QUE ALGUIEN HAGA ALGO
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Con el nombramiento de Gabino de Lorenzo como Delegado del Gobierno en Asturias el PP le ha hecho y se ha hecho un favor. Por un lado, desatascan la situación en el Ayuntamiento de Oviedo, en el que el prolongado mandato del antiguo Alcalde llevaba tiempo en proceso degenerativo, provocando un importante deterioro de la vida pública local y de la propia gestión municipal, sin más Norte que una supervivencia política en serio riesgo. Por otro lado, el personal estilo que sigue el nuevo representante del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma no será un obstáculo significativo en este caso, porque no tendrá -afortunadamente- una especial incidencia en el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado en Asturias; muchos de ellos pueden operar con el piloto automático y bajo la dependencia de los respectivos Ministerios, sin que molesten demasiado las ocurrencias de turno, sufriendo sólo a la banda de gaitas que acompañe a los actos de propaganda. Así que el Delegado sufrirá un inevitable shock al descubrir que del pequeño imperio del Consistorio ha pasado a bucear en la burocracia de la Administración periférica del Estado. Otra cosa es que el papel de comisario político, que con escaso disimulo se atribuye al Delegado del Gobierno, lo vaya a ejercer con toda soltura; por cierto, habrá que preguntarse si es ésta la finalidad para la que debe servir esta figura.
El relevo al frente del Ayuntamiento de Oviedo, por otra parte, da una nueva oportunidad al PP local, que pasaba por horas bajas. Por lo visto en estos primeros días, el nuevo Alcalde sabe a la perfección que tiene que ganarse a pulso la confianza de la ciudadanía, precisamente en un momento en el que, por las dificultades del contexto económico y por los problemas largo tiempo aparcados en las consistoriales, encontrará especiales aprietos para ofrecer logros sustanciales que coincidan con aquellas expectativas a las que han pretendido acostumbrar a su electorado. Además, estando lejos las próximas elecciones municipales y viviendo las otras fuerzas políticas un proceso de cambio que puede deparar aires nuevos y renovados, hay margen y posibilidades para la construcción de proyectos alternativos capaces de conectar con las aspiraciones de una ciudad que sabe agotado el modelo de los últimos años.
Por eso y para marcar saludables distancias con su predecesor, Agustín Iglesias Caunedo, hasta hace poco presto a la confrontación más agria y acostumbrado al insulto barriobajero, pretende reinventarse de la noche a la mañana y demostrar un estilo de gobierno que aspira a ser diferente del efluvio autoritario de la etapa anterior. A primera vista, al menos a ojos de los que conocemos el discurrir de la política local, es poco creíble la imagen de boy scout que nos quiere vender. Pero es de justicia reconocerle audacia en el cambio de registro y son bienvenidos algunos gestos de estos primeros compases de su Alcaldía, que apuntan a un proceder más dinámico, abierto a la participación, el diálogo y el trabajo colectivo. Veremos si el tiempo y los hechos confirman esta apariencia, porque no son pocos los escépticos que creen que, más temprano que tarde, esta etapa se convertirá en un refrito del gabinismo, eso sí, con iPad.
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No sé dónde sacan algunas personas el descaro necesario para pedir la disolución a la brava -ni más ni menos- de una asociación ciudadana. No estamos hablando de un pronunciamiento venido de la Bielorrusia de Lukashenko ni originario de la refractaria Junta Militar egipcia. No se trata de la fatwa o la condena por anatema a la que acostumbran bastante líderes religiosos contra todo lo que consideren ajeno a su código. La consigna no procede de un país políticamente subdesarrollado en el que el derecho de asociación esté en peligro. Es Oviedo la ciudad que tiene el dudoso honor de contar con un miembro del gobierno local con larga trayectoria parlamentaria que se atreve a proclamar qué asociaciones deben o no existir, requiriendo que desaparezca una de las que por su solvencia y combatividad le resulta incómoda, en este caso la Unión de Consumidores de Asturias (UCE).
