HABLAR DE SU LIBRO (Y, PRIMERO, REESCRIBIRLO)

Uno de los muchos problemas que durante años lastraron las posibilidades electorales de Izquierda Unida fue la tendencia a posicionarse por referencia a su relación con el PSOE. La sustancial diferencia de apoyos que desde 1977 ha situado al PSOE como fuerza mayoritaria de la izquierda, con la decepción consiguiente para IU (desde la determinante para el PCE en las primeras elecciones generales hasta hoy), incluso en épocas de fuerte desgaste de los socialistas en las que soñaba con un sorpasso que nunca se produjo, llevó a IU a un debate recurrente sobre qué papel jugar, sobre todo cuando el PSOE ha necesitado apoyos, bien para afianzar su mayoría relativa, bien para desbancar en la suma de minorías al PP cuando la aritmética de escaños y concejalías llevaba a esta disyuntiva.  Ha habido épocas bien distintas, desde la teoría de las dos orillas de Anguita y la dura confrontación con Felipe González, hasta el posibilismo de Frutos alcanzando un acuerdo (bastante estéril) con Joaquín Almunia, pasando por la disposición favorable al acuerdo de Llamazares en la primera etapa de Zapatero, escaldada la izquierda de la Aznaridad y alentada por las medidas de política social y derechos civiles. El dilema, sin embargo, a la postre era esencialmente el mismo, incluso lo sigue siendo hoy, allá donde los votos de IU son decisivos; véase la disparidad y los conflictos asociados, por ejemplo, en relación con su posición en Extremadura, Asturias o Andalucía.

La vertiginosa transformación de la vida política en los últimos meses, a raíz del rápido deterioro electoral del PSOE, de los estragos que la crisis ha causado en la cohesión social, de la erosión del sistema político representativo y de la aparición de nuevas agrupaciones dirigidas a canalizar el descontento, está dando lugar a un fenómeno singular. El PSOE, pese a mantener una representación institucional mucho más numerosa; aun obteniendo un apoyo electoral que en su momento más bajo (las recientes elecciones al Parlamento Europeo) es superior a la suma de votos del resto de partidos de la izquierda; pese a situarse –al menos teóricamente- en el espacio político del centro-izquierda en el que a priori tiene más facilidad para identificarse con una mayoría social moderada; y aunque disponga de más espacio informativo, trayectoria, estructura y presencia territorial, ha dejado de ser el partido político al que el resto de fuerzas del centro a la izquierda se refieran al establecer sus coordenadas en el tablero. El debate cardinal en el resto de partidos de este espectro no es cuál será su relación con el PSOE ante cualquiera de las alternativas a que den lugar las próximas elecciones autonómicas y locales, seguramente muy fragmentado y de difícil gobernabilidad (si se mantiene la tendencia que reflejan las últimas encuestas, aunque de momento todo esté muy abierto). El paradigma táctico ha cambiado y lo que está bajo escrutinio es si cabe para el PSOE un escenario en el que busque el improbable apoyo de Podemos si lo necesita o qué situación se dará si éste se aproxima (o incluso lo supera, según de qué territorios se trate) en el apoyo ciudadano que consiga. Y para IU, bajo la amenaza de pasar a resultados discretísimos, qué opciones existen de confluencia en candidaturas conjuntas con Podemos, y si es ésta una solución correcta y conveniente. Pero, especialmente, lo que obsesiona en ambos partidos es qué actitud, posición, discurso y estrategia adoptar en relación con el lenguaje, métodos y propuestas de Podemos, lo que consume una parte muy relevante de intervenciones, análisis y decisiones, en medio de bastante desconcierto por lo imprevisible del contexto.

Evidentemente, es una dinámica que se retroalimenta. Cuanto más tiempo entregan PSOE e IU en sus mensajes a la ciudadanía a valorar a Podemos, más relevancia otorgan a la fuerza emergente. Si la pretensión, particularmente en el caso del PSOE, pasa a ser desacreditar la solvencia política y rigor del competidor, el resultado puede ser distinto del esperado, porque ahonda en el antagonismo en el que Podemos parece sentirse muy cómodo; y porque nutre el escepticismo de muchos potenciales votantes cuyas simpatías han fluctuado del PSOE a Podemos y a los que legítimamente disgustará la descalificación tajante de un nuevo actor cuyo éxito debe bastante a la pérdida de credibilidad sufrida por el PSOE y aún no reparada.

En mi opinión, el PSOE, que en 2015 se juega perder el papel central jugado en la democracia española, tendría que, además de acelerar su estrategia de renovación política, revertir su estructura inadaptada a las nuevas formas de hacer política y hablar y pensar más (consigo mismo y sobre todo con los ciudadanos) en sus propuestas ante las expectativas del electorado; más en venir a hablar de su libro –que diría Umbral-, que en arremeter frente a Podemos. Si la construcción del discurso político se basa constantemente en posicionarse por referencia a lo que haga o diga Podemos (el mismo virus que limitó a IU por su referencia sobre el PSOE) y en alertar de los riesgos que advierten en el triunfo de Podemos, acabará entregándole la centralidad del escenario y la iniciativa a esta fuerza, que puede no desaprovechar la oportunidad que tiene por delante.  Y si, peor aún, el hilo argumental del discurso es el choque directo y el ataque sin ambages (incluso con errores de manual), se admitirá entrar en debates simplificadores y en la terminología que se dice repeler; es decir, en el terreno en el que Podemos ha querido situarse desde el principio y en el que ha colocado su cuña con acierto en un ingente sector del electorado (a cuyo favor el PSOE puede, en una parte no pequeña, aspirar), perdiendo definitivamente a los que ya dieron el paso de cambiar la papeleta por la de Podemos, e incluso a más si la regeneración iniciada por Pedro Sánchez perdiese fuelle.

