TÍTERES CON CABEZA

            A pocos puede sorprender la orientación general del informe que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ha presentado el 13 de marzo al Gobierno, que pidió su opinión y les designó para tal cometido. No es problema de la independencia de criterio ni de la reputada capacidad profesional de sus integrantes, sino de concepto, planteamiento y sentido de esta clase de informes de entendidos ad hoc, pensados no tanto para enriquecer el debate público e incorporar perspectivas diferentes como para allanar el terreno al Gobierno en la ejecución de su programa.

Evidentemente, no se ha querido contar con otras voces, igualmente autorizadas, que ponen el énfasis en elementos más trascendentes que en reparos técnicos, ineficiencias del sistema fiscal y aspectos que, analizado el tema en conjunto, son secundarios, que es lo que parece que ha hecho la Comisión, limitada por el mandato conferido. Lo que se quería por el Gobierno, por lo tanto, se ha conseguido, formulando variaciones sobre el mismo tema; lo que, con matices, significa profundizar en la dirección ya conocida: aumentar la relevancia de la imposición indirecta en detrimento de la directa, analizar el sistema tributario pensando más en la capacidad de recaudación y su incidencia en las decisiones de los actores económicos que en los efectos redistributivos, reducir su progresividad y recentralizar las decisiones fiscales en detrimento de la capacidad tributaria de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

No interesa, en el debate sobre los ingresos públicos, entrar a fondo en las cuestiones que más desconfianza provocan en el contribuyente estándar, que generan una aversión creciente a la propia conciencia fiscal de la ciudadanía, y que paradójicamente, en lugar de un replanteamiento que venga desde enfoques progresistas dejan el campo abonado para propuestas rupturistas -al estilo Tea Party- contrarias por principio a lo público y por extensión a la solidaridad fiscal. Con la reforma que se avecina, está claro que el peso del sistema continuarán soportándolo las rentas del trabajo, los asalariados, los consumidores y, si los resultados empresariales mejoran algo, las PYMES que hayan sobrevivido a la sangría de estos años en el tejido productivo español. Es verdad que se sugiere un cierto reequilibrio en el Impuesto de Sociedades –que es mucho menos importante en términos recaudatorios que el IVA o el IRPF-, proponiendo una moderada rebaja y unificación de tipos a cambio de la desaparición de múltiples beneficios fiscales. Pero la capacidad de las grandes compañías para planificar su política corporativa y fiscal les continuará dando una posición enormemente ventajosa sobre las PYMES. A esta continuidad de las características del sistema percibidas como netamente injustas se suman algunas provocaciones ciertamente dolorosas para el común de los mortales, como suprimir con carácter retroactivo la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, disminuir las entregas de bienes y servicios que tributan al 10% en el IVA para que pasen a hacerlo al tipo general del 21%, extender la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente, etc.

Tampoco interesa, y ni siquiera parecen estar sobre la mesa, algunos de los problemas más determinantes en materia de política tributaria. La multitud de actividades económicas que se mueven ajenas al cumplimiento de obligaciones fiscales va mucho más allá de la economía sumergida “tradicional” -lamentablemente con cierto grado de tolerancia social, más en tiempos de crisis- para alcanzar dimensiones mucho más relevantes cuando se trata de transacciones financieras especulativas y operaciones a escala transnacional. A esto se suma la pervivencia, aparentemente irreductible, de paraísos fiscales abonados a alimentar el deterioro de terceros países atrayendo ahorro, operaciones y tributación de empresas y particulares que se puedan permitir acceder a esa esfera. Años de crisis, de invocaciones a la refundación del capitalismo, al multilateralismo y a la integración económica global han servido, de momento, de poco en esta materia, perjudicando en última instancia a quienes acaban contribuyendo a escala micro con sensación perenne de engaño.

Los títeres con cabeza que, según el Presidente de la Comisión de Expertos, no habían quedado tras la revisión del sistema tributario emprendido, no han sido desde luego, convenientemente seleccionados. Y lo esencial de las pretensiones gubernamentales, ahora con el escudo del informe, sigue quedando claro. Con la tramoya repetida de acudir a la opinión precocinada de los expertos, éstos ya pueden intuir –espero que a su pesar- a quienes utilizan como títeres en esta historia.

Publicado en Asturias24, 18 de marzo de 2014.