Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

29.3.10

CANSADOS DE BANDERÍAS


Cuando se lanzó la idea de la capitalidad cultural europea conjunta de Oviedo, Gijón y Avilés, alentada desde el Gobierno del Principado de Asturias, respaldada unánimemente por los tres ayuntamientos y con una importante simpatía ciudadana (empezando por la nutrida asistencia a las actividades de la Noche Blanca en octubre de 2008), la propuesta fue acogida con esperanza, no sólo por la posibilidad de conseguir el reconocimiento, sino, sobre todo -casi con independencia de sí se lograba finalmente la distinción- por la oportunidad que comportaba para romper con los recelos a la colaboración institucional que dominan la orientación política de nuestro Alcalde. Efectivamente, pocas veces hemos visto en él y en su equipo un ejercicio generoso de la condición de gobernantes de la capital política y administrativa del Principado de Asturias, superador de dinámicas localistas y que permitiese un liderazgo compartido basado en la cooperación y el entendimiento con el resto de administraciones. Con la participación de Oviedo en este proyecto conjunto parecía que tímidamente se abría una grieta en la monolítica tozudez aislacionista de gobierno local, incluso con la reformulación de la candidatura, aceptada por las otras dos ciudades, para que fuese Oviedo la que formalmente concurriese aunque con la participación activa del resto en la oferta.
El Alcalde nos ha devuelto, sin embargo, a la cruda realidad de lo que tenemos sentado en el gobierno municipal. Era raro que no sucediese, pues en su código político básico y en su proceder habitual ya ha quedado demostrado reiteradamente que no hay espacio para proyectos que signifiquen apertura y colaboración con terceros si a éstos no los puede controlar o no dependen directamente de él. Hasta aquí, el guión es conocido y el desenlace, repetido, forma parte del triste paisaje institucional de la ciudad.
Lo que empieza a causar un hartazgo difícil de soportar es el insistente llamamiento del Alcalde a las filas de un supuesto ovetentismo ante un presunto enemigo (interior y exterior, como en la retórica dictatorial) de los intereses locales. La convocatoria, por otra parte, es cada vez más desesperada, pobre en argumentos y estridente en las formas ante la falta de otros recursos. La utilización de la terminología belicista, iniciada con la falsa cantinela del cerco a Oviedo, prosigue en un grado superior que roza el ridículo (denuncias de quintacolumnismo incluidas), y si no estuviésemos hablando, al fin y al cabo, de cuestiones algo mundanas y de las limitadas potestades de un Alcalde provinciano, casi inspiraría inquietud. No olvidemos que la principal estratagema del autoritarismo de toda especie es la búsqueda, a modo de excusa y para tener bien apiñada a la grey, de un contrario a quien señalar, incluso entre los cercanos, para ocultar las carencias propias. Traducida esta dinámica a la política local, la pretendida confusión de identidades entre el municipio y el gobierno local sólo funciona como estrategia si pone en el disparadero a alguien (generalmente la oposición), y en este caso concreto a quien ose cuestionar la candidatura exclusiva de Oviedo patrimonializada por su Alcalde. No obstante, su credibilidad en estos juegos está ya bastante minada como para que los ovetenses nos pongamos a recelar los unos de los otros en un campeonato de innecesarias y artificiales demostraciones de amor a Oviedo.
Así las cosas, la fugaz participación de Oviedo en la iniciativa conjunta queda apenas como un espejismo y la candidatura ahora replanteada en solitario nace enormemente lastrada ante las competidoras, como bien sabe el propio Alcalde, que ya anda responsabilizando a otros, desde el minuto cero, de un posible fracaso que será ante todo suyo. En fin, el escorpión vuelve a picar a la tortuga en medio del río; ya sabemos que lo hace porque va en su propia naturaleza.

Publicado en Oviedo Diario, 20 de marzo de 2010.

