COMBATIR EL APARTHEID HOMÓFOBO

Una de las claves de la superación del apartheid en Sudáfrica residió en una sostenida presión internacional a la que finalmente, en el contexto de los estertores de la Guerra Fría, acabaron por sumarse los principales aliados estratégicos del régimen racista. El balance interno de fuerzas en todo este periodo, con la maquinaria represiva en funcionamiento y la aparente hegemonía de la minoría blanca favorable al sistema, no era suficiente para el mantenimiento de la aberración segregacionista, a causa de los perjuicios ocasionados por el creciente aislamiento, las sanciones económicas, la exclusión de las organizaciones internacionales (de las Naciones Unidas, la entonces Organización para laUnidad Africana o la Commonwealth). La sólida conciencia en la comunidad internacional sobre el carácter inadmisible e irreformable del apartheid y la afrenta que para la dignidad humana suponía su pervivencia, favoreció las condiciones necesarias para la continuidad de los movimientos de resistencia en los tiempos más difíciles y para que finalmente el sistema se viese abocado a promover su propia extinción, vista su inviabilidad.

            A día de hoy, otra discriminación, genuinamente atávica, con manifestaciones cada vez más violentas, se abre paso en un buen número de países, con medidas que retrotraen a siglos pasados, a la barbarie y a una crueldad insospechada. Se trata de las continuas reformas legales en virtud de las cuales diferentes Estados están incorporando, con una virulencia inusitada, castigos de toda índole (multas, internamiento para la “reeducación”, humillaciones públicas, prisión o incluso la pena de muerte) frente a la homosexualidad, considerada directamente como delictiva. En un grado inferior, pero en franca escalada en la discriminación directa, se sitúan otros Estados que orquestan una persecución abierta frente a cualquier activismo favorable a la visibilidad y la reclamación de derechos civiles para las personas del colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), a despecho de las libertades básicas de asociación, reunión y manifestación, alentando con su mensaje la marginación social y las agresiones e insultos de grupos homófobos. Según nos recuerda Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (el 17 de mayo), en total más de 70 países consideran fuera de la ley y susceptible de represión la homosexualidad y siguen siendo minoría los que impulsan legislaciones consideradas con la diversidad de orientación sexual. Pero el problema es que, a los progresos hacia la igualdad en algunas legislaciones nacionales (más recientemente Dinamarca, Francia, Reino Unido, Argentina, Uruguay o Brasil), se contrapone un terrible recrudecimiento de la persecución en otros países (Nigeria, Uganda o Brunei) o retrocesos muy significativos (Rusia o India).

Las declaraciones de los líderes políticos que impulsan esta inconcebible regresión son prueba de la mezcla de fundamentalismo, ignorancia y odio que sustenta su programa en la materia. Yoweri Museveni, Presidente de Uganda (país en el que recientemente se ha aprobado castigar la homosexualidad con penas que llegan hasta a la cadena perpetua)  afirmó que “los homosexuales son desagradables, ¿qué clase de gente son? Son heterosexuales y se convierten por dinero. Son mercenarios y prostitutas”. Yahya Jammeh, Presidente de Gambia (país en el que se castiga la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel), afirmó que los homosexuales son “alimañas” y que su gobierno se disponía a “afrontar el problema de la misma manera que lucha contra los mosquitos que causan la malaria”. Para Robert Mugabe, Presidente de Zimbabue (donde la homosexualidad es perseguida con multas y castigos), “los homosexuales merecen ser castrados. Es una abominación”, añadiendo que “si fuera por mí, me aseguraría de que van derechos al infierno y se pudren. Son peores que cerdos, cabras y aves”. Vladimir Putin Presidente de Rusia (país que hostiga a las asociaciones LGBT bajo una ley que persigue lo que denomina la “propaganda homosexual”) afirmó al calor de la polémica por el boicot a los juegos de Sochi que “Rusia necesita limpiarse de homosexualidad si quiere aumentar su tasa de natalidad”. Son una muestra reciente de las muchas declaraciones que jalonan la carrera homófoba que algunos mandatarios han iniciado; precisamente aquéllos a los que suele acompañar a su aversión al colectivo LGBT, en otros órdenes, un proceder agresivo en su política externa y restrictivo de la libertad individual y colectiva en la vertiente interna.

            El retroceso que en el respeto a la orientación sexual se advierte en muchos países no debe ser indiferente a la comunidad internacional, que no puede considerar una cuestión secundaria que el colectivo LGBT sea víctima de una espiral integrista, que le condena al repudio, la ocultación, la cárcel o incluso la muerte. Al igual que con el apartheid, de cuya derrota la humanidad se enorgullece, la política excluyente y discriminatoria hacia el colectivo LGBT debe ser motivo para el aislamiento diplomático y la aplicación de las medidas de presión (incluyendo las sanciones) para, frente a la involución que protagonizan algunos países, oponer y hacer triunfar un ideal de progreso común, respetuoso con todas las personas.

Publicado en Asturias24, 13 de mayo de 2014.

NEL AMARO VOLVERÍA A QUEMAR EL DNI

Corría el año 2003 y mientras Aznar se empeñaba en sacarnos del rincón de la historia comprometiendo el apoyo de España a la intervención armada en Iraq, un grupo de estudiantes de la Universidad asturiana organizamos, entre la miríada de actos contra la guerra en aquellos días de efervescencia, un acto callejero de protesta frente al Ayuntamiento de Oviedo (cuya mayoría corporativa se negaba a rechazar el conflicto) en el que invitamos a Nel Amaro. Su acción terminó, bajo la observación curiosa de los policías locales y una veintena de viandantes, clamando contra el oprobio de que en el supuesto beneficio de España –lo que quiera que tal sofisma representa- se apoyase semejante canallada (y estupidez, como el tiempo demostró con creces). Para demostrar la vergüenza sentida, qué mejor que quemar el DNI, lo que acto seguido llevó a cabo. No una fotocopia a color ni una imitación creada al efecto. Sino el propio DNI, sacado de su bolsillo y entregado -supongo que por decisión tomada sobre la marcha- a la pequeña fogata en la que se quemaban fotos del trío de las Azores. El deseo de la apatridia era recurrente en Nel Amaro, es cierto; pero cuando menos destruir el DNI le genera a uno un incordio por la tramitación burocrática que viene después.