Gonzalo Olmos

ELECCIÓN DE ALCALDES, LAS DIFERENCIAS IMPORTAN

            

No ha estado Mariano Rajoy acertado al plantear de la forma en que lo ha hecho la elección directa de alcaldes. Primero, porque se saca de la manga la propuesta en un batiburrillo de ideas mal hilvanadas para tratar de dar alguna respuesta al desafecto de los ciudadanos hacia las instituciones, cuando lo que hace falta es un enfoque global y de fondo, más que remiendos. Segundo, porque es inevitable ligar la proposición a las expectativas electorales del PP en las elecciones municipales de mayo de 2015, en las que es altamente probable que pierda la mayoría absoluta en muchas capitales de provincia y puedan, en algunos casos, configurarse coaliciones alternativas en las corporaciones que permitan desbancarle de gobiernos locales significativos; de ahí la inmediata acusación de pretender modificar interesada e intempestivamente las reglas de juego, estando ya iniciado tras los comicios europeos el ciclo electoral 2014-2015. Y tercero, porque la falta de detalles del planteamiento efectuado es notable, empezando porque su propuesta supone, antes que nada, consagrar que la persona que encabece la lista más votada sea automáticamente quien acceda a la alcaldía, y eso no es exactamente lo mismo que la elección directa del alcalde; por cierto, actualmente esa es la consecuencia que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos del Pleno, pero, evidentemente, la normativa actual no impide de inicio (como propone ahora Rajoy que suceda) la conformación de esas mayorías alternativas e incluso prevé, mediante la moción de censura constructiva, que así pueda ocurrir a lo largo del mandato.

Que la sugerencia ha sido poco meditada es irrebatible, entre otros motivos porque hace bien poco se ha sometido el régimen local en España a una profunda modificación, instrumentada mediante la muy cuestionada Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Parece claro que, además de las urgencias electorales, late el deseo de continuar reduciendo el Pleno de los ayuntamientos a un papel secundario, sin atribuciones ejecutivas, con mecanismos de control y orientación de la acción de gobierno menores que los de cualquier parlamento y, si triunfase la opción defendida por el PP, sin que la elección de alcalde dependiese de su composición. Tampoco se ha explicado cómo superar situaciones de bloqueo en las que sí puede existir una mayoría diferente dispuesta a acordar en positivo una alternativa a la de la fuerza que haya obtenido más concejales y que no ha alcanzado la cifra necesaria para gobernar en solitario.

La elección directa de alcaldes no es, sin embargo, un debate novedoso. Se ha venido discutiendo sobre esta alternativa desde hace un buen número de años, al calor del refuerzo del poder ejecutivo municipal que las sucesivas reformas de régimen local han alentado (cometiendo excesos dolorosos para el control democrático), de las tensiones ocurridas cada vez que en medio de un mandato triunfaba una moción de censura y de las medidas para evitar el transfuguismo, sobre todo cuando esta degeneración estaba detrás de cambios abruptos de alcaldía. Y, también, en un entorno, como es el local, más propicio para la relación entre representantes y ciudadanía, como forma de permitir a los vecinos optar directamente por la persona que encabece el Consistorio. El PSOE, por ejemplo, con esta última intención, propuso la elección directa de alcaldes en 2002 (siendo el asturiano Álvaro Cuesta, Secretario de Política Municipal), pero con una elección a doble vuelta, la primera coincidente con la elección de la Corporación y, en el caso de que nadie se alzase con la mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, las diferencias con la preferencia expresada ahora por el PP no son sólo de matiz.

Estas cosas, en definitiva, son demasiado serias como para hacer aproximaciones poco rigurosas y que pecan de oportunismo. Si además contienen, revestidas del ropaje de una supuesta mejora de la articulación de las instituciones –que ni siquiera es tal- una erosión de su funcionamiento democrático, constituirían un elemento más de la involución que promueve la mayoría gobernante.

Publicado en Asturias24, 8 de julio de 2014.

ESPERANZAS DE CAMBIO EN EL PSOE

El PSOE se encuentra en un momento de profunda reflexión, forzado por los resultados electorales, por la crisis de identidad de la socialdemocracia y por los relevos orgánicos y generacionales. El contexto en el que llega a este cruce de caminos es, además, particularmente complicado, con el sistema de democracia representativa en dificultades frente a sus propias contradicciones y hostigado por autoritarismos de diversa índole; con los Estados exhibiendo la insuficiencia de sus medios para revertir la crisis económica y social, sostener políticas públicas consistentes y garantizar oportunidades y derechos a los ciudadanos; y con un escenario global tremendamente convulso en el que los valores que ha defendido la Europa democrática pierden enteros a la par que lo hace su pujanza económica.

Así las cosas parecería casi trivial determinar quiénes son las personas que dan un paso adelante para encabezar el cambio necesario en el PSOE. Pero no lo es tanto si reparamos en que, del acierto del próximo Secretario General al interpretar la situación y promover la renovación interna dependerá que el PSOE recupere la vocación de ser un partido mayoritario, representativo y con vocación de gobierno, o pase a ser un actor político secundario, ocasionalmente con responsabilidades ejecutivas, pero escasamente decisivo. La afiliación del PSOE tiene muy clara la necesidad de compromiso y superación de los errores recientes –el principal, la falta de fidelidad a los propios principios socialdemócratas- para recuperar la credibilidad necesaria; pero aún existe cierto vértigo por los cambios, las incertidumbres del entorno y una resistencia de las estructuras del partido a ser rebasadas por la propia fuerza de una militancia con ganas de un revulsivo.

Creo que Eduardo Madina, más que el resto de las alternativas, está a la altura del reto; y si el imparable deseo de cambio que se vive en el PSOE se manifiesta en el proceso interno que vive este partido, podrá demostrarlo. Es una persona prudente y que ciertamente hasta ahora ha medido sus palabras, pero que es perfectamente capaz de apreciar y reconocer los problemas propios del PSOE, de forma abierta y sincera, a la par que tratando de recoger lo mejor del bagaje de este partido. Ha exhibido serenidad y generosidad su trayectoria personal, en la que no se le ha oído un exabrupto ni una pizca de rencor o mezquindad, de la que tanto abunda en la vida partidaria. Se convirtió a su pesar en un símbolo el 19 de febrero de 2002, cuando fue objeto de un atentado terrorista de ETA que le amputó parte de una pierna, pero en ningún momento ha permitido que el miedo o el odio se infiltren en su pensamiento y práctica política ni ha centrado su trayectoria en su condición de víctima del fanatismo. Cuando ha tenido que echar un pulso para defender principios que considera irrenunciables, lo ha hecho.

El éxito político de Eduardo Madina se debe a su capacidad y su conexión con las personas de mentalidad abierta y progresista; no es casual ni producto de tacticismos propios de la fontanería partidaria. En una parte no poco importante se debe a su presión y sus declaraciones públicas el hecho de que, a pesar de la fuerte confusión inicial, finalmente todos los afiliados del PSOE vayan a poder votar el 13 de julio su preferencia para la Secretaría General, lo que es una conquista innegable. A este respecto, por cierto, el PSOE, a pesar de sus importantes problemas y no sin controversia interna, continúa siendo el partido que abre camino en mecanismos de democratización de los partidos políticos; ya lo hizo en el pasado con las primarias para la elección de candidatos o con la introducción de mecanismos para garantizar la representación igualitaria de sexos.

