Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

13.11.11

EDUCACIÓN PÚBLICA: RIESGOS INMINENTES Y OPORTUNIDADES PERDIDAS

Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras. En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.

En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.

En el caso del sistema educativo, además de conseguir
introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.

Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación
José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.


Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2011.

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¿ADÓNDE VA LA POLÍTICA PENAL DEL PP?

De las pocas cosas que lleva planteando el PP con claridad desde las semanas previas a la campaña electoral en curso, una de ellas es su propuesta de endurecimiento del Código Penal, de introducción de la cadena perpetua entre los castigos aplicables en España y de supresión de las penas alternativas a la prisión, que quedaría reducida, junto a la multa, a las sanciones penales a imponer.

Nadie discute que el sistema penal necesita someterse a permanente análisis para acomodarse a la cambiante realidad de la criminalidad y de los conflictos que tienen reflejo en hechos delictivos. Es verdad que, inevitablemente, muchas de las decisiones que el legislador adopte y los jueces apliquen resultarán insatisfactorias para una parte de la sociedad. En particular, es evidente que, históricamente, existen importantes carencias en la reparación a la víctima y a la sociedad que resulta perjudicada por la comisión de un delito o una falta. Pero a la hora de poner en cuestión el sistema de penas que se contempla en nuestra legislación y, en general, la respuesta que se da a la criminalidad, conviene actuar con prudencia y moderación.

Una de las aportaciones que proviene de la Ilustración e impregna la justicia democrática es la necesidad de humanizar el tratamiento al reo, perseguir la reinserción como objetivo, tomar en cuenta las consideraciones sociales que inciden en las conductas delictivas y evitar que el Estado aplique castigos que renuncien a estos principios. En un sentido opuesto en lo sustancial van las propuestas que el PP pone encima de la mesa. La cadena perpetua, aunque sea revisable, significa admitir la posibilidad del encarcelamiento vitalicio a una persona, lleva en su esencia el deseo de anular en su totalidad la posibilidad de recuperarla para la vida social, genera dudas sobre la discriminación en su aplicación y, lo que es peor, contiene la semilla de un derecho penal cuya orientación poco tiene que ver con el modelo que nuestra Constitución invoca, partidaria de la reeducación y la reinserción. Al mismo tiempo, renunciar al desarrollo y aplicación de otras penas distintas a la prisión significaría acrecentar inexplicablemente la disparidad ya existente en España, que, con un índice de criminalidad menor que otros países de nuestro entorno, tiene una población penitenciaria más elevada en términos relativos, cuando, a pesar de los avances sustanciales conseguidos en los últimos años en medidas educativas en el sistema penitenciario (con ejemplos virtuosos como el de las Unidades Terapéuticas y Educativas), continúa existiendo un fundado escepticismo sobre el efecto de las medidas de prisión en el proceso de reinserción.

Subidos a la ola del populismo punitivo y tratando de aprovechar la conmoción generada por algunos casos concretos que todos tenemos en mente, el PP lleva en los últimos años atizando las pasiones que –como es comprensible- vienen asociadas a los episodios de la crónica negra. Ahora da un paso más, pasa del globo sonda al compromiso escrito e incluye en su programa electoral la inclusión de la pena de prisión permanente revisable, bajo el perceptible impulso de Federico Trillo, responsable del PP en materia de justicia y potencial ministrable. Se trata del mismo que lleva erigiéndose en defensor de castigos penales más severos frente a lo que el PP suele denominar “delitos que crean un particular clima de inseguridad” (caracterización sobre la que habría mucho hablar), al tiempo que se ha destacado por urdir estrategias destinadas a exonerar a los representantes del PP implicados en la trama Gürtel, con inaceptables presiones a la judicatura incluidas; el mismo que demostró su incapacidad para asumir responsabilidades en asuntos tan sensibles y dolorosos como el derivado del accidente del YAK 42, la cafetera volante en la que hallaron la muerte 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003; y el mismo que descalificó a los familiares de las víctimas por exigir que se investigase el accidente y el posterior desastre de las apresuradas y erróneas identificaciones de los cuerpos de los fallecidos. Con esa autoridad moral y esa hoja de servicios, lidera la orientación de la política penal del PP, que lleva camino de adquirir el mismo tono sensacionalista y retrógrado que acompaña a su inspirador.

Publicado en La Voz de Asturias, 8 de noviembre de 2011.

