Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

25.4.11

FALACIAS DEL NUEVO CONSERVADURISMO

Un buen número de los eslóganes que veremos repetidos en los próximos meses, entre las ofertas que se expondrán en el ciclo que se abre con las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, irá dirigido a establecer –indirectamente- una contraposición, profundamente interesada, entre el dinamismo y actividad de la sociedad frente al sistema público, incluyendo en éste, y como objeto de crítica, no sólo el aparato administrativo y la estructura encaminada a la prestación de los servicios, sino también las propias regulaciones que pretenden servir a los objetivos de las políticas públicas. Expresada de forma más tosca, pero eficaz en estos tiempos de simplificación, hemos visto esta idea recogida en el lema “Más sociedad, menos gobierno” de la precampaña del PP, y en su empeño por desacreditar en su conjunto la acción estatal. No es precisamente innovador este discurso, ya que procede de la ola conservadora impulsada por Thatcher y Reagan en la década de los 80, resumida en la filosofía “el Gobierno no es la solución a nuestro problema, el Gobierno es el problema”, enunciada por este último; enlaza con la práctica de Bush Jr. y los neocons; y conecta con el más cercano éxito de David Cameron en las elecciones legislativas británicas de 2010, bajo la bandera de la Big Society.
La táctica y la consigna son conocidas; también los efectos inmediatos de las fórmulas que aplica: reducción de la protección social y de los derechos de los trabajadores, vía libre a las prácticas especulativas y a la plena desregulación del mercado, retirada del sector público de la provisión de servicios y reducción de los instrumentos de intervención de la Administración. Contrariamente a lo que sería esperable en un recetario sinceramente liberal –etiqueta distorsionada por el enorme abuso que del término se hace-, suele acompañarse esta práctica política con una tendencia hacia estilos autoritarios, populismos nacionalistas y maneras agresivas, en particular cuando las cosas se tuercen, y para muestra los postulados que se gastan los defensores de esta nueva ola conservadora en, por ejemplo, política exterior, familia, medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, inmigración o derechos de las minorías, materias en las que se plantea, abierta o subrepticiamente, la revisión de los avances conseguidos en las últimas décadas.
Lo que es diferente en esta ocasión, sin embargo, es el contexto en el que se pretende la aplicación de este modelo. A resultas de la crisis económica, del desequilibrio de las fuerzas el mercado y del repliegue del Estado, el entorno es mucho más favorable para la ejecución de la agenda conservadora, que además encuentra, en los países occidentales, resistencias debilitadas: insuficiente continuidad en los movimientos sociales, sindicatos desgastados, desorientación en la socialdemocracia para ofrecer políticas sustancialmente diferentes, etc. La filtración del pensamiento dominante, hasta arraigar en sectores sociales que resultan perjudicados por éste, es propia de un escenario de ausencia de alternativas, en el que, a fuerza de repetición y servidos de la fuerte implantación en los medios de comunicación, se ha instalado una actitud favorable para aplicar su programa.
No obstante, nada de esto esconde el sofisma sobre el que se sostiene la construcción teórica del nuevo conservadurismo. Argumentar que la limitación del poder público implica automáticamente un mayor margen de actuación y nuevos incentivos para la iniciativa de la sociedad parte de una diferenciación entre estos dos ámbitos que es totalmente falsa, máxime en sistemas democráticos; supone asumir, sin ninguna prueba que lo acredite, que los recursos que el primero utiliza, si deja de requerirlos, inmediatamente se transfieren a la sociedad en su beneficio; significa denostar la aportación que representan los bienes y servicios públicos, hoy por hoy fundamentales; y supone menospreciar la posibilidad de que los conflictos e iniquidades que laten en toda sociedad provoquen que el que ya es fuerte y poderoso mejore, en detrimento del resto, su posición en ausencia de limitaciones y redistribución.
De lo que sí hay pruebas –y el efecto de las políticas llamadas neoliberales lo acredita- es, precisamente, de lo contrario. Lo que hace a una sociedad más pequeña, desestructurada y débil no es necesariamente el tamaño de su gobierno o el radio de acción de los poderes públicos, sino, entre otras causas, la injusticia social desaforada, la inexistencia de redes de apoyo a las personas con menos posibilidades, la desorbitada exaltación de la cultura del éxito económico en detrimento de otros valores o la desconsideración del efecto, no siempre positivo, que las acciones individuales puede tener sobre el resto.


