TOMARSE EN SERIO EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA

De entre las medidas adoptadas por el Gobierno del PP desde su victoria electoral en noviembre de 2011, una de las que mayor factura acabará pasando a este país es la contrarreforma energética emprendida, cierto es, con determinación, casi diría que con saña. Y no me refiero sólo a las consecuencias que pueden deparar los numerosos litigios en los que inversores internacionales cuestionan la aplicación retroactiva de la retirada parcial de los incentivos a las energías renovables, situación en virtud de la cuál España compite en 2014 por el liderazgo en el ranking de procesos iniciados en su contra en el CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones, dependiente del Banco Mundial; o a los desajustes que comportaría cualquier pronunciamiento judicial a favor de los recursos que las empresas energéticas de toda condición y un buen número de comunidades autónomas han venido interponiendo frente a las principales piezas del engranaje jurídico de la contrarreforma.

Más allá de lo contingente, con ser de por sí graves sus repercusiones, lo que se dilucida es la capacidad de España para tener una industria energética que facilite condiciones competitivas adecuadas al conjunto de su tejido económico, que evite que su dependencia continúe pesando sobre la propia capacidad del país para decidir con libertad sus relaciones geoestratégicas y que esté en condiciones de propiciar un cambio de modelo hacia una producción energética renovable y sostenible medioambientalmente. Mejor decir lo que se dilucidaba, porque el Gobierno, pensando a corto plazo únicamente en atajar el déficit tarifario del sistema y en absoluto en cualquier otro de los vectores en liza, ha tomado decisiones que hipotecan el futuro de España y frustran las grandes esperanzas alumbradas en años pasados.

Así sucede con el mencionado recorte, incluso con efectos retroactivos, en los incentivos a la producción de energía en lo que hasta la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se conocía como el régimen especial, frustrando el importante desarrollo alcanzado cuando se comenzaban a recoger los frutos del esfuerzo realizado y expulsando a inversores, tecnólogos, ingenierías, fabricantes y constructores fuera del mercado español, rumbo a otros destinos en los que aún se actúa consecuentemente con el objetivo de una industria energética sostenible y con el cumplimiento de compromisos en materia de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Lo mismo con el abandono de la idea de convertir a la producción en centrales de ciclo combinado en garante subsidiario de la continuidad del suministro, estando en la actualidad el importante parque construido en los años previos al inicio de la crisis bajo mínimos de actividad y las inversiones previstas, paralizadas o abandonadas. Y, en lo que se refiere al sector de hidrocarburos, igualmente estratégico para la seguridad energética, el estrangulamiento persistirá, pese a la importante capacidad refinera, mientras un país con escasas reservas haya dejado en la estacada el potencial sustitutivo del vehículo eléctrico o del sector de los biocombustibles (en España sólo opera en la actualidad aproximadamente el 10% de la capacidad productiva instalada de las fábricas de biocombustibles), precisamente cuando en otros países se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea 2009/28/CE de Energías Renovables, favoreciendo además a los biocombustibles avanzados y certificados cuya materia prima no incide en el mercado alimentario ni en el cambio indirecto del uso del suelo.

Por otra parte, poco se hace en el sector eléctrico para acabar con el falseamiento de la competencia, la especulación asociada a la compraventa de energía o de deuda titulizada del sistema, o con los efectos perversos del oligopolio dominante, por cierto sin participación pública en ninguna de las empresas de referencia (contrariamente a las posiciones accionariales relevantes, aunque no siempre mayoritarias, que otros estados de la Unión Europea todavía mantienen respecto de las eléctricas de más arraigo en sus respectivos países). Cierto es que el temor reverencial a impulsar medidas que verdaderamente garanticen la competencia tuvo la notable salvedad del golpe en la mesa para evitar que la repercusión en el recibo de la luz de las disfunciones del modelo de subasta CESUR (Contratos de Energía para Suministro de Último Recursos) provocase un estallido social en toda regla, pero el problema de fondo persiste.

En este escenario, el Gobierno sigue lidiando con lo que considera urgente (manejar el déficit de tarifa, moderar el gasto asociado al apoyo a las renovables, permitir las prospecciones en el entorno de Canarias, algunos gestos a la galería, etc.) mientras olvida lo importante y borra de un plumazo las expectativas de cambio alumbradas en los años previos a la crisis. Así las cosas, no hay superación posible de la dependencia y, consecuentemente, la debilidad de España se acrecienta mientras las incertidumbres globales asociadas al control de las materias primas y los mercados energéticos continúa incrementándose.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2014. 

LA OCUPACIÓN COMPLETA DEL PODER

            Por experiencia particular y por convicción personal, creo que la participación activa en los asuntos públicos, la asunción de responsabilidades ejecutivas e incluso la militancia partidaria no tienen por qué estar reñidas con la suficiencia de criterio necesario para, en un momento posterior, desempeñar funciones en órganos institucionales en los que la ecuanimidad y la autonomía en la toma de decisiones es determinante. Que una persona haya optado, en un determinado momento, por colaborar comprometidamente con un gobierno o un partido político no tiene por qué inhabilitarle necesariamente para responsabilidades para las que demuestre su valía y en las que, por su trayectoria, se presume que desempeñará sus funciones de manera adecuada a la altura del cometido conferido.

            El problema surge cuando el procedimiento de selección de las personas llamadas a ocupar responsabilidades en órganos institucionales de la máxima entidad, de relevancia constitucional o estatutaria, o que resultan esenciales para la regulación de sectores económicos, viene fuertemente condicionado por una cultura partidaria fuertemente expansiva. En este tipo de situaciones es fundamental que los detentadores del poder político demuestren una vocación de respeto por el sistema de equilibrios propio de la arquitectura institucional democrática, en especial cuando la decisión afecta al núcleo del funcionamiento del sistema, que es la división de poderes. Y, evidentemente, a ese anhelado modelo de responsabilidad institucional debe sumarse una regulación legal suficientemente completa en materia de requisitos del designado, incompatibilidades, causas de inelegibilidad, prevención del conflicto de intereses, etc.; normas que, aunque nunca asegurarán el acierto del nombramiento, al menos contribuirán a evitar situaciones indeseadas.

