Blog de artículos publicados en medios de comunicación.

30.6.13

COSTE ESTÁNDAR

Me encantaría conocer a la cabeza pensante que ha inspirado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de establecer un coste estándar homogéneo a la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, sin importar sus circunstancias ni el territorio que le corresponde gestionar. Tamaña genialidad o es fruto de una consultora de repeinados dispuesta a llevar los abstractos conceptos de la contabilidad hasta su último término, emulando a cualquier aprendiz de brujo; o es producto de un laboratorio de fanatismo neoliberal presto a desproveer cualquier materia de su sustancia política o social. Para el analista, da igual que la población esté dispersa o concentrada; que el territorio sea abrupto, extenso, urbanizado o agreste; que la pirámide de población sea la de una comunidad envejecida o renovada; que haya flujos de inmigración o de emigración; que sea un municipio dinámico en la actividad económica e industrial o particularmente afectado por la crisis que vivimos. Les basta con tomar en su pipeta muestras de un número predeterminado de individuos robotizados, sobre un plano imaginario en un territorio que no existe; unas cuantas fórmulas matemáticas, una pizca de análisis y literatura de costes y ¡voilà!, ya está en condiciones de esculpir las nuevas tablas de la ley local, fijando como verdad única que prestar el servicio de abastecimiento de agua debe costar x, el de transporte urbano y, o el de recogida de basuras Z. Porque de servicios sociales, culturales, sanitarios o educativos ya ni hablamos, dado que la pretensión indisimulada es borrarlos de golpe y plumazo de cualquier catálogo de actuaciones municipales. Tal planteamiento sólo puede provenir de alguien que no conoce las tripas de la gestión local, que desprecia el pulso vital de cualquier municipio y para el que conceptos como autonomía local, democracia de proximidad o participación ciudadana no tienen significado alguno porque no les puede atribuir un valor numérico asociado que agregar.

El problema no es que el Ministerio esté dispuesto a transmutar un elemento de análisis, con mayor o menor interés, en dogma de fe. Lo terrible es que tiene bazas suficientes para dar con él en la cabeza a los ayuntamientos, previendo la doblemente ingeniosa consecuencia de arrebatarles las competencias que se ejerzan con costes que superen el estándar, ¡para entregárselas a las Diputaciones Provinciales! Es decir, se desea desproveer al poder estrictamente local –aunque las provincias sean también “entidades locales” en terminología iusadministrativista- de su capacidad de actuación, de por sí mermada, sin considerar que es en el ámbito municipal donde la implicación de la ciudadanía y el conocimiento de la realidad pueden permitir círculos virtuosos de compromiso en los asuntos públicos y buenas prácticas de esfuerzo comunitario en la solución de los problemas. Y como ocurrente consecuencia, se propone que sea la Diputación Provincial, ajena al ejercicio democrático directo, no pocas veces modelo de ineficiencia y caciquismo (Baltares y Fabras encontraron en éllas su hábitat natural), pasto de los aparatos provinciales partidarios y con una vida institucional y política sustancialmente más tenue, donde acabe residiendo la ejecución de esas competencias. Un negocio redondo.
 
En lugar de enredar con debates falsamente economicistas, tratando de deslegitimar a los poderes locales y encanallando el ambiente, desearíamos que el Gobierno de España enunciase de forma más sincera sus verdaderos objetivos con la reforma local en gestación. Que dijese en consecuencia que se toma a chufla la autonomía local y que cualquier proclama municipalista le parece palabrería. Que lo que desea es que a los concejales los elija el responsable de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Que va a establecer el premio de Alcalde del año al que dar palmaditas en el hombro por respetar el coste estándar sin debatir de prioridades políticas, inquietudes de los ciudadanos, necesidades del territorio y cualquier otra quimera. Que confesase de una vez por todas su objetivo último y de más alcance: horadar desde la base –la vida política y democrática local- cualquier experiencia activa de democracia participativa. Para tenernos a todos no ya como ciudadanos, sino, en el mejor de los casos, como consumidores de servicios, aunque sean pocos, malos, privatizados y a precio de oro.
 