Publicado en Fusión Asturias, abril de 2011.

15.4.11

LA JAURÍA

Por muy curado de espantos que pueda uno estar, es difícil no sorprenderse al contemplar el tenebroso espectáculo que ha constituido la brutal catarata de descalificaciones que le han caído al Presidente del Gobierno tras el anuncio de que no concurrirá en las elecciones generales de 2012. En tromba y con una enorme virulencia han salido a la palestra representantes del PP de lo más variopinto, desde Mariano Rajoy hasta el último concejal de turno, a exigir el adelanto electoral y a denostar, en un campeonato de gruesos adjetivos, a José Luis Rodríguez Zapatero. En especial, algunos medios de comunicación que han encabezado la prolongada estrategia de acoso y derribo han sido más pródigos que nunca en agresividad verbal, titulares denigrantes y barra libre para comentaristas difamadores. Aunque no es una dinámica nueva –comenzó desde el minuto cero de las responsabilidades de gobierno de Zapatero- la escalada en la diatriba ha superado los registros anteriores, situándose fuera de toda escala razonable.

A tenor del protagonismo que en la avalancha de invectivas juega la derecha más zafia, que tiene acogotado a todo lo que se parezca a un mínimo de moderación, a lo que asistimos no es sólo a una expresión de desahogo, frustraciones y cabreos que vienen de lejos. Es mucho más porque su objetivo –confeso en muchos casos- es, en un primer momento, negar legitimidad al Gobierno para ejercer el mandato conferido por las Cortes Generales durante el año que resta de esta Legislatura. Envalentonados, en su particular pensamiento de vencedores y vencidos, por creerse decisivos para haber cobrado la pieza, de nada servirá recordarles que en el sistema parlamentario de gobierno no rige la falible demoscopia ni la ley de quien más grita, sino que la responsabilidad recae en quien, se presente o no a la siguiente convocatoria, tiene el apoyo mayoritario de los representantes elegidos democráticamente por el electorado. En un segundo momento, la pretensión de esta espiral que zarandea al Presidente es conseguir extender la descalificación al conjunto de su periodo de gobierno, sin excepción, con la evidente intención de preparar el terreno para revertir muchas de las medidas sociales adoptadas, por venir de la misma fuente. Y, finalmente, para sembrar de sal las bases políticas progresistas, la meta es conseguir que el amplio apoyo ciudadano que en las dos últimas elecciones generales permitió la victoria del PSOE prácticamente se acoquine por el sentido de su voto reciente. Es decir, no sólo se quiere allanar el camino a la involución conservadora que asoma las orejas, sino, a ser posible, fulminar del panorama político cualquier opción que se autodefina de izquierdas, socialista o socialdemócrata, abrumando con aspavientos a aquellos sectores que puedan ser más proclives a respaldar estas alternativas, para que molesten poco el día de mañana en el que pueda desplegarse en todo su alcance la agenda neocon con la que viene el PP. La convicción que late en el fondo es, directamente, la patrimonialización del poder por la derecha, que considera toda etapa de gobierno que no sea el suyo como un accidente o anomalía a olvidar o extinguir.

Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener de la gestión del Presidente del Gobierno, de las críticas razonadas que se puedan esgrimir y del necesario debate sobre las respuestas a dar ante un escenario en el que el pensamiento único económico amenaza seriamente con consolidar su hegemonía, lo que la mayoría social de este país no debería aceptar, por su propio interés, es que la portavocía del descontento ante las dificultades de la crisis se la arrogue la mezcla de oportunistas y reaccionarios de verbo afilado que estos días se ufanan de haber motivado el relevo en el cartel del PSOE de las próximas elecciones generales.


