HARTOS DE VIOLENCIA POLICIAL

A la vista de los acontecimientos de los últimos meses cabe comenzar a cuestionarse si el proceder general de los cuerpos de seguridad, y en particular de los llamados antidisturbios, es el propio de un sistema en el que el ejercicio monopolista de la fuerza por el Estado se supone sometido a controles y limitaciones.

La intensificación de actuaciones desproporcionadas, estrictamente violentas y fuertemente desestabilizadoras por parte de agentes de estas fuerzas de intervención ya no es un desagradable episodio pasajero o un exceso puntual en un momento de tensión; se está convirtiendo en práctica habitual y parte del ritual asociado a las movilizaciones sociales. No se trata sólo de ejemplos que causan estupor y rabia, como la actuación policial el 25 de septiembre en la Estación ferroviaria de Atocha (imborrable el grito ¡vergüenza! de uno de los viajeros indignados mientras protegía a otro) o la agresión a un joven de 13 años –y a los que protestaron- por mossos d´esquadra en Tarragona el 14 de noviembre. El desafuero de agentes llamados a contener situaciones de riesgo, pero que en no pocas ocasion las agravan o directamente las desencadenan es casi cotidiano cuando se produce una manifestación de cierta envergadura. Correríamos el riesgo de acostumbrarnos si no fuese porque cada atropello que presenciamos enciende nuestra conciencia de ciudadanos reacios a transigir con abusos intolerables.
Nadie duda de la dificultad de las situaciones a las que se enfrentan estos agentes y pocos cuestionarán que el interés público puede exigir en determinados escenarios medidas de contención que comporten el uso proporcional de la fuerza. Pero estamos cada vez más lejos de un estándar razonable y, por ello, procede preguntarse por el tipo de formación, de órdenes y de estrategias de respuesta bajo las que se forma y se dirige a estas unidades especializadas. Porque junto a la proliferación de la brutalidad ha florecido su abierta justificación, incluso desde las propias instituciones. Unida a la ausencia de medidas disciplinarias frente a las malas prácticas, alimenta el cóctel perfecto en el que germina la impunidad y comienza una escalada de incierto final.

Si a esto se suma la pretensión del Gobierno de criminalizar la resistencia pasiva, impedir las grabaciones y fotografías a los agentes -que es lo que hasta ahora nos está permitiendo conocer la magnitud del problema- y tratar de situar en la esfera de la marginalidad a quien pretenda hablar con claridad de la creciente violencia policial a la que nos enfrentamos, se adivina que el camino que estamos recorriendo con rapidez lleva de regreso a épocas en las que el uso arbitrario de la fuerza, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el abuso de autoridad eran moneda corriente de cambio.
Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras organizaciones sociales prestigiosas, están dando la voz de alarma, tratando de que tanto la sociedad española que lo sufre como la propia comunidad internacional que lo contempla con preocupación ejerzan la presión necesaria para detener esta espiral. Lo que está en juego no es sólo (lo que ya sería bastante motivo para la advertencia) que a un manifestante lo dejen henchido de ira –por la humillación, sobre todo- y con un toletazo de regalo por cruzarse en medio. Estamos ya en otra dimensión, no precisamente halagüeña, donde la degradación de la convivencia y el pisoteo de la dignidad colectiva comienzan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Un país en el que, si no lo evitamos, cada día será más difícil reconocerse.

 

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2012.

VENDAVAL DE INTOLERANCIA

El jueves 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, centrado en la denuncia de la persecución y el hostigamiento que millones de personas sufren en todo el mundo por el mero hecho de su orientación sexual. Como objetivo, advertir sobre la persistencia de corrientes que continúan criminalizando la homosexualidad o que justifican o admiten la discriminación directa e indirecta de las personas en función de tal circunstancia. Y es que, aunque en los últimos años se han producido avances muy sustanciales en algunos países, que han superado situaciones previas de penalización de la homosexualidad y que avanzan hacia regulaciones legales igualitarias, a la par se detecta un incremento de las corrientes reaccionarias dispuestas a rescatar discursos que consideran a la homosexualidad poco menos que una desviación a erradicar. Estas posiciones contrarias al respeto a la diversidad de orientación sexual han adquirido una agresividad verbal y una capacidad de influencia destacable, amenazando con retrotraer las conquistas alcanzadas y con el retorno a la estigmatización de toda diferencia. En pocos lugares se libran de estas tensiones, porque en nuestro propio país, afortunadamente avanzado en este aspecto –pese a la oscura sombra del recurso deinconstitucionalidad del PP a la reforma del Código Civil en la materia-, han cogido brío las invectivas que algunos sectores, empezando por parte de lajerarquía católica, lanzan contra la igualdad y la libertad sexual, prioridad en su agenda de preocupaciones.

Otros ejemplos tienen tintes intensamente dramáticos, como los relatados por el activista hondureño de los derechos LGBT Álex David Sánchez, acogido en España por Amnistía Internacional para evitar que las amenazas y agresiones sufridas culminasen con su asesinato, como ha sucedido en su país con decenas de líderes sociales en los últimos años, particularmente desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Álex estuvo en Asturias estos días pasados, reuniéndose con autoridades y personas interesadas en conocer el incremento de la violencia ejercida contra homosexuales y transexuales en Honduras y la cadena de crímenes cometidos contra aquéllas personas que osan reivindicar su identidad y orientación sexual en libertad.