Eduardo Madina ya ha planteado con claridad los aspectos que guiarán su proceder al frente del PSOE, si obtiene la confianza de la militancia. Quiere un PSOE sólido en las instituciones pero también cercano a los movimientos sociales; dispuesto al debate más amplio que sea necesario sobre el modelo territorial y la forma política del Estado; que tenga en la búsqueda de la justicia social y la igualdad su prioridad; que siga siendo un partido con vocación de articular consensos pero que no se deje llevar ni renuncie a su voluntad de transformación; y, especialmente, que pueda superar sus propias inercias y ataduras internas para desarrollar una forma de participación en los asuntos comunes adecuada a una ciudadanía que no quiere intérpretes ni intermediarios exclusivos en su relación con los poderes públicos, que no otorga cheques en blanco a nadie y con la que el diálogo debe sostenerse en el respeto intelectual y político. Por eso, entre otros motivos, Eduardo Madina, sin caer en ninguna clase de veleidad populista y tratando de rescatar del PSOE sus mejores aportaciones, viene con verdadera pretensión de renovación, sin dependencias ni peajes. Esperemos que aproveche la oportunidad que las circunstancias le brindan y de la que quiere hacerse legítimo merecedor.

Publicado en Asturias24, 24 de junio de 2014.

SUPERAR LA PARADOJA MONÁRQUICA

Admito y respeto que las previsiones constitucionales sobre la sucesión en la Corona se cumplan y que, en su virtud, se haya convertido Felipe de Borbón en el Rey Felipe VI. Es decir, si en 1978, fruto del proceso político de transición de la dictadura a la democracia, se aprobó la Constitución que recoge que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, mientras no se modifique aquella y consecuentemente se defina a España como Estado republicano, el Jefe el Estado seguirá siendo el sucesor de Juan Carlos I que corresponda, que eso es lo que dice el artículo 57 de la norma fundamental. Desde este punto de vista, es prácticamente un acto debido aprobar la ley orgánica que regula la abdicación y, ante la inexplicable ausencia de una ley general que regule esta clase de circunstancias, entiendo que la práctica totalidad de aquellos diputados y senadores del PSOE que afirman tener convicciones republicanas hayan votado favorablemente en las Cortes Generales, sin optar por abstenciones o ausencias simbólicas.

El respeto a la legalidad y a las instituciones no es una cuestión menor cuando la raíz de su construcción es democrática, incluso aunque la opción adoptada fuese convalidar la restauración de la monarquía, dentro de los compromisos que caracterizaron aquel intenso periodo. No es honesto intelectualmente despreciar que en España la elección del sistema monárquico fue acordada mayoritariamente al elaborar la Carta Magna por unas Cortes que devinieron constituyentes (no fueron elegidas estrictamente como tales en 1977) y al dar su respaldo el cuerpo electoral el 6 de diciembre de 1978, siendo además el Rey una figura limitada a cometidos representativos, sin atribuciones sustanciales.

No obstante, hasta aquí puede llegar la comprensión del proceso de sucesión vivido en las últimas semanas, porque cuando del debate sobre la forma del Estado se trata, no hay modo de afrontar racionalmente el cúmulo de asunciones que se dan por sentadas. El hecho de que una dinastía tenga el monopolio de la Jefatura del Estado no se sostiene en un debate neutral, se mire como se mire. Esta exclusiva provoca que los asuntos de familia, siempre llamados al repelente cuchicheo, se conviertan en materia de Estado, hasta tal punto que la propia Constitución contemple que el matrimonio de los sucesores en el trono no puede efectuarse contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales; no vaya a ser que las razones del corazón que la razón no entiende provoquen un conflicto de Estado. Por no hablar del insoportable atavismo que representa la prevalencia del hombre sobre la mujer como discriminación de rango constitucional, añadida a la propia de otorgarle a una estirpe la Jefatura del Estado. Dentro de las heterodoxas consecuencias de la monarquía también está el hecho de que una niña de 8 años esté sometida desde ya mismo al escrutinio público, no en vano, si no le traen un hermanito al mundo ni se produce un cambio en la forma del Estado heredará un día su Jefatura; o sea que a la pobre cría no se le puede ocurrir hacer las tonterías propias de la adolescencia y si las hace tendrán repercusiones políticas, lo que ya es de por sí un absurdo inherente al sistema. Por no hablar del acoso mediático y la intromisión de las multitudes a que jamás se acostumbrará, como ya aparenta su comprensible cara de susto en muchas de las fotografías de los actos de proclamación de su padre. Someter, en definitiva, la Jefatura del Estado a los avatares de toda naturaleza que le sucedan a una familia en concreto y a sus componentes es al fin y a la postre un sinsentido que no conviene perder de vista por muy tradicional y constitucional que actualmente sea. Otras secuelas anómalas del sistema monárquico, más funcionales que de concepto, tienen otro calado mayor, porque a nuestro sistema político le falta una Jefatura de Estado verdaderamente activa como árbitro y moderador de los poderes del Estado, cosa que en una democracia consolidada un Rey no podrá ejercer jamás sin extralimitarse indebidamente, incluso aquel que hipotéticamente esté revestido por su proceder y trayectoria de cierta auctoritas.

Por eso en este contexto histórico, aunque se acate el sistema monárquico y se constate que hasta la fecha no existe un acuerdo de suficiente amplitud para reemplazarlo, es perfectamente legítimo e incluso indispensable poner de relevancia la necesidad de superarlo a corto o medio plazo, promoviendo una reforma constitucional que, entre otros cambios posibles, contemple la forma política republicana, extendiendo el principio democrático hasta la Jefatura del Estado, donde no haya espacio para someter irremediablemente el devenir de las instituciones a los azares personales de cualquier linaje.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2014.

