de los que somos meros sujetos pacientes. Todo concepto de ciudadanía se desdibuja hasta la caricatura cuando no hay disyuntiva posible, cuando el debate no puede conducir a la formulación de otros proyectos diferentes y sólo resta prepararse para deglutir las medidas que, según el pensamiento hegemónico, hay que tomar para sobrevivir.

Esta tendencia se agrava con una rapidez insospechada y, a la par, se transgreden límites que parecían infranqueables hace apenas unos meses. Así que el elemento nuevo, que empieza a predominar junto con la inquietud y el malestar, es la desesperanza. Con este caldo de cultivo, paradójicamente, es aún más asequible plantear nuevas medidas de destrucción de derechos sociales y de empobrecimiento del sistema democrático hasta hace poco ni siquiera esbozadas en los centros de pensamiento neocon más recalcitrantes.

No es difícil prever la dirección de los tiros y calcular por dónde andarán las mal llamadas reformas estructurales en el plazo de uno o dos años, a la vista de los avances. Se reducirán las redes educativas, sanitarias y de servicios sociales públicas a la condición de subsidiarias, con una drástica disminución de calidad y un alcance mucho más limitado. Se cuestionará el concepto de función pública y Administración desde su raíz, poniendo en tela de juicio la inamovilidad de los funcionarios, el monopolio del poder público y -llevando la privatización al máximo- el ejercicio exclusivo de la autoridad por el Estado. La noción de servicio público se diluirá en la mercantilización de manera cada vez más descarnada. Los poderes regionales y locales perderán autonomía y capacidad de intervención de forma muy significativa, con los desequilibrios territoriales consiguientes. Las políticas culturales, medioambientales, de promoción de valores o de solidaridad serán elevadas a la categoría de lujo, imposible de ser sufragado por las urgencias económicas o incluso como un obstáculo para la recuperación. Se presentará la jornada laboral de 40 horas, los descansos obligatorios en el trabajo o las vacaciones anuales como un impedimento antiguo –palabra clave en el ideario dominante- para la competitividad y la libre negociación de condiciones laborales, perdiendo el carácter de derecho indisponible. La protección por desempleo y por incapacidad será descrita como una carga injusta e inasumible, más allá de una forma de desincentivar la actividad como ya se viene planteando. Se limitarán y penalizarán, de forma más o menos sutil o abierta, con el Código Penal en la mano si es necesario, las formas de resistencia y protesta, en todos los ámbitos.

Todo esto y similares retrocesos pueden suceder antes de lo que pensamos; claro está, mientras dejemos que así sea.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2012.

EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL

La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.

A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.

En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.

Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

EXHIBICIÓN DE TROFEOS

No me gusta ni un pelo la grosera demagogia que prácticamente atribuye los problemas macroeconómicos de los países del Sur de Europa al sometimiento a las políticas de austeridad y consolidación fiscal cuya imposición atribuyen exclusivamente al Gobierno alemán de Ángela Merkel. Creo que es una forma absurda –patética, incluso- de exculpar los problemas propios buscando una causa ajena, denunciando una maléfica mano negra que los causa; composición que además casa mal con el estilo de la Canciller, que no es precisamente de gesto fiero por muy alemana que sea. Me temo que tenemos suficientes paladines autóctonos de la disminución de lo público y del neoconservadurismo en boga: no nos hace falta buscarlos afuera ni endosar la responsabilidad a los germanos y los eurócratas. A su vez, de nada sirve repudiar a las instituciones comunitarias –hace dos días benefactoras pero hoy pintadas como madrastras- y negar que tenemos un serio problema de financiación pública y privada, agravado por la desbocada especulación pero crudamente real en su esencia.

Otra cosa bien diferente es el derecho, la necesidad diría, de analizar críticamente si el camino actual de tratamientos de choque, remedo europeo de los ajustes estructurales en otro tiempo aplicados por el FMI en otras latitudes, no acabará creando, por su intensidad y ritmo, un problema mayor del que pretende solucionar, dejando de lado, además, algunas de las causas estructurales de la crisis para centrarse en la ideológica tarea de reducir el sector público a su mínima expresión. Y, del mismo modo, convendría que los gobernantes más entusiastas de la agenda de recortes y privatizaciones tuviesen algo más de cuidado en su puesta en escena de alumnos aventajados, porque van a acabar dando pábulo a la exagerada interpretación que nos sitúa poco menos que como apéndices de Berlín. El hecho de que Rajoy dé en primicia explicaciones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales en entrevista privada a Volker Kauder (líder parlamentario de la CDU), antes que a las Cortes Generales o a la opinión pública, es cuando menos poco decoroso, sobre todo después de semanas jugando al gato y al ratón con los medios de comunicación para dar con cuentagotas apuntes sobre el tipo de recortes que pueblan las cuentas del Estado para este año.