Todos echamos de menos a Nel Amaro y más en estos días en el que la actualidad le daría, desgraciadamente, buen material. Como a todos los que lo vimos en acción, nos resulta difícil olvidarle y no sonreír cuando evocamos cualquiera de sus performances. Me he acordado de él porque alguna habría montado para denunciar como abunda la indiferencia e incluso las alucinantes justificaciones mientras ya van quince cuerpos de inmigrantes localizados tras intentar alcanzar las playas de Ceuta y morir ahogados, repelidos por disparos de fogueoy de pelotas de goma. A buen seguro que habría tenido que pasar por la oficina de expedición del DNI para hacerse otro nuevo, porque sacarlo de la cartera y quemarlo, por vergüenza y espanto, es un gesto político, o al menos un alivio, que tiene sentido y razón, si el Estado que dice ampararte y te documenta maneja entre sus formas de proceder que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley la contravengan (devoluciones en caliente incluidas) y desprecien la vida ajena hasta facilitar que quince desgraciados la pierdan a unos metros de la orilla. Sin que haya destituciones;  con una contestación social más bien escasa (me temo que todos estamos en el sálvese quien pueda); prácticamente sin muestras oficiales de condolencia (por muy hipócritas que resultasen); admitiendo como parte del paisaje que el responsable de la Guardia Civil amenace abiertamente a quien critica la insoportable inhumanidad; tragando con explicaciones a medio camino entre la falsedad (hubieran negado el uso de material antidisturbios si no fuese inocultable) y el descaro; contemplando la estrategia, quizás exitosa, de argumentar la necesidad de defender la impermeabilidad de la frontera, a cualquier precio e incluso contra las propias normas que nos hemos dado.

Todo ello en nuestro supuesto beneficio, como ciudadanos regularmente identificados.

Publicado en Asturias24, 18 de febrero de 2014.

MANDELA Y MUCHO MÁS

El tratamiento informativo y las declaraciones solemnes sobre el fallecimiento de Nelson Mandela y la rememoración de su trayectoria, dan para un tratado sobre el vaporoso enfoque de los acontecimientos históricos y el arte de la adulteración que es propio de nuestro tiempo. Es cierto que en muchos de los testimonios, homenajes y obituarios la admiración a su figura es esencialmente sincera y que su elevación a símbolo global permite afirmar con optimismo que el ideal compartido de progreso y justicia sigue inspirando a la humanidad. Otra cosa, sin embargo, es la coherencia con las aspiraciones ensalzadas y, sobre todo, la pretensión de modular a conveniencia el recorrido vital del homenajeado para ocultar tantas amargas verdades sobre el contexto en el que Mandela tuvo que desarrollar su batalla contra la iniquidad.

            Hemos visto representado a Mandela como héroe contemporáneo a la medida de los iconos deportivos o del espectáculo al uso de nuestros tiempos. Sea de forma intencionada o como mera repetición del esquema de comunicación imperante, el resultado es la ocultación o cuando menos la edulcoración de una historia hecha con dolor y resistencia, que, por otra parte, no es sólo la de Mandela y la de su altura moral. Con la puesta en escena por parte de medios y dirigentes occidentales, al personalizar en él los acontecimientos históricos y reducir a capítulos accidentales los años previos a la cárcel y a la victoria sobre el apartheid, lo que se muestra es una visión deliberadamente parcial. Como si la represión padecida por todo un pueblo o el carácter colectivo de la lucha contra la segregación racial fuesen cuestiones secundarias.  Como si Mandela fuese sólo el abuelo venerable y sabio de la parte final de su vida sobre el que se concitan unanimidades y reconocimientos, y no tanto el abogado defensor de las libertades civiles, el activista político, el líder clandestino de los movimientos de resistencia –lucha armada incluida- contra el apartheid o el referente del panafricanismo democrático y la lucha contra el necolonialismo. Como si el apartheid hubiese sido poco más que la separación por razas en autobuses y playas y no el despiadado sistema dispuesto a confinar a sangre y fuego a la mayoría de la población negra en los bantustanes, a utilizar la violencia para acabar con toda contestación, a desplazar forzosamente a millones de personas en el territorio, a reservar la ciudadanía a la población blanca condenando a la subordinación y a la miseria al resto. Como si el apartheid no guardase íntima relación con los intereses económicos asociados a la explotación de los recursos naturales, minerales y agrícolas, de los que tan rica es Sudáfrica. Como si el apartheid no hubiese sido tolerado o admitido como mal menor –con algunas prevenciones y distancias que imponía cierto escrúpulo moral ante su intrínseca maldad- por buena parte de los dirigentes occidentales en tiempos de la Guerra Fría en la que cualquier ficha del tablero global era determinante en el sanguinario juego de las superpotencias.

La memoria de Mandela no está completa si no se recuerda que, consciente de la ferocidad del sistema y de su imposibilidad de reforma, apoyó, invocando el legítimo derecho de resistir a la opresión, la lucha armada contra el apartheid. Si no se conmemora su compromiso y alianza con los movimientos de liberación en Angola, Namibia o Mozambique tenidos durante décadas por peligrosos subversivos por la doctrina oficial de los centros de poder occidental.  Si no se recuerda que fue tratado como terrorista por los líderes de los Estados cuyos sucesores le han rendido justos honores por su fallecimiento.

Su figura se engrandece porque supo ser combativo e indómito, contestatario e intransigente con la brutal injusticia del apartheid. Se agiganta por su generosidad y capacidad para el perdón y la reconciliación, interpretando con inteligencia y humanidad el ritmo de cada tiempo. Pero una faceta no se debe entender sin la otra, y ninguna de las dos se comprenden reduciéndolas a una lucha estrictamente personal, porque ésta necesariamente se enmarca en la emancipación colectiva de un pueblo.

Publicado en Fusión Asturias, enero de 2014.

TRES ABOGADOS SAHARAUIS

Sólo atendiendo a su capacidad de resistencia y su disposición para superar las dificultades se puede comprender en su amplitud la historia de Mohamed Lahbib Erguibi, Mohamed FadelLeili y Mohamed Boukhaled, con los que pude departir largamente en Casablanca hace unos días. Son tres abogados que se han destacado por defender ante los tribunales marroquíes a los activistas y defensores saharauis de los Derechos Humanos y que batallan diariamente con los medios que el Derecho les provee, en un contexto particularmente difícil y en un sistema donde predomina la arbitrariedad cuando de causas que afectan a saharauis se trata. Téngase en cuenta que la base de la extensión de la jurisdicción marroquí sobre el territorio saharaui es una situación de hecho (el control del territorio por la potencia ocupante, a despecho de la legalidad internacional) e impuesta por la fuerza desde el abandono de la potencia administradora –España- sin haber culminado el proceso de descolonización. Es decir, cualquier atisbo de justicia para los saharauis que se ven inmersos en un procedimiento penal a resultas de sus actividades políticas o sociales es, sobre todo, fruto de la presión internacional y de las redes de solidaridad, porque como vienen demostrando las misiones de observación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS), el respeto a las garantías procesales elementales brilla por su ausencia. Como es fácil imaginar, ser abogado defensor de los encausados saharauis no es, en estas circunstancias, nada fácil.