RAZONES PARA LA REPÚBLICA

No debería asustar a nadie que en España se abra con franqueza el debate sobre la Jefatura del Estado y la validez del sistema monárquico. Plantearlo no es oportunista aunque se suscite con toda su intensidad cuando se procede a la sucesión en la Corona, porque precisamente ahora es cuando se manifiesta abiertamente la irracionalidad de los privilegios de sangre indisociablemente unidos al sistema monárquico. Tampoco es irresponsable porque, aun siendo la estabilidad un valor a considerar, la invocación de la continuidad no puede sepultar debates irreprimibles, minusvalorando equivocadamente los signos de crisis de las instituciones, ignorando la dimensión del creciente deseo de cambio, o, en el peor de los casos, estigmatizando como inconscientes a quienes lo plantean.
Proponer que la primera magistratura del Estado sea elegida democráticamente no significa desdeñar el progreso que comportó la Constitución de 1978 y la construcción de un sistema de libertades, sin duda perfectible e insuficiente pero en todo caso un avance incuestionable. Tampoco supone una enmienda a la totalidad a la Transición como proceso histórico, en el que se alcanzaron los puntos de equilibrio que las circunstancias, la correlación de fuerzas y los avatares políticos del momento permitieron. Simplemente supone una apuesta por no fosilizar el marco constitucional ni conformarse a perpetuidad con un estado de cosas en el que se asuma como inexorable la permanencia de una tradición antidemocrática en esencia, como es que el hijo varón del monarca (en preferencia además sobre sus hermanas por el hecho de ser varón) vaya a sucederle en esa responsabilidad por tal circunstancia, como inevitable vestigio del pasado.

Es perfectamente posible aspirar a un Estado republicano que, en secuencia lógica en la democratización de España retomada a partir de las elecciones generales de 1977, recoja la trayectoria de estas décadas, perfeccione la división de poderes, regenere el sistema representativo y parlamentario, atienda las crecientes demandas de participación ciudadana directa, corrija los defectos apreciados en la arquitectura del poder público –fuertemente cuestionado- y, como corolario de ese afán, articule una Presidencia de raíz y ejercicio democrático, compatible con el sistema de gobierno parlamentario (no presidencialista, por lo tanto), verdaderamente legitimada para actuar como poder modulador del funcionamiento de las instituciones.

Procede poner énfasis no sólo en la superioridad democrática y equitativa del sistema republicando (que pocos cuestionan, ya que los argumentos contrarios son sobre todo de oportunidad o basados en la tradición), sino también en la mayor funcionalidad que alberga. Contra lo que podría parecer si uno se atiene a los mensajes propagandísticos abiertamente favorables a la monarquía (RTVE de forma tenaz y los medios conservadores de forma entre grosera y entusiasta), el futuro Felipe VI no está ni debe estar llamado a buscar soluciones a los problemas que aquejan a España, ya que, según la expresión al uso, reinará pero no gobernará. Aunque sus funciones se desarrollen en ese contexto, al que no podrá ser ajeno, en modo alguno se admitiría, y además sería contrario a la propia Constitución de 1978, que pretendiese influir decisivamente mientras el resto de los poderes del Estado se encuentren en activo. Donde sí reserva la Carta Magna al Jefe del Estado atribuciones para arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, es donde una Presidencia republicana (elegida por ejemplo por una mayoría de 2/3 de las Cortes Generales y con una limitación de dos mandatos) sí podría resultar más eficaz porque estaría fuertemente legitimada para intervenir en conflictos institucionales de forma más directa, en particular en situaciones de bloqueo. Por ejemplo, otorgándole facultades decisorias cuando las Cortes son incapaces de designar en plazo al Defensor del Pueblo o incumplen su obligación renovar el ConsejoGeneral del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (y esto ha pasado de forma grave y repetida); confiriéndole facultades para convocar órganos propios del federalismo cooperativo entre Estado y Comunidades Autónomas como la Conferencia de Presidentes, hoy en vía muerta; o permitiéndole intervenir dinámicamente con facultades de mediación en situaciones que se enquistan y envenenan, como ha sucedido en etapas de crispación política o en las tensiones territoriales que tanto abundan. Evidentemente para estas funciones no se entendería que un Rey, que es más símbolo y representante que poder efectivo, pudiese actuar; a la Presidencia de la República, sin embargo, nada podría objetársele para que cumpliese su cometido en estos ámbitos espinosos.

Proclamarse republicano de sentimiento o raíces pero no de pensamiento ni ejercicio es equívoco y frustrante. Desde luego entiendo que, en un contexto de polarización política y convulsiones sociales, pueda debatirse sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente, en el que la Jefatura del Estado no sería el único elemento de debate. Y también comprendo que el sistema constitucional actual contempla –y debe respetarse mientras no se cambie- el relevo que va a tener lugar por medio de la Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación el Rey, en acelerado trámite parlamentario. Pero no puede sofocarse el anhelo, creciente, justo y que es lícito que se exprese ahora pidiendo una reforma constitucional (que bien podría ser impulsada por un referéndum consultivo), de un sistema político republicano, más democrático, eficaz y a la altura de la condición plena de ciudadanos que muchos reclamamos.

Publicado en Asturias24, 10 de junio de 2014.

SERENIDAD Y PRINCIPIOS

Es incuestionable que el resultado electoral del 25 de mayo es manifestación de una crisis política de primer orden y que el PSOE obtuvo un resultado muy pobre, agudizando una pérdida de confianza continua desde 2009. Es verdad que los deseos de cambio, muy intensos, tuvieron otros cauces de expresión con una pegada muy fuerte, principalmente con la novedad de Podemos. Pero pongamos algunas cosas en su sitio al analizar la situación, empezando por apreciar la singularidad del momento y su contexto; constatando la particularidad de estas elecciones, con una participación entre veinte y treinta puntos menor que en convocatorias generales, autonómicas y municipales; reconociendo -que tal pareciera lo contrario- el hecho innegable de que el PSOE sigue sumando, de largo, más votos que la suma de IU y Podemos; y distinguiendo un voto de protesta en una convocatoria considerada menor (por desgracia), que tiene más de toque de atención o tarjeta amarilla, de una especie de pretendido repudio definitivo a las opciones con posibilidades reales de gobierno. Quien piense que los 1.245.948 votos de Podemos comparten el programa político y su forma de proceder, se equivoca enormemente. Otra cosa es que su discurso de hartazgo y su indudable activismo haya servido para canalizar frustraciones, fatigas y cabreos, en buena parte legítimos. Aunque ambición les sobra -y me parece lícito- están muy lejos de construir alternativa alguna con hechuras de mayoría.

Tras el resultado electoral del 25 de mayo, según el canon efectista al uso, entre los socialistas toca llevarse las manos a la cabeza y correr sin sentido un lado para otro, al menos hasta que se aclare el panorama orgánico interno y surja una expectativa de liderazgo diferente. Perdónenme, pero me niego a formar parte de los que quieren hacer tabula rasa o se dejan caer en la desesperación. Claro que el contexto no ayuda, entre otras cosas porque Rubalcaba, tremendamente cansado, quizá se haya apresurado lanzando la convocatoria de un Congreso en plena agitación interna, y la confusión de estos días es mucha. De cara a las próximas semanas, será necesario recuperar algo más de calma y capacidad reflexiva.

