POR UNA ESTRATEGIA LOCAL PARA LA EMANCIPACIÓN JUVENIL

Es de sobra conocido que la evolución de la creación de empleo en Asturias y en Espa?a es francamente positiva, en correspondencia con el periodo de crecimiento económico actual. Sin embargo, en este tema –como en otros muchos- parece que Oviedo se queda como la excepción negativa que no confirma ninguna regla más que el absoluto olvido del Equipo de Gobierno Municipal respecto a temas prioritarios. Así, nos encontramos con una preocupante situación en la que el desempleo en Oviedo no converge con la tendencia positiva de Asturias y Espa?a. Tal y como recoge la ficha correspondiente a Oviedo de la radiografía socioeconómica 2006 que Caja Espa?a elabora anualmente, y que toma datos del INEM, entre 2000 y 2006 (a fecha 31 de marzo) la evolución del desempleo en nuestro municipio arroja datos inquietantes, ya que se ha pasado de 9.258 a 11.345 parados. Buena parte de ellos son jóvenes, ya que conforme a los datos de la EPA la tasa de paro entre los 18 y los 34 a?os es del 15%, y en el tramo de edad entre los 18 y los 24 a?os se eleva al 25%.
Si le preguntásemos al Alcalde, al Concejal de Empleo, o al de Juventud de nuestro Ayuntamiento cuál es el motivo por el que Oviedo se distancia de la buena evolución del desempleo en el resto de Asturias y de Espa?a posiblemente diesen la callada por respuesta, omitiendo cualquier contestación igual que llevan a?os omitiendo las acciones necesarias para conseguir que los datos tengan un signo distinto. Nuestro Ayuntamiento no se siente concernido ante los problemas de acceso al empleo de los jóvenes. No existe una política de empleo propia, más allá de la concurrencia a programas autonómicos. No se despliega política alguna de apoyo a los emprendedores. Y no se maneja ninguna estrategia identificable de promoción económica y desarrollo local.
A las dificultades para acceder a un empleo en Oviedo, y a la elevada temporalidad del mismo, se suman los obstáculos existentes para acceder a una vivienda en nuestra ciudad. Según la Sociedad de Tasación, el precio medio de la vivienda nueva en Oviedo es de 1.836 € / m2, de forma que una vivienda de 100 m2 le cuesta a un joven trabajador aproximadamente 10 veces su salario íntegro anual. Este dato hay que ponerlo también en relación con el hecho de que, conforme al Censo de Población y Vivienda del INE de 2001, un 14% de las viviendas de Oviedo están vacías (cerca de 14.000), y esta cifra en la actualidad será seguramente muy superior. O con el hecho de que, también según los datos del INE, un 11% de los edificios destinados a vivienda se encuentren en situación deficiente, un 3% en mala situación y un 2% en situación ruinosa, con un Ayuntamiento incapaz de hacer valer sus competencias en materia de disciplina urbanística para exigir a los propietarios, como debería ser, la adecuada conservación de los inmuebles. También es preciso traer a colación otro dato más llamativo aún que ofrece la Dirección General del Catastro: en 2004, previamente a la última revisión del PGOU, el 33% del suelo del municipio con la clasificación de urbano o urbanizable no había sido edificado o desarrollado, respectivamente.
La política alentada por el Equipo de Gobierno ha provocado que en nuestro municipio se produzca una retención especulativa del suelo y una acumulación de propiedad inmobiliaria en manos que no son, precisamente, las de los trabajadores o los jóvenes. Sin embargo, sí que son los jóvenes los que han de soportar las consecuencias de este fenómeno: precios abusivos para comprar vivienda, un mercado de alquiler aletargado, y, como consecuencia, que la emancipación juvenil se convierta en una haza?a hercúlea. Frente a este panorama, el Equipo de Gobierno opta por proseguir intensificando esta dinámica con una política de vivienda desarrollista basada exclusivamente en la clasificación de nuevos suelos como urbanizables, con criterios muy discutibles. Por otra parte, tampoco se lleva cabo ninguna acción específica en la materia, que tenga en cuenta los problemas específicos de Oviedo para que los jóvenes accedan a una vivienda; así, no se apuesta por facilitar la puesta en el mercado de las viviendas vacías, ni por la dinamización del mercado del alquiler, ni la intermediación entre potenciales arrendadores y los jóvenes que desean alquilar un piso, ni mucho menos se plantea cualquier línea de ayudas directas a la adquisición, alquiler o rehabilitación de viviendas por parte de jóvenes.
Desde el Grupo Municipal Socialista y Juventudes Socialistas de Oviedo no nos resignamos ante una política, la del Alcalde de Oviedo, alejada de las inquietudes de los jóvenes ovetenses. Por eso hemos planteado un programa básico de 20 puntos para articular una estrategia local para la emancipación juvenil, en la que nuestro Ayuntamiento se comprometa efectivamente con el principal problema que aqueja a este sector de población. En la actualidad, la administración autonómica y la estatal, así como otros muchos municipios, ya han situado el empleo y la vivienda de los jóvenes como prioridad en la agenda política, demostrando que ciertos problemas sólo pueden ser resueltos si se toman las medidas necesarias en la materia, y asumiendo que la emancipación juvenil debe ser epicentro de la política de juventud de cualquier gobierno. En Oviedo, mientras tanto, el Equipo de Gobierno seguirá mirando para otro lado, y aunque las cifras vengan a contarnos la cruda realidad, podemos tener claro que en tanto gobierne el Partido Popular, las políticas de emancipación juvenil ni están ni se les esperan.