            No siempre las precauciones citadas funcionan. A veces puede más la voluntad de poseer el mayor número de resortes de mando posibles o de atenuar todos los contrapesos contemplados en la estructura del sistema. E iniciada la dinámica de sometimiento de las instituciones, la espiral avasalladora se retroalimenta hasta oxidar el engranaje interno de limitación del poder. En los casos patológicos, una democracia representativa relativamente sana es arrastrada a las aguas turbias del autoritarismo y acaba por resultar irreconocible, porque uno a uno los procedimientos de supervisión son desvirtuados, desconectados y puestos al servicio de un objetivo –el del Ejecutivo y sus sostenedores- distinto del previsto. La misma corrosión opera en las instituciones reguladoras del mercado cuando pasan a ser trofeo de caza, dando paso a lo que Stiglitz bautizó como el “capitalismo de amiguetes”, que, precisamente, es el mayor enemigo del correcto y limpio funcionamiento del libre mercado.

Para que eso suceda, hay un primer estadio de deterioro en el que un grupo de poder reduce drásticamente el elenco de personas que pueden ser llamadas al ejercicio de una responsabilidad de esta categoría a aquellos profesionales que considera de su entorno y afinidad, sin considerar de antemano otros posibles perfiles y sin perseguir la fortaleza y vitalidad de los órganos de control de los que se trata. En España en esa fase primigenia estamos, con escaso debate público -más allá de la polémica inicial- sobre la degradación que puede conllevar, porque el partido gobernante ha promovido, de forma escasamente disimulada, la promoción de un militante suyo a la Presidencia del Tribunal Constitucional; de un ex alto cargo en el Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial; de un afiliado del PP, ex Diputado, ex Ministro de Sanidad y ex Consejero de la Xunta de Galicia, como Presidente del Consejo de Estado; de una dirigente del PP y ex Ministra de Medio Ambiente como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y de un ex alto cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Presidencia de RTVE (en todos los casos hablamos de pertenencia o dependencia de gobiernos del mismo signo, claro). La enumeración se efectúa por citar órganos en los que no sólo la solvencia profesional que concurre en las personas citadas es necesaria, sino que también se precisa una particular independencia y la ausencia de toda duda de parcialidad; cautela que en estos casos no parece totalmente garantizada, sobre todo porque los nombramientos responden a una misma estrategia dirigida a copar descaradamente todos los espacios del poder público.

El prestigio de las instituciones y su correcto funcionamiento es también una cuestión de actitudes, estilos y autocontroles. El partido gobernante se ha decidido a prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados: el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia; y el de la ciudadanía en cuya conciencia y capacidad de acción está repeler cualquier desvío hacia el despotismo.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2014.

TÍTERES CON CABEZA

            A pocos puede sorprender la orientación general del informe que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ha presentado el 13 de marzo al Gobierno, que pidió su opinión y les designó para tal cometido. No es problema de la independencia de criterio ni de la reputada capacidad profesional de sus integrantes, sino de concepto, planteamiento y sentido de esta clase de informes de entendidos ad hoc, pensados no tanto para enriquecer el debate público e incorporar perspectivas diferentes como para allanar el terreno al Gobierno en la ejecución de su programa.

Evidentemente, no se ha querido contar con otras voces, igualmente autorizadas, que ponen el énfasis en elementos más trascendentes que en reparos técnicos, ineficiencias del sistema fiscal y aspectos que, analizado el tema en conjunto, son secundarios, que es lo que parece que ha hecho la Comisión, limitada por el mandato conferido. Lo que se quería por el Gobierno, por lo tanto, se ha conseguido, formulando variaciones sobre el mismo tema; lo que, con matices, significa profundizar en la dirección ya conocida: aumentar la relevancia de la imposición indirecta en detrimento de la directa, analizar el sistema tributario pensando más en la capacidad de recaudación y su incidencia en las decisiones de los actores económicos que en los efectos redistributivos, reducir su progresividad y recentralizar las decisiones fiscales en detrimento de la capacidad tributaria de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

No interesa, en el debate sobre los ingresos públicos, entrar a fondo en las cuestiones que más desconfianza provocan en el contribuyente estándar, que generan una aversión creciente a la propia conciencia fiscal de la ciudadanía, y que paradójicamente, en lugar de un replanteamiento que venga desde enfoques progresistas dejan el campo abonado para propuestas rupturistas -al estilo Tea Party- contrarias por principio a lo público y por extensión a la solidaridad fiscal. Con la reforma que se avecina, está claro que el peso del sistema continuarán soportándolo las rentas del trabajo, los asalariados, los consumidores y, si los resultados empresariales mejoran algo, las PYMES que hayan sobrevivido a la sangría de estos años en el tejido productivo español. Es verdad que se sugiere un cierto reequilibrio en el Impuesto de Sociedades –que es mucho menos importante en términos recaudatorios que el IVA o el IRPF-, proponiendo una moderada rebaja y unificación de tipos a cambio de la desaparición de múltiples beneficios fiscales. Pero la capacidad de las grandes compañías para planificar su política corporativa y fiscal les continuará dando una posición enormemente ventajosa sobre las PYMES. A esta continuidad de las características del sistema percibidas como netamente injustas se suman algunas provocaciones ciertamente dolorosas para el común de los mortales, como suprimir con carácter retroactivo la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, disminuir las entregas de bienes y servicios que tributan al 10% en el IVA para que pasen a hacerlo al tipo general del 21%, extender la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente, etc.

Tampoco interesa, y ni siquiera parecen estar sobre la mesa, algunos de los problemas más determinantes en materia de política tributaria. La multitud de actividades económicas que se mueven ajenas al cumplimiento de obligaciones fiscales va mucho más allá de la economía sumergida “tradicional” -lamentablemente con cierto grado de tolerancia social, más en tiempos de crisis- para alcanzar dimensiones mucho más relevantes cuando se trata de transacciones financieras especulativas y operaciones a escala transnacional. A esto se suma la pervivencia, aparentemente irreductible, de paraísos fiscales abonados a alimentar el deterioro de terceros países atrayendo ahorro, operaciones y tributación de empresas y particulares que se puedan permitir acceder a esa esfera. Años de crisis, de invocaciones a la refundación del capitalismo, al multilateralismo y a la integración económica global han servido, de momento, de poco en esta materia, perjudicando en última instancia a quienes acaban contribuyendo a escala micro con sensación perenne de engaño.

