TOMARSE EN SERIO EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA

De entre las medidas adoptadas por el Gobierno del PP desde su victoria electoral en noviembre de 2011, una de las que mayor factura acabará pasando a este país es la contrarreforma energética emprendida, cierto es, con determinación, casi diría que con saña. Y no me refiero sólo a las consecuencias que pueden deparar los numerosos litigios en los que inversores internacionales cuestionan la aplicación retroactiva de la retirada parcial de los incentivos a las energías renovables, situación en virtud de la cuál España compite en 2014 por el liderazgo en el ranking de procesos iniciados en su contra en el CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones, dependiente del Banco Mundial; o a los desajustes que comportaría cualquier pronunciamiento judicial a favor de los recursos que las empresas energéticas de toda condición y un buen número de comunidades autónomas han venido interponiendo frente a las principales piezas del engranaje jurídico de la contrarreforma.

Más allá de lo contingente, con ser de por sí graves sus repercusiones, lo que se dilucida es la capacidad de España para tener una industria energética que facilite condiciones competitivas adecuadas al conjunto de su tejido económico, que evite que su dependencia continúe pesando sobre la propia capacidad del país para decidir con libertad sus relaciones geoestratégicas y que esté en condiciones de propiciar un cambio de modelo hacia una producción energética renovable y sostenible medioambientalmente. Mejor decir lo que se dilucidaba, porque el Gobierno, pensando a corto plazo únicamente en atajar el déficit tarifario del sistema y en absoluto en cualquier otro de los vectores en liza, ha tomado decisiones que hipotecan el futuro de España y frustran las grandes esperanzas alumbradas en años pasados.

Así sucede con el mencionado recorte, incluso con efectos retroactivos, en los incentivos a la producción de energía en lo que hasta la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, se conocía como el régimen especial, frustrando el importante desarrollo alcanzado cuando se comenzaban a recoger los frutos del esfuerzo realizado y expulsando a inversores, tecnólogos, ingenierías, fabricantes y constructores fuera del mercado español, rumbo a otros destinos en los que aún se actúa consecuentemente con el objetivo de una industria energética sostenible y con el cumplimiento de compromisos en materia de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Lo mismo con el abandono de la idea de convertir a la producción en centrales de ciclo combinado en garante subsidiario de la continuidad del suministro, estando en la actualidad el importante parque construido en los años previos al inicio de la crisis bajo mínimos de actividad y las inversiones previstas, paralizadas o abandonadas. Y, en lo que se refiere al sector de hidrocarburos, igualmente estratégico para la seguridad energética, el estrangulamiento persistirá, pese a la importante capacidad refinera, mientras un país con escasas reservas haya dejado en la estacada el potencial sustitutivo del vehículo eléctrico o del sector de los biocombustibles (en España sólo opera en la actualidad aproximadamente el 10% de la capacidad productiva instalada de las fábricas de biocombustibles), precisamente cuando en otros países se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Europea 2009/28/CE de Energías Renovables, favoreciendo además a los biocombustibles avanzados y certificados cuya materia prima no incide en el mercado alimentario ni en el cambio indirecto del uso del suelo.

Por otra parte, poco se hace en el sector eléctrico para acabar con el falseamiento de la competencia, la especulación asociada a la compraventa de energía o de deuda titulizada del sistema, o con los efectos perversos del oligopolio dominante, por cierto sin participación pública en ninguna de las empresas de referencia (contrariamente a las posiciones accionariales relevantes, aunque no siempre mayoritarias, que otros estados de la Unión Europea todavía mantienen respecto de las eléctricas de más arraigo en sus respectivos países). Cierto es que el temor reverencial a impulsar medidas que verdaderamente garanticen la competencia tuvo la notable salvedad del golpe en la mesa para evitar que la repercusión en el recibo de la luz de las disfunciones del modelo de subasta CESUR (Contratos de Energía para Suministro de Último Recursos) provocase un estallido social en toda regla, pero el problema de fondo persiste.