Pero no sólo su entrega en el ejercicio de la defensa les caracteriza; ésta no puede entenderse sin analizar el amargo origen de su compromiso. Los tres fueron durante años -16, nada menos- prisioneros en las cárceles marroquíes, a resultas de la ocupación del Sahara Occidental, una buena parte de este periodo en un centro de detención clandestino en Kalaat M´gouna, sin que sus allegados tuviesen conocimiento de su situación y sin que el Estado reconociese su situación de privación de libertad, características definitorias de la situación de desaparición forzada.  Producida su liberación, en el contexto de esperanza tras los acuerdos de paz de 1990-1991, emplearon su tiempo y esfuerzo en adquirir la formación necesaria para acceder a la titulación y a la profesión de abogado. Ante el mantenimiento de la ocupación, el recrudecimiento de la represión y el surgimiento de nuevos movimientos sociales entre la población saharaui para hacer valer sus derechos, han hecho de su profesión un instrumento para proveer de defensa a todos aquellos a los que el Estado ocupante pretende infligir la represión institucionalizada que sigue a la violencia de las fuerzas de seguridad.

Cuesta a veces imaginar cómo estos tres abogados han conseguido sobreponerse hasta el punto de situarse en la vanguardia de la defensa jurídica de los saharauis. Muestra de que, de todas las conquistas del ser humano, la de la propia voluntad es la más hermosa de todas, porque es la que abre las puertas a las realizaciones más valiosas.

Publicado en Asturias24, 7 de enero de 2014.

LEONARDA

Tiene quince años. Se expresa con claridad y convicción, como hemos podido comprobar en sus declaraciones. Vivía en Levier (Doubs, Franco Condado), estudiaba en el liceo André Malraux y, siguiendo el mensaje de la gran novela homónima del polifacético escritor y político francés, albergaba la esperanza de que una lucha personal y colectiva le redimiese ante las dificultades que su condición le deparaba. Adolescente, con pocos recursos, gitana e inmigrante, con todas las papeletas para sufrir más penalidades de las que pudiese aguantar. Aun así, por su forma de hablar, de explicar lo que le ha sucedido, de apelar a los valores más elevados de la Francia republicana; y, sobre todo, por su fuerte determinación, es posible aventurar que Leonarda Dibrani iba a aprovechar las pocas oportunidades que la vida le brindase.

            Cuando se llevaron a Leonarda del autobús en el que viajaba en una excursión escolar, las autoridades francesas franquearon varios límites de los que será muy difícil regresar. Violaron el santuario escolar –porque de la actividad de un liceo se trataba- en el que una regla no escrita pero netamente civilizadora indica que salvo necesidad imperiosa las fuerzas de seguridad no deben actuar, y menos para detener a una menor de edad y apartarla de su carrera académica para deportarla. Emularon las humillaciones a las que las minorías que en el mundo han sido resultan sometidas desde siempre: escogidos de entre la fila, seleccionados para la depuración, llamados para ser bajados del autobús y olvidar otro destino que no sea el de la marginación y el desprecio. Se entregaron a satisfacer la irrefrenable ansia de represión y exclusión que alimenta en los últimos años la xenofobia rampante de una Europa desnortada. Y, peor aún, relegaron cualquier consideración humanitaria sobre Leonarda y su familia, expulsados a Kósovo, pese a las dudas sobre su verdadero origen y sus peticiones de asilo; sin considerar la inapelable integración de la menor en la Francia a la que, se quiera o no, ya pertenecía; y sin tener en cuenta que en Kósovo la población romaní, en particular desde la guerra y secesión de facto de Serbia, es víctima de fuertes discriminaciones y hostigamiento.

            Veremos como acaba su historia, ahora que el Gobierno de Hollande, amedrentado por el auge del Frente Nacional, atenazado por su incapacidad para ofrecer alternativas a un modelo en crisis, pero también presionado por las valientes manifestaciones de solidaridad de los estudiantes franceses (siempre acuden cuando una noble causa les invoca), ha abierto la puerta al retorno de Leonarda. Ella, sin embargo, con todo el sentido común, apela a su derecho a vivir junto a su familia y no quiere regresar sin ella.

            Si no hay una brizna de humanidad y cordura que permita a Leonarda recuperar sus sueños; si para tratar de apaciguar –con poco éxito, seguro- a la bestia del racismo y el temor al extranjero, se sigue por esta pendiente, ¿qué será lo siguiente? Quizá llevar a cabo redadas de detenciones y deportaciones masivas y televisadas, al estilo Putin. O reemprender sin tapujos la vieja estrategia de culpabilización al diferente para justificar la crisis y sus padecimientos. O asumir veladamente, de forma consciente o llevados por la corriente, la agenda del triunfante populismo europeo al que se dice combatir.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2013.

REACCIONES QUE METEN MIEDO

Cuando determinados acuerdos  parecen asentados y forman parte de nuestro acervo político e institucional, surge desde las entrañas una convulsión que pone en tela de juicio lo que se creía  un consenso largamente fraguado. Que España se sometiese a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como Estado que ha firmado (1977) y ratificado (1979) el Convenio Europeo deDerechos Humanos y que es parte del Consejo de Europa, fue un hermoso reflejo de la voluntad civilizadora y democrática paralela a la aprobación de la Constitución Española y a la recuperación de las libertades. No olvidemos que se trata del sistema más perfeccionado y eficaz de protección jurisdiccional internacional de los Derechos Humanos, cuya doctrina ha incidido decisivamente en la interpretación llevada a cabo por los sistemas judiciales de los Estados que lo integran.

En la España de hoy, sin embargo, hay quienes se atreven a reclamar abiertamente que se desobedezca la Sentencia dictada el 21 de octubre por la Gran Sala del TEDH (caso del Río Prada, concerniente a la doctrina Parot) e incluso, si fuese necesario, denunciando el Convenio y desvinculándose de sus obligaciones. Da igual si el único Estado europeo fuera del ámbito del Convenio es la autocrática Bielorrusia, a cuyos estándares dictatoriales no creo que queramos parecernos. O poco importa preservar la seguridad jurídica, la irretroactividad de las leyes penales desfavorables y el principio de que nohay pena sin ley, ya que esos son los fundamentos últimos de la denostada Sentencia del TEDH.