12.3.10

RESPUESTAS A LA CRISIS Y DIVERGENCIA DE INTERESES


A estas alturas de la crisis económica algunos consensos elementales existen en el diagnóstico de la situación y en la necesidad de algunas medidas entre la gran mayoría de las voces autorizadas y los responsables públicos que tratan esta cuestión (independientemente de su posible traslación a acuerdos políticos). Por ejemplo, parece razonable concluir que, como resultado de la menor actividad económica y en las actuales circunstancias de disminución de los ingresos de las administraciones públicas, no queda más remedio que asumir algunos recortes en el gasto (con la correspondiente priorización de objetivos) para corregir el déficit público y evitar la acumulación de deuda. Muchos convendrán también en la necesidad de atenuar algunas expectativas anteriores de extensión de programas sociales, tratando de hacer sostenible el modelo actual (lo que ya es de por sí dificultoso), aparcando mejoras de la protección para un futuro más propicio. Es igualmente sensato analizar si algunas características institucionales del mercado laboral y de su regulación actual pueden estar resultando contraproducentes cuando el crecimiento del desempleo es tan intenso como en la actualidad. Y pocos dudan ya de la necesidad de replantear a fondo el modelo de crecimiento y la estructura productiva, que precisa algo más que adaptaciones y requiere actuaciones de alcance. Estos debates, en consecuencia, parecen congruentes con el momento que vivimos.
Ahora bien, como resultado de las dificultades económicas, del contexto político actual y, sobre todo, de la capacidad de articular discursos sesgados frente a la crisis desde algunas posiciones, nos encontramos ante un escenario en el que, abonadas por las tribulaciones y la general preocupación, afloran propuestas cada vez más interesadas y desafiantes. Con tremenda insistencia, y en nombre de una pretendida eficiencia que, como por ensalmo, se atribuye automáticamente al sector privado, se cargan las tintas frente a toda intervención pública y se cuestiona duramente el papel de las administraciones (no digamos ya el propio concepto y régimen de la función pública). De forma machacona, y en ocasiones con evidentes objetivos no precisamente altruistas, se cuestionan algunos elementos nucleares del modelo de relaciones laborales, como la negociación colectiva, la necesidad de salarios de suficiente cuantía, el papel de las organizaciones sindicales o la pertinencia de ciertas reglas básicas –entre ellas las contractuales- que eviten abusos frente a los trabajadores. Especialmente llamativos son, entre estos movimientos oportunistas, los dirigidos a poner en solfa el sistema de ingresos públicos, con continuas y sistemáticas (muy parecidas a las que se reclamaban en tiempos de bonanza) peticiones de reducciones de tributos y cotizaciones sociales, precisamente cuando más necesario es un reparto justo de las cargas y cuando, reconocido el problema del déficit público, cualquier decisión en este ámbito debe ser especialmente prudente. Parece que algunos, aprovechando la coyuntura, servidos de potente cobertura mediática y ante los momentos de debilidad actuales, están dispuestos a esgrimir sus pretensiones hasta hace poco difícilmente confesables: minoración drástica de lo público, desregulación indiscriminada, aniquilación de la progresividad fiscal, precarización laboral, reducción de la protección social y del papel de los servicios públicos, etc. Como hemos visto con el ejemplo de la propuesta de contrato para jóvenes con despido gratuito y sin derecho a desempleo, los sueños de algunos sectores de la CEOE producen monstruos (si les dejamos, claro).
Aunque en algunas cuestiones (como el ejemplo citado) no les quede más remedio que atemperar sus fervores, la batalla de la opinión parece que la están ganando los que plantean que la salida a la crisis requerirá prescindir desproporcionadamente de derechos primordiales y renunciar en buena medida a la cohesión social que proviene de muchas políticas públicas. Hasta ahora han conseguido que, en este debate, mientras se someten a censura conquistas colectivas, poco se está tratando, pese a algunas esperanzas iniciales, sobre muchas de las causas de la crisis: la deficiente regulación de los mercados financieros internacionales, la falta de una gobernanza económica global, los estragos de la especulación, las propias paradojas de un sistema difícilmente sostenible, el origen y alimento de la burbuja inmobiliaria, etc. Lógicamente, para oponerse de forma solvente a esta inquietante tendencia, no sólo es necesario rescatar algunos debates de profundidad –como los citados- y plantar cara en la disputa de intereses que de fondo se libra, sino, también, atender con rigor a los problemas reales que merecen respuesta y a las reformas que sí resultan pertinentes, sin eludirlas ni rehuir decisiones que pueden ser difíciles, desde la convicción de que sólo así se podrá evitar que la marea se lleve por delante algunas reglas básicas y bienes comunes que debemos preservar.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de marzo de 2010.

