PENSIONES DE MIERDA

Mátese usted a trabajar, hasta los 65, los 67, los 70 años; más si puede. Afánese usted en cotizar, 25 años, 35 años, 38 años y medio. Acepte que de su salario bruto se detraiga una cantidad todos los meses para las cotizaciones sociales. Asuma que su empleador establezca su sueldo considerando, lógicamente, todos los costes que comporta su puesto de trabajo, cuota patronal incluida. Alcance el final de su vida laboral, probablemente extenuado y un poco harto, habiendo cumplido con su deber de contribuir. Llegada la hora de determinar la prestación de jubilación que recibirá, cuando le toque el turno y haya desplegado todos sus efectos la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, que así se llama el instrumento,  comprobará que su pensión será, probablemente, poco más que de subsistencia. Que si no tiene un plan de pensiones privado decentemente dotado, ahorros suficientes o patrimonio del que obtener una rentabilidad con su explotación, lo va a pasar regular, como poco. Que, si su sueldo ha estado gran parte de su vida laboral de la media hacia abajo no se podrá permitir ninguna licencia, le esperará la pobreza térmica en los inviernos y las vacaciones en el parque los veranos. Y de echar un cable a las personas de su entorno a las que les vaya peor –como generosamente hacen tantos pensionistas hoy día- mejor olvidarse.

No es ninguna caricatura sino el efecto que traerá la planificación del sistema público de pensiones que el Gobierno de España y el partido que lo sustenta van camino de poner en marcha por la vía rápida, sin diálogo social y sin más respaldo que el suyo, pero con escasa conciencia entre la ciudadanía sobre lo que representa; y, lo peor, con tenue contestación ciudadana. El 1 de enero de 2014 la revalorización de las pensiones, desvinculada del Índice de Precios al Consumo (IPC), considerando la menguada afiliación a la Seguridad Social y la situación económica, comenzará, por lo común y en la mayoría de los ejercicios, a divergir del coste de la vida, en especial mientras no se recuperen niveles de empleo y cotizantes aceptables (porque que los salarios se recuperen ni siquiera se desea). Los periodos de bonanza apenas corregirán la tendencia porque, por mandato legal, las pensiones nunca se incrementarán un 0,25% más que el IPC. Además, con esta política económica continuamos perdiendo masa laboral y sustento del sistema a chorros, movimientos migratorios incluidos, porque se ha minusvalorado el trabajo de una forma atroz: o no merece la pena buscarlo, o mejor encontrarlo fuera si se tienen expectativas.

Si esto fuera poco (y como van las cosas que nadie descarte otra revisión del sistema en unos años), a partir de 2019 entrará en juego Factor de Sostenibilidad, para vincular el importe de las pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas. El éxito colectivo que representa que la gente viva más jugará en contra de que la mayoría viva mejor, toda una paradoja que, no obstante, las políticas del PP van camino de solucionar a la brava: en España en 2012 descendió por primera vez en lustros la esperanza de vida (de 79,16 a 79,01 años en los hombres; y de 84,97 a 84,72 años en las mujeres).

Mátese a pagar tributos toda su vida. Asuma que las rentas del trabajo y los impuestos indirectos, que pagan el común de los mortales, sostengan la recaudación tributaria en España. Acepte que eso no se traduzca en servicios públicos de calidad sino menguantes y, más temprano que tarde, subsidiarios de su provisión por el sector privado (sanidad y educación incluidas, según van las cosas). Consienta que las pensiones de jubilación no se vayan a financiar jamás parcialmente por vía tributaria y que, ante cualquier queja se blanda la insostenibilidad fatal del sistema.

Reconozca que todos los menores de 45 años ya nos hemos hecho a la idea, previsores pero conformistas, de que cualquier prestación del Estado del Bienestar, pensiones incluidas, será un espejismo o un modesto complemento a lo que hayamos conseguido por nuestra cuenta. Contemple que la aspiración de una realidad socioeconómica mejor organizada, con los avances de la tecnología y el conocimiento, con el trabajo repartido, estimulante, digno y razonablemente pagado, es una ensoñación al estilo de los falansterios o de New Harmony.

