TEMIDO NUEVO ORDEN

Durante años la izquierda europea y latinoamericana ha crecido cultivando una profunda desconfianza hacia la política exterior norteamericana, y sus argumentos cabales tenía para este recelo. Las decisiones de los gobernantes de EEUU y la posición de los intereses que los sostenían han tenido durante muchas décadas, especialmente en los tiempos de la Guerra Fría, consecuencias perniciosas para el desarrollo socioeconómico de países situados bajo su directa influencia, en ocasiones obligados a soportar un estatus subalterno y a sobrevivir a gobernantes tutelados o impuestos desde los centros de poder de la superpotencia. Aunque tuviese una vocación defensiva frente al avance de alternativas hostiles, el movimiento de piezas en el tablero durante los años previos al derrumbe del bloque soviético significó apoyar golpes de Estado, sostener dictaduras aberrantes, sofocar las veleidades democráticas o, en el mejor de los casos, mirar hacia otro lado ante aliados poco presentables. Por eso es tan distinta la visión que de la participación en la OTAN, de la presencia militar norteamericana o de la retórica de guardián de la libertad se ha tenido hasta hace poco en diferentes países, según la historia de sus relaciones con EEUU. Así, mientras en Chile o Guatemala, por poner dos notables ejemplos, tal evocación iba indisociablemente ligada a los golpes militares frente a Allende y Arbenz, y en España era inevitable pensar en el rescate del Franquismo ante los ojos del mundo protagonizado por Eisenhower, en los países de Europa Oriental que recuperaron su plena independencia a partir de 1989 es otra –mucho más positiva- la mirada sobre el papel norteamericano.

Los tiempos que vivimos son muy diferentes porque el periodo de total hegemonía de las dos últimas décadas va dando paso, y no por decisión propia de la potencia hasta ahora predominante, a un mundo multipolar en el que otros países ganan pujanza y limitan a su vez la de EEUU. Sobre el papel es un escenario deseado, más proporcionado y coherente con la legítima función que, por población, territorio o dinamismo económico, las nuevas potencias están llamadas a desempeñar en el concierto internacional. La adaptación pendiente de las organizaciones internacionales nacidas tras la II Guerra Mundial –empezando por la propia Naciones Unidas mientras el Consejo de Seguridad no se reforme- o la crisis de algunas conferencias de líderes –el G-8 venido a menos- es buena prueba de este irreversible movimiento de fondo.

Pero de la bienintencionada teoría de que el florecimiento de otras potencias traería mesura, cooperación y respeto a la legalidad internacional, a las amargas realidades de nuestro tiempo, media la cruda constatación del papel que alguno de los poderes emergentes se encarga de ejecutar. Como nos recuerda el sistema dictatorial chino, la democracia controlada y de baja calidad rusa, o la escalada en la depredación de recursos naturales auspiciada o al menos asumida como inevitable en India, Brasil o Indonesia, que otros países vayan a estar en condiciones de relevar en el liderazgo internacional a las ajadas democracias occidentales -cuya cuidada hipocresía ya nos resulta tan familiar- no necesariamente significará garantía de armonía, progreso y estabilidad.

No obstante, dado que el irremediable proceso de cambio está aún en curso, la comunidad internacional y, sobre todo, la naciente sociedad civil transnacional todavía está a tiempo de reivindicar una gobernanza global basada en valores de progreso colectivo, evitando la sustitución de una hegemonía nociva por otras que quizá no vayan a resultar mucho mejores. Por el contrario, si el reequilibrio mundial y el ascenso de los nuevos países se tiene que hacer a costa de despreciar cualquier restricción medioambiental, competir con condiciones de trabajo paupérrimas, fomentar el autoritarismo y el nacionalismo exacerbado, reprimir ferozmente a la disidencia interna, sostener regímenes abyectos de países bajo su órbita, admitir la inacción ante crisis humanitarias monstruosas, alentar la carrera armamentística, excitar conflictos regionales sobre los que ejercer de árbitro o reverdecer ensoñaciones expansionistas de origen histórico difuso, quizá llegue un día en que acabemos echando de menos los tiempos de heroica denuncia del viejo conocido “imperialismo yanqui”.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2012.