El caso es que llueve sobre mojado porque ver a nuestro Presidente en el Consejo Europeo presumir, medio en broma medio en serio, sobre la huelga general que aventuraba -¡casi convocaba de oficio!- como consecuencia de la entonces proyectada reforma laboral, no fue precisamente inteligente. El campeonato de indiscreciones y el prurito neoliberal ante los profes de la Comisión europea siguió con Luis de Guindos, todo ufano al anunciar que la reforma sería extremely agressive, demostrando que en este siglo XXI no sólo hay que saber inglés para abrirse paso y ampliar horizontes culturales y profesionales, sino también para entender a nuestro Ministro de Economía. Aunque al común de los mortales nos sonroje un poco este vulgar y cruel anhelo que parece dominar a nuestro Gobierno, el caso es que desde el 29-M, ya tienen en sus vitrinas el que parecía su ansiado premio y nos tememos que van a por más. El problema es que, si se solazan en esa lógica perversa que consiste en exhibir el descontento popular como prueba de la agudeza de sus políticas, alimentarán una escalada inquietante mientras generan tensiones sociales muy serias. Y, al mismo tiempo, quizá sin saberlo y haciendo realidad aquello de que donde las dan las toman, se convertirán velozmente en candidatos a engrosar la lista de gobernantes sobrepasados por la crisis, objetos de exhibición en la galería de piezas cobradas por los mercados en el maremágnum de la crisis.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de abril de 2012.

ALUMNOS AVENTAJADOS

Es significativa la forma en que se ha instalado rápida y mayoritariamente la convicción sobre el carácter inevitable y necesario de los recortes sociales y los programas de reducción del gasto público. A día de hoy, agitar argumentos que hace una o dos décadas eran patrimonio exclusivo de los adalides de la llamada revolución conservadora, se ha convertido en práctica común entre responsables políticos de diferente procedencia, domina abrumadoramente entre los mensajes académicos de los economistas e impregna a buena parte de la opinión pública, incluso entre los sectores sociales que probablemente vayan a sufrir de forma más descarnada los efectos de esas medidas. Entre las claves del éxito en los países occidentales de este nuevo pensamiento único se encuentra la falta de alternativas consistentes, la debilidad de las resistencias provenientes de los movimientos sociales y la desautorización de las opciones socialdemócratas y de tercera vía, a las que el electorado ha considerado carentes de credibilidad o incluso deslegitimadas por su incapacidad para dar respuestas sustancialmente diferentes a las del neoliberalismo.

Sin embargo, los estragos de las políticas de ajuste estructural duro los tenemos ya sobre la mesa y en nuestra realidad cotidiana. En la Unión Europea, situada a la vanguardia de las políticas de disminución del papel económico del Estado y de estrangulamiento de la inversión y el gasto público, de la leve recuperación de inicios de 2011 se ha pasado velozmente a un escenario de recaída en la recesión, destrucción del tejido productivo, cifras de desempleo insoportables y creciente deterioro social, arrojando a países de primera fila al círculo vicioso en que la pérdida de riqueza conlleva la disminución de ingresos públicos y ésta a su vez acelera la retirada de las políticas públicas de intervención, reactivación y sostenimiento de rentas, retroalimentando la tendencia de empobrecimiento.

Apenas queda nada de la respuesta inicial a la crisis financiera en 2008, aquella que abogaba –un tanto cínicamente- por refundaciones o paréntesis en la economía de mercado. Está fuera de la agenda cualquier planteamiento que pretenda introducir controles verdaderamente efectivos a las transacciones financieras, que sugiera ciertas modulaciones a la globalización económica, que plantee recuperar un cierto papel del Estado en la generación de actividad económica, que permita recobrar la importancia redistributiva de los impuestos o que aspire a que la fuerza del trabajo tenga garantizados unos mínimos derechos laborales y sociales. Han servido de poco las reiteradas advertencias de algunas voces particularmente acreditadas, como las de los Premios Nobel Krugman y Stiglitz, cuya recomendación de combinar la estabilidad de las cuentas públicas con los programas de estímulo económico ha quedado postergada ante la artillería de think tanks y medios divulgativos del pensamiento hegemónico.

El tratamiento de choque del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo viene acompañado del aprovechamiento de la excepcional oportunidad que se abre para determinados intereses económicos, dispuestos a demoler en un breve espacio de tiempo algunas conquistas sociales cuya edificación costó décadas. A la política de recorte de gastos se suma la demonización de la gestión pública, la profundización en la privatización de bienes y empresas públicas, la pérdida acelerada de peso de las rentas del trabajo en la riqueza del país, la disminución de la cobertura de los servicios públicos, la renuncia al efecto requilibrador de las políticas fiscales y el cuestionamiento integral del modelo de relaciones laborales. En España, a su vez, hemos tomado colectivamente como prioridad –y los resultados electorales van en ese sentido- convertirnos en poco más que alumnos aventajados de estas recetas, sin pararnos a pensar dos veces adónde nos pueden llevar.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de diciembre de 2011.

EDUCACIÓN PÚBLICA: RIESGOS INMINENTES Y OPORTUNIDADES PERDIDAS

Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras. En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.

En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.

En el caso del sistema educativo, además de conseguir introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.

Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2011.