Y, finalmente, regodéese con las declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, que a buen seguro no tendrá ninguno de estos problemas que a usted y a mí nos inquietan, afirmando que el sistema será ahora “más justo y solidario” y que su contrarreforma se trata de “una conquista social”. Es para darle las gracias.

Publicado en Asturias 24, martes 12 de noviembre de 2013.

VUELTA DE TUERCA

La crisis nos demuestra, entre otras muchas amargas enseñanzas, que es más fácil de lo que pensábamos poner en cuestión todos los consensos sobre los que se edificaba nuestro modelo social y político, blandiendo la necesidad de adoptar medidas que se presentan como obligatorias, sin elección posible. Esta actitud, extendida entre los gobiernos europeos y en algunos –caso del español- referencia de cabecera de su discurso habitual, incrementa esta permanente sensación de claudicación de los gobernantes y de ausencia de alternativas, agranda la frustración de la población y genera un efecto terriblemente disolvente por la consecuente pérdida de confianza en el sistema de representación. A ojos de la mayoría, de nada parece servir construir un modo de organizar el poder político, de establecer la administración y la distribución territorial de dicho poder o enunciar principios y valores a los que colectivamente se dice aspirar, si a la hora de la verdad todas las palabras dichas pueden ser sustituidas de la noche a la mañana por dictados que, se reconocen, son impuestos a quienes han sido elegidos para representarnos. La mayoría social se ve, de este modo, arrojada sin defensa posible contra un muro de fatalidades que se nos ofrecen como inevitables, sin facultad de influir en acontecimientos de los que somos meros sujetos pacientes. Todo concepto de ciudadanía se desdibuja hasta la caricatura cuando no hay disyuntiva posible, cuando el debate no puede conducir a la formulación de otros proyectos diferentes y sólo resta prepararse para deglutir las medidas que, según el pensamiento hegemónico, hay que tomar para sobrevivir.

Esta tendencia se agrava con una rapidez insospechada y, a la par, se transgreden límites que parecían infranqueables hace apenas unos meses. Así que el elemento nuevo, que empieza a predominar junto con la inquietud y el malestar, es la desesperanza. Con este caldo de cultivo, paradójicamente, es aún más asequible plantear nuevas medidas de destrucción de derechos sociales y de empobrecimiento del sistema democrático hasta hace poco ni siquiera esbozadas en los centros de pensamiento neocon más recalcitrantes.

No es difícil prever la dirección de los tiros y calcular por dónde andarán las mal llamadas reformas estructurales en el plazo de uno o dos años, a la vista de los avances. Se reducirán las redes educativas, sanitarias y de servicios sociales públicas a la condición de subsidiarias, con una drástica disminución de calidad y un alcance mucho más limitado. Se cuestionará el concepto de función pública y Administración desde su raíz, poniendo en tela de juicio la inamovilidad de los funcionarios, el monopolio del poder público y -llevando la privatización al máximo- el ejercicio exclusivo de la autoridad por el Estado. La noción de servicio público se diluirá en la mercantilización de manera cada vez más descarnada. Los poderes regionales y locales perderán autonomía y capacidad de intervención de forma muy significativa, con los desequilibrios territoriales consiguientes. Las políticas culturales, medioambientales, de promoción de valores o de solidaridad serán elevadas a la categoría de lujo, imposible de ser sufragado por las urgencias económicas o incluso como un obstáculo para la recuperación. Se presentará la jornada laboral de 40 horas, los descansos obligatorios en el trabajo o las vacaciones anuales como un impedimento antiguo –palabra clave en el ideario dominante- para la competitividad y la libre negociación de condiciones laborales, perdiendo el carácter de derecho indisponible. La protección por desempleo y por incapacidad será descrita como una carga injusta e inasumible, más allá de una forma de desincentivar la actividad como ya se viene planteando. Se limitarán y penalizarán, de forma más o menos sutil o abierta, con el Código Penal en la mano si es necesario, las formas de resistencia y protesta, en todos los ámbitos.

