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5.4.12

SEAMOS SERIOS

A mí personalmente no me hace ninguna gracia el símil que algunos ingeniosos propagan en los últimos días, poniendo en exagerada comparación la situación de Asturias con el bloqueo político que durante meses vivió Bélgica, hasta que en diciembre de 2011, tras 541 días de interinidad, se formó su actual Gobierno. Aunque echo de menos los falsos doblajes que Terapia de Grupo podría haber perpetrado con el abundante material que la situación política asturiana provee –y no digamos con el pintoresco mundo que rodea el fenómeno FAC-, no creo que nos convenga como Comunidad convertirnos en fuente permanente de noticias que aluden a inestabilidad, desgobierno o crisis institucional. Por favor, que éste no se convierta en rasgo diferencial asturiano a ojos propios y ajenos, porque la finalidad de disponer de instituciones propias, capacidad de autogobierno y competencias sobre las que decidir es afrontar con mayor eficacia –en la medida de lo posible- las cuestiones que nos atañen, no transmutar nuestro régimen autonómico en un artefacto ingobernable ni el espacio común de debate en un barullo inaudible del que es difícil extraer algo en claro.

Tampoco procede culpar al electorado por deparar un escenario parlamentario particularmente complejo. La ciudadanía ha provocado en un breve espacio de tiempo desplazamientos bruscos en las preferencias de voto, que dicen mucho de las inquietudes dominantes, de las frustraciones creadas y de la acelerada rapidez con la que en estos tiempos se otorga y retira la confianza expresada en el sufragio. Sea como sea, y con el reparto de la representación surgido de las urnas, conviene forjar cuanto antes un consenso sobre la necesidad de aclarar el panorama con rapidez; hablar claro para analizar las posibilidades de formación de gobierno que cada fuerza tiene y los programas con los que se espera captar el apoyo parlamentario necesario; impedir que se llegue a la improbable -pero posible estatutariamente- repetición de las elecciones autonómicas a los dos meses de constituida la nueva Junta General en el supuesto de empate izquierda-derecha con UPyD silbando tangos; y evitar también que, aunque la elección de Presidente finalice exitosamente, nos encontremos ante una Legislatura de estancamiento político y permanentes dificultades institucionales.

Toca, por lo tanto, que cada cual ejerza cabalmente su responsabilidad y si concurren a la elección de Presidente varias candidaturas simultáneamente, lo que, a diferencia del resto de Comunidades, nuestra legislación autonómica permite -con un mínimo de cinco Diputados que propongan cada alternativa- tanto las fuerzas políticas presentes en la Cámara como la propia ciudadanía podrán comprobar la diferente trayectoria que cada candidato y cada partido puede exhibir cuando de responsabilidad, solidez y seriedad hablamos. Sobre el papel, nos podemos encontrar con el sobrevenido apoyo mutuo de los partidos de derecha que están en el origen de la actual vorágine; con la pretensión de continuidad de un Presidente fallido, exclusivamente centrado en saldar cuentas internas; o con aspiraciones de alcanzar la Presidencia para la tercera fuerza en escaños, a través de quien no tuvo reparos en jugar deslealmente con las instituciones de autogobierno a su antojo durante su paso por la Sindicatura de Cuentas. En el caso de FAC y PP, debería primar la humildad que tanto invocan y tan poco practican, admitiendo lo que todo el mundo ha constatado: su imposibilidad de entendimiento sustancial, más allá de sus fobias comunes (seguramente menos poderosas que las que se profesan mutuamente). Por su parte sería la respuesta más digna al mensaje que les envió el electorado el 25 de marzo, si cotejamos sus resultados con los de 2011.

En las próximas semanas comprobaremos el grado de respetabilidad y coherencia que cada opción está dispuesta a exhibir. El objetivo no sólo es que este proceso culmine con su consecuencia lógica, la elección de Presidente y la formación de Gobierno que abra una nueva etapa. También se trata de que el resultado tenga la suficiente credibilidad y la solvencia exigible para que los poderes públicos autonómicos estén en condiciones de volver a funcionar.


Publicado en La Voz de Asturias, 3 de abril de 2012.

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