En este escenario, el Gobierno sigue lidiando con lo que considera urgente (manejar el déficit de tarifa, moderar el gasto asociado al apoyo a las renovables, permitir las prospecciones en el entorno de Canarias, algunos gestos a la galería, etc.) mientras olvida lo importante y borra de un plumazo las expectativas de cambio alumbradas en los años previos a la crisis. Así las cosas, no hay superación posible de la dependencia y, consecuentemente, la debilidad de España se acrecienta mientras las incertidumbres globales asociadas al control de las materias primas y los mercados energéticos continúa incrementándose.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2014. 

ENDEUDAOS Y ESPECULAD

Si uno se cree el discurso oficial y el telediario de RTVE, se supone que lo peor de la crisis económica ha pasado para no volver. De poco servirá, no obstante, el tedeum después de la peste (un poco como el de “El Ángel Exterminador”), para la parte no pequeña de la sociedad que queda descolgada, para muchos irremediablemente, como resultado de la crisis y los recortes de derechos sociales y laborales, que han convertido la pobreza y la precariedad en asunto de primer orden en España, aunque inexplicablemente esté fuera de la agenda política. Por otra parte, nadie debería precipitarse a cantar victoria o aferrarse a esperanzas todavía vaporosas (como se hizo a la ligera con los “brotes verdes” de 2010) cuando persisten incertidumbres enormes sobre las cuentas públicas, la solidez de las empresas o el sistema financiero y retornan problemas endémicos como el déficit exterior y la falta de competitividad (que evidentemente no pasa sólo por la reducción salarial). En todo caso, si salimos, lo hacemos en los huesos en cohesión social, tejido económico y confianza en las instituciones, cosas que tardarán años en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacen.

Al declararse oficialmente la crisis, tan pronto como los empleados de Lehman Brothers salían de las oficinas con sus enseres en cajas, triunfaba el deseo, o al menos la invocación, de reformar el capitalismo, introducir regulaciones eficaces en los mercados financieros, gobernar la globalización y evitar que la economía real se viese arrastrada por una economía financiera pasada de rosca. Incluso se atisbó una cierta concienciación ciudadana sobre las trampas del círculo vicioso de consumismo y endeudamiento al que todos, con mayor o menor capacidad de gasto, habíamos sido invitados a alimentar con nuestra aportación entusiasta o inconsciente. No es que estuviésemos cerca de la catarsis y del deseo de vivir en Walden alejados del absurdo que nos reduce a la condición de productores / consumidores, pero quien más quien menos, al sufrir directamente o al ver a gente cercana pasarlo mal, se ha cuestionado el sentido de este modo de vida depredador y acelerado que deja a tantos tumbados sobre la lona.

Seis años después, con los efectos de la Gran Recesión aun sintiéndose y las heridas por cicatrizar, poco queda de los llamamientos al cambio de aquel entonces y cabe preguntarse si algo resta del juicio crítico que las penalidades espolearon. En el ámbito macro, desde luego, las grandes asignaturas dirigidas a frenar la economía especulativa y poner las operaciones financieras al servicio de la economía real siguen pendientes, aunque haya habido ligerísimos avances como la posición activa en políticas de recuperación de los bancos centrales, el retorno a la regulación de la banca de inversión en EEUU o los progresos hacia una tasa a las transacciones financieras en Europa, por ejemplo. Puestos al microscopio para observar las situaciones particulares, aunque numerosos consumidores no puedan pasar de la marca blanca y las vacaciones en casa de los abuelos (si tienen suerte), llama la atención el regreso de la publicidad masiva dirigida a transformar a cada modesto ahorrador (o dispuesto a negociar sobre cantidades en préstamo) en un especulador de nuevo cuño, capaz de operar personalmente desde su ordenador con divisas, derivados, futuros, materias primas y acciones, es decir, para echar madera a la caldera del turbocapitalismo en la que, probablemente, arderá si su fuente de ingresos es su trabajo; o para convertirlo, otra vez, en un adicto crónico al endeudamiento, no ya para adquirir viviendas de precio inflado en el extrarradio, sino para irse de vacaciones, cambiar su coche de diez años o –y aquí viene la parte más amarga- para dar oportunidades de educación a sus hijos o asegurarse asistencia sanitaria o social, ya que la desconfianza en los servicios públicos alimenta el deseo de conseguir estos bienes en el sector privado y por lo tanto incentiva un suculento mercado hasta ahora sólo parcialmente explorado.

