EN DEFENSA DEL CENTRO NIEMEYER

Dice nuestro refranero que cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Algo así sucede con el Gobierno autonómico cuando, al tiempo que da muestras de no saber cómo empezar a rodar, en las últimas semanas se dedica, convertido en poco más que una monumental oficina de prensa, a generar polémica tras polémica para ganar titulares mientras la realidad circula por otra vía. Parece el estilo de la casa, si se tiene en cuenta que en pocos meses la ejecutoria de FAC y del ejecutivo autonómico ha destacado básicamente por el irresponsable intento de hacer naufragar el proceso de fusión de activos y negocio de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura; por enredar hasta hacer encallar el debate sobre las medidas de transparencia y buen gobierno; por blandir parcial y estruendosamente el déficit público sin constatar la mejor situación de nuestra Comunidad respecto a la mayoría de las restantes; por evidenciar su falta de respaldo al nuevo HUCA y promover la dilación de su apertura; o por extender la incertidumbre respecto al futuro de nuestra Universidad pública al apostar por el caprichoso proyecto personal de la Politécnica, precisamente en tiempo de reconversión de titulaciones y centros en todo el mapa académico.
La última de las enojosas impertinencias a las que se dedica el Gobierno autonómico es torpedear y poner en serio riesgo el futuro del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. En los primeros pasos de este Centro es evidente -e inevitable y normal, por la génesis de la iniciativa- que se considerase fruto del impulso del Principado de Asturias, ya que al fin y al cabo la propuesta, el liderazgo determinante para su puesta en marcha y la propia construcción del complejo de edificios junto a la Ría de Avilés (por cierto, única obra con la firma del centenario Niemeyer en España) correspondió al anterior Gobierno. De todas formas, desde el principio se destacó el deseo de integrar a otras Administraciones y al sector privado en la iniciativa, lo que en la actualidad es un hecho, como se refleja en la composición del Patronato de la Fundación que gestiona el Centro y en la circunstancia de que el Principado de Asturias no tiene dominio efectivo sobe la entidad. Así las cosas, con el proyecto alzando el vuelo, proyectando positivamente a Avilés y a Asturias y erigiéndose como referencia de los beneficiosos efectos sociales y económicos de iniciativas culturales como ésta, es precisamente ahora cuando el nuevo Gobierno sólo parece tener como pretensión controlar a machamartillo la Fundación, sin tener escrúpulos a la hora de desprestigiar al Centro y la gestión realizada, con divulgación de agresivos comunicados y filtración de facturas incluida.
Es difícil encontrar en nuestro entorno iniciativas culturales que en un periodo de tiempo tan corto hayan sido capaces de conseguir lo que ha alcanzado el Centro Niemeyer, con logros brillantes como la colaboración con el Old Vic londinense o con el New York Times (el mejor periódico del mundo), la organización del encuentro de centros culturales con el Pompidou (París), el Lincoln Center (Nueva York) y la Biblioteca de Alejandría, la colaboración con artistas, cineastas y escritores de enorme prestigio (desde el Premio Príncipe Woody Allen al Nobel Wole Soyinka), etc. Nadie está diciendo que las aportaciones públicas no se justifiquen correctamente, que no se arbitren los controles administrativos necesarios o que no se mejore la transparencia y rigor en la gestión de las cantidades procedentes de las cuentas públicas, en lo que sea menester. Pero si un proyecto reciente, de éxito, con hechuras y proyección global, de indudable valor para nuestra tierra y que cuenta con enormes expectativas depositadas en él, acaba padeciendo severas dificultades o malográndose al ser objeto de conflicto y blanco de mezquinas estrategias de acoso y derribo, entonces es para hacérnoslo mirar.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de septiembre de 2011.