Evidentemente, hay mucho que mejorar en la forma de hacer política del PSOE, por ejemplo en su organización interna, fuertemente burocratizada y rígida, necesitada de descentralización y viveza; y sobre todo en su relación con la ciudadanía, que ya no desea intermediarios con las instituciones y el poder, sino que quiere ejercer –cuando sus circunstancias lo permiten, que no es siempre- su capacidad de decidir y controlar a sus representantes y a las instituciones, de la manera más directa y eficaz posible.

A la par, el discurso político del PSOE tiene que ser más coherente con su praxis, porque lo que ha contribuido a la pérdida de credibilidad es la disparidad entre un mensaje, en funciones de oposición y sobre todo en época electoral, aguerrido frente a los recortes, los poderes económicos y las imposiciones de la UE (alentando involuntariamente la desconfianza hacia las instituciones comunitarias, lamentablemente) y una trayectoria sensiblemente diferente en escenarios de crisis, ejemplificada en el golpe de timón de mayo de 2010, bajo el disolvente discurso de hacerlo obligado por los mercados y sin otra alternativa posible.

No se trata, contrariamente a la tentación a la que llevará el éxito de Podemos, de “girar a la izquierda”, como suele invocarse en la fraseología al uso, normalmente simplona; y menos aún de caer de hinojos y golpearse el pecho ante el avasallamiento de algunos iluminados con vocación inquisitorial, entre otras muchas cosas porque, con todos los errores y dificultades que se quiera, la hoja de servicios del PSOE a la clase trabajadora española y a los valores democráticos es, en conjunto, innegable. Lo apremiante es que el PSOE se reencuentre, en palabras y hechos, con sus principios socialdemócratas e igualitarios, a favor de modular las fuerzas del mercado y fortalecer las instituciones que lo regulan, impulsar la eficiencia económica y productiva en beneficio de la mayoría, proteger los derechos de los trabajadores, ampliar y defender los servicios públicos, mejorar la calidad democrática, asegurar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, desterrar toda discriminación y, en suma, recuperar la mejor agenda de progreso, desde la sensatez y el respeto a la diversidad política de nuestra sociedad, que es mucha. Lejos, sobre todo, de la amarga sensación de estar al albur de las urgencias, sin criterio propio o con posiciones impostadas. Fiel a lo mejor de sí mismo, que es mucho.

Publicado en Asturias Diario, 2 de junio de 2014.

LA OCUPACIÓN COMPLETA DEL PODER

            Por experiencia particular y por convicción personal, creo que la participación activa en los asuntos públicos, la asunción de responsabilidades ejecutivas e incluso la militancia partidaria no tienen por qué estar reñidas con la suficiencia de criterio necesario para, en un momento posterior, desempeñar funciones en órganos institucionales en los que la ecuanimidad y la autonomía en la toma de decisiones es determinante. Que una persona haya optado, en un determinado momento, por colaborar comprometidamente con un gobierno o un partido político no tiene por qué inhabilitarle necesariamente para responsabilidades para las que demuestre su valía y en las que, por su trayectoria, se presume que desempeñará sus funciones de manera adecuada a la altura del cometido conferido.

            El problema surge cuando el procedimiento de selección de las personas llamadas a ocupar responsabilidades en órganos institucionales de la máxima entidad, de relevancia constitucional o estatutaria, o que resultan esenciales para la regulación de sectores económicos, viene fuertemente condicionado por una cultura partidaria fuertemente expansiva. En este tipo de situaciones es fundamental que los detentadores del poder político demuestren una vocación de respeto por el sistema de equilibrios propio de la arquitectura institucional democrática, en especial cuando la decisión afecta al núcleo del funcionamiento del sistema, que es la división de poderes. Y, evidentemente, a ese anhelado modelo de responsabilidad institucional debe sumarse una regulación legal suficientemente completa en materia de requisitos del designado, incompatibilidades, causas de inelegibilidad, prevención del conflicto de intereses, etc.; normas que, aunque nunca asegurarán el acierto del nombramiento, al menos contribuirán a evitar situaciones indeseadas.

            No siempre las precauciones citadas funcionan. A veces puede más la voluntad de poseer el mayor número de resortes de mando posibles o de atenuar todos los contrapesos contemplados en la estructura del sistema. E iniciada la dinámica de sometimiento de las instituciones, la espiral avasalladora se retroalimenta hasta oxidar el engranaje interno de limitación del poder. En los casos patológicos, una democracia representativa relativamente sana es arrastrada a las aguas turbias del autoritarismo y acaba por resultar irreconocible, porque uno a uno los procedimientos de supervisión son desvirtuados, desconectados y puestos al servicio de un objetivo –el del Ejecutivo y sus sostenedores- distinto del previsto. La misma corrosión opera en las instituciones reguladoras del mercado cuando pasan a ser trofeo de caza, dando paso a lo que Stiglitz bautizó como el “capitalismo de amiguetes”, que, precisamente, es el mayor enemigo del correcto y limpio funcionamiento del libre mercado.

Para que eso suceda, hay un primer estadio de deterioro en el que un grupo de poder reduce drásticamente el elenco de personas que pueden ser llamadas al ejercicio de una responsabilidad de esta categoría a aquellos profesionales que considera de su entorno y afinidad, sin considerar de antemano otros posibles perfiles y sin perseguir la fortaleza y vitalidad de los órganos de control de los que se trata. En España en esa fase primigenia estamos, con escaso debate público -más allá de la polémica inicial- sobre la degradación que puede conllevar, porque el partido gobernante ha promovido, de forma escasamente disimulada, la promoción de un militante suyo a la Presidencia del Tribunal Constitucional; de un ex alto cargo en el Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial; de un afiliado del PP, ex Diputado, ex Ministro de Sanidad y ex Consejero de la Xunta de Galicia, como Presidente del Consejo de Estado; de una dirigente del PP y ex Ministra de Medio Ambiente como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y de un ex alto cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Presidencia de RTVE (en todos los casos hablamos de pertenencia o dependencia de gobiernos del mismo signo, claro). La enumeración se efectúa por citar órganos en los que no sólo la solvencia profesional que concurre en las personas citadas es necesaria, sino que también se precisa una particular independencia y la ausencia de toda duda de parcialidad; cautela que en estos casos no parece totalmente garantizada, sobre todo porque los nombramientos responden a una misma estrategia dirigida a copar descaradamente todos los espacios del poder público.

