REFORMA IDEOLÓGICA Y EQUIVOCADA

Todavía muchos ayuntamientos no saben muy bien por dónde comenzar a aplicar el mandato que comporta la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reduce significativamente sus competencias y limita su capacidad de actuación sobre la realidad del municipio. En similar situación se encuentran comunidades autónomas y diputaciones provinciales, que reciben en aluvión facultades y obligaciones nuevas, en una recentralización al escalón superior (por mucho que las provincias sean entidades locales) inédita en nuestra trayectoria democrática.

En materia competencial, la reforma se construye sobre tres planteamientos esencialmente erróneos. Primero entiende que las competencias ejecutivas en políticas sociales, de igualdad, de promoción económica, culturales, educativas y de fomento de la salud pública, entre otras conexas, se pueden atribuir exclusivamente a una Administración, obviando cualquier concepción transversal, privando a los municipios por regla general de habilitación para actuar en estos ámbitos. En segundo lugar, fía a una imprecisa y voluntariosa delegación por las comunidades autónomas, teóricamente acompañada de dotación financiera suficiente, el mantenimiento de aquellas competencias que hasta ahora se prestaban y que en adelante se consideran categóricamente como impropias; y reserva a la capacidad de coordinación de comunidades uniprovinciales y diputaciones la prestación de servicios esenciales en los municipios inferiores a 20.000 habitantes, alejando el centro de decisión y mermando las facultades de los ayuntamientos. Y, en tercer lugar, desconfía de la innovación política característica de la actividad municipal y de la propia autonomía local, impidiendo que los ayuntamientos puedan salirse de un guión de actuación de contenido prestacional muy restringido y sujeto –de forma dudosamente constitucional- a los condicionantes adicionales que las leyes sectoriales establezcan en cada materia. Todo ello bajo la inspiración principal del principio de estabilidad presupuestaria, sin matices ni contemplaciones, sin haberse detenido a analizar si -salvando algunos casos sangrantes- han sido o no los ayuntamientos el foco del desequilibrio, cuando precisamente su déficit se ha contenido mucho más rápido y su disciplina presupuestaria ha sido por lo general superior a la del Estado y las comunidades en esta época de turbulencias.

Si para la mayoría parlamentaria que ha sacado adelante la reforma el problema residía en la inseguridad jurídica del reparto competencial inacabado propio de nuestro sistema, su opción ha quedado clara. Contra el discurso municipalista teóricamente extendido y el supuesto deseo de acercar la Administración y el poder a la ciudadanía, se opta precisamente por lo contrario, pretendiendo deslindar competencias en detrimento de los municipios, desandando parte del camino recorrido desde la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, hasta esta verdadera contrarreforma.

A su vez, si el problema era la falta de recursos suficientes para políticas locales ambiciosas, la alternativa no ha sido reformar de una vez por todas las haciendas locales para dotar de más capacidad fiscal y más participación en los tributos estatales y asegurar la ansiada participación en los de carácter autonómico. La solución escogida ha sido igualar por lo bajo (cortar por lo sano, dirá el Gobierno) y reducir las expectativas competenciales del poder municipal, en coherencia con el inmovilismo en materia de financiación local, perpetuamente insuficiente.

Algunas reformas legislativas no tienen un efecto inmediato en la vida de las personas, pero, cual marejada que horada las rocas hasta desmoronar peñas enteras, en el caso que nos ocupa carcome todo un sistema de políticas públicas.

Publicado en El Comercio, 2 de marzo de 2014.

COSTE ESTÁNDAR

Me encantaría conocer a la cabeza pensante que ha inspirado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de establecer un coste estándar homogéneo a la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, sin importar sus circunstancias ni el territorio que le corresponde gestionar. Tamaña genialidad o es fruto de una consultora de repeinados dispuesta a llevar los abstractos conceptos de la contabilidad hasta su último término, emulando a cualquier aprendiz de brujo; o es producto de un laboratorio de fanatismo neoliberal presto a desproveer cualquier materia de su sustancia política o social. Para el analista, da igual que la población esté dispersa o concentrada; que el territorio sea abrupto, extenso, urbanizado o agreste; que la pirámide de población sea la de una comunidad envejecida o renovada; que haya flujos de inmigración o de emigración; que sea un municipio dinámico en la actividad económica e industrial o particularmente afectado por la crisis que vivimos. Les basta con tomar en su pipeta muestras de un número predeterminado de individuos robotizados, sobre un plano imaginario en un territorio que no existe; unas cuantas fórmulas matemáticas, una pizca de análisis y literatura de costes y ¡voilà!, ya está en condiciones de esculpir las nuevas tablas de la ley local, fijando como verdad única que prestar el servicio de abastecimiento de agua debe costar x, el de transporte urbano y, o el de recogida de basuras Z. Porque de servicios sociales, culturales, sanitarios o educativos ya ni hablamos, dado que la pretensión indisimulada es borrarlos de golpe y plumazo de cualquier catálogo de actuaciones municipales. Tal planteamiento sólo puede provenir de alguien que no conoce las tripas de la gestión local, que desprecia el pulso vital de cualquier municipio y para el que conceptos como autonomía local, democracia de proximidad o participación ciudadana no tienen significado alguno porque no les puede atribuir un valor numérico asociado que agregar.