Los títeres con cabeza que, según el Presidente de la Comisión de Expertos, no habían quedado tras la revisión del sistema tributario emprendido, no han sido desde luego, convenientemente seleccionados. Y lo esencial de las pretensiones gubernamentales, ahora con el escudo del informe, sigue quedando claro. Con la tramoya repetida de acudir a la opinión precocinada de los expertos, éstos ya pueden intuir –espero que a su pesar- a quienes utilizan como títeres en esta historia.

Publicado en Asturias24, 18 de marzo de 2014.

ABORTO, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LEY DE 1985

Una controversia como la de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo siempre quedará abierta, cualquiera que sea la solución que el poder legislativo adopte, porque intervienen creencias y posiciones morales irreductibles ante las que no cabe conciliación posible. Si para una parte de la sociedad -no mayoritaria pero con movimientos representativos bastante activos- desde la misma fecundación todo debe supeditarse al destino trascendente encaminado al alumbramiento y todo lo que pueda truncar ese proceso es repudiable e incluso criminal, es imposible que ningún acuerdo pueda alcanzarse.

El debate que introduce el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” lanzado por el Ministro de Justicia no es, por lo tanto, nuevo. Lo inédito es que el Gobierno haya acogido postulados minoritarios en una cuestión donde la dinámica social ya ha permitido asumir, de forma bastante extendida, que la decisión individual y libre de la mujer embarazada merece respeto. La arriesgada apuesta del PP permite percibir que con su mayoría absoluta las regresiones no sólo se producen en los derechos sociales y económicos, campo en el que la pleitesía al poder del dinero, fundamento principal de su praxis política, marca el rumbo. Los retrocesos se extienden a aspectos de carácter moral que parecían superados con creces y que proceden del origen más profundamente retrógrado de la derecha española.

Por supuesto que es legítimo que el PP quiera plantear su propia reforma, aunque debería haberlo explicitado con toda claridad en su oferta electoral a la ciudadanía y no rehuir la disputa cuando otras fuerzas políticas quieren tratar el tema. Y, sobre todo debería evitar argumentos a medio camino entre la falacia y el oportunismo. En particular me resulta singularmente embustera su apelación al supuesto consenso de la regulación de 1985, es decir la Ley de Reforma del Código Penal que permitió la despenalización del aborto. Conviene recordar que Alianza Popular se opuso ferozmente a aquella modificación, alineándose con los movimientos sociales autodenominados “provida”, radicalmente contrarios incluso a la normativa de supuestos. Además, la regulación de 1985 tuvo su origen en un entorno y periodo singular, en otro estadio del desarrollo social diferente al actual, y es poco presentable agarrarse –y ni siquiera en todo su contenido- a la Ley que en su momento se despreció, pretendiendo fosilizarla.

A ese reclamado consenso de 1985 se une el cínico abuso de la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), recogida en su Sentencia 53/1985 sobre el entonces Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, dictada resolviendo un recurso previo de inconstitucionalidad, medio de control de la constitucionalidad entonces aplicable a los proyectos de leyes orgánicas. Tal invocación es particularmente grave viniendo del Ministro de Justicia, impulsor de la reforma propuesta, porque revela una grave distorsión en su concepción sobre la atribución de funciones a cada órgano constitucional. El TC no dogmatiza en abstracto, sino que se pronuncia sobre aquello que se somete a su escrutinio; y ni predetermina ni puede condicionar cuál debe ser la legislación futura (de la que sólo está legitimado, en su caso, para revisar su constitucionalidad). De hecho, por eso se suprimió la figura el recurso previo, para evitar cualquier interferencia en el proceso legislativo mientras éste se encuentre en curso, evitando que el TC se convierta en tercera Cámara legislativa (riesgo del que advirtieron los magistrados Rubio Llorente y Tomás y Valiente en votos particulares a aquella Sentencia). Y la doctrina del TC tampoco puede descontextualizarse de su tiempo y de los motivos concretos del recurso que tuvo que dirimir. Además, presumir que los pronunciamientos del TC quedan grabados en piedra y serán inmutables, sea el que sea el momento en que se citan –pocas cosas son iguales que en 1985- contradice la razón jurídica elemental; impide cualquier labor de interpretación evolutiva, que es consustancial a la función jurisdiccional; y significa adulterar su papel de intérprete constitucional, convirtiéndola en sagrada exégesis a la que se niega cualquier posible modulación y no en análisis racional de la constitucionalidad de cada norma en su momento histórico, su contexto y en el conjunto del ordenamiento jurídico en el que se integra.

Por eso el Gobierno debe dejarse de subterfugios, engaños y defensas vergonzantes. Si estableciendo una prohibición del aborto voluntario admitiendo sólo excepciones muy restrictivas, cree el Gobierno que es admisible obligar a una mujer encinta a llevar a término su embarazo contra su voluntad, que no se ampare en la Ley de 1985 ni en el TC. Basta con que lo diga abiertamente para que la ciudadanía sepa a las claras de qué trata la esencia de su propuesta.

Publicado en Asturias24, 4 de marzo de 2014.

REFORMA IDEOLÓGICA Y EQUIVOCADA

Todavía muchos ayuntamientos no saben muy bien por dónde comenzar a aplicar el mandato que comporta la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reduce significativamente sus competencias y limita su capacidad de actuación sobre la realidad del municipio. En similar situación se encuentran comunidades autónomas y diputaciones provinciales, que reciben en aluvión facultades y obligaciones nuevas, en una recentralización al escalón superior (por mucho que las provincias sean entidades locales) inédita en nuestra trayectoria democrática.

En materia competencial, la reforma se construye sobre tres planteamientos esencialmente erróneos. Primero entiende que las competencias ejecutivas en políticas sociales, de igualdad, de promoción económica, culturales, educativas y de fomento de la salud pública, entre otras conexas, se pueden atribuir exclusivamente a una Administración, obviando cualquier concepción transversal, privando a los municipios por regla general de habilitación para actuar en estos ámbitos. En segundo lugar, fía a una imprecisa y voluntariosa delegación por las comunidades autónomas, teóricamente acompañada de dotación financiera suficiente, el mantenimiento de aquellas competencias que hasta ahora se prestaban y que en adelante se consideran categóricamente como impropias; y reserva a la capacidad de coordinación de comunidades uniprovinciales y diputaciones la prestación de servicios esenciales en los municipios inferiores a 20.000 habitantes, alejando el centro de decisión y mermando las facultades de los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, desconfía de la innovación política característica de la actividad municipal y de la propia autonomía local, impidiendo que los ayuntamientos puedan salirse de un guión de actuación de contenido prestacional muy restringido y sujeto –de forma dudosamente constitucional- a los condicionantes adicionales que las leyes sectoriales establezcan en cada materia. Todo ello bajo la inspiración principal del principio de estabilidad presupuestaria, sin matices ni contemplaciones, sin haberse detenido a analizar si -salvando algunos casos sangrantes- han sido o no los ayuntamientos el foco del desequilibrio, cuando precisamente su déficit se ha contenido mucho más rápido y su disciplina presupuestaria ha sido por lo general superior a la del Estado y las comunidades en esta época de turbulencias.