Desgraciadamente Honduras no es el único país que experimenta una regresión social de estas características. No hay más que ver la virulencia de los ataques que contra la libertad sexual se vienen desarrollando por parte de sectores reaccionarios en numerosos países, desde Europa Oriental hasta Israel, pasando por algunos países del África subsahariana y el mundo árabe. Para este escenario, algunos vectores convergen: el fundamentalismo religioso, el rechazo a toda diversidad –no sólo la de orientación sexual-, la dialéctica excluyente, la invocación de la pureza, el recurso a la fuerza como forma de supresión de la diferencia, etc., cóctel incrementado por las crisis políticas o las dificultades económicas. Precisamente los elementos que en el pasado reciente han estado presentes en las principales persecuciones organizadas contra las minorías, con efectos terribles en forma de crímenes monstruosos o profundas segregaciones. En ciertos casos, estas tendencias reaccionarias cuentan con la conformidad o la colaboración de los aparatos estatales, incorporando de forma más o menos abierta a sus legislaciones medidas de represión que evocan las categorías de peligrosidad social o directamente sancionan penalmente la homosexualidad. La novedad es que, aunque en algunos Estados estas limitaciones están felizmente bajo revisión, en otros la tendencia es inversa, con el caso de Uganda como paradigma del posible retroceso, con diversos intentos de modificar su legislación para castigar la homosexualidad con la pena capital e incorporarse a la vergonzosa lista de países en los que ser gay, lesbiana o transexual puede conllevar la ejecución, como sucede en Mauritania, Sudán, Yemen, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y algunos Estados del norte de Nigeria.

Por eso conviene estar alerta, porque al igual que toda conquista en materia de libertades individuales nos engrandece, cualquier retroceso, aunque pensemos que no nos afecta directamente, supone un empobrecimiento moral que, más temprano o más tarde, pagaremos colectivamente.

Publicado en Oviedo Diario, 19 de mayo de 2012.

PEPA Y PP

Existe una perversa tendencia en nuestro país a simplificar acontecimientos cardinales de nuestra historia para distorsionarlos y hacer uso de ellos en beneficio de la propia táctica en el momento presente. Me temo que una necesaria celebración, como la del bicentenario de la Constitución Política de la Monarquía Española, nombre solemne de la de Cádiz de 1812, puede incluirse entre esa clase de abusos si persiste la tendencia, habitual en los últimos años, a dotar de carga sesgada a conceptos como el de reforma o el de liberalismo. Prueba fehaciente de esta torcida pretensión es la utilización de la voluntad transformadora de los constituyentes doceañistas como aducida fuente de inspiración de la oleada de decretos-ley con las que el actual Gobierno central ha puesto en marcha la cadena de desmontaje del Estado Social, que es, por cierto, el que consagra nuestra vigente Constitución, en este aspecto poco invocada. Todo un sarcasmo.

Otro ejemplo lo tenemos en la deliberada omisión, en los mensajes oficiales conmemorativos, de que la Constitución de Cádiz se aprobó a despecho de quienes recelaban –no precisamente una minoría- del espíritu renovador que la impregnaba, bien por entenderlo excesivamente avanzado para aquellos tiempos y para nuestras raíces históricas o bien por posicionarse directamente a favor de la continuidad del Antiguo Régimen. Cuando escuchamos en nuestros días que tal o cuál propuesta no se acompasa al ritmo de evolución social o que un Gobierno no debe ir más allá de un supuesto e inamovible lugar común, es fácil detectar el resabio de esa tradición reticente al cambio; por cierto, ¡cuántas veces habremos oído argumentos similares, traídos a nuestros días, respecto a las medidas que en materia de política social y derechos civiles se adoptaron en las anteriores legislaturas! Tampoco olvidemos que los propios artífices de la Constitución de 1812 la enmarcaron en un proceso que a posteriori no dudaron en calificar de revolucionario (término que en aquel momento no se utilizaba a la ligera, como sucede hoy en que se aplica hasta a la fórmula de los detergentes); y, efectivamente, convertir “la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”, como enunciaba el Decreto de la Junta Suprema de convocatoria, en una asamblea dispuesta a abolir las instituciones del viejo Régimen y a certificar el alumbramiento la soberanía nacional lo fue; impronta revolucionaria que no casa en absoluto con la alergia a los procesos transformadores de progreso que anida en muchos que ahora invocan sentidamente la obra de 1812.