Es cierto que a las víctimas de los crímenes llevados a cabo por las personas que se van a beneficiar de la Sentencia del TEDH se les debe comprensión cuando entienden que el número de años de cárcel que soportarán los culpables es insuficiente castigo. Y no está precisamente poco extendida la inquietud por lo que muchos consideran un tratamiento benévolo a personas condenadas por acciones atroces. En el caso de los delitos sin trasfondo político, además, se une la natural aversión que, por mucha abstracción en la que queramos situarnos, produce la libertad de autores de crímenes horrendos. Pero cuando se trata de construir un sistema jurídico avanzado, que evite arbitrariedades y asegure una aplicación de las leyes de acuerdo con los principios en los que decimos fundamentar el ordenamiento, ganamos más colectivamente siendo consecuentes con ellos que dejándonos llevar por planteamientos primarios.

A esto se suma la necesidad de aclarar algunas cosas y denunciar utilizaciones perversas de la conmoción. Hablar de impunidad es un sinsentido, cuando se han cumplido condenas acogiéndose a beneficios penitenciarios que eran válidos y aplicables (aunque posteriormente se sustituyese el esquema de redenciones de pena, primando en la actualidad el sistema de grados y la expectativa del preso de acogerse a la libertad condicional). Cargar contra el juez español del TEDH, Luis LópezGuerra (Catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1995), acusándolo poco menos que de complicidad con el terrorismo es, directamente, miserable, además de rotundamente estúpido (la Sentencia citada contó con quince votos contra dos en su pronunciamiento principal). Utilizar partidariamente la Sentencia para alimentar la hoguera de conspiraciones y las supuestas deslealtades a la memoria de las víctimas, como ha hecho el PP, es una canallada con efecto boomerang (no hay más que ver el trato que dispensaron a sus dirigentes los manifestantes del 27 de octubre). Y dar alas a la ultraderecha reconstruyendo un viejo discurso de desprecio por el sistema europeo de Derechos Humanos y un relato de agravios y traiciones contra la patria, es, si prende esa llama, sencillamente aterrador.

Publicado en Asturias24, martes 29 de noviembre de 2013.

REVOLUCIÓN FEMEN

Al principio algunos dejaban escapar la risa nerviosa y se limitaban a quitar relevancia a que un grupo de activistas semidesnudas montaran un escándalo en algunos actos públicos. El tratamiento que los medios de comunicación les otorgaban no difería mucho de la mirada entre condescendiente y rijosa que los poderosos lanzaban a las acciones de Femen. Pero las cosas han cambiado rápidamente porque lo que ocupaba los minutos dedicados a las anécdotas de un acto oficial y para el gran público no pasaba de esporádicas irrupciones, ha adquirido una dimensión totalmente nueva, amplitud de objetivos, difusión global, y, a su vez, reacciones en su contra desabridas o directamente violentas.
Sobre todo, Femen ha dado en la clave de la espectacularidad, que es la garantía del éxito en nuestros tiempos. Si para llamar la atención no es eficaz la gastada ortodoxia reivindicativa (porque, tristemente, nos hemos acostumbrado a ella) y ya no bastan manifiestos, artículos, comentarios, discursos, que dirían los versos de Rafel Alberti, bien vale en lugar de las balas del poema la desnudez con la que captar la atención del público y de los medios y aprovechar las circunstancia para llamar (para gritar, que hace falta) las cosas por su nombre. Para denominar dictador a Putin, lo que nadie se atreve a hacer pese a la terrible deriva de su régimen; opresión al machismo esencial de las grandes confesiones religiosas, empeñadas relegar a las mujeres y condenar la homosexualidad como pecado o enfermedad; obsceno a Berlusconi, que de momento apenas ve amenazada su impunidad tras décadas de corrupción, abuso de poder y complicidad con el proxenetismo; y para tantas otras causas, desde pedir la libertad de las Pussy Riot a combatir el turismo sexual o denunciar el crecimiento del neofascismo en Europa.
Las activistas de Femen han llegado a tal grado de hartazgo con el orden hegemónico que la exhibición no es sólo excusa para divulgar las proclamas sino también desafío y liberación. Saturación que no es de extrañar con la cosificación permanente de la mujer; su consideración en muchos ámbitos y en el mejor de los casos como “objeto a proteger” (generalmente por quien acaba destruyéndola); y con involuciones sorprendentes sobre las conquistas alcanzadas, como las que contemplamos en España, en la que una parte no pequeña del PP, con el Ministro de Justicia a la cabeza, promueve la posibilidad de obligar a la mujer que desea interrumpir su embarazo a llevarlo hasta el final contra su voluntad, porque de eso también se trata cuando se habla de restringir las posibilidades legales de abortar.
En la historia del feminismo, como en otros muchos movimientos sociales, no es la primera vez que se utilizan tácticas rompedoras para espetar a la cara de los represores, con toda su crudeza, el clamor de la rebeldía frente a la dominación. Y los resultados a la larga suelen ser fértiles porque la persona valiente que, a riesgo de exposición, burla, insulto o ataque, da la cara, siempre acaba abriendo caminos. En el caso que nos ocupa, de la quema de sujetadores, del “yo también soy adúltera” y del “nosotras parimos nosotrasdecidimos”, pese a ser sus adalides escupidas, vituperadas o agredidas, se han beneficiado muchas mujeres con -a pesar de lo que queda por avanzar- muchas más oportunidades que las de generaciones anteriores y a quienes lo que con desprecio se llama ahora “feminismo radical” a priori no les dice mucho; y, sobre todo, se ha acabado beneficiando toda la sociedad, porque la superación de las desigualdades de género es un síntoma saludable de civilización. 

Épater les bourgeois que decían las vanguardias, romper con la inercia de los atavismos y los biempensantes, en las artes, en la moral o en la política, es hoy más difícil que nunca, pero algunas personas aún lo consiguen, con sus benditos excesos.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2013.