El prestigio de las instituciones y su correcto funcionamiento es también una cuestión de actitudes, estilos y autocontroles. El partido gobernante se ha decidido a prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados: el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia; y el de la ciudadanía en cuya conciencia y capacidad de acción está repeler cualquier desvío hacia el despotismo.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2014.

UNA MEDIDA VALIENTE Y COMPROMETIDA

            El debate sobre la introducción de cuotas que asegure una representación de las mujeres, primero suficiente, luego equilibrada y, en la actualidad paritaria, en las listas electorales se corresponde con dos circunstancias elementales que vienen de lejos: la primera y obvia, la aspiración de remover los impedimentos para la participación efectiva de las mujeres en la vida pública; la segunda, y menos comentada, el hecho de que las estructuras de los partidos políticos monopolicen la confección de las listas electorales (cerradas y bloqueadas, aunque esto encuentre cada vez más fuerte contestación) y por lo tanto predeterminen la composición de la representación democrática de la ciudadanía, sin que asegurar la presencia de mujeres en los escaños y concejalías sea una prioridad para todas las fuerzas concurrentes. Los dos aspectos son sensibles, porque subsisten con fuerza impedimentos de hecho –contextos, actitudes, estructuras, limitaciones socioeconómicas, etc.- a la asunción de responsabilidades representativas por las mujeres; y porque los partidos políticos no escapan a las inercias sociales, una de las cuáles es minusvalorar la discriminación subrepticia que aún juega en contra de las mujeres.

Hasta el momento, el criterio imperativo había quedado establecido, no sin polémica ni críticas, en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que, admitiendo algunas excepciones, requiere la composición equilibrada de listas electorales de forma que en el conjunto de la lista las personas que la integran de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento, manteniendo esa proporción mínima en cada tramo de cinco puestos. Ahora es un principio comúnmente admitido -salvo para los recalcitrantes- pero conviene recordar que fue singularmente el PSOE quien predicó con el ejemplo estableciéndolo previamente como norma interna en la confección de sus listas y quien puso su empeño en elevarlo a requisito legal.

Dar el paso siguiente y garantizar la paridad a través de listas cremallera, como plantean para lo sucesivo los órganos internos del PSOE, tiene sentido en cuanto proyecta una vocación igualitaria terminante, con pretensión de asegurar plena representatividad y superar cualquier clase de discriminación indirecta y latente, como las que a diario se manifiestan, a veces de forma mucho más abierta, en otros aspectos de la vida cotidiana distintos del de la participación política. La decisión libre y legítima del PSOE tendrá, a buen seguro, un efecto positivo en el sustancial cambio de paradigma que representa el avance hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Publicado en Asturias Diario, 29 de marzo de 2014.

PRENSA, TENDENCIOSIDAD Y LÍNEA EDITORIAL

            En esta época de pérdida de referencias que nos ha tocado vivir y en la que confluyen a la vez varias crisis, la que aqueja a los diarios impresos comienza a ser particularmente inquietante. La fuerte disminución de ventas de los periódicos clásicos, en beneficio de formas de acceder a la información mucho más diversas y abiertas de la mano de las nuevas tecnologías, es uno de los aspectos más conocidos. El aumento de la oferta de información y opinión en la red, a priori una excelente noticia, deja un tanto descolocados a los medios que desean adaptarse a los nuevos formatos manteniendo igualmente los tradicionales, porque cuadrar los números viene haciéndose complicado y el soporte en papel y la estructura de delegaciones y corresponsalías consume muchísimos más recursos que el digital, con más base en enlaces, agencias, profesionales free lance y en la participación del propio usuario. Hay quien asegura que es cuestión de tiempo que, tristemente, el diario impreso languidezca y se extinga, dejando en la selva de internet en niveles similares a la cabecera profesional, histórica y acreditada y a la fuente informativa menos fiable y amateur pero aparente y rompedora. La alternativa pasa, al decir de quienes luchan por la pervivencia de la prensa escrita, por mejorar contenidos, aportar un grado superior de reflexión y detalle, buscando un público que persigue la calidad informativa, aprecia el trabajo periodístico genuino y está dispuesto a pagar por él.

            El problema es que, cuando más se necesita, para alcanzar dicha supervivencia, credibilidad y honradez intelectual, vencen las prisas de salvar la situación pretendiendo contener la hemorragia, acudiendo al efectismo o directamente al amarillismo más evidente. O peor aún, juegan con más fuerza sus bazas los intereses económicos y partidarios que pretenden influir constantemente sobre la independencia de los medios de comunicación, heridos en su integridad por su creciente debilidad económica. El resultado es la deriva a la fidelización de un sector social e ideológico predeterminado, con el que se retroalimenta, y que espera el titular para hacerlo consigna (o viceversa); o la conversión del medio en caja de resonancia de una opción concreta del espectro político, generalmente la que cuenta con más instrumentos de poder a su favor para atraérselo. En los últimos años hemos visto este deterioro de una forma rápida y en algunos casos desvergonzada, acompañada por una parte del público lector que no parece dispuesto a admitir otra cosa diferente –en términos de bandería ideológica- de aquello que espera. En la refriega en la que la prensa escrita anda metida para agarrarse a la tabla de salvación, el descrédito de unos arrastra a otros, provocando una equiparación en la percepción que de ellos tiene el gran público, aunque por fortuna siguen existiendo honrosísimas excepciones de dignidad profesional, sobre todo cuando de periodistas de referencia individuales se trata.

            Un medio puede, legítimamente, tener línea editorial y, en consecuencia, en la selección y enfoque de la información -donde el periodista y el propio medio se juegan su prestigio- aportar el carácter propio que le define. Incluso, si sus valores fundaciones se lo reclaman, mostrarse combativo o militante, en favor de una causa que considere que lo merece. Precisamente el compromiso de determinados medios de la prensa escrita –y la radio- con valores de libertad, igualdad y justicia social ha ayudado mucho en el progreso colectivo en épocas pasadas. El problema es que, en estos tiempos de dificultad y frentismos, no todos los medios ni todos los que sirven en ellos (muchas veces por su situación de precariedad profesional), comprenden en su extensión la diferencia entre la orientación informativa y la tendenciosidad, y entre formar opinión y adoctrinar. En la prensa escrita, lamentablemente, se está llevando este deterioro a grados cada día más difíciles de tragar, porque de la línea se ha pasado al sesgo, de éste a la parcialidad y por último a la manipulación más brutal en los peores casos.