Artículo firmado conjuntamente con David Rodríguez (Secretario General de Juventudes Socialistas de Oviedo). Publicado en el diario La Nueva Espa?a, 7 de agosto de 2006.

IGUALDADES

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha emprendido una tarea reformadora de gran calado en el ámbito de las libertades individuales y la promoción de la igualdad en la sociedad espa?ola. En poco más de dos a?os de acción de gobierno, se ha impulsado un abanico de reformas, algunas ya culminadas y otras en marcha, que tienen gran impacto sobre la realidad cotidiana de millones de espa?oles, y que tienen un eje común: garantizar los derechos de los ciudadanos y fomentar la igualdad entre estos. Cabe citar, por ejemplo, la erradicación de toda discriminación –en nuestro ordenamiento jurídico- motivada por la orientación sexual; la futura ley de identidad de género que facilitará a las personas transexuales acomodar su situación legal a su identidad; la acción positiva para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; la actividad institucional y del sistema judicial frente a la violencia contra las mujeres; la regularización de la bolsa de cientos de miles de inmigrantes en situación administrativa irregular, etc. También es posible subrayar iniciativas decisivas para avanzar en cotas de equidad social y robustecer el sistema de protección pública, como por ejemplo la puesta en marcha del sistema de atención a las personas dependientes, la dignificación del Salario Mínimo Interprofesional, etc.
Efectivamente el punto de inflexión con la situación anterior es notorio. En la década comprendida entre 1994 y 2004, se produjo un descenso continuado del gasto social y un debilitamiento generalizado de las redes públicas de protección, en el marco de un progresivo adelgazamiento del Estado. La agenda de los poderes públicos ha cambiado con la modificación de las mayorías políticas, y las acciones gubernamentales tienen como vector principal avanzar en la cohesión social y la igualdad. No obstante, conviene subrayar que frente al incisivo y ambicioso programa de reformas en materia de derechos civiles, antes detallado, aún se perciben demasiadas precauciones en lo que se refiere a atajar las causas de la importante desigualdad económica que persiste en nuestro país. Se ha priorizado el reconocimiento de derechos y, felizmente, se ha comenzado a avanzar con determinación para garantizar la igualdad independientemente de consideraciones como el género o la orientación sexual. Pero todavía quedan asignaturas pendientes en la superación del abismo establecido entre los sectores sociales con mayor poder adquisitivo y los menos favorecidos económicamente.
No conviene olvidar que la desigualdad social motivada por las diferencias de renta es la principal de las desigualdades, que agrava sobremanera cualquier otra fuente de desigualdad, que afecta a todos los ámbitos vitales, y que limita la capacidad de los ciudadanos para desarrollar sus proyectos personales. De hecho, se podría afirmar que sin equidad y redistribución, es decir, sin derechos sociales, muchos derechos civiles no son sino filfa, en la práctica.
Tampoco debemos desde?ar que la desigualdad económica afecta sobre todo al sector juvenil, que padece especiales dificultades para la emancipación personal. Según el informe relativo al cuarto cuatrimestre de 2005 del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de Espa?a (CJE), a los jóvenes entre 18 y 34 a?os les cuesta acceder a una vivienda el 55% de sus ingresos; sólo el 42,1% de está emancipado; únicamente el 32% tiene contrato indefinido y el desempleo en este sector de población alcanza el 11,6%. Si las vías principales de acceso al bienestar más elemental (el que proveen vivienda y empleo) son demasiado estrechas para los jóvenes, la desigualdad cada vez más será una cuestión generacional, llamada a abrir brecha entre sectores de edad. En los casos más extremos de desigualdad, precisamente, nos encontramos con datos inquietantes, ya que según el informe “La exclusión social: una realidad a superar” (también del CJE), la media de edad de la población en situación de pobreza es de 32 a?os; media que se rebaja a 25 a?os cuando hablamos de las personas en situación de pobreza extrema.

El presidente Rodríguez Zapatero parece ser consciente de esta carencia, ya que en el último debate sobre el estado de la nación planteó un programa prioritario de 12 medidas básicas para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo y a la vivienda. Quizá no sea suficiente, porque es preciso involucrar además a comunidades autónomas y gobiernos locales en la tarea, y porque faltan acciones más contundentes en materia de política fiscal, servicios públicos y redes estatales de protección social. Pero es cuanto menos denota que el presidente conoce las inquietudes de la ciudadanía, y que la orientación de sus políticas es la adecuada.

Publicado en Revista Fusión, agosto 2006.