OTRA VEZ NOS QUIEREN LIBERAR

Durante años, y especialmente a partir del surgimiento de los movimientos ciudadanos partidarios de la recuperación de la memoria histórica, se ha planteado en numerosos municipios de nuestro país un intenso debate sobre la retirada de los vestigios restantes en el espacio público dirigidos a la exaltación del golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil y a la glorificación del Franquismo. Monumentos, nombres de vías públicas, estatuas, distinciones honoríficas o incluso topónimos seguían exhibiendo la visión de la rebelión de parte del ejército frente al sistema democrático y constitucional como el “alzamiento nacional”, el 18 de julio como fecha a conmemorar, y multitud de militares de diverso rango levantados en armas frente a la República o protagonistas de feroces represiones como nombres ejemplares a recordar. En Oviedo no nos libramos de esta clase de etiquetas heredadas de la dictadura; baste mencionar las referencias a “la gesta” o “la liberación” para aludir al escenario bélico de la ciudad entre 1936 y 1937, nuestro 19 de julio particular en una calle señera, la condición del General Aranda –el protagonista del golpe en la ciudad- como Alcalde Honorario o la profusión de militares franquistas en el callejero, algunos de ellos particularmente destacados en el derramamiento de sangre y el exterminio en la retaguardia como el General Yagüe (que pasó a la historia por las atroces matanzas tras la toma de Badajoz). Hasta hace poco incluso conservábamos una calle con el nombre de la colaboración directa española con el nazismo –glorificación impensable en la Europa avanzada-, que eso fue principalmente la División Azul.

Es cierto que el debate en la materia y la retirada de estos vestigios siempre ha despertado polémica y es inevitable que así sea; también es verdad que para una parte no pequeña de la población la controversia no le decía nada o casi nada, de ahí que el asunto, en el marasmo de la crisis actual, haya pasado a ser una cuestión marginal para la opinión pública. Esta relativa apatía (que no habla en favor de nuestra conciencia colectiva), unida a la falta de actitudes más resueltas por quienes pudieron adoptar decisiones cuando hubo oportunidad para ello, ha llevado a que en bastantes casos el trabajo necesario se haya quedado a medias o directamente ni se haya acometido, con algunos ejemplos particularmente aberrantes. En el caso de Oviedo, el ejemplo más notorio es la persistencia del monumento a Franco en la Plaza de España (del que bastaría con sustituir el medallón y el anillo laudatorio), que, por cierto, es uno de los pocos que se erigieron tras su fallecimiento. Y de las conclusiones de una comisión de notables nombrada al efecto –poco más que un amago- apenas algunas se han aplicado, manteniéndose en la ciudad muchos de los elementos llamados a ser retirados según mandado de la llamada Ley de Memoria Histórica.

De lo que se tiene escasa o ninguna noticia es de restituciones de evocaciones de encumbramiento del franquismo. Y ahí Oviedo parece que puede ser triste pionera si se vuelve a colocar en un espacio público la estatua del Teniente CoronelTeijeiro, lo que constituiría un escarnio a la memoria democrática realmente insólito. Casi tanto como volver a decir, 76 años después, que la entrada de las columnas gallegas en la batalla de Oviedo fue la “liberación” que ensalzar de la que habla la historiografía franquista, porque ese es el lema y sentido de la estatua. Habrá que preguntarse de qué ”liberación” se trató para las más de 1.300 personas enterradas en la fosa común del cementerio del Salvador, para otros muchos asesinados tras Consejos de Guerra, como el rector Leopoldo AlasArgüelles, o para los que soportaron sojuzgados el clima de represión durante décadas. Que se utilicen, con el punto de banalidad que caracteriza a algunosconcejales, argumentos como la presunta calidad artística de la estatua para reclamar su reposición es de una frivolidad aplastante, pretendiendo sustraer de un contexto histórico y político el significado terrible, disolvente, antidemocrático y humillante para las víctimas del franquismo y sus familiares que tendría volver a dar protagonismo en el espacio público a una visión sesgada y cruel de nuestra más profunda herida.

 

Publicado en Oviedo Diario, 10 de mayo de 2013.

HARTOS DE VIOLENCIA POLICIAL

A la vista de los acontecimientos de los últimos meses cabe comenzar a cuestionarse si el proceder general de los cuerpos de seguridad, y en particular de los llamados antidisturbios, es el propio de un sistema en el que el ejercicio monopolista de la fuerza por el Estado se supone sometido a controles y limitaciones.

La intensificación de actuaciones desproporcionadas, estrictamente violentas y fuertemente desestabilizadoras por parte de agentes de estas fuerzas de intervención ya no es un desagradable episodio pasajero o un exceso puntual en un momento de tensión; se está convirtiendo en práctica habitual y parte del ritual asociado a las movilizaciones sociales. No se trata sólo de ejemplos que causan estupor y rabia, como la actuación policial el 25 de septiembre en la Estación ferroviaria de Atocha (imborrable el grito ¡vergüenza! de uno de los viajeros indignados mientras protegía a otro) o la agresión a un joven de 13 años –y a los que protestaron- por mossos d´esquadra en Tarragona el 14 de noviembre. El desafuero de agentes llamados a contener situaciones de riesgo, pero que en no pocas ocasion las agravan o directamente las desencadenan es casi cotidiano cuando se produce una manifestación de cierta envergadura. Correríamos el riesgo de acostumbrarnos si no fuese porque cada atropello que presenciamos enciende nuestra conciencia de ciudadanos reacios a transigir con abusos intolerables.
Nadie duda de la dificultad de las situaciones a las que se enfrentan estos agentes y pocos cuestionarán que el interés público puede exigir en determinados escenarios medidas de contención que comporten el uso proporcional de la fuerza. Pero estamos cada vez más lejos de un estándar razonable y, por ello, procede preguntarse por el tipo de formación, de órdenes y de estrategias de respuesta bajo las que se forma y se dirige a estas unidades especializadas. Porque junto a la proliferación de la brutalidad ha florecido su abierta justificación, incluso desde las propias instituciones. Unida a la ausencia de medidas disciplinarias frente a las malas prácticas, alimenta el cóctel perfecto en el que germina la impunidad y comienza una escalada de incierto final.

Si a esto se suma la pretensión del Gobierno de criminalizar la resistencia pasiva, impedir las grabaciones y fotografías a los agentes -que es lo que hasta ahora nos está permitiendo conocer la magnitud del problema- y tratar de situar en la esfera de la marginalidad a quien pretenda hablar con claridad de la creciente violencia policial a la que nos enfrentamos, se adivina que el camino que estamos recorriendo con rapidez lleva de regreso a épocas en las que el uso arbitrario de la fuerza, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el abuso de autoridad eran moneda corriente de cambio.
Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras organizaciones sociales prestigiosas, están dando la voz de alarma, tratando de que tanto la sociedad española que lo sufre como la propia comunidad internacional que lo contempla con preocupación ejerzan la presión necesaria para detener esta espiral. Lo que está en juego no es sólo (lo que ya sería bastante motivo para la advertencia) que a un manifestante lo dejen henchido de ira –por la humillación, sobre todo- y con un toletazo de regalo por cruzarse en medio. Estamos ya en otra dimensión, no precisamente halagüeña, donde la degradación de la convivencia y el pisoteo de la dignidad colectiva comienzan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Un país en el que, si no lo evitamos, cada día será más difícil reconocerse.