MALDITO INFOTAINMENT

Durante las últimas semanas, a raíz del escándalo del tabloide británico News of the World, hemos podido comprobar con asombro y horror hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos medios de comunicación que habían hecho de su falta de escrúpulos signo inconfundible de identidad. Ha sido determinante para el final del periódico cruzar la línea roja de las escuchas ilegales, la interceptación de comunicaciones y el soborno a funcionarios policiales, que de eso nada más y nada menos están acusados los implicados en el asunto. Pero conviene recordar que estos comportamientos inaceptables se superponían a una consolidada y exitosa práctica del efectismo, la distorsión, la tendenciosidad y la simplificación interesada, notas distintivas del sensacionalismo, largamente gratificado con el favor de la audiencia (con una tirada semanal cercana a los 3 millones de ejemplares) y fuertemente sostenido por la mezcla de inquietud y oportunismo con la que los responsables políticos establecían su relación con el medio, en función de su interés coyuntural. La transgresión de limitaciones sustentada en el afán de negocio y el deseo de pastorear a la opinión pública bajo su influencia a golpe de titulares rompedores y ruidosas exclusivas acabaron convirtiéndose en brújula y destino del periódico, transportando a la prensa escrita -y llevándolo al extremo- el llamado infotainment del que el grupo News Corporation es adalid y exponente.

A nadie se le escapa que el amarillismo periodístico no es precisamente una novedad, desde la época dorada de Hearst y Pulizter hasta el momento presente. Lo significativo, sin embargo, es su pervivencia y renovado auge en nuestros días, fenómeno aparentemente contradictorio con el avance en conocimiento y la cierta capacidad crítica que se presume a la ciudadanía en las sociedades desarrolladas. A ese reverdecer del sensacionalismo (por cierto, paralelo al del populismo político) se suma la renovación de formatos, la combinación de métodos –incluida la aludida hibridación entre información y entretenimiento-, la colonización de otros medios por este estilo y la franca retirada que, en contraposición, experimentan aquéllos que se resisten al embate del oportunismo, empezando por la llamada prensa seria, estatus que, por otra parte, no parece siempre atribuible a quien lo invoca para sí.

Hoy en día, salvo honrosas excepciones, es difícil ver un noticiario en el que no se convierta la información en descarnada materia de espectáculo (con agitadas sintonías ad hoc para las cortinillas que dan paso a las crónicas bélicas o de sucesos); en el que no se otorguen estatus similares a los acontecimientos sustancialmente relevantes y a la banalidad deportiva o rosa; en el que los acontecimientos de medio mundo apenas merezcan referencias ocasionales (¿cuánta información proveniente de Asia, África o Sudamérica llega al espectador?); o en el que las características físicas de quien presenta la noticia no sean las que predominen sobre su competencia profesional. Ni que decir tiene la fiabilidad que pueden merecer periodistas con pretensión de solvencia que no parecen tener reparos en ofrecer su imagen para avalar comercialmente infinidad de productos, táctica publicitaria que ha adquirido una irritante frecuencia. A esto se suma, tanto en televisión como en radio o prensa, la creciente confusión entre la legitima existencia de línea editorial de un medio y la concesión de licencia para transgredir los estándares primarios de rigor y seriedad que son exigibles por un mínimo de respeto a la profesión periodística y al inmenso valor que su función tiene en una sociedad democrática.

En esta era de paradojas que nos ha tocado vivir, pese a la amplia variedad de la oferta, es perfectamente posible que un ciudadano medio con un interés básico en la actualidad (el que le permite el acelerado ritmo diario), que vea informativos con regularidad, hojee la nueva prensa de éxito (desde la gratuita hasta la propensa al sensacionalismo) o se deje llevar por la selección de informaciones de los portales más relevantes de internet, acabe por no tener una perspectiva mínimamente sólida sobre las circunstancias de nuestro tiempo. Eso sí, encontrará entretenimiento (¡e incluso mera distracción!) en la llamativa presentación de la noticia, la frenética sucesión de imágenes o el rimbombante titular destinado a etiquetar el producto.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2011.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CRISIS PERMANENTE