Todo esto y similares retrocesos pueden suceder antes de lo que pensamos; claro está, mientras dejemos que así sea.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2012.

LENGUAJE CIFRADO

Entre las muchas cosas que jamás volverán a ser iguales tras la crisis económica, si es que alguna vez se supera este estado de permanente desasosiego, la primera y difícilmente reversible será la percepción que la ciudadanía tiene de los mensajes oficiales y los provenientes de los centros de poder. Durante estos años nos hemos acostumbrado a digerir con aparente naturalidad un registro lingüístico que no es precisamente neutro, empeñado en fijar a martillazos en la conciencia colectiva e individual una serie de eslóganes que, por repetidos y penetrantes, se han convertido en parte de nuestro vocabulario sin pararnos a pensar dos veces en la carga que llevan en la recámara. Esta práctica era común en regímenes de corte autoritario con vocación de perpetuidad, pero con el viento favorable de la crisis parece haberse instalado también en las democracias occidentales en plena reconversión. La tendencia, lejos de amainar o ser sometida al escrutinio de una sociedad escéptica pero un tanto resignada, continúa intensificándose a medida que la hegemonía del discurso mayoritario va rompiendo barreras, ampliando su alcance y reduciendo a los disidentes –por moderados que sean- a la condición de personas ajenas a la realidad o incluso “antisistema” a los que perseguir.

Es significativo, por ejemplo, que hayamos admitido e incluso veamos comprensible la permanente invocación al sacrificio emitida por personas que están a enorme distancia de comprender el terrible impacto en la vida cotidiana de las medidas que planifican; porque una cosa es que se hagan una razonada composición de lugar o analicen con estadísticas en la mano los efectos de sus decisiones, y otra bien diferente que las perciban de forma directa, lo que, por mucha capacidad de empatía que tengan, está completamente fuera de su esfera personal. Si a esto se suma el desigual reparto de esfuerzos, parece sarcástico que determinados dirigentes de las instituciones del éter financiero aludan a la necesidad de tener ambición en las políticas de ajustes –que así llaman a la retirada del sector público de cualquier ámbito-, cuando de lo que se trata es de empobrecer  a la mayoría social que tiene en el trabajo su fuente de sustento. Sin embargo, recibimos el recado, lo interiorizamos e incluso aceptamos el reproche que se nos efectúa: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, los derechos sociales y laborales y los servicios públicos eran insostenibles, poco menos que un espejismo al que debemos renunciar, o incluso una reliquia propia de políticas antiguas, etc. Somos receptivos a la autoculpabilización colectiva –menos a la individual- o a las invitaciones a considerar inmerecidos para nuestra sociedad determinados estándares de seguridad o protección, pensando ingenuamente que el retroceso de décadas que se nos impone no nos afectará tanto personalmente.

La apelación a las reformas estructurales es otro de los lemas de éxito, siempre y cuándo no se discuta qué tipo de reformas son éstas, como si no hubiese otras posibles que no fuesen la desaparición de los controles a las fuerzas del mercado o el debilitamiento de la capacidad de intervención de los poderes públicos. Como resultado, asumimos de la inexistencia de alternativas, aceptando como si fuesen inocuos términos que, en este contexto, vienen de la mano de un modelo no precisamente moderno sino decimonónico, porque es el previo al nacimiento de las políticas inclusivas y el Estado Social. Nos conformamos con el sesgo otorgado a términos que, pese a su apariencia positiva, van dirigidos en un sentido en buena medida contrario al que su propio significado esencial apuntaría: dicen racionalizar cuando se refieren a disminuir; austeridad cuando se trata de penuria; competitividad cuando sólo tienen en mente la reducción de salarios; productividad cuando el objetivo es sustraer al trabajador de la toma de decisiones y la organización de la actividad, etc. Tampoco producen ningún empacho en el relato oficial otras contradicciones, como blandir el cambio de modelo económico mientras se deteriora el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades se esfuma o las políticas de investigación e innovación se van por el desagüe de los recortes.