            Necesitamos, por salud democrática, de la prensa escrita e impresa; y que ésta sea diversa y sólida, como conciencia crítica e invitación al descubrimiento de temas y nuevas miradas. Como literatura efímera que es, también es imprescindible; y como fuente de pensamiento y reflexión. Sólo reparando en el sentido último de su existencia conseguirá perdurar.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2014.

EXPERTOS Y POLÍTICA

En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que una parte significativa del programa legislativo que plantea un gobierno venga precedido de un informe producto del trabajo de varios expertos, cuyas conclusiones anticipan en buena medida las propuestas que se transformarán generalmente en el correlativo proyecto de ley. A priori, la práctica parece saludable, porque al menos en apariencia refleja el interés en conocer al detalle el estado de la cuestión sobre la materia objeto de escrutinio para detectar las necesidades y alternativas y, en definitiva, para formarse un juicio completo antes de promover cualquier cambio de calado. Ahora bien, en la práctica, son varios los síntomas que nos advierten de un uso perverso y en ocasiones casi fraudulento del recurso a esta clase de consultoría externa, antes excepcional y hoy parte del paisaje de la actualidad.

Por una parte, desde el punto de vista institucional, no deja de esconder la traslación de una fase de carácter deliberativo a un momento anterior al trámite legislativo, vaciando éste de parte de su contenido. De la discusión parlamentaria, concebida para que en élla tuviese lugar, con un ritmo adecuado pero con la profundidad necesaria, el contraste entre pareceres y la evaluación de las opciones de política legislativa, se sustrae en la práctica esta tarea analítica, para que el parlamento sea como mucho caja de resonancia de los principales motivos de discrepancia. Consiguientemente, en época de mayorías absolutas como la actualmente imperante en las Cortes Generales, se sitúa al legislativo en una posición subsidiaria y básicamente de mero refrendo de los proyectos de ley o de convalidación de decretos-leyes a los que, además, se acude con evidente abuso. Si al trabajo de los expertos siguiese un recorrido parlamentario rico y reflexivo, el escenario sería bien distinto; pero lamentablemente lo que se persigue es un aval cualificado a un proyecto legislativo con evidente deseo de que sufra los menores avatares parlamentarios posibles.

A esta disfunción se une, igualmente, el inevitable menoscabo que el recurso a los grupos informales de expertos provoca en la funcionalidad de los numerosos órganos de carácter consultivo constituidos, que teóricamente son los que están regulados en nuestro ordenamiento jurídico no sólo para cubrir el trámite de emitir un dictamen y, como mucho, alertar del carácter temerario de algunas propuestas (el último ejemplo lo tendríamos con el informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma Local), sino también para intervenir facultativamente y en todo caso para enriquecer cualitativamente la fase de elaboración de un proyecto de ley o de una norma reglamentaria.

Por otra parte, la labor de los expertos está, como hemos visto en múltiples ejemplos, fuerte e intencionadamente condicionada por múltiples factores. Lo está por el gobierno que delimita –y no de forma gratuita- el objeto de su estudio y que por lo común selecciona quien formará parte de dicha comisión; por la discutible pluralidad en su composición, con la que habitualmente pretende sentirse suficientemente cómodo el titular de la cartera que promueve el estudio; por el legítimo cuestionamiento de la representatividad que, pese a las generalmente brillantes hojas de servicios y nutridos currículums de los componentes, tengan éstos a la hora de reflejar las diferentes corrientes de los potenciales expertos de la profesión predominante (economistas, juristas, pedagogos, etc.); y, sobre todo, lo está por la poco disimulada intención de que sus conclusiones sostengan en lo esencial lo que ya ha dejado caer que desea el gobierno que les invoca, con la esperanza adicional de que lancen algún globo sonda para testar la reacción de la opinión pública a las medidas más polémicas (generalmente, en los tiempos que tocan, por la pérdida objetiva de derechos que suelen comportar).

En este contexto, sin quitar un ápice de interés, mérito y buena voluntad –que se presupone- a los que ponen su esfuerzo en integrar esta clase de comisiones de estudio, procede tomar una cautelosa prevención respecto al sentido de esta frecuentada práctica. La experiencia de los últimos meses, en casos como los grupos de expertos sobre la reforma de las pensiones, de la demarcación y planta de la justicia o de la educación superior (y lo que se teme que suceda respecto a la comisión a la que se ha encomendado el estudio de la reforma tributaria), no ha sido particularmente edificante, porque en muchos aspectos han sido utilizados, a veces con escaso decoro o con evidentes lecturas sesgadas, para revestir de carácter técnico, aparentemente más elevado que el sello de la denostada política, decisiones que en gran medida ya se han gestado, al menos en sus elementos principales. Al final, cabe recordar lo que parecería obvio: no puede reducirse a un debate que se presenta como supuestamente técnico y neutral lo que tiene que ser, por su propia naturaleza, objeto de decisiones esencialmente políticas que conciernen a toda la sociedad y que, por lo tanto, jamás serán asépticas ni mero material de estudio teórico.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2013.