No debe extrañarnos que de la reforma constitucional que aceleradamente se tramita en las Cortes Generales se discuta más sobre el modo en que se plantea y el espíritu que la impregna que sobre la concreta redacción que se pretende introducir en el artículo 135 de la Carta Magna. Una vez cerrado el texto que PSOE y PP han recogido en su Proposición y acordada la tramitación urgente para culminar la modificación en apenas dos semanas, poco o nada se puede incidir en sus términos, pese a las invocaciones aparentemente generosas al consenso. Por otra parte, el contenido estricto de la Proposición ha quedado sustancialmente aligerado sobre las previsiones iniciales y desprovisto por lo tanto de la mayor carga conflictiva, con la remisión a una posterior ley orgánica para la fijación de los límites de déficit estructural, la definición detallada de este criterio y la distribución del déficit entre Estado y Comunidades Autónomas, junto con la previsión de supuestos excepcionales -entre ellos las recesiones- en los que se pueda rebasar esa frontera impuesta. En resumen, el plato de la reforma está cocinado y sólo queda analizarlo, pronunciarse y situarse en el momento posterior a su aprobación para determinar sus efectos.

Establecer pautas constitucionales de estabilidad presupuestaria, restricciones sobre el déficit y controles sobre la magnitud y las autorizaciones de deuda pública no es ningún disparate y entronca con una preocupación legítima: la solidez de las cuentas de las Administraciones Públicas, aspecto del que no es posible desentenderse si se quiere actuar responsablemente. Aunque la modificación constitucional no es ideológicamente neutra y efectivamente revela un planteamiento restrictivo sobre el gasto público, no hay base justificativa suficiente para llevarse las manos a la cabeza aludiendo a la ruptura del principio del Estado Social o a supuestos riesgos insoportables para los servicios públicos y para las medidas de ayuda a las personas en situación más desfavorecida. La política fiscal progresiva -campo de batalla en buena parte abandonado en los últimos años-, las medidas de redistribución de la riqueza o la capacidad de iniciativa económica por el Estado son alternativas a disposición de los poderes públicos que no quedan amputadas porque se establezca que el recurso al déficit y a la emisión de deuda deban evitar poner en riesgo las cuentas de las Administraciones. Del contenido estricto de la reforma lo peor que puede decirse es que la posible deficiencia de controles o la ausencia de consecuencias ante eventuales incumplimientos la deje en un ejercicio de voluntarismo y artificiosidad, rebajando la eficacia jurídica real de la medida.

Por el contrario, lo inquietante en este caso es la sensación de apremio y teatralidad que arrastra consigo esta reforma y las urgencias que revelan el esfuerzo político de los partidos mayoritarios para sacarla adelante. Llevamos años de debates e informes de la más diversa procedencia sobre la necesaria adaptación de nuestra Constitución tras 33 años de vigencia, sobre la importancia de introducir reglas que mejoren el funcionamiento del Estado de las Autonomías preservando el espíritu descentralizador, sobre la imprescindible reforma del Senado para que cumpla su papel de Cámara de representación territorial, sobre el desfase del modelo provincial, sobre los retoques en el sistema electoral, sobre la prevalencia masculina en la sucesión en la Jefatura del Estado, sobre la cesión efectiva de poder que significa el proceso de integración europea, etc. Años de tentativas de reforma que terminaban en vía muerta, encargando indirectamente, como solución inevitable, remiendos interpretativos -cada vez de más difícil factura- a un Tribunal Constitucional sobrepasado. En éstas estábamos cuando las tensiones especulativas en los mercados financieros de deuda pública, las advertencias del Banco Central Europeo sobre los condicionantes para la compra de nuestros títulos y las exigencias del directorio franco-alemán nos sitúan abruptamente ante una reforma inesperada y quizá no suficientemente meditada. A modo de significativo ejemplo, las únicas menciones que a partir de ahora figurarán en nuestra Constitución a la Unión Europea serán las introducidas al mencionar los límites de déficit y deuda pública. Las importantes carencias subsistentes en nuestra Constitución seguirán, entre tanto, sin ser abordadas. La sensación de crisis permanente y la inevitable percepción de que se llevará muchas cosas por delante han cambiado también, de golpe y porrazo, las prioridades de la agenda constitucional.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de septiembre de 2011.