Volvemos hacia la consagración de un supuesto capitalismo popular y sus aberraciones y a la exaltación del consumo como construcción personal, aunque cada vez esté más difícil para la mayoría que a duras penas se las apaña. Si nos dejamos llevar, no habremos aprendido nada de la crisis.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2014.

TRABAJO, DEFLACIÓN Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A la hora de analizar los motivos de la crisis el discurso dominante introdujo como uno de los elementos nucleares de la explicación un supuesto exceso de garantías y derechos para los trabajadores y un gasto público desbordado en políticas sociales insostenibles. A la vista de las recetas preconizadas por los centros de poder económico y de los programas seguidos por la mayor parte de los países afectados por la recesión, parece claro que en el debate y en la decisión sobre las medidas adoptadas, pese a algunas resistencias, este planteamiento ha sido exitoso, aún orienta la agenda de los poderes públicos y continúa siendo alimentado por lobbies y medios que participan de esa estrategia. Según este enfoque, los derechos laborales y sociales tienen en su entraña un potencial elemento de riesgo para el crecimiento económico, porque provocan pérdidas de competitividad en un entorno globalizado donde alguien hará el mismo trabajo pagando salarios menores, sin tener tantos miramientos medioambientales y sin que se grave el beneficio obtenido, el empleo creado o las rentas derivadas del proceso productivo (la plusvalía, si nos ponemos clásicos), de una forma tan exigente para atender servicios públicos o políticas de provisión de bienes sociales. En cierto modo estoy simplificando, pero lamentablemente la aplicación de esa teoría ha arrumbado con cualquier sueño de progresar hacia formas de organización del trabajo más justas y llevaderas (la aspiración a la jornada de 35 horas parece una quimera y su promotora Martine Aubry una socialista utópica) y no figura entre las prioridades de ningún gobierno la ampliación de derechos sociales, económicos o culturales o la redistribución de la riqueza, contentándose en el caso de los ejecutivos progresistas con abrir la persiana de los servicios que se tengan y contener la hemorragia de derechos de todos estos años.

El problema es que de tanto despojar al sistema productivo de la costra de los derechos sociales y laborales para alcanzar ese estatus de supuesta competitividad buscado (como si no hubiese otras formas de mejorar la diversidad, forma, calidad y costes de lo que se produce), después de estos seis años de crisis comienzan a presentarse con una crudeza inusitada problemas que ponen en riesgo la viabilidad del modelo económico, precisamente por el empobrecimiento creciente de la población en situación más precaria, que ya no es una minoría. Difícilmente habrá unos niveles de consumo interno suficientes, necesarios para sostener el crecimiento, si el 20,4% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta de Condiciones deVida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo cifra en 8.114 € de ingresos anuales para una persona y 17.040 € anuales para una familia de dos adultos y dos menores. No habrá un clima de consumo y ahorro propicio si los salarios se sitúan en un 6% menos que en 2010 y se avanza hacia modelos de temporalidad y precariedad en el trabajo que aseguren retribuciones inferiores (según el mencionado INE el sueldo medio de los trabajadores temporales fue en 2012 de 15.983 € frente al sueldo medio de 24.227 € de los empleados de duración indefinida). Y ninguna proyección de marca nacional realmente eficaz se logrará (aspecto que tanto preocupa al Gobierno de España) cuando la penuria infantil ha irrumpido virulentamente en la realidad social, con 2,3 millones de menores de edad en situación de pobreza, como se ha encargado de denunciar UNICEF.

Este proceso de depauperación no se debe sólo a que el tamaño de la economía española haya encogido y a que la organización del trabajo sea tan deficiente como para dejar al 26% de la población activa desempleada (dato de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014) y por lo tanto dependiente de prestaciones, subsidios y solidaridad familiar. Trae causa también del amargo resultado alcanzado, en virtud del cuál desplegar un trabajo afanoso y esforzarse con sacrificio, ese que a decir del pensamiento dominante hacía falta realizar colectivamente, y que es lo único (nada más y nada menos) que la mayoría de la población tiene para salir adelante, no significará vivir dignamente, porque la primera consecuencia de la degradación del trabajo es que tener un empleo ya no sirve para asegurar medios suficientes para uno mismo y para los suyos; situación que se ha venido en llamar la pobreza laboral y que, evidentemente, es el primer desincentivo para buscar activamente un puesto de trabajo. A la par, la obtención de un empleo, lejos de ser un derecho o una contribución al progreso común, se ha instalado en la percepción colectiva como una concesión graciosa, algo que casi hay que mendigar y que para muchos ni siquiera merecerá la pena porque no abrirá las puertas a un desahogo material perceptible.