DESTRUYEN TODO LO QUE NO CONTROLAN

Si pese a las muestras dadas durante los primeros meses de mandato alguien albergaba aún alguna duda sobre cuál será el estilo de gobierno bajo la presidencia de Álvarez-Cascos, encontrará respuesta al interrogante analizando con un mínimo de detalle cuanto rodea a la decisión de cortar de raíz toda transferencia de recursos al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y provocar, por la vía de los hechos, el estrangulamiento de la RTPA. Con este Gobierno de nada sirve advertir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, plenamente vigentes, contemplan la partida pendiente con la que el Ente habrá hecho sus previsiones de gasto para el ejercicio. Cae en saco roto toda invocación de los compromisos legítimamente asumidos con cargo a esas cantidades y de las responsabilidades que se pueden derivar de los incumplimientos contractuales a los que conducirá esta decisión. Tampoco parecen importar los planteamientos hechos por el resto de fuerzas políticas y por los propios órganos del Ente, que, tratando de evitar consecuencias indeseadas, han mostrado su disposición a ajustar de forma razonable las características de la RTPA a las circunstancias actuales de las cuentas públicas. La determinación de asfixiar a la RTPA hasta hacerla fenecer o hasta deteriorarla irreversiblemente parece estar tomada, sean las que sean las repercusiones para el empleo, para el tejido productivo audiovisual, para las propias empresas públicas dependientes de Ente (Radio, Televisión y Productora de Programas) y, en última instancia, para la propia Administración autonómica de la que depende. Que este proceder se lleve a cabo sin medir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y sin proponer las reformas necesarias en la Ley de Medios de Comunicación Social para poner encima de la mesa sus propósitos en la materia, son muestra de una irresponsabilidad desconocida en el actuar de un gobierno autonómico en Asturias.

La discusión de fondo sobre si Asturias necesita o no una radio y una televisión pública de titularidad autonómica ya tuvo lugar durante largos años y estaba completamente superada. La relativa demora de nuestra Comunidad en la incorporación al proceso de creación de medios de comunicación públicos permitió, como ventajosa contrapartida, que en el diseño del modelo institucional se remarcase la necesidad de acuerdos amplios en los que el parlamento asturiano tuviese un papel central (requiriéndose mayorías cualificadas para la elección del Consejo de Administración y del Director General del Ente), o que se aprendiese de los errores cometidos en otras Comunidades en cuanto a gestión, gasto y contenidos. En este sentido, la RTPA tiene poco que ver con los ejemplos más negativos de televisiones y radios de otras Comunidades Autónomas, tanto en el consumo de recursos públicos como en la programación y, en definitiva, en el cumplimiento de su función de servicio público. El hecho de que en los últimos años el funcionamiento de la RTPA estuviese fuera de la controversia política tiene mucho que ver con las sólidas bases sobre las que se puso en marcha este proyecto y con el buen hacer general de directivos y profesionales. Como resultado, la RTPA ha tenido una favorable acogida por la audiencia, ha contribuido a que los asturianos conozcan mejor su Comunidad, ha favorecido notablemente la divulgación y el tratamiento de nuestras inquietudes y problemas colectivos, ha permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos a la vida política y social de su tierra y ha mejorado sustancialmente la consideración de la lengua asturiana y la cultura tradicional. Y lo ha hecho sin representar -ni mucho menos- una sangría económica, ganándose prestigio social y respeto institucional, incentivando el crecimiento de la industria audiovisual asturiana, compensando la devastadora crisis de las televisiones locales y generando centenares de puestos de trabajo –la mayor parte para jóvenes profesionales- que ahora están en severo riesgo.

Por otra parte, cuando del debate sobre medios de comunicación públicos se trata, conviene hacer un poco de memoria y recordar que Álvarez-Cascos tiene en su hoja de servicios como Vicepresidente de España entre 1996 y 2000 el dudoso honor de haber impulsado decisivamente el deterioro vivido por RTVE en ese periodo, lanzándola por la pendiente del descrédito y la utilización partidista desde los tiempos en que puso en la Dirección del Ente estatal al Diputado del PP (que lo sigue siendo) Fernando López-Amor. El final de aquel nefasto modelo de gestión lo tuvimos bien representado con Alfredo Urdaci y su gloriosa referencia a C-C-O-O y, en lo económico, con la multimillonaria deuda que el Gobierno del PSOE tuvo que enjugar a partir de 2004 a la par que rescataba a RTVE de la indignidad en que, tanto en contenidos como en uso sectario, se encontraba postergada. Esas son las credenciales de nuestro Presidente autonómico en la materia.

Para ahogar económicamente a la RTPA el Gobierno asturiano se escuda en el necesario establecimiento de un orden de prioridades, sobre el que habría mucho que decir a tenor de las falacias a las que recurren en su defensa, empezando por la sesgada contraposición con el gasto sanitario. No obstante, sí cabe reconocer que el Gobierno sigue su prelación de objetivos, porque en la parte superior de su agenda oculta se encuentra, desde el primer momento, destruir todo aquello que, por las circunstancias que sea o el marco legal aplicable, no puede manipular a su antojo y para sus propios intereses partidarios.

Publicado en La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2011.