Si para la mayoría parlamentaria que ha sacado adelante la reforma el problema residía en la inseguridad jurídica del reparto competencial inacabado propio de nuestro sistema, su opción ha quedado clara. Contra el discurso municipalista teóricamente extendido y el supuesto deseo de acercar la Administración y el poder a la ciudadanía, se opta precisamente por lo contrario, pretendiendo deslindar competencias en detrimento de los municipios, desandando parte del camino recorrido desde la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, hasta esta verdadera contrarreforma.

A su vez, si el problema era la falta de recursos suficientes para políticas locales ambiciosas, la alternativa no ha sido reformar de una vez por todas las haciendas locales para dotar de más capacidad fiscal y más participación en los tributos estatales y asegurar la ansiada participación en los de carácter autonómico. La solución escogida ha sido igualar por lo bajo (cortar por lo sano, dirá el Gobierno) y reducir las expectativas competenciales del poder municipal, en coherencia con el inmovilismo en materia de financiación local, perpetuamente insuficiente.

Algunas reformas legislativas no tienen un efecto inmediato en la vida de las personas, pero, cual marejada que horada las rocas hasta desmoronar peñas enteras, en el caso que nos ocupa carcome todo un sistema de políticas públicas.

Publicado en El Comercio, 2 de marzo de 2014.

¿SE LO CREEN?

A juzgar por las declaraciones triunfalistas del Presidente, los miembros del Gobierno de España y los dirigentes del Partido Popular, debe de haber algo que celebrar. Si uno se atiene a sus palabras, parece ser que ya hemos salido de la crisis y la recuperación económica es un hecho, que en breve tiempo dará paso a un futuro de prosperidad y oportunidades, que haga olvidar rápidamente el largo periodo de estrecheces vivido.

No sé si será suficiente para tal triunfalismo un crecimiento del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2013 y del 0,3% en el cuarto trimestre, dato anticipado en exclusiva por el Ministro de turno como viene siendo costumbre en este Gobierno, que maneja las fuentes de información estadística oficial a su antojo. Tampoco la reducción del desempleo (147.385 parados menos en 2013) es para tirar cohetes cuando a la par se pierden cotizantes a la Seguridad Social en el ejercicio (85.041 menos), disminuye la población (en 118.238 en el primer semestre de 2013) y el saldo migratorio es negativo (-124.015 personas en el primer semestre de 2013). Que la deuda pública sea del 93% del PIB en el tercer trimestre de 2013 (en 2008, antes de la crisis, era del 39%); que el déficit público incluyendo las ayudas a la banca nos sitúe ala cabeza de Europa; y que en el camino nos hayamos dejado derechos sociales, políticas públicas, integridad del sistema y cohesión, son casi anécdotas marginales, al decir de las voces autorizadas. Sin embargo, aquí tenemos, por obra y gracia del discurso oficial, de su repetición, de la ausencia de pluralidad informativa en los grandes medios y de la credulidad de algunos, el milagro de la percepción de salida de la crisis.

Vivir fuera de la realidad ya ni siquiera es una condena para el responsable político o empresarial que lo demuestra. Hace pocos años, la prueba de tal circunstancia exponía al dirigente al reproche de la ciudadanía (para ejemplo, el café de 80 céntimos de Zapatero); pero ahora puede decirse abiertamente que la crisis es cosa del pasado, que el porvenir es dorado, que el dinero llueve sobre España (palabra de Botín), que hemos vuelto a la situación anterior a la crisis (aserto de Lagarde) y que las familias españolas pagan menos en el recibo de la luz (eso es lo que ha dicho Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía en la era de la pobreza energética para una parte no pequeña de la población), sin que nadie tenga que salir a escobazos. No hay espacio para el rubor porque es innecesario si podemos construir, sin escrúpulo alguno y a un escaso coste en la reputación, un universo paralelo.

También se nos dice que la ganancia en competitividad de la economía española es tan significativa que, en breve espacio de tiempo nos convertiremos -y he aquí el frustrado mantra que escuchamos de lustro en lustro- en la “Alemania del Sur”. De todas las falacias de la recuperación, esta sin duda es la peor porque lleva en su seno la semilla de la perpetuación de la crisis. ¿Hay motivos para creer que se ha mejorado la organización empresarial? ¿Hemos cambiado el modelo productivo de España? ¿Se han introducido mejoras en la eficiencia de nuestra actividad económica? ¿Es superior el nivel formativo y el conocimiento aplicado? ¿La actividad de investigación y desarrollo y su incorporación a la actividad, está acaso en niveles aceptables? ¿O no será que el único aspecto en el que ha mejorado sustancialmente la competitividad es en la contención o incluso rebaja salarial, objetivo último no declarado de las reformas laborales? Es un error económico mayúsculo y una inmoralidad política jalear un aumento de competitividad que se basa casi exclusivamente en la condena a la precariedad, a la incertidumbre y al inusitado binominio trabajo+pobreza: antes en España tener un empleo era sinónimo de vivir con cierta dignidad material, ahora esto ya no está garantizado para una buena parte de la masa laboral.

¿Se lo creen? ¿O sólo pretenden que nos lo traguemos nosotros?

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2014.