Por otra parte, reconocernos en nuestra historia significa también advertir que en momentos decisivos ciertas fuerzas reaccionarias fueron capaces de revertir rápidamente los avances conseguidos y convertirlos en poco más que un brillante recuerdo. Por pura coherencia y respeto a la memoria, no conviene edulcorar los acontecimientos ni silenciar los fracasos de los intentos de modernización. “El Deseado” y los que no estaban dispuestos a renunciar a privilegios largamente asentados enviaron al exilio (cuando no al cadalso) por dos veces -en 1814 y 1823- a los defensores del sistema constitucional, para hacer compañía a los afrancesados que tuvieron que partir en el primer gran destierro político de nuestra historia. Y durante décadas posteriores los intentos de superación del atraso secular y de implantación de sistemas políticos avanzados se dieron de bruces con la inexistente disposición a admitirlos de quienes finalmente frenaron tales intentos. La historia constitucional de España es también la de los sueños fugaces de constituciones como la de 1869 o la de 1931, vistas, al igual que en su momento la de 1812, como excesos inadaptados a lo que falaz y supuestamente se entendía que era nuestra naturaleza política, pero que, a la postre, fueron semilla de posteriores progresos civilizadores, aunque no se desee publicitar su legado.

Con el tiempo, a las corrientes dispuestas a perpetuar desigualdades no les queda más remedio que adaptarse al nuevo escenario, asumir algunas conquistas alcanzadas y aceptar ciertos cambios forzados por la dinámica social. Me parece perfecto, razonable y deseable. Pero más de una vez se guardan en la recámara otra agenda de prioridades por si las condiciones les son propicias, para, hoy de una forma aparentemente sutil, llevar a nuestros tiempos retrocesos que no evocan precisamente el libertario Viva la Pepa sino el recurrente Vivan las caenas.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de marzo de 2012.

DIFERENTES, PERO ¿TAN DISTINTOS?

Un espectáculo asombroso como pocos ha sido contemplar a las masas de norcoreanos en los interminables funerales de Kim-Jong-il, bien en rigurosa y solemne formación o en mareas de cuerpos retorcidos por los lamentos. Ni la fecunda imaginación orwelliana hubiera ideado una escenificación más terrorífica y alucinante para mostrar la degradación de un sistema que dice inspirarse en los nobles ideales de la justicia y la igualdad. Para cualquier persona interesada en nuestra especie por razones políticas, sociológicas o antropológicas, resulta inevitable rebuscar en todas las fuentes posibles más imágenes del acontecimiento -aunque todas provengan de la televisión oficial del régimen- a las que pegar fascinados nuestra nariz para ver aparentemente convertido a todo un pueblo en una colonia de obedientes hormigas, supuestamente desgarradas por el dolor de la pérdida de un padre cuando deberían estar bailando sobre su tumba (ojo, quién sabe si algunos se atreven a brindar en la intimidad con soju de estraperlo para celebrar el fin del tirano).

Parece comprensible que nuestra mirada hacia las exequias teatralizadas sea la de la extrañeza, al creer tan distante nuestra escala de valores, nuestras aspiraciones y nuestra forma de organización política y social. Es evidente que, por imperfecto que resulte, cualquier sistema que siga las pautas básicas de la división de poderes, respeto a los derechos elementales del individuo y elección democrática de los representantes de la ciudadanía -por poner algunos de los principios primarios- permitirá ser calificado de forma más benévola que la dictadura paleocomunista de Pyongyang. Pero eso no nos otorga la facultad de regodearnos en nuestros avances al compararnos con otros lugares del mundo más desafortunados, precisamente porque la fragilidad de las conquistas alcanzadas es enorme y porque su mantenimiento depende de que se refuercen, generación tras generación, principios e ideales que no pasan por su mejor momento.

Cabe recordar que multitud de países que hoy creemos democracias consolidadas y respetables abrigaron en décadas no tan lejanas la semilla de la barbarie y el totalitarismo. En algunos casos, no fueron levantamientos populares ni repentinas tomas de conciencia las que hicieron voltear el estado de cosas, en un arrebato de dignidad de quienes comenzaron a reclamarse como ciudadanos. Multitud de tiranías simplemente fenecieron por devenir inservibles para los intereses predominantes, incluso con los autócratas felizmente retirados o enterrados en mausoleos a la altura de su megalomanía. A su vez, a la distopía de 1984 y otras tantas que han sido también clarividentes no sólo hay que volver los ojos para contrastarlas con regímenes como el norcoreano -u otros igual de abyectos con los que Occidente hace buenas migas- sino para comprobar su actualidad cuando observamos la persistencia de múltiples formas de alienación, control y dominación, más o menos encubiertas y propias de nuestras sociedades avanzadas.

En este tiempo en el que el miedo es el motor de muchos de nuestros actos, en el que el estado de guerra permanente (contra el terror, contra la delincuencia, contra lo que nos resulta ajeno y amenazador, etc.) ha trastocado profundamente nuestra noción de la libertad, en el que las pautas de nuestra conducta vienen rígidamente predeterminadas ante la docilidad de las respuestas, en el que los poderes económicos sojuzgan con relativa facilidad a gobiernos democráticos, en el que el pensamiento único y el autoritarismo gana enteros en todos los ámbitos, claro que aún podemos contemplar la pantomima norcoreana con estupor y distanciamiento, pero sepamos que nuestro amor a la libertad -y nuestra coherencia con dicho principio- no es siempre mucho más grande que el de las plañideras de luto por el “amado líder”.

Publicado en La Voz de Asturias, 3 de enero de 2011.