Publicado en Oviedo Diario, 9 de abril de 2011.

1.4.11

¿NUCLEAR? NO, GRACIAS

En los últimos años hemos asistido a una intensa campaña dirigida a respaldar el recurso a la energía nuclear y, en el caso de nuestro país, a cuestionar la moratoria aprobada en 1984 sobre la construcción de nuevas centrales de esta naturaleza. La oleada pronuclear venía creciendo en fechas recientes, instigada por intereses empresariales y jaleada por destacados medios de comunicación, hasta calar en ámbitos académicos que destacaban los perjuicios que, a su entender, representaba la renuncia a incrementar el papel de esta forma de generación de energía. Incluso en países en los que la conciencia sobre los riesgos medioambientales de la energía nuclear es especialmente destacada, como Alemania, los compromisos de cierre progresivo de las centrales estaban, más o menos abiertamente, en revisión. En España, desde diversos sectores políticos –principalmente a la derecha, pero no sólo- se comenzaba a proponer abiertamente otorgar un mayor protagonismo a la energía nuclear permitiendo la construcción de nuevas plantas. La decisión de clausurar centrales obsoletas como Zorita y poner fecha de cierre a Garoña, despertó, especialmente en el segundo caso, una fuerte reacción política que vino seguida de una corriente dirigida a apostar por la energía nuclear, desechando todas las objeciones medioambientales e incluso desacreditando a quienes las exponían.

Aparentemente, y si los contumaces no se salen con la suya, las cosas podrían haber cambiado a raíz del accidente nuclear de Fukushima, aún no resuelto y cuyas consecuencias todavía no se pueden precisar, más allá de la constatación de la existencia de grave contaminación radiactiva. Al igual que después de los accidentes de Three Mile Island (EEUU) y, sobre todo, Chernóbil (Ucrania), se adquirió globalmente una conciencia más viva de las amenazas que en materia de seguridad y protección del medioambiente representaba la energía nuclear, los acontecimientos que estamos viviendo tendrían que servir para contener las veleidades pronucleares tan en boga hasta hace bien poco. No sólo porque la eventualidad de que un fallo técnico, un error humano o una catástrofe natural pueda generar consecuencias impredecibles –lo que es, por sí mismo, argumento suficiente- sino también porque, contrariamente a lo que se pretende defender, la energía nuclear ni es limpia ni es inagotable. No es limpia porque los subproductos resultantes de la fisión nuclear mantienen su peligrosidad durante generaciones, y no es suficiente con mantenerlos durante décadas en almacenes temporales centralizados, que, además, como vimos en el reciente debate de España, poca gente quiere en su entorno (y parece difícil no comprender sus motivos). Y no es inagotable porque precisa del uranio, mineral que no es un recurso renovable, aunque se descubran nuevos yacimientos o se mejoren los procedimientos para su extracción.

Alcanzar algunas conclusiones sobre las importantes desventajas de la energía nuclear como hoy la conocemos no es precisamente complicado, y no es necesario ser un erudito en la materia para manifestar las reservas que uno tenga. Por otra parte, estos días hemos podido comprobar, no sin cierto asombro, como las opiniones de expertos divulgadas a través de los medios de comunicación, al calor de los sucesos que se viven en Japón, no son coincidentes, ni mucho menos. En el debate nuclear, la ciudadanía tiene pleno derecho a participar, conocer los riegos que comporta y a repeler legítimamente la pretensión –nada inocente- de reservar la facultad de decisión a “los técnicos”, cuando lo que está en juego es la protección de la salud a gran escala y el equilibrio medioambiental. Otra disyuntiva, ligada indisociablemente a ésta controversia, es la que reside en analizar si podemos admitir que el consumo de energía aumente inevitablemente, en toda circunstancia, y si realmente estamos dispuestos a disminuir la huella ecológica que dejamos en el planeta.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de marzo de 2011.