EL RÍO DE LA VARIANTE

La bendita indiscreción de un trabajador de las obras de la Variante de Pajares nos ha permitido acceder en video a algunas imágenes de las filtraciones de agua que, al parecer, tienen en jaque a los responsables técnicos del proyecto. Estoy a años luz de tener ningún conocimiento que me permita analizar con solvencia si se trata de un problema grave y en qué medida es susceptible de solución, y de saber si era o no evitable. Pero si nos atenemos a las informaciones publicadas, se desprende que el problema es serio -muy serio-, que se minusvaloró su relevancia, que no se adoptaron las precauciones necesarias, que viene de lejos, que su gestación y gestión afecta a responsables públicos de todos los colores políticos y que repararlo seguramente costará abundante tiempo y dinero. Dicho esto, hay que advertir también que, en nuestro pequeño universo regional, nunca cuestiones tan eminentemente técnicas, como las asociadas a la construcción de la Variante y las alternativas elegidas, han estado sometidas a tal escrutinio político y a opiniones orientadas, a veces incluso abiertamente tendenciosas. De ahí que, sin atesorar –y lo lamento- ningún conocimiento técnico, y para evitar que la confusión reinante le haga a uno partícipe del enredo, haya que tomar la debida distancia con el ruido que rodea este debate, tan ensordecedor como el de las fugas de agua que, en el video, riegan el túnel,.

Lo que sí que sé como potencial usuario el día que -¡al fin!- el nuevo trazado para superar la Cordillera se ponga en funcionamiento, es que tengo derecho a que se trate de un viaje seguro y no de un túnel de lavado. Se entenderá, supongo, que 25 kms. seguidos bajo tierra susciten al viajero el deseo de confiar en quien haya diseñado, proyectado, ejecutado y en quien vaya a conservar esta infraestructura. Que el movimiento de corrientes de agua altera el paisaje y el subsuelo de forma considerable es de conocimiento general, así que la primera duda que precisa ser despejada es la que concierne a la seguridad. A día de hoy, perdónenme los que saben, pero mete miedo.

Como ciudadano, además, tengo derecho a que se acabe de una vez la dinámica de declaraciones parciales y aparente pero inconsistente búsqueda de culpables (luego no se dirimen responsabilidades reales de ninguna naturaleza); y que, tan pronto como técnicamente se pueda, se detalle, alto y claro, si la solución es posible, cuánto va a costar al erario público y cuánto va a demorar la apertura de la Variante. En esta materia de infraestructuras, a ver si se enteran los responsables ministeriales que no queremos ensoñaciones y falsos calendarios (que han sido horriblemente dañinos para la credibilidad política en Asturias) sino un poco de rigor y verdades aunque sean dolorosas. Cualquier asturiano mínimamente cabal sabe que una inversión tan formidable como la Variante no es cosa sencilla, que no se justifica en términos del tamaño de la población beneficiada sino de cohesión territorial y que además estamos en tiempos de dificultades para la inversión pública. Pero lo terriblemente disolvente sería que el túnel horadado resultase inútil durante años, o diese un servicio parcial o que acabásemos aceptando la normalidad del aquapark del video.

Si tiene solución, lo que es de suponer, que se arregle en cuanto se pueda y que vengan las explicaciones necesarias. En la génesis del problema mucho habrá probablemente de la perversa dinámica seguida en la contratación y ejecución de obras públicas en España. Y otro tanto sobre el ansia de dar respuesta a la opinión pública aunque se sustente en falsas expectativas. Lo que queremos es simple: que la Variante abra de forma segura y fiable; que se desgranen costes y sobrecostes; que se analicen a fondo los problemas técnicos, administrativos y políticos detectados; y también –no hay que olvidarlo- que nos expliquen qué incidencia medioambiental ha tenido la afectación a manantiales y arroyos –y ecosistema, a la postre- de la montaña sacrificada.

Entre tanto, no sé si peco de receloso, pero tengo esa amarga sensación, calada hasta los huesos –como los de los operarios del tajo- de que no nos están diciendo ni la mitad de la verdad.

Publicado en Asturias24, 22 de enero de 2014.

PENSIONES DE MIERDA

Mátese usted a trabajar, hasta los 65, los 67, los 70 años; más si puede. Afánese usted en cotizar, 25 años, 35 años, 38 años y medio. Acepte que de su salario bruto se detraiga una cantidad todos los meses para las cotizaciones sociales. Asuma que su empleador establezca su sueldo considerando, lógicamente, todos los costes que comporta su puesto de trabajo, cuota patronal incluida. Alcance el final de su vida laboral, probablemente extenuado y un poco harto, habiendo cumplido con su deber de contribuir. Llegada la hora de determinar la prestación de jubilación que recibirá, cuando le toque el turno y haya desplegado todos sus efectos la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que así se llama el instrumento,  comprobará que su pensión será, probablemente, poco más que de subsistencia. Que si no tiene un plan de pensiones privado decentemente dotado, ahorros suficientes o patrimonio del que obtener una rentabilidad con su explotación, lo va a pasar regular, como poco. Que, si su sueldo ha estado gran parte de su vida laboral de la media hacia abajo no se podrá permitir ninguna licencia, le esperará la pobreza térmica en los inviernos y las vacaciones en el parque los veranos. Y de echar un cable a las personas de su entorno a las que les vaya peor –como generosamente hacen tantos pensionistas hoy día- mejor olvidarse.

No es ninguna caricatura sino el efecto que traerá la planificación del sistema público de pensiones que el Gobierno de España y el partido que lo sustenta van camino de poner en marcha por la vía rápida, sin diálogo social y sin más respaldo que el suyo, pero con escasa conciencia entre la ciudadanía sobre lo que representa; y, lo peor, con tenue contestación ciudadana. El 1 de enero de 2014 la revalorización de las pensiones, desvinculada del Índice de Precios al Consumo (IPC), considerando la menguada afiliación a la Seguridad Social y la situación económica, comenzará, por lo común y en la mayoría de los ejercicios, a divergir del coste de la vida, en especial mientras no se recuperen niveles de empleo y cotizantes aceptables (porque que los salarios se recuperen ni siquiera se desea). Los periodos de bonanza apenas corregirán la tendencia porque, por mandato legal, las pensiones nunca se incrementarán un 0,25% más que el IPC. Además, con esta política económica continuamos perdiendo masa laboral y sustento del sistema a chorros, movimientos migratorios incluidos, porque se ha minusvalorado el trabajo de una forma atroz: o no merece la pena buscarlo, o mejor encontrarlo fuera si se tienen expectativas.

Si esto fuera poco (y como van las cosas que nadie descarte otra revisión del sistema en unos años), a partir de 2019 entrará en juego Factor de Sostenibilidad, para vincular el importe de las pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas. El éxito colectivo que representa que la gente viva más jugará en contra de que la mayoría viva mejor, toda una paradoja que, no obstante, las políticas del PP van camino de solucionar a la brava: en España en 2012 descendió por primera vez en lustros la esperanza de vida (de 79,16 a 79,01 años en los hombres; y de 84,97 a 84,72 años en las mujeres).