El problema no es que el Ministerio esté dispuesto a transmutar un elemento de análisis, con mayor o menor interés, en dogma de fe. Lo terrible es que tiene bazas suficientes para dar con él en la cabeza a los ayuntamientos, previendo la doblemente ingeniosa consecuencia de arrebatarles las competencias que se ejerzan con costes que superen el estándar, ¡para entregárselas a las Diputaciones Provinciales! Es decir, se desea desproveer al poder estrictamente local –aunque las provincias sean también “entidades locales” en terminología iusadministrativista- de su capacidad de actuación, de por sí mermada, sin considerar que es en el ámbito municipal donde la implicación de la ciudadanía y el conocimiento de la realidad pueden permitir círculos virtuosos de compromiso en los asuntos públicos y buenas prácticas de esfuerzo comunitario en la solución de los problemas. Y como ocurrente consecuencia, se propone que sea la Diputación Provincial, ajena al ejercicio democrático directo, no pocas veces modelo de ineficiencia y caciquismo (Baltares y Fabras encontraron en éllas su hábitat natural), pasto de los aparatos provinciales partidarios y con una vida institucional y política sustancialmente más tenue, donde acabe residiendo la ejecución de esas competencias. Un negocio redondo.

 

En lugar de enredar con debates falsamente economicistas, tratando de deslegitimar a los poderes locales y encanallando el ambiente, desearíamos que el Gobierno de España enunciase de forma más sincera sus verdaderos objetivos con la reforma local en gestación. Que dijese en consecuencia que se toma a chufla la autonomía local y que cualquier proclama municipalista le parece palabrería. Que lo que desea es que a los concejales los elija el responsable de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Que va a establecer el premio de Alcalde del año al que dar palmaditas en el hombro por respetar el coste estándar sin debatir de prioridades políticas, inquietudes de los ciudadanos, necesidades del territorio y cualquier otra quimera. Que confesase de una vez por todas su objetivo último y de más alcance: horadar desde la base –la vida política y democrática local- cualquier experiencia activa de democracia participativa. Para tenernos a todos no ya como ciudadanos, sino, en el mejor de los casos, como consumidores de servicios, aunque sean pocos, malos, privatizados y a precio de oro.

 

Publicado en Oviedo Diario, 25 de mayo de 2013.

POLÍTICAS LOCALES EN RIESGO

El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Para quien conoce de cerca la actividad de los ayuntamientos, las palabras gruesas y las simplificaciones desde las que el Gobierno estatal enfoca la materia resultan irritantes y profundamente equivocadas, porque parten de una injusta desconfianza hacia los poderes locales, de un desconocimiento de la importancia de los servicios que prestan a la ciudadanía y de la interesada y desproporcionada imputación a los ayuntamientos de los males de las administraciones públicas. Se ve que desde la atalaya de la administración central, el trabajo de un concejal o un alcalde es cosa menor, prosaica y prescindible. Pero no es sólo el elitismo institucional centralista, por así llamarlo, lo que predomina en la propuesta del Gobierno, sino también una calculada maniobra y deliberada voluntad de desmontar servicios y políticas públicas en el ámbito local.

La cortina de humo empleada, y que efectivamente corresponde al aspecto más comentado hasta la fecha, consiste en las limitaciones a liberaciones y sueldos de ediles. Pero, además de la menor incidencia de la medida, de por sí discutible, lo significativo de la reforma ideada en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va por otros derroteros. En lugar de revisar la financiación local y dotar a los municipios de nuevos recursos, se pretende continuar su estrangulamiento financiero, dejándolos a merced de las decisiones de la administración estatal y autonómica e impedir, de golpe y plumazo, el ejercicio de determinadas competencias que, en la práctica, han venido asumiendo. La cartera de funciones que se pretende atribuir a los ayuntamientos les dejará un papel testimonial, ajeno a la política de servicios sociales, las actividades culturales y educativas, el fomento de las iniciativas empresariales, el empleo o la igualdad de oportunidades. Se trata de retornar a ayuntamientos irrelevantes en lo político, subsidiarios de otras administraciones, desarmados para afrontar la realidad de los problemas que se manifiestan en su territorio. Si la reforma en ciernes acaba aprobándose se dedicarán a poco más que ejercer de responsables del mantenimiento de los espacios públicos, lo que, con ser importante, comporta despreciar el importantísimo papel que juegan los municipios para estructurar comunidades, promover sus actividades sociales o incentivar la actividad económica. Si esto fuese poco, la restricción de la autonomía local tendrá también su reflejo en la imposibilidad de intervenir directamente en la realidad económica del municipio o en el indisimulado deseo de eliminar indiscriminadamente empresas públicas locales para que los servicios públicos que organizan (en los municipios que aún creen en la gestión pública) pasen también a depender de los designios del mercado o directamente desparezcan.

Lo que se persigue, en definitiva, es que los municipios sean apenas demarcaciones territoriales sin sustancia ciudadana ni administrativa ni políticas públicas nacidas, debatidas y gestionadas desde el ámbito local. Se pretende convertir a los ayuntamientos en cascarones vacíos, decimonónicos, donde no haya medios ni competencias desde la que abordar la realidad de los problemas sociales que se manifiestan en su ámbito, y que, en el mejor de los casos, se transformen en oficinas de quejas que elevar a otras Administraciones escasamente sensibles a las realidad de a pie.

Ni que decir tiene que el objetivo ideológico –reducir el espacio de lo público- es tan evidente como las propias consecuencias devastadoras, en términos sociales y políticos, que el éxito de esta reforma, aún a tiempo de ser parada, supondría.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2013.