Cuando hablamos de deflación y de los riesgos de que la recuperación sea tenue o más bien propia de un estancamiento prolongado, precisamente hablamos, entre otras cosas, de a cuantas personas se ha dejado en la estacada no sólo ya como trabajadores con esperanzas y ciudadanos activos –a lo que deberíamos aspirar-, sino siquiera como consumidores de interés, que hasta ahora era lo que al menos prometía el sistema.

Publicado en Asturias24, 22 de julio de 2014.

PRENSA, TENDENCIOSIDAD Y LÍNEA EDITORIAL

            En esta época de pérdida de referencias que nos ha tocado vivir y en la que confluyen a la vez varias crisis, la que aqueja a los diarios impresos comienza a ser particularmente inquietante. La fuerte disminución de ventas de los periódicos clásicos, en beneficio de formas de acceder a la información mucho más diversas y abiertas de la mano de las nuevas tecnologías, es uno de los aspectos más conocidos. El aumento de la oferta de información y opinión en la red, a priori una excelente noticia, deja un tanto descolocados a los medios que desean adaptarse a los nuevos formatos manteniendo igualmente los tradicionales, porque cuadrar los números viene haciéndose complicado y el soporte en papel y la estructura de delegaciones y corresponsalías consume muchísimos más recursos que el digital, con más base en enlaces, agencias, profesionales free lance y en la participación del propio usuario. Hay quien asegura que es cuestión de tiempo que, tristemente, el diario impreso languidezca y se extinga, dejando en la selva de internet en niveles similares a la cabecera profesional, histórica y acreditada y a la fuente informativa menos fiable y amateur pero aparente y rompedora. La alternativa pasa, al decir de quienes luchan por la pervivencia de la prensa escrita, por mejorar contenidos, aportar un grado superior de reflexión y detalle, buscando un público que persigue la calidad informativa, aprecia el trabajo periodístico genuino y está dispuesto a pagar por él.

            El problema es que, cuando más se necesita, para alcanzar dicha supervivencia, credibilidad y honradez intelectual, vencen las prisas de salvar la situación pretendiendo contener la hemorragia, acudiendo al efectismo o directamente al amarillismo más evidente. O peor aún, juegan con más fuerza sus bazas los intereses económicos y partidarios que pretenden influir constantemente sobre la independencia de los medios de comunicación, heridos en su integridad por su creciente debilidad económica. El resultado es la deriva a la fidelización de un sector social e ideológico predeterminado, con el que se retroalimenta, y que espera el titular para hacerlo consigna (o viceversa); o la conversión del medio en caja de resonancia de una opción concreta del espectro político, generalmente la que cuenta con más instrumentos de poder a su favor para atraérselo. En los últimos años hemos visto este deterioro de una forma rápida y en algunos casos desvergonzada, acompañada por una parte del público lector que no parece dispuesto a admitir otra cosa diferente –en términos de bandería ideológica- de aquello que espera. En la refriega en la que la prensa escrita anda metida para agarrarse a la tabla de salvación, el descrédito de unos arrastra a otros, provocando una equiparación en la percepción que de ellos tiene el gran público, aunque por fortuna siguen existiendo honrosísimas excepciones de dignidad profesional, sobre todo cuando de periodistas de referencia individuales se trata.

            Un medio puede, legítimamente, tener línea editorial y, en consecuencia, en la selección y enfoque de la información -donde el periodista y el propio medio se juegan su prestigio- aportar el carácter propio que le define. Incluso, si sus valores fundaciones se lo reclaman, mostrarse combativo o militante, en favor de una causa que considere que lo merece. Precisamente el compromiso de determinados medios de la prensa escrita –y la radio- con valores de libertad, igualdad y justicia social ha ayudado mucho en el progreso colectivo en épocas pasadas. El problema es que, en estos tiempos de dificultad y frentismos, no todos los medios ni todos los que sirven en ellos (muchas veces por su situación de precariedad profesional), comprenden en su extensión la diferencia entre la orientación informativa y la tendenciosidad, y entre formar opinión y adoctrinar. En la prensa escrita, lamentablemente, se está llevando este deterioro a grados cada día más difíciles de tragar, porque de la línea se ha pasado al sesgo, de éste a la parcialidad y por último a la manipulación más brutal en los peores casos.

