OTRA VEZ NOS QUIEREN LIBERAR

Durante años, y especialmente a partir del surgimiento de los movimientos ciudadanos partidarios de la recuperación de la memoria histórica, se ha planteado en numerosos municipios de nuestro país un intenso debate sobre la retirada de los vestigios restantes en el espacio público dirigidos a la exaltación del golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil y a la glorificación del Franquismo. Monumentos, nombres de vías públicas, estatuas, distinciones honoríficas o incluso topónimos seguían exhibiendo la visión de la rebelión de parte del ejército frente al sistema democrático y constitucional como el “alzamiento nacional”, el 18 de julio como fecha a conmemorar, y multitud de militares de diverso rango levantados en armas frente a la República o protagonistas de feroces represiones como nombres ejemplares a recordar. En Oviedo no nos libramos de esta clase de etiquetas heredadas de la dictadura; baste mencionar las referencias a “la gesta” o “la liberación” para aludir al escenario bélico de la ciudad entre 1936 y 1937, nuestro 19 de julio particular en una calle señera, la condición del General Aranda –el protagonista del golpe en la ciudad- como Alcalde Honorario o la profusión de militares franquistas en el callejero, algunos de ellos particularmente destacados en el derramamiento de sangre y el exterminio en la retaguardia como el General Yagüe (que pasó a la historia por las atroces matanzas tras la toma de Badajoz). Hasta hace poco incluso conservábamos una calle con el nombre de la colaboración directa española con el nazismo –glorificación impensable en la Europa avanzada-, que eso fue principalmente la División Azul.

Es cierto que el debate en la materia y la retirada de estos vestigios siempre ha despertado polémica y es inevitable que así sea; también es verdad que para una parte no pequeña de la población la controversia no le decía nada o casi nada, de ahí que el asunto, en el marasmo de la crisis actual, haya pasado a ser una cuestión marginal para la opinión pública. Esta relativa apatía (que no habla en favor de nuestra conciencia colectiva), unida a la falta de actitudes más resueltas por quienes pudieron adoptar decisiones cuando hubo oportunidad para ello, ha llevado a que en bastantes casos el trabajo necesario se haya quedado a medias o directamente ni se haya acometido, con algunos ejemplos particularmente aberrantes. En el caso de Oviedo, el ejemplo más notorio es la persistencia del monumento a Franco en la Plaza de España (del que bastaría con sustituir el medallón y el anillo laudatorio), que, por cierto, es uno de los pocos que se erigieron tras su fallecimiento. Y de las conclusiones de una comisión de notables nombrada al efecto –poco más que un amago- apenas algunas se han aplicado, manteniéndose en la ciudad muchos de los elementos llamados a ser retirados según mandado de la llamada Ley de Memoria Histórica.

De lo que se tiene escasa o ninguna noticia es de restituciones de evocaciones de encumbramiento del franquismo. Y ahí Oviedo parece que puede ser triste pionera si se vuelve a colocar en un espacio público la estatua del Teniente CoronelTeijeiro, lo que constituiría un escarnio a la memoria democrática realmente insólito. Casi tanto como volver a decir, 76 años después, que la entrada de las columnas gallegas en la batalla de Oviedo fue la “liberación” que ensalzar de la que habla la historiografía franquista, porque ese es el lema y sentido de la estatua. Habrá que preguntarse de qué ”liberación” se trató para las más de 1.300 personas enterradas en la fosa común del cementerio del Salvador, para otros muchos asesinados tras Consejos de Guerra, como el rector Leopoldo AlasArgüelles, o para los que soportaron sojuzgados el clima de represión durante décadas. Que se utilicen, con el punto de banalidad que caracteriza a algunosconcejales, argumentos como la presunta calidad artística de la estatua para reclamar su reposición es de una frivolidad aplastante, pretendiendo sustraer de un contexto histórico y político el significado terrible, disolvente, antidemocrático y humillante para las víctimas del franquismo y sus familiares que tendría volver a dar protagonismo en el espacio público a una visión sesgada y cruel de nuestra más profunda herida.

 

Publicado en Oviedo Diario, 10 de mayo de 2013.

AL FONDO, LAS FOSAS

La reciente absolución de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo tras su enjuiciamiento bajo la acusación de haber cometido el delito de prevaricación por declararse competente para la investigación de los crímenes del Franquismo, pone punto final a un triste capítulo de nuestra última historia judicial. Por fortuna para todos, nos hemos evitado la deshonra que comportaría que una persona internacionalmente respetada y reconocida por sus aportaciones al progreso de la persecución de los crímenes más atroces, resultase condenada precisamente por intentar aportar soluciones jurídicas a asignaturas pendientes en el país que, hasta la desdichada reforma que cercenó el principio de justicia universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, se había destacado por la receptividad de sus órganos judiciales –y singularmente, la Audiencia Nacional- al impulso a procesos contra violaciones masivas de los Derechos Humanos.

En el campo del debate estrictamente jurídico, no son infrecuentes las tensiones entre la búsqueda de la justicia material y los aparentes obstáculos que, para la consecución de ésta, a veces se encuentran en otros principios igualmente básicos para un ordenamiento jurídico avanzado, como son la seguridad jurídica y las garantías necesarias de todo proceso. Sobre esta base y con las limitaciones de las normas vigentes, por supuesto que existe margen, en muchísimas ocasiones, para que los operadores jurídicos implicados, y principalmente el juzgador, tomen la iniciativa, opten por interpretaciones novedosas y promuevan, con sus decisiones, avances sustanciales en la conquista de la justicia. Sin una cierta dosis de valor y audacia, la función jurisdiccional se limitaría a poco menos que subsumir un supuesto de hecho en una norma jurídica, como si no hubiese que tomar en cuenta las circunstancias que rodean a cada situación e influyen decisivamente; como si la injusticia lacerante no requiriese buscar alternativas jurídicamente viables antes que permitir su persistencia; como si hubiese que quedarse de brazos cruzados ante la imposibilidad de ofrecer respuestas en un sistema de leyes que, por su propia naturaleza y afortunadamente (lo contrario sólo sería posible en una sociedad inactiva o robotizada), nunca podrá contemplar todas las situaciones posibles.

De no haber sido por la adopción de posiciones jurídicas valientes, no se habrían alumbrado interpretaciones e innovaciones jurídicas plenamente civilizadoras y, entre otros, al Juez Garzón se le debe, por ello, mucho. Se esté de acuerdo o no con las críticas que desliza el Tribunal Supremo en su Sentencia, podrá debatirse si la aplicación del Derecho que hizo Garzón era errónea o excesivamente antiformalista en su Auto de 16 de octubre de 2008, con el que pretendía comenzar una investigación por delitos permanentes de detención ilegal de los desaparecidos a causa de las atrocidades cometidas por los alzados contra la II República. Pero de ahí a reputarle la comisión un delito de prevaricación dista un mundo, como corrobora el propio Supremo. Máxime cuando lo que pretendía Garzón no era sentar a nadie en el banquillo, al extinguirse la responsabilidad por tales crímenes con la muerte de los autores. Su intención era, como dice la hermosa canción de Pedro Guerra, “contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir”, es decir, promover la identificación y exhumación de las fosas y zanjar de una vez por todas la herida abierta para nuestra dignidad democrática que continúa siendo la existencia de decenas de miles de víctimas (en torno a 114.000, cifraba el Auto mencionado) pendientes de localización, así como la dignificación de los espacios en los que, pretendiendo enterrar con ellos sus ideas, se les arrojó impunemente.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de marzo de 2012.