En los países de tradición democrática más asentada una exigencia tan improcedente, desabrida, autoritaria y esencialmente reaccionaria motivaría la inmediata descalificación del responsable para todo cometido público. En Oviedo, sin embargo, parecen salir gratis esta clase de invectivas contra los colectivos ciudadanos que no pasan por el aro; tanto que en el equipo de Gobierno han dividido los papeles para que algunos de sus integrantes tengan entre sus quehaceres principales otorgar certificados de afección al régimen, insultando periódicamente a personas o entidades que se destaquen por su independencia o que cuestionen abiertamente la dirección municipal. Ya son unos cuantos los que se suman a la lista negra local, en la que parecen rotar periódicamente los nombres y en la que, incluso, de vez en cuando aparecen antiguos aliados del Gobierno local.
En el caso de la UCE es sencillamente rastrero someter a una entidad acreditada por su rigor al vilipendio gratuito. Por un lado, significa desconocer que la UCE ha estado ya en mil batallas en todos estos años, confrontando con intereses políticos y económicos de todo tipo y orientación, tratando de conseguir que los derechos de los ciudadanos en el mercado, en su faceta de consumidores y usuarios, fuesen tenidos en cuenta. Supone, además, despreciar el hecho de que es la entidad que en Asturias –y con diferencia- más activamente defiende los intereses individuales de numerosas personas en asuntos particulares en los que, en muchas ocasiones, se encuentran desprotegidos ante empresas de envergadura a veces nada concienciadas acerca del respeto a los derechos de los consumidores y usuarios. Y, lo más importante, por mucho que uno pueda discrepar de las decisiones que una entidad como ésta adopte o las estrategias que emprenda frente al desbarajuste municipal en el área de consumo, en ningún caso cabe pedir poco menos que la muerte civil de esta asociación o describir ensoñaciones conspiranoicas en las que la UCE aparecía perversamente aliada ¡con la Fiscalía! para dar un escarmiento a una antigua concejala… Pero hasta ahí han llegado con su maniobra de castigo por tener la osadía de dar la cara.
Por suerte, no le corresponde al gobierno local autorizar o legalizar a una asociación y además este derecho constitucional cuenta, todavía, con garantías suficientes en España. Pero inquieta que la fea táctica de separar entre buenos y malos ciudadanos o colectivos, a la que acostumbran, salga indemne una vez más, pese a que este estilo político cada vez aflora con mayor agresividad.
Publicado en Oviedo Diario, 7 de enero de 2011
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Durante años una de las controversias políticas de referencia en el Principado de Asturias y en la ciudad de Oviedo fue el futuro del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a ciertas resistencias y tras prolongados debates, finalmente cristalizó el convencimiento mayoritario de que era necesario sustituir la constelación de edificios que ocupan buena parte del barrio de El Cristo – Buenavista por un nuevo complejo diseñado con criterios de funcionalidad. El sumatorio de construcciones correspondientes a instituciones sanitarias de diferente procedencia, levantadas en un periodo similar (duplicando gastos y empeños, para que luego se hable de la supuesta eficacia superior del modelo territorial anterior al autonómico) y que acabaron convergiendo en el actual HUCA, dejaría paso a un moderno hospital, preparado para los avances tecnológicos, convertido en referencia de un sistema sanitario público de altas prestaciones y cuya concepción permitiría ahorros futuros en materia de gasto corriente. El impulso a la construcción del nuevo HUCA resultó una de las decisiones más significativas del nuevo periodo de gestión de las competencias de atención sanitaria tras su transferencia al Principado de Asturias. Nuestra capacidad de autogobierno se empleó para reforzar un servicio público esencial al acometer una inversión cuya envergadura requería un esfuerzo financiero y de gestión sobresaliente.
De aquel proceso, por lo que ahora se ve, algunos refractarios, obstinados en negar la posibilidad de erigir el nuevo HUCA, han conservado heridas que aún afloran en perjuicio de todos, a tenor de la actitud exhibida por quienes han asumido la dirección de la Administración del Principado de Asturias. Que por los actuales responsables se baraje como fecha de apertura del nuevo HUCA la segunda mitad de 2013, sin argumentos convincentes sobre el motivo de tal retraso más allá de su evidente desconfianza hacia la gestación del proyecto, es prueba inequívoca de un irreflexivo desprecio al trabajo de sus predecesores, que en nada ayuda a culminar iniciativas cuya importancia supera las rivalidades de corto vuelo y que no se detiene analizar qué efectos negativos comporta tal decisión. Representa además, una renuncia a cumplir la legítima expectativa de los ciudadanos, que son plenamente conscientes de la importancia de este equipamiento y que desean contar con servicios hospitalarios de calidad. E, incluso, introduce importante incertidumbres sobre el futuro del nuevo HUCA, pues, como se encarga de recordarles con acierto la Diputada socialista Pilar Alonso, mientras no se proceda a equiparlo y ponerlo en funcionamiento se asume un coste de oportunidad considerable, con instalaciones pendientes de estrenar que se encuentran vacías y con el actual Hospital padeciendo deficiencias crecientes.