10 AÑOS DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS AUTONÓMICAS


En las últimas semanas se han celebrado con diferentes actos los 10 años desde la transferencia al Principado de Asturias de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En esta década, uno de los servicios públicos con mayor incidencia en la vida cotidiana y con más capacidad igualadora y transformadora ha pasado a estar en su mayor parte bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma, dentro del marco legal estatal. Ciertamente, junto a los importantes cometidos que, desde aquel momento, quedaron bajo el ámbito de decisión autonómico, vinieron aparejadas obligaciones cuya asunción no siempre ha resultado sencilla, no en vano gestionar el sistema educativo asturiano significa trabajar con una realidad compleja y de envergadura: más de 120.000 alumnos, 70% de ellos en unos 450 centros públicos, más de 11.000 profesores en la enseñanza pública, y, sobre todo, la necesidad de dar respuesta a las elevadas expectativas que las familias y el conjunto de la sociedad (a veces sin corresponsabilizarse suficientemente en la parte que les corresponde del proceso educativo) ponen en la formación de niños y jóvenes
Precisamente la perspectiva que otorga este periodo de gestión de las competencias educativas por el Principado de Asturias nos permite formular algunas consideraciones sobre las prioridades seguidas y los efectos del autogobierno en las políticas públicas. Efectivamente, aunque todas las Comunidades han ejecutado sus responsabilidades sujetas a los mínimos establecidos en la legislación estatal (como es lógico para garantizar una básica unidad del sistema), los diferentes Gobiernos autonómicos han tenido margen suficiente para llevar a la práctica sus programas conforme a sus objetivos y principios. En este sentido, la década de competencias autonómicas ha supuesto en Asturias el refuerzo de las políticas educativas y en particular el respaldo a la red pública, con una inversión por alumno que prácticamente se ha triplicado desde 1999, con un incremento en el número de profesores (más de 200 desde entonces) para una cifra de alumnos que ha descendido en 30.000 en virtud de la evolución demográfica de la Comunidad, con una ratio de un profesor por cada ocho alumnos y con un esfuerzo considerable en la mejora de la calidad de la enseñanza, aprovechando las circunstancias para potenciar la atención a la diversidad, el apoyo al alumnado inmigrante, las iniciativas en nuevas tecnologías y bilingüismo, la intensificación de la educación en valores ciudadanos, etc. El resultado en tasas de titulación y rendimiento en secundaria y bachillerato sitúa a Asturias claramente por encima de la media nacional y otorga una mejor posición de salida a los alumnos para la continuación de estudios universitarios o de formación profesional y la posterior búsqueda de oportunidades en el mercado laboral.
No sobra recordar que la tendencia y las prioridades no han sido las mismas en todas las Comunidades Autónomas. Una de las consecuencias del autogobierno, con repercusiones dispares, es la capacidad para establecer la prevalencia de unos u otros objetivos, seleccionando el destino de los recursos (escasos y susceptibles de usos alternativos) y poniendo el acento en unas u otras materias, sometiendo tales decisiones al escrutinio periódico del respectivo electorado. Lo cierto es que, al tiempo que en Asturias se ha fortalecido la red pública y el carácter cohesionador del sistema con independencia de la procedencia de los alumnos, en otras Comunidades las diferencias derivadas de las posibilidades económicas familiares se han replicado en las opciones formativas, configurando a la red pública como subsidiaria, de peor calidad y destinada a los segmentos más desfavorecidos. Similar tendencia y contraste, por otra parte, sucede con el sistema sanitario, en una España en la que, a consecuencia de las opciones políticas adoptadas por las diferentes Comunidades Autónomas, se van conformando dos realidades: aquellos territorios donde la mayor parte de los servicios públicos mantiene unos estándares de accesibilidad, calidad y cohesión, y otros donde, ante su paulatina degradación, sectores crecientes de población comienzan a situar entre sus preferencias personales de gasto la obtención de tales servicios en el mercado privado.
Estas y otras tensiones que conciernen al sistema educativo –las propias de la evolución social que hacen en ocasiones difícil la noble profesión de enseñar- deben motivar una doble reflexión con suficiente amplitud de miras ante el recorrido de nuestra Comunidad Autónoma en la gestión de las competencias en la materia. Por un lado, cabe apreciar las conquistas alcanzadas y subrayarlas, máxime cuando algunas posiciones se empeñan en centrarse en aspectos que, aunque tengan su importancia y puedan ser fuente de problemas, resultan secundarios en el conjunto. Por otro lado, en un contexto de dificultades económicas, retos para la sostenibilidad de los servicios públicos y cierto hostigamiento ideológico a la propia existencia de éstos, procede un ejercicio de responsabilidad de todos los actores implicados en el sistema educativo y de la propia sociedad en su defensa.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2010.