HERENCIAS Y RELEVOS

En esta época de reemplazo en gobiernos locales y autonómicos es frecuente que los medios de comunicación realicen extensos balances públicos sobre la gestión de los ejecutivos salientes. También es común que los que cogen el testigo en la dirección de las Administraciones comiencen su gestión chequeando la situación que se encuentran, a lo que, en este tiempo en el que el desmedido desaire y el adanismo político están a la orden del día, se suele acompañar, si el nuevo equipo es de un signo político distinto, un reproche abierto a la herencia recibida. Naturalmente que es legítimo analizar con profundidad el escenario que cada nuevo gobierno se encuentra y es igualmente razonable remarcar aquellas cosas que pretenden diferenciar la gestión precedente de la futura. Pero conviene saber que la recriminación al que se va no siempre es proporcionada ni justa, no mejora automáticamente las cosas ni atenúa por sí los problemas y puede acabar convirtiéndose en un recurso propagandístico vulgar ante la indefensión del cesante, que cuenta con menos posibilidades de replicar y limitados espacios para hacerse oír desde el momento en que sale por última vez de su anterior despacho.
En el aterrizaje del gobierno de algunas Comunidades Autónomas estamos asistiendo a una excesiva profusión de censuras tardías a los anteriores gestores, dinámica especialmente abonada en este contexto de crisis económica y dificultades financieras de los poderes públicos. Hay casos paradigmáticos en los que, con la intención de preparar el terreno para adoptar medidas leoninas de recorte de servicios públicos y derechos sociales –todas con indudables intenciones ideológicas, más allá del debate sobre su estricta necesidad- se lanza una desmesurada ofensiva dialéctica contra los anteriores dirigentes, lo que es también habitual cuando las victorias electorales han sido ajustadas y el anterior responsable sigue en liza aunque desde la bancada de la oposición. Entre esos supuestos especialmente llamativos destaca el estilo impuesto por algunos gobernantes del PP que llevan varias semanas desgranando sus recriminaciones contra los antecesores, lejos de miramientos o cautelas institucionales. Aunque le han salido notables imitadores (los Presidentes de Extremadura y Cantabria entre los más aventajados), la número 2 de este Partido y nueva Presidenta de Castilla La Mancha, experta en compatibilizar cargos y sueldos (y en subir los de sus asesores y altos cargos, además), se lleva la palma en la intensidad de su ataque preventivo contra los anteriores encargados de la Administración autonómica, combinando, eso sí, esta táctica con la aplicación de la ley del embudo, ya que desde el minuto cero se ha propuesto limitar los sistemas de control de su gestión (empezando por querer cargarse el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social). Todo un anticipo de la impronta autoritaria y belicosa que un Gobierno del PP traerá a la Administración del Estado si los vaticinios de las encuestas para las Elecciones Generales se cumplen.
En Asturias, es de justicia decir que, en términos generales (al menos de momento y esperemos que esa actitud perdure) no se ha caído en esa perniciosa dinámica de pisotear gratuitamente el nombre de los responsables salientes. Es posible que no valoremos suficientemente la relativa normalidad institucional y el tono general -más mesurado que en otras Comunidades, pese a algunos excesos- en el que se mueve la actividad política asturiana. También es cierto que, si de herencias se trata, sin minusvalorar las muchas dificultades del momento, la que deja el Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces tiene aspectos indudablemente positivos, en términos de solidez financiera de la Administración autonómica (sobre todo si se contrasta con otras Comunidades), de calidad de los servicios públicos, de garantía de los derechos de los ciudadanos, de extensión de las prestaciones sociales y de modificación del modelo productivo de una Comunidad que viene de fuertes reconversiones recientes. Por cierto, más temprano que tarde (quizá cuando se pongan en riesgo) acabaremos valorando en una medida más justa y con un reconocimiento más amplio los significativos progresos de estos últimos años, superando la tradicional tendencia a renegar de nuestros propios logros colectivos.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de agosto de 2011.