Mátese a pagar tributos toda su vida. Asuma que las rentas del trabajo y los impuestos indirectos, que pagan el común de los mortales, sostengan la recaudación tributaria en España. Acepte que eso no se traduzca en servicios públicos de calidad sino menguantes y, más temprano que tarde, subsidiarios de su provisión por el sector privado (sanidad y educación incluidas, según van las cosas). Consienta que las pensiones de jubilación no se vayan a financiar jamás parcialmente por vía tributaria y que, ante cualquier queja se blanda la insostenibilidad fatal del sistema.

Reconozca que todos los menores de 45 años ya nos hemos hecho a la idea, previsores pero conformistas, de que cualquier prestación del Estado del Bienestar, pensiones incluidas, será un espejismo o un modesto complemento a lo que hayamos conseguido por nuestra cuenta. Contemple que la aspiración de una realidad socioeconómica mejor organizada, con los avances de la tecnología y el conocimiento, con el trabajo repartido, estimulante, digno y razonablemente pagado, es una ensoñación al estilo de los falansterios o de New Harmony.

Y, finalmente, regodéese con las declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, que a buen seguro no tendrá ninguno de estos problemas que a usted y a mí nos inquietan, afirmando que el sistema será ahora “más justo y solidario” y que su contrarreforma se trata de “una conquista social”. Es para darle las gracias.

Publicado en Asturias 24, martes 12 de noviembre de 2013.

COSTE ESTÁNDAR

Me encantaría conocer a la cabeza pensante que ha inspirado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de establecer un coste estándar homogéneo a la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, sin importar sus circunstancias ni el territorio que le corresponde gestionar. Tamaña genialidad o es fruto de una consultora de repeinados dispuesta a llevar los abstractos conceptos de la contabilidad hasta su último término, emulando a cualquier aprendiz de brujo; o es producto de un laboratorio de fanatismo neoliberal presto a desproveer cualquier materia de su sustancia política o social. Para el analista, da igual que la población esté dispersa o concentrada; que el territorio sea abrupto, extenso, urbanizado o agreste; que la pirámide de población sea la de una comunidad envejecida o renovada; que haya flujos de inmigración o de emigración; que sea un municipio dinámico en la actividad económica e industrial o particularmente afectado por la crisis que vivimos. Les basta con tomar en su pipeta muestras de un número predeterminado de individuos robotizados, sobre un plano imaginario en un territorio que no existe; unas cuantas fórmulas matemáticas, una pizca de análisis y literatura de costes y ¡voilà!, ya está en condiciones de esculpir las nuevas tablas de la ley local, fijando como verdad única que prestar el servicio de abastecimiento de agua debe costar x, el de transporte urbano y, o el de recogida de basuras Z. Porque de servicios sociales, culturales, sanitarios o educativos ya ni hablamos, dado que la pretensión indisimulada es borrarlos de golpe y plumazo de cualquier catálogo de actuaciones municipales. Tal planteamiento sólo puede provenir de alguien que no conoce las tripas de la gestión local, que desprecia el pulso vital de cualquier municipio y para el que conceptos como autonomía local, democracia de proximidad o participación ciudadana no tienen significado alguno porque no les puede atribuir un valor numérico asociado que agregar.

El problema no es que el Ministerio esté dispuesto a transmutar un elemento de análisis, con mayor o menor interés, en dogma de fe. Lo terrible es que tiene bazas suficientes para dar con él en la cabeza a los ayuntamientos, previendo la doblemente ingeniosa consecuencia de arrebatarles las competencias que se ejerzan con costes que superen el estándar, ¡para entregárselas a las Diputaciones Provinciales! Es decir, se desea desproveer al poder estrictamente local –aunque las provincias sean también “entidades locales” en terminología iusadministrativista- de su capacidad de actuación, de por sí mermada, sin considerar que es en el ámbito municipal donde la implicación de la ciudadanía y el conocimiento de la realidad pueden permitir círculos virtuosos de compromiso en los asuntos públicos y buenas prácticas de esfuerzo comunitario en la solución de los problemas. Y como ocurrente consecuencia, se propone que sea la Diputación Provincial, ajena al ejercicio democrático directo, no pocas veces modelo de ineficiencia y caciquismo (Baltares y Fabras encontraron en éllas su hábitat natural), pasto de los aparatos provinciales partidarios y con una vida institucional y política sustancialmente más tenue, donde acabe residiendo la ejecución de esas competencias. Un negocio redondo.

 

En lugar de enredar con debates falsamente economicistas, tratando de deslegitimar a los poderes locales y encanallando el ambiente, desearíamos que el Gobierno de España enunciase de forma más sincera sus verdaderos objetivos con la reforma local en gestación. Que dijese en consecuencia que se toma a chufla la autonomía local y que cualquier proclama municipalista le parece palabrería. Que lo que desea es que a los concejales los elija el responsable de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Que va a establecer el premio de Alcalde del año al que dar palmaditas en el hombro por respetar el coste estándar sin debatir de prioridades políticas, inquietudes de los ciudadanos, necesidades del territorio y cualquier otra quimera. Que confesase de una vez por todas su objetivo último y de más alcance: horadar desde la base –la vida política y democrática local- cualquier experiencia activa de democracia participativa. Para tenernos a todos no ya como ciudadanos, sino, en el mejor de los casos, como consumidores de servicios, aunque sean pocos, malos, privatizados y a precio de oro.

 

Publicado en Oviedo Diario, 25 de mayo de 2013.