3.3.10

VENDEN OVIEDO A CACHOS


No cabe duda de que la propuesta sometida, según los medios de comunicación, a negociación personal entre el Alcalde de Oviedo y el constructor expropiado de Villa Magdalena es heterodoxa y arriesgada; algo así como paz (judicial) por territorios, pero en sentido literal. Para ponernos en antecedentes, cabe recordar que pesa sobre el Ayuntamiento de Oviedo la amenaza de que la expropiación del palacete situado en la Avenida de Galicia se convierta en una catástrofe económica para las arcas municipales porque, a los más de 11 millones de euros que ya se han abonado por el justiprecio y los intereses tras un largo proceso judicial (la valoración inicial de la Administración expropiante se quedó imprudentemente en 3,1 millones de euros), se suma la solicitud de retasación efectuada por el expropiado, que eleva la valoración del bien hasta 63 millones de euros, a determinar en el correspondiente procedimiento administrativo instado. Ahora que el agua le llega al cuello al Gobierno local, es también pertinente apuntar que la posibilidad de retasación del bien se debe únicamente a que el Ayuntamiento de Oviedo, al iniciar el proceso judicial relativo al justiprecio expropiatorio, no consignó como es exigible legalmente la cuantía establecida por el Jurado Provincial de Expropiación, pese a que, como se ha divulgado, la entonces Comisión de Gobierno municipal acordó que se procediese a dicha consignación, lo que no se llegó a efectuar; es decir, además de la responsabilidad política derivada de este infeliz proceso, también se podría determinar la existencia de responsabilidades de orden patrimonial en el Concejal a quien correspondía dar cumplimiento a aquel acuerdo no ejecutado.
Ante este panorama, el Alcalde, bien dotado para el escapismo, busca y rebusca alternativas que le eviten cargar con las consecuencias del embrollo en el que él mismo se ha metido. Dando rienda suelta a la creatividad jurídica, se está gestando, con intercambio escrito de propuestas según se ha revelado, pero sin transparencia ni debate en los órganos municipales, un convenio expropiatorio en virtud del cuál, a cambio de la renuncia del expropiado a la posible retasación, se le compensaría con una concesión directa (¿o incluso enajenación?) de bienes municipales, concretamente subsuelo de las calles Uría, Toreno y el Paseo de los Álamos para construir un parking, e incluso barajando la transmisión a su favor (¿forzada previo rescate o auspiciada por el Ayuntamiento por medios oficiosos?) del ya existente en La Escandalera por los actuales concesionarios. A primera vista la fragilidad de la operación es notable, ya que conviene preguntarse con qué criterios y en cuánto se va a determinar la deuda potencial del Ayuntamiento derivada de la solicitud de retasación que se canjeará; cómo se va a justificar la concesión o venta directa (en este caso previa desafectación) del subsuelo; cómo se van a modificar ad hoc los posibles usos en la planificación urbanística, para permitir la explotación del aparcamiento, sin incurrir en desviación de poder (causa de infracción del ordenamiento jurídico), etc.
La pirueta es, por lo tanto, de nota. Pero más allá del seguimiento de esta nueva variante del culebrón, algunas cosas vuelven a quedar claras sobre el proceder del Gobierno local y sus consecuencias. Por un lado, el riesgo para el Campo San Francisco, que está en el tesoro sentimental de todos los ovetenses, es significativo si las obras alcanzan a su subsuelo; por otro lado, se constata la apuesta por soluciones cada vez más extremas y de cuestionable consistencia jurídica para amparar esta clase de decisiones; y por último, la alternativa basada en ofrecer, casi a la desesperada, la utilización o incluso venta del subsuelo, en una vuelta de tuerca más de la descapitalización del Ayuntamiento, de salir adelante tendrá réplicas en una nueva oleada privatizadora municipal. Liquidada la gestión pública de los servicios, laminadas las bolsas de suelo municipal, agotada la vía fundamentada en la utilización de los aprovechamientos urbanísticos como fuente de ingresos, se buscan nuevos activos con los que seguir insuflando artificialmente aire a la espiral de gasto municipal –dirigida a destinos de lo más variopinto- en un Ayuntamiento endeudado hasta las cejas.

Publicado en Oviedo Diario, 27 de febrero de 2010.