            Necesitamos, por salud democrática, de la prensa escrita e impresa; y que ésta sea diversa y sólida, como conciencia crítica e invitación al descubrimiento de temas y nuevas miradas. Como literatura efímera que es, también es imprescindible; y como fuente de pensamiento y reflexión. Sólo reparando en el sentido último de su existencia conseguirá perdurar.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2014.

¿SE LO CREEN?

A juzgar por las declaraciones triunfalistas del Presidente, los miembros del Gobierno de España y los dirigentes del Partido Popular, debe de haber algo que celebrar. Si uno se atiene a sus palabras, parece ser que ya hemos salido de la crisis y la recuperación económica es un hecho, que en breve tiempo dará paso a un futuro de prosperidad y oportunidades, que haga olvidar rápidamente el largo periodo de estrecheces vivido.

No sé si será suficiente para tal triunfalismo un crecimiento del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2013 y del 0,3% en el cuarto trimestre, dato anticipado en exclusiva por el Ministro de turno como viene siendo costumbre en este Gobierno, que maneja las fuentes de información estadística oficial a su antojo. Tampoco la reducción del desempleo (147.385 parados menos en 2013) es para tirar cohetes cuando a la par se pierden cotizantes a la Seguridad Social en el ejercicio (85.041 menos), disminuye la población (en 118.238 en el primer semestre de 2013) y el saldo migratorio es negativo (-124.015 personas en el primer semestre de 2013). Que la deuda pública sea del 93% del PIB en el tercer trimestre de 2013 (en 2008, antes de la crisis, era del 39%); que el déficit público incluyendo las ayudas a la banca nos sitúe ala cabeza de Europa; y que en el camino nos hayamos dejado derechos sociales, políticas públicas, integridad del sistema y cohesión, son casi anécdotas marginales, al decir de las voces autorizadas. Sin embargo, aquí tenemos, por obra y gracia del discurso oficial, de su repetición, de la ausencia de pluralidad informativa en los grandes medios y de la credulidad de algunos, el milagro de la percepción de salida de la crisis.

Vivir fuera de la realidad ya ni siquiera es una condena para el responsable político o empresarial que lo demuestra. Hace pocos años, la prueba de tal circunstancia exponía al dirigente al reproche de la ciudadanía (para ejemplo, el café de 80 céntimos de Zapatero); pero ahora puede decirse abiertamente que la crisis es cosa del pasado, que el porvenir es dorado, que el dinero llueve sobre España (palabra de Botín), que hemos vuelto a la situación anterior a la crisis (aserto de Lagarde) y que las familias españolas pagan menos en el recibo de la luz (eso es lo que ha dicho Alberto Nadal, Secretario de Estado de Energía en la era de la pobreza energética para una parte no pequeña de la población), sin que nadie tenga que salir a escobazos. No hay espacio para el rubor porque es innecesario si podemos construir, sin escrúpulo alguno y a un escaso coste en la reputación, un universo paralelo.

También se nos dice que la ganancia en competitividad de la economía española es tan significativa que, en breve espacio de tiempo nos convertiremos -y he aquí el frustrado mantra que escuchamos de lustro en lustro- en la “Alemania del Sur”. De todas las falacias de la recuperación, esta sin duda es la peor porque lleva en su seno la semilla de la perpetuación de la crisis. ¿Hay motivos para creer que se ha mejorado la organización empresarial? ¿Hemos cambiado el modelo productivo de España? ¿Se han introducido mejoras en la eficiencia de nuestra actividad económica? ¿Es superior el nivel formativo y el conocimiento aplicado? ¿La actividad de investigación y desarrollo y su incorporación a la actividad, está acaso en niveles aceptables? ¿O no será que el único aspecto en el que ha mejorado sustancialmente la competitividad es en la contención o incluso rebaja salarial, objetivo último no declarado de las reformas laborales? Es un error económico mayúsculo y una inmoralidad política jalear un aumento de competitividad que se basa casi exclusivamente en la condena a la precariedad, a la incertidumbre y al inusitado binominio trabajo+pobreza: antes en España tener un empleo era sinónimo de vivir con cierta dignidad material, ahora esto ya no está garantizado para una buena parte de la masa laboral.