ABUNDANCIA Y VERDAD

Poco le falta al partido gobernante en España para promover una remodelación del Ejecutivo en el que, al modo orwelliano, se refundan los Ministerios en el del Amor, el de la Paz y, sobre todo el de la Abundancia y el de la Verdad. Por lo pronto ya nos hemos acostumbrado a utilizar para hablar de los ministerios el acrónimo de su dominio en internet (el Mir para aludir al Ministerio del Interior, el Minetur para referirse al de Industria, Energía y Turismo, etc.), como en la neolengua se referían al Mindancia o al Minver, por citar los dos últimos del imaginario de 1984. La clave, como siempre, se basa en la machacona repetición del discurso, su amplificación en medios públicos y afines –cada vez más exaltados-, la escasez de explicaciones y sobre todo, la expulsión de la voz disidente a la marginalidad, criminalizando cualquier resistencia. Todo ello acompañado de la creación de una realidad paralela, más bien burda; contemplen por ejemplo en los informativos de la televisión estatal como no hay rastro de la crisis social (todo son animosos emprendedores y buenas caras al mal tiempo). El problema es que después de cinco años de crisis aguda, del empobrecimiento de los trabajadores, de la destrucción del tejido productivo, del deterioro irreversible de los servicios públicos, casi nadie se cree ya nada y menos aún los mensajes que provengan de una autoridad pública. De este modo, los repetidos anuncios de que ya se ve -a la vuelta de la esquina como quien dice- un principio de recuperación, provocan el sonrojo y la ira a más de uno. Y la colección de eufemismos para hablar de las medidas leoninas con las que se castiga a la población ya se ha agotado hace tiempo.

Un lustro después de que el castillo de naipes de la aparente comodidad comenzase a desmoronarse y 16 meses después de que el Gobierno de España convirtiese la desigualdad y el sufrimiento colectivo de la población en su conquista más preciada, la desesperanza ha calado hasta los huesos y poco se puede sacar en limpio de la experiencia, más allá de la profunda desconfianza a la que es difícil sustraerse. Las previsiones de las organizaciones económicas internacionales acaban, en este sentido, de arrebatar el último gramo de credulidad que a algunos todavía les quedaba, porque con vaticinios para este año de empeoramiento en la evolución del Producto Interior Bruto (-1,6% en 2013 según el FMI), una tasa de paro esperada del 27%, un sector financiero del que la OCDE afirma que seguirá en crisis crónica, el estupor de cifras de déficit público (si no se escamotean de las cuentas las ayudas a la banca, claro) del 10,6% del PIB al cierre del ejercicio pasado (no muy alejadas de las que llevaron a comenzar la espiral de recortes) y una deuda pública del 92% del PIB (casi el triple que en 2007), es difícil que no te flaqueen las piernas si aspiras a trabajar y contribuir en España. Sobre todo si pensamos lo que nos hemos dejado por el camino, incluyendo la credibilidad de las instituciones, la seguridad en las relaciones económicas, los mecanismos públicos de solidaridad y la provisión de bienes comunes con cuya calidad y razonable eficiencia hasta hace poco contábamos.

Por eso es un sarcasmo, se diría, que el Gobierno insista en que no hemos sido rescatados (pese a los 40.000 millones de euros en las ayudas a la banca, con un severo programa decontrapartidas) o que proclame que las políticas de laminación de lo público y presión a las rentas del trabajo son medidas inevitables, derramando  hipócritas lágrimas de cocodrilo por el dolor que causan. Y más aún que, caigan en el mismo error que ha arrastrado al descrédito a la gran mayoría de gobernantes de los países azotados por la crisis, atisbando la tierra prometida del crecimiento cuando estamos atrancados en la duna hasta las rodillas. Lo peor es que ya ni pueden esconder la risa nerviosa o la mueca amarga que sus propias palabras les provocan.

 

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2013.

POLÍTICAS LOCALES EN RIESGO

El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Para quien conoce de cerca la actividad de los ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.

La cortina de humo empleada, y que efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero, dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que, en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio. Si la reforma en ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.

Lo que se persigue, en definitiva, es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde la que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito, y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a las realidad de a pie.

Ni que decir tiene que el objetivo ideológico –reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2013.

VERSIÓN OFICIAL

Alguna mente calenturienta ha decidido recrear una supuesta contabilidad B del Partido Popular. A modo de los viejos contables con manguitos y sobre un cuaderno de los que sólo un repeinado tesorero chapado a la antigua utilizaría hoy, se han inventado centenares de apuntes, con nombre y apellidos, entradas y salidas, en riguroso orden. El fabulador de la caja oculta ha ideado un ficticio y complejo universo de dádivas, sobresueldos y ayuditas a la cúpula dirigente del partido hegemónico, para dar la falsa impresión de continuidad en la práctica, como si estuviese en la esencia misma de la fuerza política concernida. Si da la casualidad de que alguno de los apuntes es reconocido como cierto por el interesado al que se cita, es fruto del azar, de la suerte del conspirador o del despiste del aludido. Porque salvo alguna cosa –ya lo dijo el Presidente- es todo completamente falso y producto del intento de dañar al Partido Popular y a España, valga la redundancia.

Si los periódicos que han recibido clandestinamente esta información le dan credibilidad con su publicación, sólo se debe a la profunda crisis de identidad de los medios, dispuestos a enturbiarlo todo, a servir a intereses espurios o a roer el hueso de un escándalo prefabricado para vender unos cuantos ejemplares. Procede demandar, querellarse, amenazar a quien divulgue, replique o cite; es justo y necesario detener la propagación, evitar que la opinión pública caiga en el error de atar supuestos cabos.

Nadie en su sano juicio puede creer que haya dinero procedente de fuentes desconocidas entrando en una tesorería opaca del PP o que contratistas y constructores de toda condición, grandes y medianos, hagan repetidas donaciones que no sean las estrictamente legales. Que haya una relación entre el ex tesorero del PP, sus supuestas cuentas y la trama Gürtel es, evidentemente, pura coincidencia. Tanta casualidad como la que hizo confluir a Álvaro Pérez en el backstage de los mítines; a Francisco Correa en la boda de Alejandro Agag; al jaguar de Luis Sepúlveda en el garaje de la casa de Ana Mato. Ya se sabe que uno nunca sabe con quién trata y no hay quien no corra el albur de cruzarse en el ascensor con alguna manzana podrida.

No debe haber cuidado ni zozobra. Se darán las explicaciones pertinentes, porque todo está muy claro, salvo alguna cosa. Y esa cosa se aclarará con la auditoría interna y externa, que se repetirá cuantas veces haga falta. Y con lo que se haya declarado -¡todo verdadero!- al fisco. Con eso, todos contentos. El Gobierno podrá seguir reformando y aplicando las medidas que hay que aplicar. La vida seguirá, mañana será otro día y ya se sabe que las noticias de ayer envuelven el pescado de hoy. Todo esto pasará y se olvidará.

Salvo alguna cosa.

 

Publicado en Oviedo Diario, 9 de febrero de 2013.