 

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2012.

EN DEFENSA DE LA PROCURADORA GENERAL

La desconfianza hacia los poderes públicos y, en particular, hacia ayuntamientos y comunidades autónomas, es uno de los mantras de moda, con algunos partidos políticos de nuevo cuño centrados casi exclusivamente en este discurso. En España, pese a la fuerte descentralización de los últimos 30 años y a creer consolidado el Estado Autonómico, sigue pesando mucho la tradición unitaria y frecuentemente se admite que la fuerza expansiva del poder central sobrepase las competencias atribuidas a las comunidades autónomas, especialmente en esta época de profusión de decretos-leyes y abuso de la mayoría absoluta por el Gobierno del PP. En lo que se refiere a los municipios, el debilitamiento de la autonomía local y el recelo hacia los ayuntamientos que late en las reformas legales promovidas por el Gobierno nos retrotrae a etapas anteriores al impulso que supuso la Ley de Bases de Régimen Local en 1985. El resultado es un modelo territorial que tenderá al desequilibrio, a la dependencia de la Administración central, acompañada de la pérdida de calidad democrática y al ineficaz alejamiento de los centros de decisión.

A este inquietante contexto se suman algunos excesos a la hora de reestructurar la arquitectura institucional de las comunidades autónomas y su sector público. Una cosa es racionalizar el número y alcance de organismos autónomos, empresas, entidades y entes públicos creados con carácter instrumental para acometer determinadas funciones o prestar servicios, e incluso corregir cierta hipertrofia de los órganos institucionales, sobre todo en algunas de las comunidades autónomas con estatutos de los llamados de segunda generación (los aprobados o reformados a partir de 2006). Y otra bien distinta entrar en una espiral de erosión institucional y administrativa que pone en riesgo la suficiencia y capacidad de las propias comunidades.

En Asturias, donde el desarrollo institucional de nuestra Comunidad ha sido, por lo general, equilibrado, conviene pensarse dos veces algunas medidas de retroceso sobre los pasos dados, porque no es en el diseño de los órganos del autogobierno donde reside el problema principal. Esta advertencia cobra mayor sentido cuando lo que está en juego es la pervivencia de una institución, la Procuradoría General, que a modo de ombudsman viene funcionando desde 2006 y que, de plantearse hace unos años su elevación a la categoría de órgano estatutario, se pasa ahora a proponer su supresión pura y dura, derogando la ley que la constituyó. Sin embargo, no ha desaparecido ninguna de las causas que motivaron la creación de la Procuradoría, como el incremento competencial del Principado de Asturias y la consiguiente ampliación de la actuación de la Administración autonómica o la necesidad de velar de forma más activa y eficaz por los derechos de los ciudadanos ante ésta, a través de una figura independiente, objetiva e imparcial; y sigue siendo igual de oportuna la labor encomendada de promoción de los derechos humanos y los valores cívicos, que es esencial para que no se marchite la conciencia social ni se dejen pasar las vulneraciones de los derechos reconocidos a las personas y colectivos. Además, es justo reconocer el intenso trabajo desarrollado en estos años por la Procuradora, con centenares de quejas tramitadas, numerosas advertencias y peticiones a las administraciones contenidas en sus resoluciones, informesanuales que constituyen un chequeo imprescindible sobre la calidad de la Administración, informes monográficos que han sido particularmente relevantes (sobre los menores extranjeros no acompañados, los servicios de atención ciudadana, los derechos de las personas con enfermedades mentales y las personas sin hogar) y una fuerte colaboración con la Universidad de Oviedo (incluyendo el Máster sobre Protección Jurídica de Personas Vulnerables), las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general.

Antes que la supresión de este órgano seguro que hay otras alternativas, incluyendo las adaptaciones necesarias en los medios de la Procuradoría, menos dañinas que abolirla de golpe y plumazo y que revelarían mayor consistencia institucional y convicción en las propias instituciones de autogobierno que nos hemos dado.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de julio de 2012

VENDAVAL DE INTOLERANCIA

El jueves 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, centrado en la denuncia de la persecución y el hostigamiento que millones de personas sufren en todo el mundo por el mero hecho de su orientación sexual. Como objetivo, advertir sobre la persistencia de corrientes que continúan criminalizando la homosexualidad o que justifican o admiten la discriminación directa e indirecta de las personas en función de tal circunstancia. Y es que, aunque en los últimos años se han producido avances muy sustanciales en algunos países, que han superado situaciones previas de penalización de la homosexualidad y que avanzan hacia regulaciones legales igualitarias, a la par se detecta un incremento de las corrientes reaccionarias dispuestas a rescatar discursos que consideran a la homosexualidad poco menos que una desviación a erradicar. Estas posiciones contrarias al respeto a la diversidad de orientación sexual han adquirido una agresividad verbal y una capacidad de influencia destacable, amenazando con retrotraer las conquistas alcanzadas y con el retorno a la estigmatización de toda diferencia. En pocos lugares se libran de estas tensiones, porque en nuestro propio país, afortunadamente avanzado en este aspecto –pese a la oscura sombra del recurso deinconstitucionalidad del PP a la reforma del Código Civil en la materia-, han cogido brío las invectivas que algunos sectores, empezando por parte de lajerarquía católica, lanzan contra la igualdad y la libertad sexual, prioridad en su agenda de preocupaciones.

Otros ejemplos tienen tintes intensamente dramáticos, como los relatados por el activista hondureño de los derechos LGBT Álex David Sánchez, acogido en España por Amnistía Internacional para evitar que las amenazas y agresiones sufridas culminasen con su asesinato, como ha sucedido en su país con decenas de líderes sociales en los últimos años, particularmente desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Álex estuvo en Asturias estos días pasados, reuniéndose con autoridades y personas interesadas en conocer el incremento de la violencia ejercida contra homosexuales y transexuales en Honduras y la cadena de crímenes cometidos contra aquéllas personas que osan reivindicar su identidad y orientación sexual en libertad.