REVOLUCIÓN FEMEN

Al principio algunos dejaban escapar la risa nerviosa y se limitaban a quitar relevancia a que un grupo de activistas semidesnudas montaran un escándalo en algunos actos públicos. El tratamiento que los medios de comunicación les otorgaban no difería mucho de la mirada entre condescendiente y rijosa que los poderosos lanzaban a las acciones de Femen. Pero las cosas han cambiado rápidamente porque lo que ocupaba los minutos dedicados a las anécdotas de un acto oficial y para el gran público no pasaba de esporádicas irrupciones, ha adquirido una dimensión totalmente nueva, amplitud de objetivos, difusión global, y, a su vez, reacciones en su contra desabridas o directamente violentas.
Sobre todo, Femen ha dado en la clave de la espectacularidad, que es la garantía del éxito en nuestros tiempos. Si para llamar la atención no es eficaz la gastada ortodoxia reivindicativa (porque, tristemente, nos hemos acostumbrado a ella) y ya no bastan manifiestos, artículos, comentarios, discursos, que dirían los versos de Rafel Alberti, bien vale en lugar de las balas del poema la desnudez con la que captar la atención del público y de los medios y aprovechar las circunstancia para llamar (para gritar, que hace falta) las cosas por su nombre. Para denominar dictador a Putin, lo que nadie se atreve a hacer pese a la terrible deriva de su régimen; opresión al machismo esencial de las grandes confesiones religiosas, empeñadas relegar a las mujeres y condenar la homosexualidad como pecado o enfermedad; obsceno a Berlusconi, que de momento apenas ve amenazada su impunidad tras décadas de corrupción, abuso de poder y complicidad con el proxenetismo; y para tantas otras causas, desde pedir la libertad de las Pussy Riot a combatir el turismo sexual o denunciar el crecimiento del neofascismo en Europa.
Las activistas de Femen han llegado a tal grado de hartazgo con el orden hegemónico que la exhibición no es sólo excusa para divulgar las proclamas sino también desafío y liberación. Saturación que no es de extrañar con la cosificación permanente de la mujer; su consideración en muchos ámbitos y en el mejor de los casos como “objeto a proteger” (generalmente por quien acaba destruyéndola); y con involuciones sorprendentes sobre las conquistas alcanzadas, como las que contemplamos en España, en la que una parte no pequeña del PP, con el Ministro de Justicia a la cabeza, promueve la posibilidad de obligar a la mujer que desea interrumpir su embarazo a llevarlo hasta el final contra su voluntad, porque de eso también se trata cuando se habla de restringir las posibilidades legales de abortar.
En la historia del feminismo, como en otros muchos movimientos sociales, no es la primera vez que se utilizan tácticas rompedoras para espetar a la cara de los represores, con toda su crudeza, el clamor de la rebeldía frente a la dominación. Y los resultados a la larga suelen ser fértiles porque la persona valiente que, a riesgo de exposición, burla, insulto o ataque, da la cara, siempre acaba abriendo caminos. En el caso que nos ocupa, de la quema de sujetadores, del “yo también soy adúltera” y del “nosotras parimos nosotrasdecidimos”, pese a ser sus adalides escupidas, vituperadas o agredidas, se han beneficiado muchas mujeres con -a pesar de lo que queda por avanzar- muchas más oportunidades que las de generaciones anteriores y a quienes lo que con desprecio se llama ahora “feminismo radical” a priori no les dice mucho; y, sobre todo, se ha acabado beneficiando toda la sociedad, porque la superación de las desigualdades de género es un síntoma saludable de civilización. 

Épater les bourgeois que decían las vanguardias, romper con la inercia de los atavismos y los biempensantes, en las artes, en la moral o en la política, es hoy más difícil que nunca, pero algunas personas aún lo consiguen, con sus benditos excesos.

Publicado en Fusión Asturias, julio de 2013.

CRISIS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO

Al calor de la crisis económica y social, se ha despertado entre la ciudadanía un fuerte cuestionamiento del sistema de representación política propio de nuestra democracia parlamentaria. Por un lado, cunde la sensación de que los parlamentos y los propios gobiernos son incapaces de articular medidas de respuesta a las circunstancias, o de que, directamente se limitan a sincronizar sus agendas con las exigencias de las corrientes financieras y las superestructuras que determinan las prioridades macroeconómicas del momento (básicamente centradas en la reducción del déficit, la extensión de las reglas de mercado a todos los ámbitos y la  minoración de la esfera pública al mínimo indispensable). Las instituciones de las que nos hemos dotado en nuestra arquitectura constitucional parecen, de este modo, vacías de contenido o, peor aún, sometidas, incluso por convencimiento propio, a fuerzas ajenas al interés de la mayoría que predeterminan las decisiones. Por otro lado, la pérdida de calidad en el funcionamiento de los poderes públicos o, directamente, su deriva arbitraria, desdibujan el sueño democrático, que ya no necesariamente conduce a un sistema virtuoso de equilibrio de poderes (los checks and balances teorizados por el constitucionalismo anglosajón), de respeto de los derechos de los ciudadanos y de refuerzo de la fluidez entre representantes y representados, sino que puede degenerar en democracias de dudosa consistencia como tales, desde la Rusia autoritaria de Putin a los presidencialismos caudillistas, pasando por otras experiencias desalentadoras de abuso inicuo de la mayoría absoluta, como el que realiza Víctor Oban en Hungría (bajo alertas escasamente efectivas de la Unión Europea) o, como no subrayarlo, el propio Gobierno de España (29 decretos-ley en 2012 hablan por sí solos de la supeditación del poder legislativo al ejecutivo).

Puede que el paradigma de la democracia parlamentaria esté entrando en una grave crisis, aunque no sería la primera de la que sale, modificado y revisado, pero indemne en lo sustancial. Lo inquietante de las experiencias pasadas es que la crítica al parlamentarismo fue sustento de los totalitarismos más feroces y de dictaduras de amargo recuerdo y es difícil tener la completa seguridad de que no vaya a ser así, aunque quizá no con el mismo grado de dramatismo, esta vez. Si la alternativa a la democracia parlamentaria son fulgurantes experimentos incapaces de hacerse una idea cabal del significado de la responsabilidad política (con el ejemplo más llamativo de Beppe Grillo, dispuesto a hacer fracasar cualquier alternativa al resistente berlusconismo), el populismo que introduce el sensacionalismo o la política-espectáculo en el corazón de las instituciones, el asamblearismo que vive en ensoñaciones impracticables de democracia en tiempo real (como si no se requiriesen personas que temporalmente se dediquen a la cosa pública) o un neoconservadurismo dispuesto a  tomarse la revancha en el terreno perdido (el de la igualdad, la descentralización o la libertad individual), quizá acabemos echando de menos la aburrida estabilidad del sistema parlamentario de las últimas décadas previas a la crisis.

No obstante, tan peligroso como dejarse abandonar al escepticismo o echar por tierra la trayectoria histórica del sistema parlamentario, sería enrocarse en su propia dinámica, como si sus liturgias fuesen antídoto suficiente, sin apreciar que muchas de las críticas que se formulan están cargadas de sentido y propiciando un aislamiento que en nada ayudaría a su supervivencia. Estamos en tiempos de cambio en los que es legítimo cuestionarlo todo o casi todo, y el parlamentarismo corre el riesgo de degradación irreparable si no se afronta la mejora de nuestro sistema de representación, la consideración de la conciencia cívica como actor político fundamental, la promoción de las formas de participación directa en los asuntos públicos y el profundo reajuste de los partidos políticos para que cumplan adecuadamente su función constitucional.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2013.

POLÍTICAS LOCALES EN RIESGO

El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Para quien conoce de cerca la actividad de los ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.

La cortina de humo empleada, y que efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero, dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que, en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio. Si la reforma en ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.

Lo que se persigue, en definitiva, es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde la que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito, y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a las realidad de a pie.

Ni que decir tiene que el objetivo ideológico –reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2013.