¿Se lo creen? ¿O sólo pretenden que nos lo traguemos nosotros?

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2014.

ABUNDANCIA Y VERDAD

Poco le falta al partido gobernante en España para promover una remodelación del Ejecutivo en el que, al modo orwelliano, se refundan los Ministerios en el del Amor, el de la Paz y, sobre todo el de la Abundancia y el de la Verdad. Por lo pronto ya nos hemos acostumbrado a utilizar para hablar de los ministerios el acrónimo de su dominio en internet (el Mir para aludir al Ministerio del Interior, el Minetur para referirse al de Industria, Energía y Turismo, etc.), como en la neolengua se referían al Mindancia o al Minver, por citar los dos últimos del imaginario de 1984. La clave, como siempre, se basa en la machacona repetición del discurso, su amplificación en medios públicos y afines –cada vez más exaltados-, la escasez de explicaciones y sobre todo, la expulsión de la voz disidente a la marginalidad, criminalizando cualquier resistencia. Todo ello acompañado de la creación de una realidad paralela, más bien burda; contemplen por ejemplo en los informativos de la televisión estatal como no hay rastro de la crisis social (todo son animosos emprendedores y buenas caras al mal tiempo). El problema es que después de cinco años de crisis aguda, del empobrecimiento de los trabajadores, de la destrucción del tejido productivo, del deterioro irreversible de los servicios públicos, casi nadie se cree ya nada y menos aún los mensajes que provengan de una autoridad pública. De este modo, los repetidos anuncios de que ya se ve -a la vuelta de la esquina como quien dice- un principio de recuperación, provocan el sonrojo y la ira a más de uno. Y la colección de eufemismos para hablar de las medidas leoninas con las que se castiga a la población ya se ha agotado hace tiempo.

Un lustro después de que el castillo de naipes de la aparente comodidad comenzase a desmoronarse y 16 meses después de que el Gobierno de España convirtiese la desigualdad y el sufrimiento colectivo de la población en su conquista más preciada, la desesperanza ha calado hasta los huesos y poco se puede sacar en limpio de la experiencia, más allá de la profunda desconfianza a la que es difícil sustraerse. Las previsiones de las organizaciones económicas internacionales acaban, en este sentido, de arrebatar el último gramo de credulidad que a algunos todavía les quedaba, porque con vaticinios para este año de empeoramiento en la evolución del Producto Interior Bruto (-1,6% en 2013 según el FMI), una tasa de paro esperada del 27%, un sector financiero del que la OCDE afirma que seguirá en crisis crónica, el estupor de cifras de déficit público (si no se escamotean de las cuentas las ayudas a la banca, claro) del 10,6% del PIB al cierre del ejercicio pasado (no muy alejadas de las que llevaron a comenzar la espiral de recortes) y una deuda pública del 92% del PIB (casi el triple que en 2007), es difícil que no te flaqueen las piernas si aspiras a trabajar y contribuir en España. Sobre todo si pensamos lo que nos hemos dejado por el camino, incluyendo la credibilidad de las instituciones, la seguridad en las relaciones económicas, los mecanismos públicos de solidaridad y la provisión de bienes comunes con cuya calidad y razonable eficiencia hasta hace poco contábamos.

Por eso es un sarcasmo, se diría, que el Gobierno insista en que no hemos sido rescatados (pese a los 40.000 millones de euros en las ayudas a la banca, con un severo programa decontrapartidas) o que proclame que las políticas de laminación de lo público y presión a las rentas del trabajo son medidas inevitables, derramando  hipócritas lágrimas de cocodrilo por el dolor que causan. Y más aún que, caigan en el mismo error que ha arrastrado al descrédito a la gran mayoría de gobernantes de los países azotados por la crisis, atisbando la tierra prometida del crecimiento cuando estamos atrancados en la duna hasta las rodillas. Lo peor es que ya ni pueden esconder la risa nerviosa o la mueca amarga que sus propias palabras les provocan.

 

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2013.