Desgraciadamente Honduras no es el único país que experimenta una regresión social de estas características. No hay más que ver la virulencia de los ataques que contra la libertad sexual se vienen desarrollando por parte de sectores reaccionarios en numerosos países, desde Europa Oriental hasta Israel, pasando por algunos países del África subsahariana y el mundo árabe. Para este escenario, algunos vectores convergen: el fundamentalismo religioso, el rechazo a toda diversidad –no sólo la de orientación sexual-, la dialéctica excluyente, la invocación de la pureza, el recurso a la fuerza como forma de supresión de la diferencia, etc., cóctel incrementado por las crisis políticas o las dificultades económicas. Precisamente los elementos que en el pasado reciente han estado presentes en las principales persecuciones organizadas contra las minorías, con efectos terribles en forma de crímenes monstruosos o profundas segregaciones. En ciertos casos, estas tendencias reaccionarias cuentan con la conformidad o la colaboración de los aparatos estatales, incorporando de forma más o menos abierta a sus legislaciones medidas de represión que evocan las categorías de peligrosidad social o directamente sancionan penalmente la homosexualidad. La novedad es que, aunque en algunos Estados estas limitaciones están felizmente bajo revisión, en otros la tendencia es inversa, con el caso de Uganda como paradigma del posible retroceso, con diversos intentos de modificar su legislación para castigar la homosexualidad con la pena capital e incorporarse a la vergonzosa lista de países en los que ser gay, lesbiana o transexual puede conllevar la ejecución, como sucede en Mauritania, Sudán, Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y algunos Estados del norte de Nigeria.

Por eso conviene estar alerta, porque al igual que toda conquista en materia de libertades individuales nos engrandece, cualquier retroceso, aunque pensemos que no nos afecta directamente, supone un empobrecimiento moral que, más temprano o más tarde, pagaremos colectivamente.

Publicado en Oviedo Diario, 19 de mayo de 2012.

TEMIDO NUEVO ORDEN

Durante años la izquierda europea y latinoamericana ha crecido cultivando una profunda desconfianza hacia la política exterior norteamericana, y sus argumentos cabales tenía para este recelo. Las decisiones de los gobernantes de EEUU y la posición de los intereses que los sostenían han tenido durante muchas décadas, especialmente en los tiempos de la Guerra Fría, consecuencias perniciosas para el desarrollo socioeconómico de países situados bajo su directa influencia, en ocasiones obligados a soportar un estatus subalterno y a sobrevivir a gobernantes tutelados o impuestos desde los centros de poder de la superpotencia. Aunque tuviese una vocación defensiva frente al avance de alternativas hostiles, el movimiento de piezas en el tablero durante los años previos al derrumbe del bloque soviético significó apoyar golpes de Estado, sostener dictaduras aberrantes, sofocar las veleidades democráticas o, en el mejor de los casos, mirar hacia otro lado ante aliados poco presentables. Por eso es tan distinta la visión que de la participación en la OTAN, de la presencia militar norteamericana o de la retórica de guardián de la libertad se ha tenido hasta hace poco en diferentes países, según la historia de sus relaciones con EEUU. Así, mientras en Chile o Guatemala, por poner dos notables ejemplos, tal evocación iba indisociablemente ligada a los golpes militares frente a Allende y Arbenz, y en España era inevitable pensar en el rescate del Franquismo ante los ojos del mundo protagonizado por Eisenhower, en los países de Europa Oriental que recuperaron su plena independencia a partir de 1989 es otra –mucho más positiva- la mirada sobre el papel norteamericano.

Los tiempos que vivimos son muy diferentes porque el periodo de total hegemonía de las dos últimas décadas va dando paso, y no por decisión propia de la potencia hasta ahora predominante, a un mundo multipolar en el que otros países ganan pujanza y limitan a su vez la de EEUU. Sobre el papel es un escenario deseado, más proporcionado y coherente con la legítima función que, por población, territorio o dinamismo económico, las nuevas potencias están llamadas a desempeñar en el concierto internacional. La adaptación pendiente de las organizaciones internacionales nacidas tras la II Guerra Mundial –empezando por la propia Naciones Unidas mientras el Consejo de Seguridad no se reforme- o la crisis de algunas conferencias de líderes –el G-8 venido a menos- es buena prueba de este irreversible movimiento de fondo.

Pero de la bienintencionada teoría de que el florecimiento de otras potencias traería mesura, cooperación y respeto a la legalidad internacional, a las amargas realidades de nuestro tiempo, media la cruda constatación del papel que alguno de los poderes emergentes se encarga de ejecutar. Como nos recuerda el sistema dictatorial chino, la democracia controlada y de baja calidad rusa, o la escalada en la depredación de recursos naturales auspiciada o al menos asumida como inevitable en India, Brasil o Indonesia, que otros países vayan a estar en condiciones de relevar en el liderazgo internacional a las ajadas democracias occidentales -cuya cuidada hipocresía ya nos resulta tan familiar- no necesariamente significará garantía de armonía, progreso y estabilidad.

No obstante, dado que el irremediable proceso de cambio está aún en curso, la comunidad internacional y, sobre todo, la naciente sociedad civil transnacional todavía está a tiempo de reivindicar una gobernanza global basada en valores de progreso colectivo, evitando la sustitución de una hegemonía nociva por otras que quizá no vayan a resultar mucho mejores. Por el contrario, si el reequilibrio mundial y el ascenso de los nuevos países se tiene que hacer a costa de despreciar cualquier restricción medioambiental, competir con condiciones de trabajo paupérrimas, fomentar el autoritarismo y el nacionalismo exacerbado, reprimir ferozmente a la disidencia interna, sostener regímenes abyectos de países bajo su órbita, admitir la inacción ante crisis humanitarias monstruosas, alentar la carrera armamentística, excitar conflictos regionales sobre los que ejercer de árbitro o reverdecer ensoñaciones expansionistas de origen histórico difuso, quizá llegue un día en que acabemos echando de menos los tiempos de heroica denuncia del viejo conocido “imperialismo yanqui”.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2012.

AL FONDO, LAS FOSAS

La reciente absolución de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo tras su enjuiciamiento bajo la acusación de haber cometido el delito de prevaricación por declararse competente para la investigación de los crímenes del Franquismo, pone punto final a un triste capítulo de nuestra última historia judicial. Por fortuna para todos, nos hemos evitado la deshonra que comportaría que una persona internacionalmente respetada y reconocida por sus aportaciones al progreso de la persecución de los crímenes más atroces, resultase condenada precisamente por intentar aportar soluciones jurídicas a asignaturas pendientes en el país que, hasta la desdichada reforma que cercenó el principio de justicia universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, se había destacado por la receptividad de sus órganos judiciales –y singularmente, la Audiencia Nacional- al impulso a procesos contra violaciones masivas de los Derechos Humanos.