Publicado en Oviedo Diario, 25 de mayo de 2013.

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23.6.13

OTRA VEZ NOS QUIEREN LIBERAR

Durante años, y especialmente a partir del surgimiento de los movimientos ciudadanos partidarios de la recuperación de la memoria histórica, se ha planteado en numerosos municipios de nuestro país un intenso debate sobre la retirada de los vestigios restantes en el espacio público dirigidos a la exaltación del golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil y a la glorificación del Franquismo. Monumentos, nombres de vías públicas, estatuas, distinciones honoríficas o incluso topónimos seguían exhibiendo la visión de la rebelión de parte del ejército frente al sistema democrático y constitucional como el “alzamiento nacional”, el 18 de julio como fecha a conmemorar, y multitud de militares de diverso rango levantados en armas frente a la República o protagonistas de feroces represiones como nombres ejemplares a recordar. En Oviedo no nos libramos de esta clase de etiquetas heredadas de la dictadura; baste mencionar las referencias a “la gesta” o “la liberación” para aludir al escenario bélico de la ciudad entre 1936 y 1937, nuestro 19 de julio particular en una calle señera, la condición del General Aranda –el protagonista del golpe en la ciudad- como Alcalde Honorario o la profusión de militares franquistas en el callejero, algunos de ellos particularmente destacados en el derramamiento de sangre y el exterminio en la retaguardia como el General Yagüe (que pasó a la historia por las atroces matanzas tras la toma de Badajoz). Hasta hace poco incluso conservábamos una calle con el nombre de la colaboración directa española con el nazismo –glorificación impensable en la Europa avanzada-, que eso fue principalmente la División Azul.
Es cierto que el debate en la materia y la retirada de estos vestigios siempre ha despertado polémica y es inevitable que así sea; también es verdad que para una parte no pequeña de la población la controversia no le decía nada o casi nada, de ahí que el asunto, en el marasmo de la crisis actual, haya pasado a ser una cuestión marginal para la opinión pública. Esta relativa apatía (que no habla en favor de nuestra conciencia colectiva), unida a la falta de actitudes más resueltas por quienes pudieron adoptar decisiones cuando hubo oportunidad para ello, ha llevado a que en bastantes casos el trabajo necesario se haya quedado a medias o directamente ni se haya acometido, con algunos ejemplos particularmente aberrantes. En el caso de Oviedo, el ejemplo más notorio es la persistencia del monumento a Franco en la Plaza de España (del que bastaría con sustituir el medallón y el anillo laudatorio), que, por cierto, es uno de los pocos que se erigieron tras su fallecimiento. Y de las conclusiones de una comisión de notables nombrada al efecto –poco más que un amago- apenas algunas se han aplicado, manteniéndose en la ciudad muchos de los elementos llamados a ser retirados según mandado de la llamada Ley de Memoria Histórica.
De lo que se tiene escasa o ninguna noticia es de restituciones de evocaciones de encumbramiento del franquismo. Y ahí Oviedo parece que puede ser triste pionera si se vuelve a colocar en un espacio público la estatua del Teniente CoronelTeijeiro, lo que constituiría un escarnio a la memoria democrática realmente insólito. Casi tanto como volver a decir, 76 años después, que la entrada de las columnas gallegas en la batalla de Oviedo fue la “liberación” que ensalzar de la que habla la historiografía franquista, porque ese es el lema y sentido de la estatua. Habrá que preguntarse de qué ”liberación” se trató para las más de 1.300 personas enterradas en la fosa común del cementerio del Salvador, para otros muchos asesinados tras Consejos de Guerra, como el rector Leopoldo AlasArgüelles, o para los que soportaron sojuzgados el clima de represión durante décadas. Que se utilicen, con el punto de banalidad que caracteriza a algunosconcejales, argumentos como la presunta calidad artística de la estatua para reclamar su reposición es de una frivolidad aplastante, pretendiendo sustraer de un contexto histórico y político el significado terrible, disolvente, antidemocrático y humillante para las víctimas del franquismo y sus familiares que tendría volver a dar protagonismo en el espacio público a una visión sesgada y cruel de nuestra más profunda herida.
 
