ARTE DE LA GEOMETRÍA VARIABLE

Algunos se echan las manos a la cabeza ante la posibilidad de que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo que permita la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014 que acaba de comenzar su tramitación parlamentaria. La verdad cuesta entender por qué, teniendo en cuenta el escenario político en el que nos encontramos.

De momento lo que tenemos es un Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno y presentado a la Cámara; y un calendario de tramitación respaldado por la Mesa de la Junta General, que en los últimos años viene siendo tolerante –supongo que no queda otro remedio, aunque la práctica no sea buena- con el retraso en la remisión anual del Proyecto.  Es decir, cualquier acuerdo que se geste no se efectuará alumbrando un texto radicalmente contrario a las expectativas naturales ni a la planificación ordinaria del Gobierno, sino sobre la base de lo que éste, con sus propias previsiones y esperando obtener apoyos parlamentarios suficientes, ha aprobado como Proyecto. Otra cosa es que, en una negociación, perfectamente posible y parece que viable, se realicen concesiones mutuas asumibles que no desfiguren el proyecto, porque se necesitará que el PP vote en contra de una enmienda a la totalidad si es que Foro, IU y UPyD suman sus votos (18 escaños, uno más que los 17 del PSOE) para rechazar de plano el Proyecto, cosa que, en el actual grado de enconamiento de la relación del PSOE con los que hasta ahora eran sus socios preferenciales, no es descartable. Por otra parte, cualquier aceptación de enmiendas del PP en la tramitación tampoco desvirtuará el Proyecto, porque después del debate de totalidad, de continuar adelante la tramitación, quedan fijadas las cuantías globales de los estados de los Presupuestos y cualquier modificación con aumento de créditos debe llevar aparejada la disminución en igual cuantía en otro de la misma sección. Es decir, enmendar al detalle un Presupuesto, con posibilidades reales y creíbles de que la modificación se haga efectiva, es cosa complicada porque su equilibrio interno no es susceptible de cambios sustanciales y porque la técnica reglamentaria tampoco permite un margen significativo para ello.

El debate parece que estará, por lo tanto, en algunos aspectos de la política fiscal, en cierto modo más simbólicos que otra cosa, como lo relativo a la disminución del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio, de los 700.000 € que prevé subsidiariamente la Ley reguladora de este tributo a los 500.000 € que, en ejercicio de la facultad que confiere dicha Ley a la Comunidad Autónoma se plantea en el Proyecto. Veremos en qué grado hay flexibilidad mutua para soluciones de compromiso, en una materia en la que, lo que se echa en falta, es una revisión serena y completa –jurídica, presupuestaria y política- del conjunto de decisiones en materia tributos propios y cedidos, que, a base de empujones, primero de la tendencia desfiscalizadora (antes de la crisis) y después de la contraria (en el combate contra el déficit público), ha creado no pocas distorsiones.

Pero el fondo del asunto no debe sorprender. Retirado el apoyo estable de IU y UPyD por legítima decisión de estas fuerzas políticas a resultas del desencuentro en la reforma electoral, el Gobierno autonómico y el grupo político que lo sustenta tienen similar legitimidad para buscar, si es factible, aliados parlamentarios puntuales distintos para cada materia, según el enfoque de cada asunto, sin que tenga que llamar a escándalo que el PP posibilite la aprobación de unos Presupuestos Generales. Salvo para visiones sesgadas, es evidente que la decisión no comporta acuerdo permanente alguno sino mera confluencia en la convicción del interés de evitar la prórroga y movilizar los recursos disponibles en un momento en el que la iniciativa pública es imprescindible a la vista de las dificultades del sector privado. No hay riesgo alguno de que el PP, con diez diputados, imponga su agenda política al Gobierno, sin perjuicio de que incida en algunos aspectos donde pone especial énfasis (política fiscal, entidades del sector público, etc.) y en los que puede haber margen para cierto entendimiento, sin desvirtuar el programa político con el que Presidente concurrió a los comicios y con el que obtuvo el respaldo para ser elegido.

Publicado en Asturias24, 10 de diciembre de 2013.