El siguiente estadio de esta involución semántica será, más allá de la jerga económica y entrando de lleno en el corazón del sistema político, hablar de responsabilidad cuando inviten a la docilidad, de autoridad cuando lo que proponen es silencio, o de orden cuando de lo que se trata es de miedo. Al tiempo.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de mayo de 2012.

PEPA Y PP

Existe una perversa tendencia en nuestro país a simplificar acontecimientos cardinales de nuestra historia para distorsionarlos y hacer uso de ellos en beneficio de la propia táctica en el momento presente. Me temo que una necesaria celebración, como la del bicentenario de la Constitución Política de la Monarquía Española, nombre solemne de la de Cádiz de 1812, puede incluirse entre esa clase de abusos si persiste la tendencia, habitual en los últimos años, a dotar de carga sesgada a conceptos como el de reforma o el de liberalismo. Prueba fehaciente de esta torcida pretensión es la utilización de la voluntad transformadora de los constituyentes doceañistas como aducida fuente de inspiración de la oleada de decretos-ley con las que el actual Gobierno central ha puesto en marcha la cadena de desmontaje del Estado Social, que es, por cierto, el que consagra nuestra vigente Constitución, en este aspecto poco invocada. Todo un sarcasmo.

Otro ejemplo lo tenemos en la deliberada omisión, en los mensajes oficiales conmemorativos, de que la Constitución de Cádiz se aprobó a despecho de quienes recelaban –no precisamente una minoría- del espíritu renovador que la impregnaba, bien por entenderlo excesivamente avanzado para aquellos tiempos y para nuestras raíces históricas o bien por posicionarse directamente a favor de la continuidad del Antiguo Régimen. Cuando escuchamos en nuestros días que tal o cuál propuesta no se acompasa al ritmo de evolución social o que un Gobierno no debe ir más allá de un supuesto e inamovible lugar común, es fácil detectar el resabio de esa tradición reticente al cambio; por cierto, ¡cuántas veces habremos oído argumentos similares, traídos a nuestros días, respecto a las medidas que en materia de política social y derechos civiles se adoptaron en las anteriores legislaturas! Tampoco olvidemos que los propios artífices de la Constitución de 1812 la enmarcaron en un proceso que a posteriori no dudaron en calificar de revolucionario (término que en aquel momento no se utilizaba a la ligera, como sucede hoy en que se aplica hasta a la fórmula de los detergentes); y, efectivamente, convertir “la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes”, como enunciaba el Decreto de la Junta Suprema de convocatoria, en una asamblea dispuesta a abolir las instituciones del viejo Régimen y a certificar el alumbramiento la soberanía nacional lo fue; impronta revolucionaria que no casa en absoluto con la alergia a los procesos transformadores de progreso que anida en muchos que ahora invocan sentidamente la obra de 1812.

Por otra parte, reconocernos en nuestra historia significa también advertir que en momentos decisivos ciertas fuerzas reaccionarias fueron capaces de revertir rápidamente los avances conseguidos y convertirlos en poco más que un brillante recuerdo. Por pura coherencia y respeto a la memoria, no conviene edulcorar los acontecimientos ni silenciar los fracasos de los intentos de modernización. “El Deseado” y los que no estaban dispuestos a renunciar a privilegios largamente asentados enviaron al exilio (cuando no al cadalso) por dos veces -en 1814 y 1823- a los defensores del sistema constitucional, para hacer compañía a los afrancesados que tuvieron que partir en el primer gran destierro político de nuestra historia. Y durante décadas posteriores los intentos de superación del atraso secular y de implantación de sistemas políticos avanzados se dieron de bruces con la inexistente disposición a admitirlos de quienes finalmente frenaron tales intentos. La historia constitucional de España es también la de los sueños fugaces de constituciones como la de 1869 o la de 1931, vistas, al igual que en su momento la de 1812, como excesos inadaptados a lo que falaz y supuestamente se entendía que era nuestra naturaleza política, pero que, a la postre, fueron semilla de posteriores progresos civilizadores, aunque no se desee publicitar su legado.