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8.11.11

100 DÍAS

Degradar gratuitamente la reputación financiera de la Comunidad Autónoma, pese a contar con niveles de endeudamiento relativo inferiores a la media de las otras Comunidades. Confundir la existencia de pagos pendientes o aplazados con supuestas deudas deliberadamente ocultas. Hablar a la ligera de inhabilitaciones de anteriores responsables, demostrando desconocer siquiera las características de esta sanción penal. Plantear la privatización de SEDES como si no hubiese sido un instrumento útil para desarrollar iniciativas públicas de construcción de equipamientos (por ejemplo, ejecutó la obra del Centro Niemeyer y acomete la reforma del Museo de Bellas Artes). Ofrecer a los vecinos del Suroccidente la sensación de estar desprotegidos en medio de un incendio pavoroso (sobre todo en el Valledor) y reaccionar sin intensidad ni eficacia reparadora pareja a la magnitud del desastre. Practicar el adanismo en materia de políticas de fomento del empleo cuando la trayectoria anterior era consolidada. Desvirtuar y minusvalorar la concertación social con sindicatos y patronal cuando es uno de los activos más significativos con los que Asturias ha contado para favorecer un clima propicio en el mundo laboral. Conceder el mismo nivel de atención a la red privada-concertada y la red pública educativa, cuando hasta ahora ésta ha demostrado en Asturias buenos niveles de calidad y una verdadera capacidad de vertebración social. Seguir amagando con el capricho de promover una Universidad Politécnica en Gijón perjudicando a la Universidad pública asturiana y amenazando con duplicar titulaciones y centros (junto cuando la tendencia general es la contraria). Desconocer de principio a fin el papel de las Escuelas de Educación Infantil de 0-3 años y la alta demanda de plazas en el conjunto de Asturias. Pretender cargarse a la brava la RTPA –y pueden conseguirlo- porque no la controlan, sin considerar ni su trayectoria, ni la regulación legal aplicable, ni el positivo efecto que ha tenido en el sector audiovisual asturiano. Pontificar prejuiciosa e irresponsablemente sobre qué es y qué no es una expresión cultural de categoría sin considerar el veredicto de las afluencias de público o el efecto dinamizador de iniciativas y centros culturales en el territorio. Obstaculizar hasta amenazar con ocasionar el cierre –y también pueden conseguirlo- del Centro Niemeyer. Provocar que la actividad cultural en Asturias ya no cuente con personas de referencia como Rosina Gómez Baeza, ex Directora de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial hasta el cambio de gobierno. Conseguir que se reduzca el número de beneficiarios de las prestaciones de atención a la dependencia aunque no disminuya el número de solicitantes. Paralizar inversiones ya planificadas en equipamientos sociales. Hacer desaparecer las políticas de juventud y deteriorar las políticas igualdad sin mostrar interés en aplicar la recién aprobada Ley asturiana en la materia. Montarse una película de enredo sobre la redacción del nuevo Plan de Carreteras a la par que se aplazan sine die inversiones ya planteadas. Postergar deliberadamente el proceso de apertura del HUCA. Afirmar sin empacho que no nos podemos permitir un sistema sanitario público de calidad. Provocar el rápido aumento de listas de espera. Favorecer sin disimulo la concertación con la sanidad privada. Centrar los mayores esfuerzos de gestión en permitir la caza del lobo y la pesca del salmón, sin dejar –además- contentos a casi ningún sector implicado. Rebajar la condición de Consejero a la de firmante de notas de prensa preparadas por terceros, cuando no al triste papel de teloneros de sus Viceconsejeros. Desconfiar de los funcionarios de la Administración autonómica, incluso de aquéllos a los que han nombrado para responsabilidades ejecutivas porque a alguien había que designar. Hacer listas negras de funcionarios y periodistas, incluso sin rubor a la hora de señalar públicamente a los proscritos o repudiados en ambos sectores. Montar bronca permanente en el Parlamento y querer gobernar con 16 Diputados como si tuviese mayoría absoluta. Flirtear con la ultraderecha tratando de caer simpático a la caverna para arrancar votos madrileños sostenidos en la ira, todo ello a despecho de la posición institucional que el Presidente debería guardar. Y lo peor de todo, considerar a Asturias algo así como el descanso del guerrero que secretamente anhela reverdecer sus viejos laureles en la Villa y Corte.

Todo eso sólo en los 100 primeros días de gestión del Gobierno asturiano y su Presidente. Todo eso en momentos decisivos para la Comunidad y el sistema autonómico. Todo eso en medio de una crisis de los poderes públicos de consecuencias aún imprevisibles.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de noviembre de 2011.

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