NI SIENTEN NI PADECEN

Cada vez que los representantes de las instituciones financieras internacionales administran sus recetas purgantes a España, suelen acompañarlas de palabras de reconocimiento para los “asombrosos esfuerzos” y las “medidas decididas” adoptadas por el Gobierno, así calificadas en la jerga al uso de estas esferas. La retórica de los gobernantes, fieles seguidores de tales mandamientos, es similar, siendo sus destinatarios los propios ciudadanos, repletos de confusión y hartazgo a partes iguales, aunque hasta ahora ninguna alternativa estructurada haya cuajado ni es esté en previsión de hacerlo. El mensaje que se traslada desde el poder, los medios de comunicación y los centros de proselitismo del ideario anticrisis en boga, insiste en lainvocación al sacrificio y en un futuro alentador después de la cura, una vez que de los servicios públicos queden poco más que piel y huesos, y que, de paso, se hayan socavado principios elementales del Estado Social y Democrático de Derecho que hasta ahora se decía defender. Los receptores del mensaje cada vez se creen menos estas letanías, sobre todo porque el túnel se hace interminable y cada vez más frío y oscuro, pero del escepticismo, la amargura y la protesta puntual poco más está brotando, al menos de momento.

Lo peor de este año de recortes salvajes y apreturas asfixiantes no es sólo el deterioro, quizás irremisible, de prestaciones, servicios y garantías hasta ahora proveídas desde lo público, es decir, como conquista colectiva. Es más humillante si cabe que tales decisiones vengan acompañadas de una cadena de condescendientes palmaditas en el hombro, como quien anima a la vez que pisa: de las corrientes del mercado financiero al FMI y la OCDE; de estos organismos a la UE; de la UE al Gobierno de España; y de éste a los ciudadanos. A éstos se les insiste en que continúen con el denodado esfuerzo, pero, a la par, se quita hierro a todas las medidas cada vez que se presentan o se detectan, anunciándolas como si fuesen soportables. El problema es que para muchísimas personas ya no lo son. Si hay que realizar copagos por medicamentos, prestaciones sanitarias accesorias (o principales, si directamente se reduce la cartera de servicios de facto), disminuyen las becas, se amputan servicios, sube la presión tributaria –en particular los impuestos indirectos- se reducen en la práctica salarios, pensiones o subsidios, y hay que buscarse en el mercadoprivado bienes que hasta ahora eran públicos, no hay economía familiar media que lo aguante. Y quien desde los centros de decisión o de ejecución de estas políticas diga que comprende el impacto que comportan para las personas que las padecen, o miente o en el mejor de los casos recurre al tópico, porque no tiene ni idea –ni se lo puede imaginar- del enorme daño que está causando en la vida diaria de la gran mayoría de la población.

 

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2013.

AYUNTAMIENTOS EN EL PUNTO DE MIRA

Al calor de la crisis económica, algunos debates se reavivan y asuntos que llevaban tiempo bajo escrutinio se someten a decisiones rápidas, a veces insuficientemente meditadas y no precisamente en el sentido esperable por la orientación de las discusiones previas. En la España de la década pasada era recurrente el análisis sobre la imperfecta construcción institucional y los problemas en la distribución de poder territorial que comportaba la relativa fragilidad de las administraciones locales. Al menos hasta el arranque de esta etapa convulsa, existía un cierto consenso político sobre la necesidad de mejorar la definición de las competencias municipales, ampliando su ámbito de actuación y reconociendo a los ayuntamientos potestades para actuar en materias –las llamadas competencias impropias- en las que llevaban tiempo desarrollando iniciativas. Y, a la par, se valoraba la posibilidad de mejorar sus formas de financiación, principalmente permitiendo una mayor autonomía fiscal y asegurando su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.

Poco o nada de esto, sin embargo, parece que se vaya a concretar en el futuro cercano. Al contrario, una de las primeras consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos, no digamos ya de las asociaciones formadas por éstos y de las mancomunidades. De hecho, es previsible que si se introducen ahora modificaciones normativas éstas no vayan dirigidas a ampliar el haz de competencias municipales sino a reducirlo respecto a las ejercidas en la práctica actual; y no a darle facilidades para una gestión y organización más autónoma sino a constreñir los límites en los que debe desarrollar su actividad institucional. Al mismo tiempo, la propia autonomía local, principio inspirador del modelo municipal español en época democrática, se encuentra más que nunca bajo cuestión, porque la estrecha supervisión económico-financiera y las obligaciones adicionales que se les están imponiendo recortan sobremanera sus propias facultades de decisión. Algunas medidas de indudable relevancia, como el plan de pago a proveedores conlleva que las 4.623 entidades locales que han pedido acogerse a este programa, mayoritariamente ayuntamientos, asumen el sometimiento a rígidos planes de ajuste y en el futuro inmediato –pasados los dos años de carencia previstos- deberán afrontar la devolución de las cantidades prestadas, en diez años y a un interés de, prácticamente, el 6%; en conclusión, o a corto plazo se produce una mejora sensible e inesperada de los ingresos de los ayuntamientos, o muchos experimentarán en los años venideros dificultades insalvables para atender sus compromisos con las entidades financieras participantes en el plan.

Es cierto que entre los debates pendientes había cuestiones cuyo abordaje era, y sigue siendo, más que razonable, empezando por las formas de colaboración entre municipios y la racionalización del mapa municipal (más en otras Comunidades Autónomas que en Asturias); y que algunas prácticas propias de la vida pública local habían derivado en casos concretos hacia gestiones poco transparentes, populistas y carentes de toda visión estratégica. Ahora bien, sería un error mayúsculo admitir una crítica global e indiscriminada al funcionamiento de los ayuntamientos, desconociendo las enormes dificultades financieras y de gestión que han debido afrontar por la insuficiencia de medios ante las necesidades a cubrir. Y, sobre todo, resultaría contraproducente para el interés público erosionar el papel de los ayuntamientos, suprimiendo multitud de servicios sociales y culturales, iniciativas de promoción económica, actividades de fomento del empleo o proyectos que hacen más habitable el espacio común y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Concluir que, en lugar de facilitar a los ayuntamientos un marco legal y financiero estable y apropiado para que puedan cumplir mejor sus cometidos, lo que procede es disminuir sus funciones al mínimo y desproveerlos de capacidad real de intervención, significaría un retroceso de 30 años en política municipal y, sobre todo, una victoria más de quien quiere reducir lo público a la categoría de anecdótico.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2012.