Publicado en Oviedo Diario, 10 de mayo de 2013.

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9.6.13

ABUNDANCIA Y VERDAD

Poco le falta al partido gobernante en España para promover una remodelación del Ejecutivo en el que, al modo orwelliano, se refundan los Ministerios en el del Amor, el de la Paz y, sobre todo el de la Abundancia y el de la Verdad. Por lo pronto ya nos hemos acostumbrado a utilizar para hablar de los ministerios el acrónimo de su dominio en internet (el Mir para aludir al Ministerio del Interior, el Minetur para referirse al de Industria, Energía y Turismo, etc.), como en la neolengua se referían al Mindancia o al Minver, por citar los dos últimos del imaginario de 1984. La clave, como siempre, se basa en la machacona repetición del discurso, su amplificación en medios públicos y afines –cada vez más exaltados-, la escasez de explicaciones y sobre todo, la expulsión de la voz disidente a la marginalidad, criminalizando cualquier resistencia. Todo ello acompañado de la creación de una realidad paralela, más bien burda; contemplen por ejemplo en los informativos de la televisión estatal como no hay rastro de la crisis social (todo son animosos emprendedores y buenas caras al mal tiempo). El problema es que después de cinco años de crisis aguda, del empobrecimiento de los trabajadores, de la destrucción del tejido productivo, del deterioro irreversible de los servicios públicos, casi nadie se cree ya nada y menos aún los mensajes que provengan de una autoridad pública. De este modo, los repetidos anuncios de que ya se ve -a la vuelta de la esquina como quien dice- un principio de recuperación, provocan el sonrojo y la ira a más de uno. Y la colección de eufemismos para hablar de las medidas leoninas con las que se castiga a la población ya se ha agotado hace tiempo.
Un lustro después de que el castillo de naipes de la aparente comodidad comenzase a desmoronarse y 16 meses después de que el Gobierno de España convirtiese la desigualdad y el sufrimiento colectivo de la población en su conquista más preciada, la desesperanza ha calado hasta los huesos y poco se puede sacar en limpio de la experiencia, más allá de la profunda desconfianza a la que es difícil sustraerse. Las previsiones de las organizaciones económicas internacionales acaban, en este sentido, de arrebatar el último gramo de credulidad que a algunos todavía les quedaba, porque con vaticinios para este año de empeoramiento en la evolución del Producto Interior Bruto (-1,6% en 2013 según el FMI), una tasa de paro esperada del 27%, un sector financiero del que la OCDE afirma que seguirá en crisis crónica, el estupor de cifras de déficit público (si no se escamotean de las cuentas las ayudas a la banca, claro) del 10,6% del PIB al cierre del ejercicio pasado (no muy alejadas de las que llevaron a comenzar la espiral de recortes) y una deuda pública del 92% del PIB (casi el triple que en 2007), es difícil que no te flaqueen las piernas si aspiras a trabajar y contribuir en España. Sobre todo si pensamos lo que nos hemos dejado por el camino, incluyendo la credibilidad de las instituciones, la seguridad en las relaciones económicas, los mecanismos públicos de solidaridad y la provisión de bienes comunes con cuya calidad y razonable eficiencia hasta hace poco contábamos.
Por eso es un sarcasmo, se diría, que el Gobierno insista en que no hemos sido rescatados (pese a los 40.000 millones de euros en las ayudas a la banca, con un severo programa decontrapartidas) o que proclame que las políticas de laminación de lo público y presión a las rentas del trabajo son medidas inevitables, derramando  hipócritas lágrimas de cocodrilo por el dolor que causan. Y más aún que, caigan en el mismo error que ha arrastrado al descrédito a la gran mayoría de gobernantes de los países azotados por la crisis, atisbando la tierra prometida del crecimiento cuando estamos atrancados en la duna hasta las rodillas. Lo peor es que ya ni pueden esconder la risa nerviosa o la mueca amarga que sus propias palabras les provocan.
 
Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2013.

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