A la estupefacción que generan las decisiones del Gobierno autonómico se suma la ceremonia de la confusión que pretenden organizar para justificar su falta de apuesta por el nuevo HUCA. Primero insinuando, prácticamente, que no nos podemos permitir un nuevo Hospital, revelando que no está entre sus prioridades y, sobre todo, que poco les importa que la obra civil sea ya una realidad incontestable. Después, jugando imprudentemente con los datos sobre su coste, para ofrecer cifras disparatadas que no resisten un análisis pormenorizado, como el contenido en el extenso reportaje publicado en La Voz de Asturias el 18 de diciembre.
El interés de los actuales responsables de la Administración sanitaria no es realizar un análisis sereno que complete el exhaustivo seguimiento que la Junta General ya desarrolló en la pasada Legislatura, en la que nuestro parlamento examinó con lupa todos los pasos, contrataciones e incidencias. Al contrario, lo que se quiere, con la marca de la casa del actual Gobierno, es aumentar el ruido y el desconcierto que impida ver con claridad su pretensión de postergar, cuando menos, la puesta en marcha de este equipamiento y el refuerzo de la sanidad pública que conllevaría.
Publicado en La Voz de Asturias, 21 de diciembre de 2012.
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Desde la irrupción del movimiento 15-M o los comúnmente denominados “indignados”, aunque sigo con interés sus actividades pocas veces me he sentido identificado con su estrategia y a veces dudo si realmente tienen alguna. Una cosa es alzar la voz, recoger la legítima inquietud de la gente por las amenazas que se ciernen e incluso cuestionar de raíz algunos principios de nuestro sistema económico y político que a veces damos por asumidos acríticamente. Otra cosa bien diferente es tratar a todas las opciones políticas por igual, despreciar de plano la democracia representativa, abusar de la consigna simpática hasta caer en la demagogia o, lo peor, desconocer que en el contexto actual la pérdida de fuerza de los partidos políticos progresistas o los sindicatos de clase –a los que desdeñan- está viéndose agravada por el efecto disgregador de su movimiento, favoreciendo que el campo quede expedito para la involución que se avecina. Si los vaticinios se cumplen, los que ahora claman acusando a unos y otros de ser iguales comprobarán con toda su crudeza que no es así, incluso en términos de respeto a sus protestas o en cuanto al grado de presión policial que se aplique.
Lo que no se puede negar, no obstante, es la capacidad de la gente movilizada desde el 15-M para desarrollar iniciativas que capten la atención, quebrando esta terrible sensación de falta de respuestas ante algunas injusticias que nos irritan pero a las que la mayoría acabamos lamentablemente por acostumbrarnos. En nuestra ciudad tenemos ahora un ejemplo bien cercano, con la ocupación del edificio de
Por eso, cuando estos días paso delante del edificio me trago otros razonamientos y no puedo evitar pensar que, frente a la resignación, y con todos los errores que se quiera –algunos de bulto- al menos esta gente tiene valor para ponernos frente a las narices un gesto de rebeldía.
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No era necesario ser Nostradamus para anticipar que la llamada operación de los Palacios, que ejemplifica un modelo de gestión local fracasado y que marcó buena parte del debate político municipal en la pasada década, iba a acabar como el rosario de la aurora. Un repaso a la hemeroteca nos permite analizar el cúmulo de despropósitos, incapacidades, apaños, compadreos indecorosos y desprecios al interés público que han jalonado este largo proceso desde que se anunció la utilización de un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un Palacio de Congresos y Exposiciones en Buenavista y un Palacio de las Artes en el Vasco, hasta el momento actual, en el que nos aproximamos al punto de destino de esta pequeña historia local plagada de miserias.