En el campo del debate estrictamente jurídico, no son infrecuentes las tensiones entre la búsqueda de la justicia material y los aparentes obstáculos que, para la consecución de ésta, a veces se encuentran en otros principios igualmente básicos para un ordenamiento jurídico avanzado, como son la seguridad jurídica y las garantías necesarias de todo proceso. Sobre esta base y con las limitaciones de las normas vigentes, por supuesto que existe margen, en muchísimas ocasiones, para que los operadores jurídicos implicados, y principalmente el juzgador, tomen la iniciativa, opten por interpretaciones novedosas y promuevan, con sus decisiones, avances sustanciales en la conquista de la justicia. Sin una cierta dosis de valor y audacia, la función jurisdiccional se limitaría a poco menos que subsumir un supuesto de hecho en una norma jurídica, como si no hubiese que tomar en cuenta las circunstancias que rodean a cada situación e influyen decisivamente; como si la injusticia lacerante no requiriese buscar alternativas jurídicamente viables antes que permitir su persistencia; como si hubiese que quedarse de brazos cruzados ante la imposibilidad de ofrecer respuestas en un sistema de leyes que, por su propia naturaleza y afortunadamente (lo contrario sólo sería posible en una sociedad inactiva o robotizada), nunca podrá contemplar todas las situaciones posibles.

De no haber sido por la adopción de posiciones jurídicas valientes, no se habrían alumbrado interpretaciones e innovaciones jurídicas plenamente civilizadoras y, entre otros, al Juez Garzón se le debe, por ello, mucho. Se esté de acuerdo o no con las críticas que desliza el Tribunal Supremo en su Sentencia, podrá debatirse si la aplicación del Derecho que hizo Garzón era errónea o excesivamente antiformalista en su Auto de 16 de octubre de 2008, con el que pretendía comenzar una investigación por delitos permanentes de detención ilegal de los desaparecidos a causa de las atrocidades cometidas por los alzados contra la II República. Pero de ahí a reputarle la comisión un delito de prevaricación dista un mundo, como corrobora el propio Supremo. Máxime cuando lo que pretendía Garzón no era sentar a nadie en el banquillo, al extinguirse la responsabilidad por tales crímenes con la muerte de los autores. Su intención era, como dice la hermosa canción de Pedro Guerra, “contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir”, es decir, promover la identificación y exhumación de las fosas y zanjar de una vez por todas la herida abierta para nuestra dignidad democrática que continúa siendo la existencia de decenas de miles de víctimas (en torno a 114.000, cifraba el Auto mencionado) pendientes de localización, así como la dignificación de los espacios en los que, pretendiendo enterrar con ellos sus ideas, se les arrojó impunemente.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de marzo de 2012.

DIFERENTES, PERO ¿TAN DISTINTOS?

Un espectáculo asombroso como pocos ha sido contemplar a las masas de norcoreanos en los interminables funerales de Kim-Jong-il, bien en rigurosa y solemne formación o en mareas de cuerpos retorcidos por los lamentos. Ni la fecunda imaginación orwelliana hubiera ideado una escenificación más terrorífica y alucinante para mostrar la degradación de un sistema que dice inspirarse en los nobles ideales de la justicia y la igualdad. Para cualquier persona interesada en nuestra especie por razones políticas, sociológicas o antropológicas, resulta inevitable rebuscar en todas las fuentes posibles más imágenes del acontecimiento -aunque todas provengan de la televisión oficial del régimen- a las que pegar fascinados nuestra nariz para ver aparentemente convertido a todo un pueblo en una colonia de obedientes hormigas, supuestamente desgarradas por el dolor de la pérdida de un padre cuando deberían estar bailando sobre su tumba (ojo, quién sabe si algunos se atreven a brindar en la intimidad con soju de estraperlo para celebrar el fin del tirano).

Parece comprensible que nuestra mirada hacia las exequias teatralizadas sea la de la extrañeza, al creer tan distante nuestra escala de valores, nuestras aspiraciones y nuestra forma de organización política y social. Es evidente que, por imperfecto que resulte, cualquier sistema que siga las pautas básicas de la división de poderes, respeto a los derechos elementales del individuo y elección democrática de los representantes de la ciudadanía -por poner algunos de los principios primarios- permitirá ser calificado de forma más benévola que la dictadura paleocomunista de Pyongyang. Pero eso no nos otorga la facultad de regodearnos en nuestros avances al compararnos con otros lugares del mundo más desafortunados, precisamente porque la fragilidad de las conquistas alcanzadas es enorme y porque su mantenimiento depende de que se refuercen, generación tras generación, principios e ideales que no pasan por su mejor momento.

Cabe recordar que multitud de países que hoy creemos democracias consolidadas y respetables abrigaron en décadas no tan lejanas la semilla de la barbarie y el totalitarismo. En algunos casos, no fueron levantamientos populares ni repentinas tomas de conciencia las que hicieron voltear el estado de cosas, en un arrebato de dignidad de quienes comenzaron a reclamarse como ciudadanos. Multitud de tiranías simplemente fenecieron por devenir inservibles para los intereses predominantes, incluso con los autócratas felizmente retirados o enterrados en mausoleos a la altura de su megalomanía. A su vez, a la distopía de 1984 y otras tantas que han sido también clarividentes no sólo hay que volver los ojos para contrastarlas con regímenes como el norcoreano -u otros igual de abyectos con los que Occidente hace buenas migas- sino para comprobar su actualidad cuando observamos la persistencia de múltiples formas de alienación, control y dominación, más o menos encubiertas y propias de nuestras sociedades avanzadas.

En este tiempo en el que el miedo es el motor de muchos de nuestros actos, en el que el estado de guerra permanente (contra el terror, contra la delincuencia, contra lo que nos resulta ajeno y amenazador, etc.) ha trastocado profundamente nuestra noción de la libertad, en el que las pautas de nuestra conducta vienen rígidamente predeterminadas ante la docilidad de las respuestas, en el que los poderes económicos sojuzgan con relativa facilidad a gobiernos democráticos, en el que el pensamiento único y el autoritarismo gana enteros en todos los ámbitos, claro que aún podemos contemplar la pantomima norcoreana con estupor y distanciamiento, pero sepamos que nuestro amor a la libertad -y nuestra coherencia con dicho principio- no es siempre mucho más grande que el de las plañideras de luto por el “amado líder”.

Publicado en La Voz de Asturias, 3 de enero de 2011.