Con el tiempo, a las corrientes dispuestas a perpetuar desigualdades no les queda más remedio que adaptarse al nuevo escenario, asumir algunas conquistas alcanzadas y aceptar ciertos cambios forzados por la dinámica social. Me parece perfecto, razonable y deseable. Pero más de una vez se guardan en la recámara otra agenda de prioridades por si las condiciones les son propicias, para, hoy de una forma aparentemente sutil, llevar a nuestros tiempos retrocesos que no evocan precisamente el libertario Viva la Pepa sino el recurrente Vivan las caenas.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de marzo de 2012.

PREGUNTAS EN MEDIO DE LA CRISIS

Cuando se supere la crisis económica -que no será a corto plazo, vistas las recientes previsiones- ¿cómo saldremos del trance? ¿Existirá un Estado con cierta capacidad de intervención en la realidad económica o habrá renunciado incluso a ejercer una mínima función reguladora? ¿Habrá sobrevivido el sistema de descentralización territorial o las Administraciones serán cascarones vacíos de competencias reales? ¿Alguien aspirará a reverdecer el espíritu democrático o asumiremos la resignación y el sometimiento a las circunstancias como pauta? ¿Seguiremos escuchando apelaciones al sacrificio y al esfuerzo o, visto el reparto de cargas, descreeremos finalmente de todo mensaje de llamamiento a la abnegación?

¿Subsistirá algo parecido al Estado Social de Derecho, al que alude nuestra Constitución y las de los países de nuestro entorno? ¿Tendrá sentido seguir hablando de derechos económicos y sociales en el contraste con la realidad? Cuando los estándares laborales continúen descendiendo por la pendiente de la desprotección y la desregularización, ¿nos convenceremos de que algo habrá que hacer con las reglas del comercio internacional y las prácticas de dumping social? Si tener un empleo ni siquiera garantizará el acceso digno a bienes y servicios necesarios, ¿debatiremos el reparto de los resultados del proceso productivo?

¿Aceptaremos que en los mercados de derivados financieros, títulos de deuda pública, credit default swaps, futuros, divisas, etc. se siga especulando sin conexión alguna con las necesidades de la actividad económica? ¿Y que se haga con un clic de ordenador sin controles ni tributos? ¿Se acordará alguien de la anunciada refundación del capitalismo? ¿Y del paréntesis?

¿Existirán redes educativas o sanitarias públicas que no sean subsidiarias? ¿Cuántos continuarán confiando en ellas? ¿Cuánto invertirán las familias en seguros sanitarios privados más que ahora? ¿Y en colegios privados? ¿Dejará paso el sistema de servicios sociales a medidas asistenciales y de beneficencia? ¿Confiará alguien en lo público? ¿Existirá un sentido del interés colectivo más allá de las apelaciones patrioteras, belicistas, cuasitribales, futboleras y demás subespecies de pensamiento grupal? ¿Alguien pronunciará las palabras ciudadano, compañero, trabajador o incluso prójimo con plena conciencia de su sentido?

Y, con particular tristeza, a tenor de lo vivido estos días, ¿se mantendrá el concepto de pluralidad informativa? ¿Pervivirán medios de comunicación capaces de cuestionar las injusticias sociales? ¿Tendremos la posibilidad de informarnos por diversidad de fuentes? ¿Perdurará un periodismo consecuente con el deseo de combatir las desigualdades? ¿Cuántos profesionales comprometidos –para ellos mi admiración- serán capaces de no tirar la toalla luchando contra los elementos?

Visto el estado de cosas, nos hallamos en situación de formularnos estos interrogantes. Ahora que la crisis no ha concluido aún, y antes de que nos arrebaten cualquier alternativa, quizá estemos en posición de darle a estas preguntas –a todas- otra respuesta diferente a la que hoy nos tememos.

Publicado en La Voz de Asturias, 28 de febrero de 2012.