Aunque trate de mirarse con indulgencia, el balance de la operación es desolador. En la parcela del antiguo estadio Carlos Tartiere la ciudad cuenta con un edificio envejecido prematuramente y que no goza precisamente del favor popular. Para el común de los mortales y para los entendidos –salvo para algunos iluminados o interesados- todo lo imponente del complejo se diluye al chocar brutalmente con el entorno y al perder la originalidad, porque contar con un edificio firmado por Calatrava ya no es rasgo exclusivo de ciudades selectas. Por si fuera poco, contemplamos como el proceso de construcción ha deparado un mar de pleitos que, al menos, nos permiten conocer la temeridad generalizada en el proceder de muchos de los implicados en este proyecto. El resultado global no ha quedado marcado por el fulgor del blanco Calatrava sino por el velo de desatinos que lo rodea, por un una visera inmóvil, un sistema hidráulico para erguirla que hasta ahora es inútil, un diseño flagrantemente antifuncional, unos elementos decorativos exteriores que no pasaron del dibujo, unos edificios administrativos anexos que desagradan a funcionarios y usuarios, un centro comercial con un buen número de locales vacíos y, en suma, por una desdichada aventura que nos ha legado un recinto de congresos privatizado pero incapaz de funcionar sin la respiración asistida de las –cada vez más insostenibles- subvenciones públicas y unas oficinas laterales que sólo pudieron salir adelante con su adquisición por
En la parcela del Vasco nos encontramos con una versión corregida y aumentada del asalto al interés público que ha predominado en la operación. Cualquier ciudadano informado y consciente no podrá evitar rechinar los dientes al pasar por la acera de la calle Víctor Chavarri (la única que no lleva años ocupada por la obra) y comprobar como en un suelo que era de titularidad pública y que estaba destinado a dar servicio a todos los ciudadanos con nuevos equipamientos acaba convertido en suelo residencial privado en el que se están construyendo, a buen ritmo, lo único que algunos son capaces de hacer con rapidez: pisos (que en este caso no serán viviendas protegidas, precisamente). Ahí está el valor añadido aportado a la mejor parcela disponible del centro de la ciudad, que se escurrió del patrimonio municipal sin contraprestación equivalente por su enajenación y sin que ya nadie se acuerde de hacer valer los compromisos de la relación contractual entre el Ayuntamiento y empresa beneficiaria.
Es cierto que los ciudadanos estábamos avisados y que no fuimos capaces de generar, colectivamente, la presión adecuada para revertir la peligrosa tendencia. Desde el primer momento algunas voces advirtieron de los riesgos que comportaba el modelo de gestión que concentraba en un mismo contrato las actuaciones del Vasco y Buenavista. Cuando todo eran parabienes al espíritu emprendedor de quien asumía este reto desde el sector privado, una minoría política y social de esta ciudad nos empeñamos en resaltar los peligros para el interés público que acechaban y que se fueron confirmando con las modificaciones del contrato –hasta hacerlo irreconocible-, la disminución de los bienes que quedarían bajo titularidad municipal, la engañosa enajenación de la parcela del Vasco y el fracaso de los sucesivos proyectos para ésta.
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Con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que anula el Convenio con el que el Ayuntamiento de Oviedo pretendía enjugar la deuda derivada de la expropiación de Villa Magdalena, no se cierra, ni mucho menos, este larga historia, plagada de desafueros. En el mejor de los casos la decisión judicial aleja los riesgos para la integridad del Campo San Francisco –lo que no es poco-; constituye un rapapolvo a la forma de proceder que ha marcado la actuación del Alcalde, carente de la más elemental prudencia; y deja en palabrería las declaraciones altisonantes realizadas por el Gobierno local en todos estos meses en defensa del Convenio, que contrastan con la rapidez que ahora le ha llevado a no recurrir la Sentencia y a proponer allanarse en el resto de contenciosos pendientes (tarea para la que, por cierto, se hubiera bastado y sobrado la Abogacía Consistorial, haciendo innecesario recurrir a profesionales externos).Etiquetas: ayuntamiento de oviedo, campo san francisco, convenio, oviedo, parking, sentencia, villa magdalena