INDOLENCIA ANTE LA CRUELDAD REPETIDA

Las personas que nos dedicamos a cualquier profesión jurídica sabemos que, detrás de la inevitable terminología y la abundante profusión de trámites y procedimientos se esconde una realidad, en ocasiones dramática, en la que están en juego derechos que pueden ser vulnerados si no se obtiene la debida protección otorgada por juzgados y tribunales. Efectivamente, una de las características determinantes que definen el grado de desarrollo de una sociedad es la capacidad de articular un sistema de justicia avanzado que permita restaurar a los ciudadanos en sus derechos, que posibilite la impartición de justica sobre bases racionales y que preserve en su acción unos estándares y garantías elementales. En materia penal, probablemente el ámbito llamado a suscitar debates públicos más intensos, si observamos en perspectiva parece sencillo contrastar las características elementales de nuestro sistema actual –por muchas deficiencias que legítimamente se detecten- con un pasado relativamente reciente en el que la impiedad del tratamiento, la indefensión del justiciable y la desproporción de las penas eran norma común. Sin necesidad de acudir a sesudos estudios, se puede comprobar esta afirmación con una visita a los espacios conservados de la antigua cárcel modelo de Oviedo, en el edificio felizmente recuperado como Archivo Histórico de Asturias.

Esta evolución, al igual que otros aspectos del progreso, cuenta, no obstante, con fuertes detractores, episodios de regresión y obstáculos que no son sólo producto de atavismos, sino también fruto indeseado de nuestra propia condición. Así sucede, entre otras situaciones, cuando el afán de justicia se transmuta en deseo de venganza, cuando el encargado de impartir justicia o dirigir el proceso se erige en imprudente justiciero, o cuando ante la conmoción y el repudio que causa la violencia se responde desde el populismo punitivo y el aprovechamiento partidario del dolor ajeno. También se produce cuando no se reacciona con suficiente contundencia ante el recurso por algunos Estados a medidas brutales y degradantes en esencia, la más extrema de las cuales es la aplicación de la pena de muerte.

El pasado 21 de septiembre se produjo en la cárcel de Jackson, en el Estado de Georgia, un terrible ejemplo que atestigua las dificultades que encuentran concepciones humanitarias de la justicia para abrirse paso en países tan destacados como EEUU. La ejecución de Troy Davis, de 42 años, al que se le aplicó la inyección letal tras una última suspensión de la ejecución de la condena de apenas unas horas, y en cuyo proceso de nada ha servido evidenciar la endeblez de las pruebas en su contra (ninguna prueba física, ni el arma empleada y sólo testimonios de dudosa obtención, con numerosas retractaciones), tuvo lugar entre numerosos llamamientos a la clemencia, la continúa defensa de su inocencia por su parte (incluyendo sus últimas palabras) y –no sobra recordarlo- la encolerizada satisfacción de los familiares del agente por cuyo asesinato fue condenado. Nuevamente ha caído en saco roto la demostración de la inhumanidad del castigo y su fatídica irreversibilidad; tampoco ha servido subrayar que ya van 1.269 ejecuciones en EEUU desde el restablecimiento de la pena capital en 1976 o destacar que la utilización de este castigo deslegitima cualquier pretensión de liderazgo de EEUU y lo sitúa en consonancia con países en los que el respeto a los Derechos Humanos brilla por su ausencia, como China, Irán o Arabia Saudí. Apenas parece impactar en la opinión pública norteamericana la constatación de la aplicación discriminatoria de la pena frente a minorías y personas sin recursos; o la reiterada detección de casos de condenados cuya culpabilidad se pone en duda, como recuerda la ONG Testigos para la Inocencia –fundada por la monja Helen Prejean- al recordar que desde la restauración de la pena capital se ha acreditado que al menos 8 de los ejecutados eran inocentes. Pese a todo, y aún con algún esperanzador retroceso en los últimos años, la pena de muerte sigue vigente en 35 de 50 Estados, con un apoyo popular del 65% y con algunos de sus adalides políticos entre los aspirantes republicanos con mayores posibilidades de obtener la candidatura a la Presidencia de EEUU, como es el caso del gobernador tejano Rick Perry. Es igualmente significativo, cuando de analizar la confianza en el sistema judicial se trata, que en torno a un 10% de las ejecuciones llevadas a cabo desde la restauración del castigo se produjeron tras desistir los condenados a las vías de recurso disponibles, aunque el resultado de tal decisión fuese, con mayor o menor dilación, la ejecución.

Casi tan revelador como la persistencia de este atroz anacronismo en EEUU es, sin embargo, la tenue reacción del resto del mundo, gobiernos incluidos, acostumbrados a lo que aparentemente consideran meros excesos, cuando no dejan de ser asesinatos con cobertura legal. Aunque resulte incómodo en esta clase de circunstancias, el carácter y la energía de nuestras respuestas también nos define.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de septiembre de 2011.